sábado, 30 de junio de 2012

En la misma sintonía que el Mercosur


El bloque continental condenó la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo. También resolvió conformar un grupo de alto nivel para el seguimiento de la situación en Paraguay y se desplazó a ese país de la presidencia pro tempore.



 Por Nicolás Lantos
Desde Mendoza

“Nos rige el principio de defensa a ultranza de los procesos democráticos; ése es el único principio que nos guía”, aseguró el canciller argentino Héctor Timerman al informar, a última hora de anoche, acerca de las decisiones tomadas por el bloque continental respecto del estado de las cosas en Paraguay. Siguiendo el rumbo marcado por el Mercosur a la mañana, la Unasur decidió suspender a ese país hasta tanto no se restablezca el orden democrático, condenó fuertemente la interrupción institucional que sufrió Fernando Lugo y decidió conformar un grupo de alto nivel para el seguimiento de la situación paraguaya. “Están preocupados porque no se repita la situación. Es importante dejar testimonio de que esto es favor del pueblo paraguayo y los pueblos de América latina en general”, completó el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa.

“No puede desestimarse que en los últimos años hubo golpes e intentos de golpes de Estado” en varios países sudamericanos, agregó Timerman, que dio los ejemplos de “Ecuador, Bolivia, Paraguay y Honduras”. Según informó, durante el plenario se habló de que “existen potencialidades de grupos concentrados de poder” con la intención y capacidad de “interrumpir o condicionar” los procesos democráticos en América del Sur, por lo que la decisión de los jefes de Estado es contrarrestar a esos poderes fácticos con “unidad regional”.

La decisión de suspender a Paraguay se tomó “en base a los informes de once de los doce cancilleres” de la región que acudieron a Asunción para negociar una salida antes de que se concretara el juicio político contra Fernando Lugo (el único ausente en aquella ocasión fue el representante de Guyana), y que coincidieron en caracterizar el proceso como “interrupción del orden democrático”.

Ayer, para ratificar el diagnóstico y actuar en consecuencia, estaban presentes los mandatarios de casi toda la región: además de la local Cristina Fernández de Kirchner y sus socios en Mercosur, Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), Sebastián Piñera (Chile) y Evo Morales (Bolivia), se hicieron presentes Rafael Correa (Ecuador), Ollanta Humala (Perú) y Desiré Bouterse (Surinam).

Las excepciones fueron el venezolano Hugo Chávez, que canceló su viaje a Mendoza a último momento; el colombiano Juan Manuel Santos y el presidente de Guyana, Donald Ramotar. Ellos tres estuvieron representados por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, Angela Holguín y Carolin RodriguesBirkett.

Según pudo reconstruir Página/12, a pesar de que el resultado de la matutina reunión de Mercosur trazó el camino a seguir por la Unasur, hubo discusiones sobre la magnitud de las medidas a adoptar para sancionar al gobierno golpista paraguayo. Los países del ALBA fueron los que buscaban penas más duras, mientras que Chile fue quien llevó la batuta conciliadora.

Por otra parte, se decidió en consecuencia concluir con la presidencia pro témpore que ejercía Paraguay en la Unasur y transferírsela a Perú, al que de todas formas le correspondía asumirla el mes próximo (la sucesión se hace en orden alfabético por períodos de un año).

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-197597-2012-06-30.html

La disritmia paraguaya


Por Andrés Criscaut

A raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio, el Dipló pone a disposición de sus lectores un artículo de su archivo que repasa la historia política de Paraguay y anticipa la crisis institucional actual.


Con un ritmo lento y cansino de letargo y aislamiento, Paraguay ocupa en América Latina más o menos el mismo lugar que el de hace cien años." Así sintetiza el investigador y escritor Alfredo Boccia Paz la actualidad de su país, aunque aclara que "en las últimas dos décadas, desde la caída de la dictadura de Stroessner en 1989 y de esa supuesta 'transición democrática', han ocurrido y hemos descubierto más cosas que nunca".
En 2011, cuando los paraguayos festejen el bicentenario de una independencia inusualmente poco cruenta, que derivó -al menos en su inicio- en uno de los países más estables de América Latina, también estarán recordando la impronta autoritaria que signó gran parte de su historia, y que quizás recién haya comenzado a disolverse realmente hace dos años, con la victoria del ex obispo Fernando Lugo en las elecciones presidenciales. Ya que si se suman los gobiernos de Gaspar Rodríguez de Francia (1816-1840), Carlos Antonio López (1844-1862), su hijo Francisco Solano López (1862-1869), y Alfredo Stroessner (1954-1989), casi la mitad de la vida independiente paraguaya estuvo marcada por ese gran espectro, tan bien amalgamado por Augusto Roa Bastos en su libro Yo el Supremo 1, de déspotas ilustrados, patriarcas, caudillos, patrones y dictadores.
A contrapelo de la mayoría de los países en la región, Paraguay tuvo una evolución y un desarrollo que lo llevó muy tempranamente a una estabilidad administrativa y a una pronunciada identificación nacional, pero también a un tardío proceso de apertura democrática y participación cívica masiva. Ante cuatro paredes tapizadas de libros de su estudio en las afueras de Asunción, la socióloga Milda Rivarola explica que "este país, en donde se dan tiempos históricos muy lentos y particulares, tuvo un desarrollo muy precoz de dictaduras totalitarias que dejaron actualmente una sociedad disgregada y apática, parecida a la de los países de la ex Cortina de Hierro. En tal sentido, como dijo mi colega Francisco Delich, 'Paraguay es el cementerio de todas las teorías socio políticas', si no ¿cómo entender que con tanta pobreza no exista una marcada presencia de movimientos de izquierda o una fuerte tradición revolucionaria?".
Sobre la tectónica imperial
Ya desde la fundación de Asunción en 1537, centro neurálgico y "Madre de Ciudades" de la que partirían varias de las corrientes que poblaron la región virreinal, pueden rastrearse ciertos factores estructurales que aún hoy persisten: aislamiento, unidad identitaria, concentración de poder, carencia de movilidad social y de renovación de los actores políticos. Con la independencia, de marcada oposición a la revolución de Buenos Aires de mayo de 1810, ya comenzaba a hablarse de una identidad "paraguaya" por sobre la americana.
Pero la "insularidad" mediterránea de Paraguay -Roa Bastos afirmaba que era "una isla rodeada de tierra"- se encuentra inmersa en un mar geoestratégico de sólidas tensiones y dinamismos. Tanto Asunción como Montevideo formaban parte de una estrategia colonial española de contención del imperio portugués en América, un equilibrio de poder que luego se traduciría en una rivalidad brasileño-argentina por definir áreas de influencias y "espacios vitales". Dentro de este "Gran Juego" rioplatense, tanto Uruguay como Paraguay tuvieron un cierto rol de buffers o amortiguadores de ambas ambiciones: las ahora utopías federalistas de José Gervasio Artigas o de José Fructuoso Rivera fueron en su momento muy reales y pretendían formar un "Gran Uruguay" con Paraguay; la Mesopotamia argentina y los farrapos secesionistas de Río Grande del Sur y su República de Piratini 2.
Esa línea de fractura social, política, cultural e idiomática no sólo ha moldeado a Paraguay, sino que lo ha condenado. La Guerra de la Triple Alianza ("Guerra Grande" o de la "Triple Infamia" vista desde el lado paraguayo) mantenida por Brasil, Uruguay y Argentina contra el Paraguay de Solano López entre 1865 y 1870, más allá de las exageraciones y apologías posteriores 3, no sólo dejó exhausta y aniquilada a la sociedad paraguaya 4 sino que marcó hasta el día de hoy su sesgo político. Tras el retiro de las tropas invasoras aliadas, se conformaron los dos partidos que dominarían en forma casi exclusiva el reducido espectro gubernamental: el Partido Liberal (actual Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), volcado más hacia Buenos Aires, y el Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana, ANR) con marcadas influencias pro brasileñas 5.
Ambas tendencias acompañaron las fluctuaciones de gobiernos inestables y endebles, con una marcada preeminencia a orientar tanto la política como la economía a la zona del Río de la Plata (en gran medida el comercio paraguayo entraba y salía por la cuenca del Plata dominada por Buenos Aires) hasta que una nueva guerra volvió a cambiar el eje gravitatorio del país. La confrontación entre Paraguay y Bolivia de 1932-1935 por las supuestas reservas de petróleo del Chaco boreal (la Standard Oil, actual Exxon, del lado boliviano y con apoyo de Brasil, contra la Shell de Paraguay y con intereses argentinos) fue la más cruenta y moderna de toda Sudamérica. Este conflicto, conocido como Guerra del Chaco, galvanizó las tendencias nacionalistas y militaristas de la época y desencadenó en 1936 la Revolución Febrerista paraguaya, que nucleó elementos totalitarios, tanto marxistas como filonazis, e inauguró un período militarista de golpes de Estado, agitaciones y contragolpes que desembocarían en otra feroz guerra civil en 1947-48, con un cuantioso saldo de exiliados políticos hacia Argentina, y con un cálculo estimado de miles de muertos (algunos hablan de 30.000). El Partido Colorado tomaría desde ese momento el control de un país ya exhausto y "depurado" de cualquier tipo de oposición y cuestionamientos; y gobernaría de manera hegemónica durante más de medio siglo imprimiendo su manera de concebir y de hacer política sobre un Estado desmantelado y un tejido social desgarrado y maleable.

