Euskadi Ta Askatasuna parte IV

Política antiterrorista y penitenciaria

Durante la dictadura franquista, los presos de ETA permanecían en prisiones militares. Algunos de sus miembros fueron condenados a muerte ejecutandose varias sentencias. Desde la transición, se les recluye en centros penitenciarios civiles.

La actual ley antiterrorista española data sus orígenes de la etapa predemocrática puesto que la Diputación Permanente del Congreso convalidó, el 6 de febrero de 1979, el "Decreto-Ley sobre seguridad ciudadana" de junio del año anterior (conocido como "ley antiterrorista") con la oposición de socialistas, comunistas, Minoría Catalana y PNV que piden su derogación, por considerarlo anticonstitucional; en virtud de la misma y de sus numerosas reformas posteriores, los presos de ETA disponen de una legislación especial desde el momento de su detención que restringe diversos derechos reconocidos al resto de detenidos, siendo motivo de polémica y de oposición por parte de partidos políticos y las principales organizaciones mundiales a favor de los derechos humanos. Entre otras muchas especialidades. Los presos de ETA pueden permanecer hasta 13 días incomunicados siendo la causa secreta para sus abogados defensores que no pueden ser designados por el detenido y no pueden entrevistarse con el letrado en privado; asímismo su enjuciamiento posterior no son competencia de los Juzgados de Instrucción de cada partido judicial, si no que son competencia de la Audiencia Nacional, que se encuentra en Madrid y fue creada en 1977.

Alegando la necesidad de evitar que ETA impidiera mediante coacción la reinserción de sus presos, anteriormente agrupados en cárceles del País Vasco y Navarra, el gobierno del PSOE decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Esta medida antiterrorista fuera del ordenamiento penitenciario se justifica políticamente en intentar que los presos etarras no formen un grupo de presión en las cárceles vascas y ha provocado rechazo, especialmente desde sectores nacionalistas, que proclaman su ilegalidad. En un estudio sociológico llevado a cabo por la Universidad del País Vasco en 1999, el 80% de los encuestados se mostraba favorable a que dicho acercamiento se llevara a cabo y un 9% en contra, considerando en parecido porcentaje que dicha medida facilitaría la pacificación, al igual que la desaparición del "terrorismo callejero" y las amenazas.

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA, "Etxerat", reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. Según Etxerat había unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto estaban repartidos por otras cárceles de España.

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés; además había cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido.

En 2008 con 670 se alcanzó la cifra más alta de presos encarcelados de ETA (lo que suponía un incremento del 35% respecto del 2006) de los que 413 cumplían condena y 201 se hallaban en prisión preventiva, el resto se encontraba en prisiones fuera de España. José María Sagardui "Gatza", encarcelado en 1980, es el preso que llevaba más tiempo encarcelado.

Según la citada organización Etxerat el número ascendía a 762 presos repartidos en 85 centros de reclusión que estaban alejados de sus domicilios una media de 630 kilómetros, encontrándose 14 de ellos en las cárceles del País Vasco y Navarra. 157 estarían repartidos en 33 centros franceses.

En 2008 la Audiencia Nacional, órgano judicial con sede en Madrid encargado del procesamiento de delitos de terrorismo en España, juzgó a 81 etarras en 45 juicios, en los que 21 acusados resultaron absueltos.

En la siguiente gráfica se observa la evolución del número de presos del Movimiento de Liberación Nacional Vasco desde 1978.


La cuestión de los presos de ETA ha sido motivo de negociación en la decena de veces que ETA ha decidido supender sus acciones y las negociaciones con el gobierno español, así durante la tregua de 1999 el Gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar acercó a 135 presos etarras a cárceles próximas al País Vasco y Navarra y concedió 42 terceros grados en cumplimiento de lo dispuesto por el Congreso de los Diputados español que aprobó en noviembre de 1998 una moción de IU a la que se sumó el PP, y fue aprobada unánimemente, sobre el acercamiento de los presos por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica "una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia" aunque tras la ruptura de las negociaciones esta política jamás se llevó a cabo. La única oposición a esta medida partió de la "Asociación de Víctimas del Terrorismo" (AVT) que criticó duramente la postura del Partido Popular, considerando la dispersión como la mejor medida antiterrorista.