Un Partido, un Estado
Al recibir al Dipló en la residencia presidencial Mburuvicha Roga ("la casa del que manda" en guaraní), el presidente Fernando Lugo cuenta que "durante la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea que se realizó en Lima en mayo de 2008, cuando le comenté a mi par español, José Luis Rodríguez Zapatero, que nuestra presión fiscal no llega al 12%, éste exclamó: '¡Entonces, el Estado que vas a gobernar no existe!'" 6.
Recién ahora ese Estado (con sus dimensiones reducidas y su prebendataria forma de gobernar) dejó de ser sinónimo de Partido Colorado. La dictadura de Stroessner iniciada en 1954 fue una versión militarizada del mismo; de hecho, no sólo el partido sobrevivió casi intacto al régimen, sino que el dictador -desplazado y obligado a exiliarse en Brasil en 1989- moriría en 2006 siendo presidente honorario de la ANR. "Cuando luego de treinta y cuatro años Stroessner fue sorpresivamente desplazado por los mismos militares, comenzó realmente una apertura democrática, pero a los paraguayos nos tomó otros veinte años más lograr una maduración cívica. Recién en 2008, con Lugo, logramos lo que en otras sociedades democráticas es algo inevitable: el cambio de partido y la alternancia política", afirma José Carlos Rodríguez, sociólogo e investigador de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ) que inventarió recientemente los crímenes del stronismo.
Lugo representa entonces la primera y tibia ventana de oportunidad para sincronizar las cadencias de los tiempos políticos paraguayos con la realidad suramericana. Al asumir en agosto de 2008, su gobierno se planteó un doble desafío: desmantelar un sistema anquilosado que concibe la política como una cadena de lealtades incondicionales y favores arbitrarios, y montar una institucionalidad transparente centrada en la eficiencia y el desempeño. "No sabíamos exactamente cómo se manejaba por dentro ni teníamos la experiencia de la negociación, pero ahora gente nueva, profesional y responsable comienza a gerenciar la institución del Estado paraguayo, devolviéndole su rol de servicio, y no de coto partidario, que siempre debió tener", aclara el Presidente. Así, tras la pesada herencia de uno de los más prolongados y estrictos regímenes totalitarios del mundo, la palabra "gobernabilidad" adquiere tintes de urgencia, casi hasta de desesperación.
Pero la dictadura no sólo llevó al paroxismo la fusión partido-Estado-Fuerzas Armadas 7, sino que también supo adaptarse a las circunstancias y a las presiones internacionales con una ficción democrática que contemplaba un Congreso, una oposición y unas rigurosas elecciones cada cinco años que le permitieron a Stroessner ser reelegido en forma ininterrumpida durante ocho mandatos. En 1989, en un contexto regional republicano fomentado por Estados Unidos, cuando el general Andrés Rodríguez desplazó a Stroessner (su consuegro y mano derecha, y poseedor de una inmensa fortuna derivada del narcotráfico, razón por la cual no se le permitía el ingreso a Estados Unidos), el partido no sólo sobrevivió a la dictadura, sino que demostró su poder de mímesis al posicionarse como el que restituyó la democracia.
Ese poder de adaptabilidad política y de laxitud ideológica se puso nuevamente en evidencia cuando la apertura exigió en 1992 una reforma constitucional. Aprobada con amplia mayoría colorada, la nueva Constitución resultó, sin embargo, en un juego de doble filo para la ANR. Bajo el influjo de exorcizar al Dictador, la misma sentó los lineamientos para dejar a la democracia "adentro" (un sistema electivo moderno y transparente), a los militares "afuera" (desarticuló profundamente su poder de injerencia) y al Presidente "abajo", prohibiendo definitivamente la reelección presidencial e instaurando un Parlamento con un poder bastante inusual para un régimen presidencialista. En 2006, cuando el por entonces presidente Nicanor Duarte Frutos intentó modificar las leyes para un segundo mandato, y la cuestionada Corte Suprema -base de un sistema judicial que desde el stronismo se resiste al más mínimo cambio- lo habilitó como presidente de la ANR, se desataron todos los miedos, y una marcha de 10.000 personas -una multitud para los cánones paraguayos- encabezada por un casi desconocido Lugo, logró frenarlo, hasta desprestigiar y anticipar el fin del coloradismo y el comienzo de la alternancia.

La espada de Damocles
Gran parte de las trabas y frenos al gobierno de Lugo provienen de ese particular poder parlamentario, en el que sus aliados incondicionales no ocupan más de cinco bancas. Siguiendo en cierta medida la máxima de "el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo", para alcanzar la victoria del 42% en los comicios presidenciales, Lugo tuvo que incluir en su Alianza Patriótica para el Cambio (APC) al Partido Liberal (inserto en el ejecutivo, como el vicepresidente Federico Franco, con quien mantiene unas relaciones tensas), quienes junto con los colorados ocupan la mayoría de las bancas del poder legislativo.
Ya desde las elecciones presidenciales -que en Paraguay son simultáneas a las legislativas- se vislumbraba que el Parlamento iba a ser "coloradamente" refractario y "liberalmente" dubitativo al ejecutivo, pero no que se convertiría en su "espada de Damocles": "Los votos para hacerle juicio político a Lugo ya están, lo que se está esperando es una buena excusa", señala el periodista y escritor Antonio Pecci. Esa excusa para un "golpe institucional" pareció darse el 15 de octubre de 2009, cuando el Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) 8 secuestró al conocido ganadero Fidel Zavala. Luego de tres meses de cautiverio, el 17 de enero pasado, Zavala apareció sano y salvo. Y aunque el ganadero no haya sido "rescatado" por el gobierno sino "liberado" por la gestión de su familia con los captores, el episodio visibilizó la fragilidad del nuevo gobierno y dos facetas cuestionables de su administración: los acuerdos de cooperación en temas de "seguridad-terrorismo" con el gobierno colombiano (que incomodan a los países vecinos de Paraguay, pero disipan asimismo la bruma mediática sobre la influencia "chavista") y la tendencia creciente a encasillar en la vía militar conflictos derivados de condiciones sociales y agrarias muy relegadas.
Ante el accionar de grupos paramilitares relacionados con la constante expansión de la frontera agroganadera ("escuadrones de la muerte de los narcoganaderos", según el sociólogo Tomás Palau), y las prácticas violentas de las misma fuerzas oficiales, el secuestro desencadenó la efectiva militarización del departamento norteño de Concepción 9 y la vinculación directa del EPP con los movimientos campesinos que trabajan en la mismas zonas 10. Estos factores, sumados a una asistencia social en aumento pero aún insuficiente, y a una reforma agraria que no termina de materializarse -ni siquiera existe un relevamiento del catastro de las tierras-, agudizan el descontento y la desilusión social.
"El EPP es ahora una excusa perfecta para desacreditar al gobierno, para desarticular todo el proceso de recuperación de tierras y de asistencia que se está haciendo en el norte, y mantener intactas las verdaderas organizaciones y redes criminales tradicionales del narcotráfico, el contrabando y la corrupción fiscal-policial -señala Juan Martens, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)-. Pero la respuesta de Lugo también es un acto suicida a nivel electoral porque está criminalizando y acelerando el proceso de desintegración organizativo de las bases campesinas que lo apoyaron, y que tanto trabajo costó realizar en estas zonas fronterizas de ausencia total del Estado."
"Pero así como podría decirse que no hay Estado paraguayo en ciertas zonas, sí hay Estado brasileño en Paraguay -señala Marielle Palau, del centro de investigación BASE Investigaciones Sociales-. Hubo una política de apropiación de territorio paraguayo por parte de colonos brasileños muy agresiva a través de una frontera prácticamente permeada por Brasil, y actualmente el tema de la soja está fuertemente vinculado a capitales brasileños." El periodista Rolando Ávalos señala incluso que "no existe soja paraguaya, existe soja en Paraguay." La socióloga Rivarola profundiza aún más este problema al decir que "la mitad de Paraguay es ya casi un territorio transnacional de la globalización que está bajo influencia económica de Brasil. Pero esos enclaves nunca fueron realmente Paraguay, y Cargill y Monsanto ocuparon un espacio que estaba políticamente vacío" 11.
Stroessner supo utilizar muy bien la rivalidad argentino-brasileña, y finalmente rotó la tradicional proyección hacia el Río de la Plata y vinculó a Asunción a la esfera de influencia de Brasilia. Los capitales y la colonización brasileña y sus actuales descendientes, conocidos como "brasiguayos" 12 tuvieron su mayor desarrollo bajo la dictadura, como parte de la reorientación y "satelización" atlántica del país hacia la voraz fuerza centrípeta de los 40 millones de habitantes del Estado de San Pablo.
Como señala el historiador de la Universidad de Tulane y reconocido especialista del "stronato" Paul H. Lewis 13: "Stroessner logró un grado excepcional de estabilidad (...) y de progreso material (...) y presidió dos decenios de crecimiento económico (...). En los años 60 el país registró una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina (...) y adquirió una clase trabajadora urbana bastante grande, tanto industrial como administrativa, así como una clase media urbana mucho mayor. (...) De 1,3 millones de habitantes en 1950, la población creció hasta sobrepasar los 4 millones a finales de los años 80".

El deshielo tropical
Recién ahora los paraguayos están "perdiendo el miedo" y dejando de ser náufragos de ese progreso que se hizo a base de corrupción, evasión, desigualdad y asesinatos. Quizás el mayor símbolo de aquellos tiempos de integración de la "internacional del terrorismo de Estado" no sea el Operativo Cóndor o los Archivos del Terror sino la mayor represa del mundo creada con Brasil, Itaipú (y en menor medida Yacyretá con Argentina), cuya hidroelectricidad es uno de los "recursos" que hacen de Paraguay el mayor exportador de hidroenergía del mundo (Paraguay utiliza sólo el 5% de su parte para cubrir el 95% de su consumo, y con el resto Brasil satisface el 23% de sus necesidades). "Recién ahora Itaipú, que tuvo el cemento más caro del mundo y creó ese estrato social de los nuevo ricos conocidos como los 'barones de Itaipú', está normalizándose y dejando de ser ese festival de dinero proselitista utilizado por los colorados para sus campañas. Como es un ente binacional, siempre tuvo algo de extraterritorial y de Estado dentro del Estado, y por el flujo de dinero que maneja es la 'caja grande' del gobierno y tiene incluso más importancia que cualquiera de los ministerios", explica Alfredo Boccia resaltando uno de los mayores logros realizados hasta ahora por Lugo.
Los acuerdos alcanzados a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional por las dictaduras paraguaya, brasileña y argentina estipulaban que Paraguay no podía vender el excedente de su mitad energética a un tercer país, y hasta ahora éste fue comprado por Buenos Aires y Brasilia a un precio mucho más bajo que el del mercado internacional. "Insólitamente, exportando nueve veces la energía que importamos, Paraguay se empobrece en 600 millones de dólares, mientras su riqueza hidroeléctrica vale casi tanto como el 50% de su PIB", explica el ingeniero Ricardo Canese, coordinador general de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos. Con el nuevo acuerdo (aún sujeto a aprobación definitiva del Congreso brasileño y pendiente de los próximos vaivenes electorales del presidente Lula da Silva), Brasil pagará 15,3 dólares en vez de 5,1 por cada unidad energética (MWh). Gran parte del dinero de ambas represas -Itaipú y Yaciretá- está destinado al sector social como parte de los perjuicios que produjeron las inundaciones de los embalses, sin embargo el nuevo gobierno deberá negociar una vez más para que exista mayor control, administración y distribución parlamentaria sobre este enorme y vital presupuesto.

Poncho juruicha
En un país en el que se estima que hay un 40% de pobres y 20% de indigentes, Lugo compite con el clientelismo partidario tradicional. De ahí salieron en 2008 muchos de los votos que le dieron un 30% a la ANR, o que hicieron del coloradismo más duro y golpista del general Lino Oviedo la tercera fuerza con el 21%. Una fuerza que sigue reivindicando al stronato con la consigna "éramos felices y no lo sabíamos" 14. Así piensa Antolino, que con sus casi 90 años se gana la vida tratando de pescar los pocos peces que quedan en el río Paraguay. Desde la costa del pueblito de Chaco-i (Chaco chico en guraní), a 15 minutos en bote del Palacio presidencial de los López en pleno centro de Asunción, tira sus redes de trama chica (prohibidas legalmente) mientras vocifera contra la historia vivida de un país en "descomposición por los coloradetes". Cuando su nieta Lydia, "la rubia" de 15 años, se encariña con alguna de las pocas turistas y las comienza a llamar "tía" o "mi segunda mamá", no lo hace en sentido figurado: su futuro, en el mejor de los casos, es ser una "criadita" de la clase alta asunceña, o parte de la gran trata de personas que nutren los prostíbulos de Buenos Aires o Barcelona.
"Paraguay no ha sido nunca un país puritano, sobre todo en cuanto a la moral sexual masculina y a los cánones patriarcales aún vigentes -aclara la abogada y politóloga Line Bareiro-, y el comportamiento abusivo del poder no es extraño al país." En una sociedad donde aproximadamente casi el 70% de los niños paraguayos no son reconocidos por su padre, el escándalo por las acusaciones contra Lugo de tener hijos no reconocidos, si bien condena la actuación del Presidente, no ha sido más que un argumento que azuzó nuevamente la derecha para el juicio político y que tuvo una amplificación desmesurada en los medios extranjeros. Aunque moralmente la imagen del "obispo" Lugo ya no sea la misma, política y socialmente "estos acontecimientos -aclara Barreiro- posicionaron nuevos temas en la agenda pública como la paternidad responsable y las sexualidades públicas", conceptos hasta ahora vacíos de significante para gran parte de las mujeres paraguayas.
Otro de los logros recientes del gobierno fue que a partir de enero de este año se completó -con el libre acceso a los medicamentos, los análisis y los traslados en ambulancia-, el programa de gratuidad de todos los servicios de salud. "El sistema de salud básica -dice José Carlos Rodríguez-, que Argentina tiene resuelto quizás desde el siglo XIX, acá hasta ahora era una cuestión pendiente. El problema es que comenzar a hacer desde el Estado lo que antes se hacía como filantropía desde el partido dominante, le genera a varios mucho miedo, y a otros les saca los negociados y favoritismos." Esperanza Martínez, ministra de Salud y una de las figuras mejor posicionadas en los sondeos de opinión del nuevo gabinete, aclara que "cuando casi un 20% de la población sobrevive con menos de un dólar por día, pagar una consulta o un medicamento era tener que elegir entre comer o curarse".
El próximo 7 de noviembre se celebrarán elecciones municipales. "Muchos lo ven como un plebiscito del gobierno de Lugo, yo no lo veo así", aclara el mismo Presidente, pero sin duda alguna será un importante punto de inflexión para evaluar lo que ocurrió en sus dos años de gestión: si fue realmente una apuesta a un cambio pronunciado o una combinatoria de factores coyunturales que enmascaran una persistente continuidad. Ese gran conglomerado heterogéneo de las "izquierdas" que lo apoya ya está intentando unificar listas y candidatos, pero gran parte de su éxito dependerá de poder sortear numerosos obstáculos, y de mantener esos factores anómalos a la historia paraguaya que son bajos niveles de corrupción, un buen contexto de profesionalismo, por lo menos en el poder ejecutivo, y un mínimo de equidad, credibilidad, gobernabilidad y soberanía. En ese sentido, a mediados de marzo, Lugo presentó el plan "Paraguay para todos y para todas, 2010-2020" que busca "sacar de la indigencia a un millón y medio de pobres extremos" 15.
"La Alianza Patriótica para el Cambio ha aprendido del error anterior de no haber tenido listas parlamentarias unificadas -dice Lugo-, pero serán por primera vez elecciones con un nuevo andamiaje en donde los que gobernaron por más de 60 años no van a tener a los ministros, a los médicos o a los maestros alineados y amenazados." Por su parte, Esperanza Martínez evalúa que también dependerá "de la madurez de los liberales, que están pasando su propia perestroika", para comprender que son parte del gobierno y despegarse de su tradicional rol opositor, mientras que el secretario de Cultura, Ticio Escobar, concuerda en que los liberales "tendrán que definir ese poder difuminado y cruzado que actualmente tienen (...), pero habrá que evitar esa habilidad y tendencia proteica del coloradismo de desboblamiento y transformarción en una oposición creíble".
A Lugo le gusta definirse como de centro, como el poncho juruicha (el agujero del poncho en guaraní). Aunque quizás, con sus camisas angelicalmente blancas, más apropiado que esa metáfora de un vacío por llenar sea verlo como el blanco que completa la bandera paraguaya: una franja en equilibrio entre un rojo colorado y un azul liberal.