A finales del 2008 el Gobierno socialista, en respuesta a una información publicada en prensa, manifestó que algunos presos de la banda habían sido acercados a sus domicilios y otros alejados solicitando discreción por motivos de seguridad y Rubalcaba recalcando que la política penitenciaria era "un instrumento más en la lucha antiterrorista".

En el mismo sentido, durante el 2009, dirigentes históricos de ETA como "Santi Potros" (Santiago Arrospide Sarasola), con pena de prisión hasta el 2030 al ser condenado por el ya citado atentado contra Hipercor y que rechazaba la lucha armada fue acercado desde Cádiz a Zaragoza, mientras que otros presos de ETA y sus organizaciones satélites fueron alejados al sur de la península.

Así mismo, mediáticamente se ha utilizado a los presos reinsertados o que condenan la violencia para erosionar a ETA y por su parte la organización ha realizado grandes esfuerzos para controlar y aunar las opiniones de este colectivo.

Apoyo social

ETA disponía de un considerable apoyo social durante el franquismo, periodo en que asesinó a Luis Carrero Blanco, pero la transición a la democracia y su progresiva radicalización le hicieron ir perdiendo apoyos, lo cual se hizo especialmente patente con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que generaría un gran rechazo en la sociedad. Su pérdida de simpatizantes fue tan grande que la plataforma Euskal Herritarrok perdió la mitad de sus votantes tras la ruptura de la tregua, volviendo a los niveles de apoyo anteriores a la misma.

Actualmente, su apoyo social es minoritario. Según el Euskobarómetro (estudio sociológico realizado por un equipo de profesores de la Universidad del País Vasco) de noviembre de 2005, más del 60% de los vascos rechazaba totalmente a ETA. Un 17% opinaba que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Un 12% compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Un 3% justificaba parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que sólo un 0,4% la apoyaba totalmente.

Los datos de este estudio en mayo de 2009 confirman la tendencia de incremento del rechazo social, pasando a ser el 64% los vascos que rechazaban totalmente a ETA. Ha bajado al 13% los que opinaban que en el pasado su violencia había estado justificada, pero en el momento de la encuesta no. Ha bajado a un 10% los que compartía sus fines, pero no sus métodos violentos. Se mantiene en un 3% los que justificaban parcialmente la acción ETA, criticando sus errores, mientras que a subido al 1% los que la apoyaban totalmente.

Denuncias de tortura
El debate sobre la tortura en España está profundamente ligado a la historia de ETA. Las torturas que algunos detenidos han sufrido por parte de las fuerzas policiales españolas, fundamentalmente durante la dictadura franquista, han contribuido al deterioro de la imagen de la administración española, a la radicalización de ETA, y a su captación de miembros. Y, a la inversa, la escalada en la adopción por ETA y otros grupos de métodos violentos permite que aún después de la transición, se mantengan medidas como los interrogatorios sin abogado, o la potestad de retener a un detenido incomunicado durante cinco días sin permitirle contactar con su defensa o su familia.Precisamente, uno de los primeros asesinados por ETA fue Melitón Manzanas quien, como jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián, había torturado a numerosos opositores al régimen franquista.

Las denuncias por torturas no cesaron con la Constitución de 1978, desde el Gobierno español se afirma que las denuncias son falsas y que se deben a una consigna de ETA a sus militantes. Fuentes próximas a la organización denuncian la muerte de varios de sus militantes de ETA debido a las torturas recibidas bajo régimen de incomunicación . Los detenidos acusados de pertenecer a ETA alegan en muchos casos haber recibido torturas que no dejarían lesiones duraderas (asfixia, agresiones sexuales, golpes o presión en los genitales, golpes con objetos romos, descargas eléctricas, exposición al frío, amenazas). Cuando los acusados presentan marcas de lesiones al acabar la incomunicación,las fuerzas de seguridad alegan que se las han autoinfligido los propios detenidos a sí mismos o bien que son resultado de caídas o de forcejeos en los que los agentes se han limitado a defenderse.

Las asociaciones de la llamada izquierda abertzale suelen ser las más activas en la denuncia de la práctica de torturas contra sus simpatizantes, dando crédito a todas las denuncias. Por el contrario, PP, PSOE y los sindicatos policiales niegan que la tortura sea una práctica extendida, reconociendo sólo los casos confirmados por sentencia judicial.