De Bolsillo, Buenos Aires, 2008.
Luis Alberto Moniz Bandeira, La formación de los Estados en la cuenca del Plata, Norma, Buenos Aires, 2006.
Francisco Doratioto, Maldita Guerra, Emecé, Buenos Aires, 2004.
En una carta a Bartolomé Mitre de 1872, Domingo Faustino Sarmiento llegó incluso a decir: "Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Era preciso purgar la
tierra de toda esa excrecencia humana: raza perdida de cuyo contagio hay que librarse", El Nacional, Buenos Aires, 12-12-1877.5 Con 1.500.000 y 900.000 afiliados respectivamente, la ANR y el PLRA son dos de los partidos más grandes del mundo, aunque se trata más bien de estructuras socio-históricas y de marcada filiación familiar que de agrupaciones ideológicas alrededor de un proyecto político definido. Véase Marcello Lachi, Ciudadanía y Partidos Políticos, Decidamos, Asunción, 2009.
Entrevista con el autor, Asunción, 3-2-10.
Hasta la "apertura democrática" de 1989 era una condición sine qua non estar afiliado al Partido Colorado para ocupar hasta el más mínimo puesto en el estamento público, desde coronel hasta maestro rural.
Supuesto grupo reducido de campesinos y miembros del partido de izquierda Patria Libre, cuyos objetivos son poco claros, pero que actúa con un profesionalismo sorprendente en algunos de los departamentos más pobres de las zonas de expansión sojera, lindantes con Brasil, y en el departamento de San Pedro. Se lo ha relacionado con las FARC de Colombia, con el coloradismo duro y disidente de Lino Oviedo, e incluso, desde la derecha, con el mismo Lugo, ya que muchos de sus dirigentes fueron seminaristas. Véase Verónica Smink, "Paraguay: masivo operativo contrainsurgente", www.bbc.co.uk
En enero, tras la liberación de Zavala, fueron desplazados más de 450 efectivos de elite, entrenados por agentes colombianos, en el marco del operativo "Yaguareté" para dar apoyo a la policía en la captura del los miembros del EPP.
En octubre de 2009 Ramón Evelio Jiménez, de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), fue condenado a dos años de prisión por la toma de tierras en el departamento de Caazapá, siendo el primer y único caso de este tipo en la democracia paraguaya: http://altermediaparaguay.blogia.com/temas/conamuri.php
El Chaco Boreal, el 60% del total del territorio nacional que se encuentra al oeste del río Paraguay, concentra solo el 4% de la población. Véase Milda Rivarola, "Política, población y territorio", ponencia presentada en el seminario "Paraguay, territorios e historia", Asunción, agosto de 2009.
María Aparecida de Moraes Silvia y Beatriz Medeiros de Melo, "Soja: a expansão dos negócios", y Silvio Caccia Bava, "Gigante pela própria natureza", Le Monde diplomatique, edición Brasil, San Pablo, febrero de 2009.
"El Cono sur desde 1930. Paraguay 1930-1990" en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, Tomo 15, Crítica, Barcelona, 2002.
Myrian González Vera, "'Fecha Feliz' en Paraguay. Los festejos del 3 de noviembre, cumpleaños de Alfredo Stroessner", en Elizabeth Jelin (comp.), Las Conmemoraciones: las disputas en las fechas "in-felices", Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
Página/12, Buenos Aires, 16-3-10.

Edición Cono Sur

http://www.eldiplo.org/la-disritmia-paraguaya?token=&nID=1

Época de cambios


ELECCIONES EN EGIPTO

Por Alain Gresh*

El domingo 24 de junio se confirmó la victoria de Mohamed Morsi, candidato de los Hermanos Musulmanes, en las elecciones presidenciales de Egipto. Sin embargo esta votación no es más que una etapa dentro de una larga transición, iniciada a partir de la caída de Hosni Mubarak.

Durante interminables y sofocantes días, en una atmósfera pesada, Egipto contuvo la respiración. El país estaba esperando el anuncio de los resultados, postergados hora tras hora, de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Bajo un sol abrasador, y a pesar de las dificultades de la elección –tan numerosa como la primera vuelta– los votantes depositaron sus boletas en las urnas, en orden y bajo supervisión de jueces. El 17 de junio, las mesas estuvieron abiertas hasta las diez de la noche, para que todos pudieran cumplir con su deber. Hubo pocos incidentes. El vencedor debía ser anunciado oficialmente el miércoles 20 y los resultados que iban llegando en la noche confirmaban que había triunfado Mohamed Morsi, el candidato de los Hermanos Musulmanes, apoyado por numerosas fuerzas de la revolución. La asociación independiente “Jueces por Egipto”, que había supervisado el escrutinio (1), validaba su victoria.
Sin embargo, rápidamente la atmósfera se volvió aún más pesada. El adversario de Morsi, el general Ahmed Shafiq, apeló ante el comité superior que supervisaba la elección, y éste decidió posponer la publicación de los resultados. Mientras tanto, los medios de comunicación, que siguen siendo dirigidos por los mismos hombres que lo hacían en los tiempos de Hosni Mubarak, reproducían rumores y desinformación, explicando que los Hermanos habían llenado las urnas, que habían perdido, ¡que estaban preparando un levantamiento armado! En realidad, la decisión ya no estaba en manos de los votantes ni en las del supuesto comité de supervisión, sino solamente en las del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CSFA), que buscaba medir las consecuencias de una victoria que había tratado de evitar. El Consejo había puesto todo su poder detrás del general Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Hosni Mubarak. Este militar forma parte de la camarilla de empresarios (y oficiales) que sometió al país durante dos décadas: el 2 de marzo de 2011, durante un debate que quedó en el recuerdo entre Shafiq, aún primer ministro, y el escritor Alaa Al-Aswani –autor de la inolvidable El edificio Yacoubian–, este último aportó numerosos documentos que confirmaban la corrupción de Shafiq, obligándolo a renunciar. Representante del antiguo régimen, de lo que aquí llaman “los fulul”, los “restos” del antiguo régimen –los ci-devant [nobles], como se decía en tiempos de la Revolución Francesa–, Shafiq se rodeó del “Estado profundo”, aquel que había tenido perfil bajo luego de la caída del dictador y que ahora lucha enérgicamente para recuperar todos sus privilegios. Todos aquellos que no olvidaron –ni aprendieron– nada.
Finalmente, luego de muchas vacilaciones, el CSFA debió replegarse y el 24 de junio Morsi fue proclamado vencedor: anunció su renuncia a la hermandad y al Partido para la Libertad y la Justicia (PLJ) y confirmó su voluntad de ser el presidente de todos los egipcios. Por primera vez en la historia del Egipto republicano, un civil se convierte en presidente. Para entender este vuelco, alcanza con caminar por las calles de El Cairo y escuchar a los egipcios, especialmente a los jóvenes: sin importar cuál haya sido su elección, ya no quieren que les confisquen el poder; quieren expresar sus puntos de vista y hacer valer su opinion. Es la generación de la revolución, la que se moviliza en cada ciudad y en cada pueblo. El tiempo de las dictaduras militares ha pasado. Estos jóvenes que celebran la victoria de Morsi, que en algunos casos llevan máscaras de Anonymous, que bailan a ritmos endiablados, que llevan triunfales un copto –con su gran cruz–, que se alegran por la derrota del general del antiguo régimen, se parecen poco a hordas barbudas listas para barrer con el mundo civilizado.

Un panorama complejo

Sin embargo, el pequeño margen de victoria de Morsi, de apenas un millón de votos, frente a un candidato que representa el viejo orden contra el que se levantó el pueblo a principios de 2011, es muy elocuente respecto del rechazo que generan los Hermanos Musulmanes en gran parte de la población y sobre las contradicciones de la transición actual.
Los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial causaron alteración en el seno de las fuerzas revolucionarias. Morsi, el candidato de los Hermanos, y el general Shafiq quedaron cabeza a cabeza, aunque con sólo un cuarto de los votos cada uno y con una leve ventaja para el primero. Hamdin Sabbahi, candidato poco conocido de tendencia nasseriana, reunió más del 20% de los sufragios (como aquí nada es sencillo, Sabbahi y su partido se habían aliado con los Hermanos para las elecciones legislativas). El cuarto, Abul Futuh, obtuvo el 17,5% de los votos. En conjunto, los candidatos cercanos a la revolución (Sabbahi, Abul Futuh y algunos otros) reunían cerca del 40% de los votos, pero quedaron fuera de la segunda vuelta.
¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer en la segunda vuelta? Para el escritor Al-Aswani, crítico virulento de los integristas, la elección era clara: “No estamos con Morsi, apoyamos la revolución”. Una posición explicitada por el editorial de Mostafá Ali (2): “De modo trágico, algunas fuerzas favorables a la revolución describen de manera errónea una organización conservadora y vacilante como la de los Hermanos Musulmanes, que más de una vez traicionaron los objetivos de la revolución (y pueden hacerlo de nuevo en el futuro), como fascistas religiosos. Y así asimilan esta fuerza –que se comprometió de modo oportunista con el antiguo régimen– con el actual régimen, que intenta aniquilar a toda la revolución”.
Algunos están obsesionados con el fantasma de un estado teocrático impuesto por los Hermanos. Sin embargo, para la mayoría de las fuerzas revolucionarias, las fuerzas a combatir –contra las cuales se creó un frente común el 22 de junio pasado– son el ejército y el antiguo régimen, que mantienen el control de los resortes más importantes del poder. Morsi, rodeado de partidos comprometidos con la revolución y de figuras simbólicas como Wael Ghonim o Al-Aswani, se lanzó a una plataforma común de lucha contra el CSFA y, en particular, contra las decisiones tomadas en las semanas previas a la elección.
“Hemos cometido un error muy importante tras la caída del presidente Mubarak, que fue llegar a un acuerdo para dejar el poder en manos del CSFA”. El 14 de junio Abul Futuh, candidato perdedor en la elección presidencial, se enteró de que el Alto Tribunal Constitucional había declarado ilegal la ley que permitía la elección del parlamento, lo cual condujo a su disolución. Además, acababa de abolir la ley que prohibía presentarse a las elecciones a los representantes del antiguo régimen, autorizando al general Shafiq a competir por la segunda vuelta en la elección presidencial del 16 y 17 de junio.
Como ya hemos señalado, en Egipto nada es sencillo. Durante estos días de crisis, Hamdin Sabbahi realiza la (pequeña) peregrinación (omra) a La Meca y se confina en un prudente silencio, sin tomar posición por ninguno de los dos candidatos que siguen en carrera. Marcado por su ideología nasseriana, se resiste a criticar al ejército.
En cambio, Abul Futuh, ex líder de los Hermanos Musulmanes, busca conformar un frente amplio contra los militares. Con sesenta años (un júnior en el contexto político local dominado por ancianos) y carismático, irradia una energía desbordante. Habiendo sido presidente del sindicato de médicos durante mucho tiempo, fue detenido en varias ocasiones, por muchos años. Marginado por la hermandad, que lo consideraba demasiado liberal, Futuh participó activamente en toda la epopeya de Tahrir, donde adquirió gran autoridad, especialmente entre los jóvenes Hermanos. Pronto anunció que se postularía para la elección presidencial y se lanzó a un programa de reformas democráticas en el país, que consistían en un Estado gobernado por civiles, igualdad entre hombres y mujeres e igualdad entre los ciudadanos, para permitir en particular que un copto fuera elegido presidente de la República. Reunió a su alrededor una amplia coalición de tendencias y personalidades –una de sus asesoras económicas es marxista– y también obtuvo para la primera vuelta el sorprendente apoyo de los salafistas, preocupados por la hegemonía de los Hermanos Musulmanes en la escena política. En Egipto, nada es sencillo.
Para Abul Futuh, al igual que para muchas otras fuerzas, la elección de la segunda vuelta era clara: o bien se regresaba al antiguo régimen con el general Shafiq, o bien se daba un paso adelante con la elección de un candidato civil y en la lucha por “la caída del poder militar”.

Antiguo régimen vs democracia

En las semanas previas a la elección presidencial, el CSFA había puesto en marcha una ofensiva para consolidar su control institucional. El 4 de junio, el ministerio de Justicia validó el derecho de los militares para detener y juzgar a civiles. Durante el juicio a Mubarak fueron exculpados importantes funcionarios del Ministerio del Interior, responsables de la muerte de cientos de manifestantes, y numerosos policías acusados de disparar contra los manifestantes.
A raíz del veredicto del 14 de junio, el CSFA retomó en sus manos el poder legislativo que le había cedido al parlamento y aprobó una declaración constitucional adicional que protege al ejército de cualquier forma de “injerencia” de los civiles y limita el poder del futuro presidente. También se arrogó el derecho de revisar la redacción de la futura constitución.
Paralelamente, el “Estado profundo” continuó actuando a favor del general Shafiq, movilizando todos los medios que le quedaban (que eran muchos): medios obedientes –incluidos en muchos casos aquellos que se califican como independientes, pero en manos de empresarios vinculados con los círculos de poder–, intelectuales del antiguo régimen, pensadores “liberales” movilizados contra la dictadura islámica, pero silenciosos respecto de la de los militares. Las más descabelladas mentiras fueron buenas para desacreditar a los islamistas: éstos habrían hecho que el parlamento tunecino aprobara el restablecimiento de la poligamia; Morsi habría decidido reprivatizar la compañía del Canal de Suez, símbolo de la independencia de Egipto desde que el presidente Gamal Abdel Nasser la nacionalizara en 1956; los Hermanos habrían acumulado armas, querrían transformar el ejército siguiendo el modelo iraní, restablecerían el impuesto especial (jaziya) a los coptos, cerrarían los cines y los teatros, etc. Una de las fabulaciones más espectaculares, que ha recorrido el mundo entero, es la que cuenta que el parlamento habría analizado una ley que permitiría que un hombre tuviera relaciones sexuales con su mujer en las seis horas posteriores a su muerte. Como en tiempos de Mubarak, o de los demás dictadores árabes, “Nosotros o los islamistas” sigue siendo la consigna de todos los aristócratas, que buscan mantener el orden establecido.
Es preciso reconocer que esta propaganda tuvo su rédito: más de doce millones de egipcios votaron, en segunda vuelta, por un candidato del antiguo régimen, aunque no todos, ni mucho menos, estén a favor de volver el tiempo atrás. Los Hermanos Musulmanes tienen su parte de responsabilidad, como lo muestran los resultados electorales: aunque Morsi obtuvo 5,7 millones de votos en primera vuelta, su partido había reunido casi el doble en las elecciones legislativas de fines de 2011 y principios de 2012.
La hermandad paga sus errores y sus tergiversaciones entre la revolución y el ejército. Dado que sus miembros habían sido fuertemente reprimidos durante el régimen de Mubarak, la organización no se sumó a las manifestaciones sino hasta el 28 de enero de 2011, tres días después de que comenzaran, a pesar de que sus militantes más jóvenes ya se encontraban en pie de lucha desde las primeras horas. Desempeñaron un papel activo durante la pulseada que enfrentó la calle a Mubarak y contribuyó en gran medida, con su organización, a la resistencia frente a los ataques de la policía.
Después de la caída del “rais”, esta organización, de orientación fundamentalmente conservadora, buscó un terreno de diálogo con el CSFA. Se disoció de los jóvenes manifestantes, en particular en noviembre de 2011, cuando los enfrentamientos con el ejército en El Cairo causaron alrededor de cuarenta muertos. Los Hermanos, deseosos de que las elecciones legislativas se llevaran a cabo a toda costa, denunciaron “acciones irresponsables”, cosa que muchos jóvenes no les perdonaron.
Luego de conseguir una amplia mayoría en el parlamento, dieron muestras de una voluntad hegemónica que alejó de ellos a no pocas amistades. Y su decisión, a pesar de sus compromisos previos, de participar directamente en la elección presidencial, avivó los temores. Fahmi Howeidy, un editorialista respetado de tendencia islamista, cuyos artículos son reeditados a lo largo de todo el mundo árabe, criticó severamente este ingreso en la batalla presidencial. Pero piensa que las responsabilidades de los fracasos del período anterior son compartidas: “En el parlamento, los liberales y los demás partidos rechazaron toda propuesta de los Hermanos de presidir comisiones. Apostaron a su fracaso, a pesar de que la asamblea tomó medidas positivas: reforma del bachillerato, transformación del estatuto de 700.000 trabajadores precarios, salario máximo, etc.”. Para Howeidy, la batalla en Egipto no está oponiendo a laicos y a religiosos, sino al antiguo régimen con la democracia.
Al aceptar, el 22 de junio pasado, conformar un frente con las fuerzas revolucionarias, los Hermanos aceptaron formalmente su aislamiento. Se comprometieron a luchar contra el poder militar, en particular al solicitar la derogación de la declaración constitucional adicional y el retorno del parlamento electo. Ahora que ganó su candidato, ¿no intentarán llegar a un nuevo acuerdo con el CSFA? ¿Cómo se redactará la nueva Constitución? Las preguntas quedan planteadas, pero, como sea, el 24 de junio marcará un hito en la historia de Egipto y de la supresión del viejo orden, en particular del control de una camarilla corrupta sobre la economía.

1. Ahramonline, 20-06-12, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/36/122/45678/Presidential-elections-/Presidential-elections-news/After-vote-count,-Judges-for-Egypt-corroborate-Mur.aspx
2. “Last Call: Will the revolution or the counter-revolution write Egypt history”, Ahramonline, 22-06-12, http://english.ahram.org.eg/News/45847.aspx


NOTAS RELACIONADAS


1) Los grandes dilemas de los Hermanos Musulmanes, por Alaa Al-Din Arafat.
Edición Nº 155, Mayo de 2012

2) Una “transición dentro del orden”, por Gilbert Achcar
Edición 141, Marzo de 2011

3) Egipto en el espejo de la revolución tunecina, por Sarah Ben Néfissa
Edición Nº 140, Febrero de 2011





* De la Redacción de Le Monde diplomatique, París (enviado especial).


Traducción: Gabriela Villalba

http://www.eldiplo.org/notas-web/entre-revolucion-y-contrarrevolucion?token=&nID=1

viernes, 22 de junio de 2012

Amargo divorcio en Sudán


UN CONFLICTO QUE SE AGUDIZA

Por Jean-Baptiste Gallopin*

A un año de la independencia de Sudán del Sur, las tensiones con su vecino del norte, la República de Sudán, están lejos de aplacarse. Las disputas por la renta petrolera y el accionar de las milicias locales vuelven más inciertas las difíciles tentativas de armonía entre ambos países.

l 23 de enero de 2012, el presidente sursudanés Salva Kiir anunciaba ante el Parlamento que el Consejo de Ministros había “decidido por unanimidad interrumpir inmediatamente toda actividad petrolera en Sudán del Sur y suspender la circulación del petróleo crudo del país con destino a la República de Sudán” (1). Esta medida respondía a la confiscación por parte de Jartum de una parte de la producción sursudanesa, y llevaba a un punto culminante el conflicto entre ambos Estados sobre la distribución de los ingresos de los hidrocarburos.
El petróleo es vital para la joven República, independiente desde julio de 2011 (2): representa el 98% de los ingresos de su administración. En estas circunstancias, la suspensión prolongada de la producción amenaza con un derrumbe de las ya debilitadas estructuras estatales, asestando el golpe de gracia a las esperanzas de estabilización de la región tras décadas de guerra civil (ver cronología).
El 9 de julio de 2011, mientras Sudán del Sur celebraba su independencia, el presidente sudanés Omar Al Bashir viajó a la capital del nuevo Estado, Juba, junto a otros dirigentes internacionales. Su presencia marcó el reconocimiento por parte de Jartum, luego de múltiples tergiversaciones, de la división del país.
Sin embargo, muchas preguntas seguían sin respuesta. Los desacuerdos giraban especialmente en torno al reparto de la renta petrolera y la deuda pública, así como al trazado final de la frontera común. Quedaba también pendiente la organización de la seguridad regional. 