Por parte de éstos últimos se señala que las denuncias de torturas son una estrategia de ETA al haberse encontrado a manuales de instrucción etarras, intervenidos por la policía durante determinadas detenciones, en los que se aconseja a sus miembros denunciar torturas si son detenidos; así, en enero de 2008 fueron incautados a los etarras Igor Portu y Martin Sarasola, el primero, ingresado en la UCI al dia siguiente de su detención, un manual titulado Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia (Haciendo frente a la detención, segundo volumen), en el que se informa a los miembros de la banda terrorista: "Sé listo, no vas a ser devuelto otra vez a comisaría (...) Lo peor ya ha pasado. Por tanto, decirle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente". Tras abandonar las dependencias policiales y ser conducidos a la Audiencia Nacional, "la pesadilla ha terminado", no van a ser devueltos a "manos del enemigo". En ese momento deben comunicar que: "Todo lo declarado en dependencias policiales es mentira. Son declaraciones hechas bajo tortura" Aun conociendo de antemano esas instrucciones, el ministro de interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha subrayado que se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil. Sin embargo, desde la izquierda abertzale, se subraya que de las escasas veces que ha habido investigación y posterior juicio demostrativo de las torturas, los juzgados han sido finalmente absueltos o condenados a penas ridículas y con el tiempo condecorados o ascendidos, poniendo como ejemplo la muerte bajo torturas de Joxe Arregi.Amnistía Internacional ha pedido al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que ponga en práctica un "Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", para adecuarse al compromiso adquirido por España al ratificar el Protocolo Facultativo para la prevención de la Tortura. En el mismo comunidaco, pidió la eliminación de la incomunicación y el "establecimiento por ley de investigaciones rigurosas y eficaces de las denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes estatales, evitando que queden impunes".

La Organización de las Naciones Unidas ha enviado en varias ocasiones a España a Theo van Boven y Martin Scheinin, en función de relatores contra la tortura. Durante su última visita (en mayo de 2008), Scheinin (en sus valoraciones provisionales) solicitó a las autoridades españolas la derogación del régimen de incomunicación de los detenidos y que se reforme el régimen especial de la Audiencia Nacional ya que, a su juicio «se conculcan derechos y crea deficiencias estructurales –no permite la posibilidad de recurrir ante un tribunal superior– en el funcionamiento democrático de la Justicia». Además, Scheinin alertó sobre la tendencia del sistema judicial español a calificar como «terrorismo» delitos que no lo son, manifestando que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».

Otras entidades, como Human Rights Watch no confirman la tortura aunque creen que se podría mejorar las garantías para evitarla.[cita requerida] Amnistía Internacional, por su parte, afirma en su informe «Sal en la herida», que aunque "no cree que los malos tratos a manos de funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley sean algo habitual, basándose en sus investigaciones la organización no está de acuerdo con la afirmación de que constituyen hechos aislados, de cuya comisión sólo cabe responsabilizar a unos cuantos agentes de policía deshonestos." En el mismo informe "Amnistía Internacional presenta algunas recomendaciones a las autoridades españolas que la organización considera que contribuirían a prevenir los malos tratos y a poner fin a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responsables de tales actos".Gesto por la Paz de Euskal Herria, y partidos políticos como IU, PNV o EA mantienen sus reservas sobre la mayoría de las denuncias, aunque dan credibilidad a algunos casos, aun sin sentencia firme, cuando el detenido sale del periodo de incomunicación con lesiones que ha sido fuente de gran controversia para la opinión pública (como en el caso de Unai Romano ) o cuando la víctima tiene un amplio prestigio social (como en el caso de Martxelo Otamendi, director de Egunkaria).

En este sentido, en 2006 el Gobierno Vasco accedió a las peticiones de Amnistía Internacional y anunció que la Ertzaintza grabaría en vídeo los periodos de incomunicación de los detenidos. Tras tres años sin ninguna denuncia de tortura hacía este organismo, en el 2009 la Ertzaintza aplicó la incomunicación por primera vez en ese periodo al detenido Manex Castro, quién denunció torturas, la familia además, al no recibir información sobre el estado y paradero del detenido denunció que la Ertzaintza no había cumplido su propio protocolo. La portavoz del gobierno vasco Miren Azkarate confirmó que se había grabado el periodo de incomunicación, sin embargo, estas grabaciones no se han hecho públicas.