Una guerra de milicias

Los dos Sudán parecían condenados a ponerse de acuerdo. Tanto en el Norte como en el Sur, el petróleo representa la principal fuente de divisas e ingresos fiscales. Pero, sobre todo, la interdependencia de ambos países en este sector es total: uno controla las reservas, el otro la infraestructura para la exportación. Sin acuerdo sobre los derechos de paso y refinamiento por parte de Jartum, ambos se exponen a una crisis económica catastrófica. 
En agosto de 2010, negociadores de ambos lados se reunieron varias veces en la capital etíope, Addis Abeba, para llevar a cabo interminables e infructuosas negociaciones. Posteriormente, las relaciones no dejaron de deteriorarse debido a divisiones internas en las élites dirigentes, a su tendencia a redoblar la apuesta y a su incapacidad para afrontar los conflictos locales en las zonas fronterizas. 
La invasión por parte del ejército sudanés al distrito disputado de Abyei, en mayo de 2011, es decir, dos meses antes de la independencia oficial del Sur, marcó el comienzo de la crisis. El estatuto de esta zona fronteriza, aunque de mínima importancia estratégica, debía resolverse mediante un referéndum consultivo local organizado paralelamente al de la secesión del Sur. Pero Jartum impidió su celebración y se apoderó de la totalidad del territorio. Los combates que estallaron entre ambos ejércitos alcanzaron un nivel sin precedentes desde el acuerdo de paz de 2005. El mensaje parecía claro: el Norte estaba dispuesto a utilizar su superioridad militar para controlar las negociaciones.
El ejército sudanés se volvió entonces contra los miembros del Movimiento / Ejército Popular de Liberación de Sudán (Sudan People’s Liberation Movement/ Army, SPLM/A, el movimiento rebelde actualmente en el poder en Juba), presentes en su territorio: seis mil combatientes en el Estado nordista de Kordofán del Sur (3) y cuatro mil cien en el Estado de Nil Bleu (4), ambos limítrofes con Sudán del Sur y cuyas poblaciones, más africanas que árabes, son cultural y políticamente cercanas al Sur.
El 5 de junio de 2011, el ejército nordista y sus milicias aliadas lanzaron una ofensiva de envergadura contra los miembros del SPLM/A –estuvieran armados o no– presentes en Kordofán del Sur. El 1º de septiembre de 2011, el conflicto se extendió a Nil Bleu. Tras el bombardeo de su residencia, Malik Agar, quien dirige el SPLM/A-Norte (SPLM/A -N), se refugió en el monte y llamó al derrocamiento del régimen de Jartum. El 8 de septiembre, anunció la escisión entre su movimiento y el partido en el poder en Juba. Una nueva guerra civil acababa de estallar.
Mientras tanto, Jartum y Juba continuaban negociando, librando una guerra económica impiadosa. En mayo de 2011, Sudán impuso restricciones al comercio transfronterizo con el Sur, cuya actividad depende en gran medida de las importaciones provenientes del Norte (5). En julio de 2011, ambos gobiernos, sin llegar a un acuerdo, pusieron cada uno en circulación una nueva moneda. La tasa de cambio de la libra sursudanesa y la nueva libra sudanesa fluctúan a causa de la incertidumbre ligada al clima de crisis fiscal y de tensión, lo que obliga a los bancos centrales de ambos Estados a echar mano de las reservas de divisas de por sí débiles para prevenir devaluaciones masivas.
A su vez, cada uno hace uso de la fuerza, directa o indirecta, para obligar al otro a replegarse. El Norte provee un apoyo logístico y militar a las diferentes milicias rebeldes que operan contra el gobierno sursudanés (6), y bombardeó el territorio de su vecino en varias oportunidades a partir de noviembre de 2011.
Al gobierno de Juba, por su parte, le cuesta mantener la ficción de la separación con los rebeldes del SPLM/A-N. Éstos utilizan a su antojo Sudán del Sur como base de retaguardia, al igual que los del Movimiento Justicia e Igualdad (Justice and Equality Movement, JEM), parte de cuyas tropas abandonaron actualmente Darfur en dirección a Kordofán del Sur. A fines de marzo de 2012, el ejército sudista, el JEM y el SPLM/A-N lanzaron una ofensiva conjunta sobre Heglig, un campo petrolero fronterizo, dando muestras de un nivel de coordinación sin precedentes.
Ahora bien, el SPLM/A-N y los grupos de Darfur, actualmente aliados bajo la égida del Frente Revolucionario de Sudán (Sudan Revolutionary Front, SRF), apuntan a un cambio de régimen en Jartum. La creciente implicación del Sur en el SRF y la intransigencia de los negociadores sudistas, comenzando por Pagan Amum (cercano a los dirigentes del SPLM/A-N), hacen temer pues que una parte de la elite política en Juba se haya sumado a este objetivo. 
Los países occidentales y China esperan que un acuerdo bilateral sobre los derechos de tránsito del petróleo permita impedir una nueva guerra Norte-Sur; pero las grandes potencias se muestran incapaces de imponer un acuerdo. Washington, cuyo apoyo histórico a los sudistas y antagonismo con el Norte limitan su capacidad, ve considerablemente reducido su margen de maniobra por una opinión pública decididamente hostil a Jartum. Mientras la atención de los medios de comunicación estadounidenses y el Congreso se focaliza en las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército sudanés en Kordofán del Sur, resulta imposible para la administración de Barack Obama ofrecerle, a cambio de la paz con el Sur, un levantamiento -incluso parcial- de las sanciones estadounidenses adoptadas en 1997 y 2006, en respuesta al apoyo brindado por Sudán al terrorismo, y a la represión en Darfur. En su lugar, luego de años de complacencia, Washington trató de ejercer presión sobre Juba, logrando, el 2 de mayo pasado, la aprobación en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de una resolución que amenaza con sanciones a los dos Sudán.

Peligroso equilibrio 

En cuanto a Pekín, su influencia es también incierta, a pesar de sus estrechos lazos con los protagonistas. Principal actor del sector petrolero, en cuyo desarrollo había participado junto a Jartum durante la guerra civil, China había logrado desde 2008 acercarse a Juba. Sin embargo, sus visibles esfuerzos de mediación no prosperaron. Frente a sus pares occidentales, los diplomáticos chinos se exasperan por su propia impotencia. A medida que las relaciones entre los dos Sudán se deterioran, el ejercicio de equilibrio de Pekín se vuelve cada vez más peligroso. En cambio, Juba sabe que puede contar también con Israel, que se involucró en 1955 en la rebelión del Sur (7).
Los obstáculos locales a un acuerdo siguen siendo múltiples. Dos compromisos parciales, uno sobre la integración del SPLM/A-N en el juego político sudanés, en junio de 2011, y otro sobre el estatuto de los ciudadanos sudaneses y sursudaneses en los respectivos territorios de ambos Estados, en febrero de 2012, fracasaron (8). El primero, negociado por Nafi Ali Nafi, mano derecha de Al Bashir, con Agar, fue denunciado por el presidente sudanés tres días después de su firma. El segundo se tornó obsoleto por los enfrentamientos en la frontera que, según se sospecha, fueron orquestados conjuntamente por el SPLM/A-N y una parte del ejército sudista, con vistas a impedir un acercamiento Norte-Sur.
Nada garantiza que un acuerdo sobre los derechos petroleros sea suficiente para apaciguar la situación. Probablemente fracasaría en poner fin a la violencia en Kordofán del Sur y Nil Bleu, cuyas causas son ante todo locales. Es probable pues que la frontera entre los dos Sudanes permanezca inestable durante los próximos años.



1. “Statement by H.E. Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan to the National Legislature on the current oil crisis”, 23-1-12, www.sudantribune.com
2. Léanse Gérard Prunier, “Le régime de Khartoum bousculé par la sécession du Sud”, y Marc Lavergne, “Chronique d’une indépendance annoncée”, Le Monde diplomatique, París, febrero de 2011.
3. “Unmis report on the human rights situation during the situation in Southern Kordofan, Sudan”, United Nations Mission in the Sudan (UNMIS), informe interno, junio de 2011.
4. “In Need of review: SPLA transformation in 2006-2010 and beyond”, Small Arms Survey, Ginebra, noviembre de 2010.
5. “South Sudan border row ‘causing shortages’”, 18-5-11, www.bbc.co.uk
6. “Fighting for the spoils: Armed insurgencies in Greater Upper Nile”, Small Arms Survey, noviembre de 2011.
7. Véase “Pourquoi le Soudan du Sud est un allié stratégique d’Israël”, 20-3-12, www.slateafrique.com
8. “Sudan says cessation of support to rebels prerequisite to peaceful relations with south”, 30-3-12, www.sudantribune.com




Cronología

1º de enero de 1956. El país accede a la independencia. En agosto de 1955, estalló una rebelión en el Sur.
Octubre de 1964. Una insurrección popular pone fin al régimen militar instaurado en 1958.
25 de mayo de 1969. Golpe de Estado encabezado por Gaafar Al Nemeiry.
Marzo de 1972. Acuerdos firmados en Addis Abeba con la rebelión para la instauración de una autonomía en el Sur.
1983. El régimen de Al Nemeiry decide aplicar la sharia. Comienzo en el Sur de una nueva rebelión dirigida por John Garang y su Movimiento / Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLM/A).
Abril de 1985. Revuelta popular y fin de la dictadura militar.
30 de junio de 1989. Oficiales islamistas dirigidos por Omar Al Bashir toman el poder. La guerra con el Sur se intensifica.
9 de enero de 2005. Firma de un acuerdo con el SPLM/A, que prevé un referéndum de autodeterminación en el Sur en un plazo de cinco años.
2011. En enero, la población del Sur vota ampliamente en favor de la independencia, que se proclama el 9 de julio.

* Investigador especializado en Sudán de una organización internacional de defensa de los derechos humanos. En este artículo expresa su opinión personal.


Traducción: Gustavo Recalde

http://www.eldiplo.org/notas-web/amargo-divorcio-en-sudan/

Radicalización


Por Serge Halimi*

Las protestas sociales que se extienden por los países en crisis dejan en claro que las políticas de austeridad no pueden aplicarse sin métodos autoritarios. Entonces, los recortes sociales van de la mano de la suspensión de libertades fundamentales y del avance de discursos de extrema derecha.

a revuelta de los estudiantes de Quebec vuelve a demostrarlo: las políticas de austeridad ya no pueden implementarse sin métodos autoritarios. Cuando el gobierno liberal (centrista) de Jean Charest decidió aumentar el precio de las matrículas universitarias en un 75% durante un período de cinco años, más de un tercio de los estudiantes de esa región canadiense se declaró en huelga. El 18 de mayo, en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Quebec se suspendieron los derechos de asociación y manifestación. Secuencia fatal: la amputación de una conquista democrática (en este caso, el acceso a la educación superior) llevó rápidamente a la suspensión de una libertad fundamental.
Esta radicalización se observa en otras partes del mundo. En Francia, la derrota de la coalición conservadora –luego de una campaña durante la cual se enunciaron todos los tópicos de la extrema derecha– en modo alguno condujo a dicha fuerza a cambiar su discurso frente a un electorado centrista que decidió no votar por ella. Por el contrario, los herederos de Nicolas Sarkozy siguen privilegiando las posturas más reaccionarias –hostilidad hacia los inmigrantes, oposición a una presunta laxitud frente a la delincuencia, lucha contra el fraude social–, con la esperanza de arrebatarle al Frente Nacional un electorado popular que supuestamente se reconoce en el retrato de “trabajador que no quiere que alguien que no trabaja gane más que él” (1).
Menos de un mes después de la asunción de Obama, Estados Unidos atravesó un cambio político similar. Lejos de los mea culpa, el Partido Republicano imitó al Tea Party, truculento y paranoico, pero sobre todo experto en el arte de presentar a sus oponentes como un puñado de esnobs de izquierda, tecnócratas pagados de sí mismos y capaces solamente de molestar a los productores de la riqueza para seguir favoreciendo a los “asistidos” y los fracasados. “Todos tuvimos algún vecino, o escuchado el caso de alguien que vivía por encima de sus posibilidades, y nos preguntamos por qué teníamos que pagar por sus gastos”, señalaron los autores del “Manifiesto del Tea Party” (2). Apenas derrotada, la derecha republicana no se molestó en recuperar el centro, donde, al parecer, se dirimen las elecciones. Y recobró sus fuerzas sustituyendo el pragmatismo gris de los líderes en desbandada por las aspiraciones de sus activistas más radicales.
Este imaginario de derecha es poderoso. No puede combatirse con sermones, ni modificando marginalmente el itinerario económico y financiero, cuyo anunciado fracaso multiplicará las situaciones de angustia, de desesperación, de pánico. Para no hablar de los efectos políticos deletéreos de un resentimiento político que apunte al blanco equivocado. El colapso de los dos principales partidos griegos, corresponsables de la quiebra del país y el martirio infligido a su pueblo, así como el inesperado surgimiento de una formación de izquierda, Syriza, decidida a cuestionar el pago de una deuda parcialmente ilegítima (ver artículo en página 22), muestran que no es imposible salir del atolladero. La condición es dar pruebas de audacia e imaginación. En ese mismo sentido luchan los estudiantes de Quebec.

1. Discurso de Nicolas Sarkozy en Saint-Cyr sur Loire, 23-4-12.
2. Citado por Thomas Frank, Pity the Billionaire: The Hard-Times Swindle and the Unlikely Comeback of the Right, Metropolitan Books, Nueva York, 2012.



* Director de Le Monde diplomatique.


Traducción: Mariana Saúl

http://www.eldiplo.org/156-europa-en-su-laberinto/radicalizacion?token=&nID=1

Los retos de Río+20


MEDIO AMBIENTE, UNA CUESTIÓN VITAL

Por Ignacio Ramonet*

La Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Río de Janeiro este mes debe rechazar el camuflaje ecológico del capitalismo especulativo.

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Río+20” porque se celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo. 
Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal. 
La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia. 
Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.
Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de Economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los países vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda, y sin duda a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)... 
En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Neoliberalismo verde

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático que será debatido, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…
Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...
Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central será entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.
Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Río+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.
Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5). 
El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversionistas privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y cosechando de nuevo cuantiosas ganancias.
Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito. 
Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos. 
En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital, y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).
La Conferencia Río+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ambiental y alimenticia. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema. 


1. Ignacio Ramonet, “La otra crisis”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2012.
2. El País, Madrid, 21-5-12.
3. The New York Times, 13-5-12, http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/05/13/eurodammerung-2/?smid=tw-NytimesKrugman&seid=auto
4. El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, respondió al revuelo causado por las palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible. 
5. Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación para Río+20?”, 4-4-12, http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20
6. http://rio20.net/en-camino-a-rio
7. Véase la “Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales”, Porto Alegre, 28-1-12 (https://redconvergenciasocial.org/?p=160).

* Director de Le Monde diplomatique, edición española


© Le Monde diplomatique, edición española

http://www.eldiplo.org/156-europa-en-su-laberinto/los-retos-de-rio-20?token=&nID=1

Lugo: OEA pide respetar tiempos de defensa


Convocaron a sesión extraordinaria. José Miguel Insulza (foto) sentó la posición al pedir "la valoración de pruebas y la aplicación de plazos" lógicos para poder defenderse

La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para este viernes una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington con el fin de "tomar conocimiento de los acontecimientos en la Repúblia del Paraguay", anunció este mismo viernes el organismo hemisférico.
 
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, se enfrenta este viernes a un juicio político que el Congreso aprobó la víspera por, entre otros, el sangriento enfrentamiento de la semana pasada en Curuguaty, que dejó 11 campesinos y 6 policías muertos.
 
Desde el jueves, la OEA está siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Paraguay, con un llamado específico del secretario general del organismo, José Miguel Insulza, a que pase lo que pase -Lugo tenía previsto presentar este mismo viernes un recurso de inconstitucionalidad contra su juicio político- se mantenga la "paz interna" y la "continuidad democrática".
 
Asimismo, Insulza subrayó la necesidad de que se realice el "respeto al debido proceso no sólo en la forma, sino también en el fondo", para lo cual, puntualizó, se requiere "la debida valoración de las pruebas de la acusación y la aplicación de plazos que permitan la adecuada preparación y presentación de los descargos de los acusados en el pleno ejercicio de su derecho a la defensa".

http://america.infobae.com/notas/52943-Lugo-OEA-pide-respetar-tiempos-de-defensa

Dilma Rousseff sugiere expulsar a Paraguay del Mercosur y de la Unasur


La presidente de Brasil recordó que en ambos bloques hay cláusulas que exigen el cumplimiento de las reglas democráticas. Chávez, Correa y Kirchner no reconocerán a Franco


En una conferencia de prensa, Dilma Rousseff sugirió expulsar a Paraguay del Mercosur y la Unasur debido a la destitución de Fernando Lugo. La mandataria dijo que esos bloques tienen cláusulas en sus estatutos que requieren el respeto de las reglas democráticas. "Hay pena anticipada" para aquellos que no cumplen con "los principios que caracterizan a una democracia", sostuvo.
 
Cuando se le preguntó cuál es la pena que se le podría aplicar a Paraguay, Rousseff respondió que es "la no participación en los organismos multilaterales" y agregó que ese país está experimentando una "situación complicada".
 
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó por "ilegítima" la destitución y dijo que "no reconocerá otro presidente de Paraguay que no sea Fernando Lugo", en coincidencia con lo declarado por el canciller venezolano, Nicolás Maduro.
 
"Ya basta de estas patrañas en nuestra América, eso no es legítimo, yo creo que tampoco es legal, seguramente se han roto los procedimientos", añadió el ecuatoriano.
 
Para el mandatario de Venezuela, la destitución de Lugo "no sólo golpea al presidente y a Paraguay sino a la Unasur".  Afirmó que su país "no reconoce a ese ilegal e ilegítimo gobierno que se instaló en Asunción".
 
"Fue un golpe de la burguesía paraguaya que trata de frenar el proceso de cambio en Paraguay y que trata de dividir", afirmó Chávez quien señaló que "el pueblo paraguayo debería ser el único facultado para sacar a su presidente".
 
"Lugo con mucho coraje aceptó un juicio que no fue juicio porque no le permitieron la defensa", subrayó.
 
Correa llamó a la Unasur a "aplicar la cláusula democrátida" del grupo, que, recordó, "establece no reconocer gobiernos y el cierre de fronteras" con los países que no se encuadren en un marco democrático. "No sabemos qué vaya a decidir Unasur, creemos que debe aplicar las sanciones que establece la carta democrática, no reconocer a un gobierno ilegítimo, incluso llegar al cierre de fronteras", añadió.
 
En tanto, la presidente argentina Cristina Kirchner tampoco reconocerá al gobierno de Federico Franco. "La Argentina no va a convalidar el golpe de Estado en Paraguay", señaló la mandataria, quien calificó como "inaceptable" la salida de Lugo.
 

http://america.infobae.com/notas/52964-Dilma-Rousseff-sugiere-expulsar-a-Paraguay-del-Mercosur-y-de-la-Unasur

miércoles, 13 de junio de 2012

Las mil caras de un problema complejo


LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN ARGENTINA


Por Jaime R. Sorin*

Como resultado del proceso de fragmentación urbana registrado desde los años 70, la vivienda se ha convertido en un problema tanto para los sectores populares como para las clases medias. Aunque en los últimos años se ha avanzado, es necesario una mayor regulación del Estado.

esde 1950 hasta hoy la población del mundo pasó de 2.500 millones de personas a casi 7.000 millones, y se estima que en 2050 llegará a los 10.000 millones. Más de la mitad vive ya en ciudades, aunque casi 900 millones lo hace en condiciones de habitabilidad misérrimas, 100 millones en la calle; se calcula que el 95% del incremento futuro se dará en áreas urbanas de los países en desarrollo.
En América Latina, caracterizada como la zona más desigual del mundo luego de la devastación socioeconómica de la década del 90, el impacto de las migraciones hacia las ciudades se sintió con mayor fuerza: el 78% de sus habitantes se concentra hoy en ellas, con picos del 92% en Argentina y Uruguay. Entre 1990 y 2000 el déficit de vivienda regional creció de 38 a 52 millones de unidades (1) y, aun cuando ya comienza a sentirse el impacto de las políticas reparatorias desarrolladas por la mayoría de los gobiernos de la región (que redujo esos números en un tercio, particularmente a través de los programas de mejoramiento habitacional y de la ampliación de las redes de agua y saneamiento), de todos modos cerca de 59 millones de personas continúan asentadas en villas miseria, favelas y tugurios.
Ante esta explosión de las áreas urbanas, la reflexión acerca del significado de la noción de déficit se ha ido desplazando: de las visiones sectoriales prevalecientes hasta fines de la década del 60, que ponían el centro de las políticas socio-habitacionales en la obra pública (la construcción de unidades nuevas o “viviendismo”, con énfasis en el ámbito privado), hacia un concepto integrador que relaciona vivienda-ciudad a partir del reconocimiento del derecho a vivir dignamente en la ciudad y de la noción de “servicios habitacionales”, noción que enfatiza la inserción en una determinada configuración espacial urbana y la satisfacción del conjunto de las necesidades humanas primordiales (2).
En línea con esta tendencia, la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas introdujo la noción de “vivienda adecuada”, desde la perspectiva más amplia de los derechos humanos. Esto dio pie a la formulación en Brasil del Estatuto de la Ciudad, sancionado en julio de 2001, y a la creación del Ministerio de las Ciudades, así como a la inclusión de esta noción en las Constituciones de Bolivia (2007) y Ecuador (2008) como parte de los “derechos del buen vivir”.
En Argentina, la Constitución de 1949 estableció tempranamente, en el artículo 37, “el derecho de los trabajadores […] de disponer de una vivienda” y “el derecho a un albergue higiénico […] para la tercera edad”; en el artículo 38 establecía que “la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”. Sin embargo, cuando en 1957 se repuso la Constitución de 1853 sólo se insertó en el nuevo artículo 14 bis la frase que sostiene que “la ley establecerá el acceso a la vivienda digna”. Y nunca se reglamentó…
La incorporación en la reforma de 1994 de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos da una vuelta sobre esto y claramente protege el derecho a la vivienda, al que establece como una obligación del Estado, pero no avanza sobre las relaciones de propiedad que terminan definiendo la dificultad del acceso a la vivienda para los sectores más postergados y aun para los sectores medios, como sí sucedió en Brasil en la Constitución de 1988 (Enmienda Popular de la Reforma Urbana) y el posterior Estatuto de la Ciudad: “El derecho a condiciones de vida urbana digna condiciona el ejercicio del derecho de propiedad al interés social en el uso de los inmuebles urbanos y lo subordina al principio del estado de necesidad”.

La vivienda en Argentina

El análisis de la situación del acceso a la vivienda en nuestro país desde 1976 permite ver cómo se materializa esta carencia normativa. En primer lugar, hay que señalar que entre 1980 y 2001 la población rural disminuyó bruscamente, del 16 al 10%, al compás de las políticas neoliberales que provocaron una fuerte migración hacia los centros urbanos en busca de un trabajo inexistente. Durante esas décadas, el financiamiento de la vivienda pública fue escaso y la oferta de tierra urbanizada para los sectores de bajos ingresos prácticamente desapareció. Los instrumentos que entre las décadas del 40 y el 70 habían permitido la primera urbanización del conurbano –el Banco Hipotecario como agente financiero del Estado, los loteos con venta a plazos largos y cuotas fijas y, fundamentalmente, el trabajo en las nuevas industrias– comenzaron a desaparecer con la dictadura cívico-militar, en un marco de redistribución regresiva del ingreso, precarización del empleo, aumento de la desocupación y caída del salario real, y finalmente con la privatización de los servicios urbanos básicos y del transporte y la desregulación de los alquileres y las normativas urbanas (especialmente a partir de la Ley 8912/77 en la provincia de Buenos Aires). Todo esto facilitó la especulación incorporando tierras valorizadas mediante la obra pública de infraestructura vial con bajísima densidad poblacional a través de countries y barrios cerrados.
Las grandes ciudades de todo el país sufrieron este proceso acelerado de fragmentación y dualización del territorio interno y de las periferias, mientras que muchos inquilinos no podían alquilar y se veían forzados a mudarse a una pensión, los habitantes de hoteles o pensiones buscaban refugio en una casa tomada, los desalojados se mudaban a una villa, las familias hacinadas en una vivienda villera se trasladaban a un asentamiento o a un terreno abandonado, un basural o a las vías del ferrocarril, con enorme impacto sobre la calidad de vida de esta población.
En esos años comenzó un conflictivo proceso de multifragmentación, que incluyó a los dos extremos de la pirámide social accionando sobre un mismo territorio, mercantilizando al máximo las condiciones de acceso a la tierra y la vivienda y cuestionando la tradición pública de los espacios urbanos.El neoliberalismo dominante, apoyado en criterios de individualismo extremo y en la reducción hasta la desaparición de la intervención del Estado como regulador del acceso a la ciudad a partir de las políticas públicas (suplantadas por el capital inmobiliario como planificador del territorio), condujo en pocos años a la separación de la sociedad suburbana en dos mundos de conflictiva coexistencia sobre el mismo espacio, expresado a través de un proceso de desigualdad en la apropiación de la valorización del suelo y de un consumo de los bienes sociales diferenciado e inequitativo.
Un estudio realizado en agosto de 2011 (3) muestra que el precio de los terrenos entre 2004 y 2011 aumentó en el partido de Moreno 747% y en el de Almirante Brown 608%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento del precio de los terrenos fue de 271% en el período, llegando a incidir entre un 30% y un 50 % en el costo de una construcción, cuando históricamente lo aceptable era de hasta un 25%. Esto explica que el 60% de los habitantes que llegaron al área metropolitana entre 2001 y 2006 se establecieran en asentamientos informales, la mayoría de las veces a través de ocupaciones. Se calcula que hoy existen 819 asentamientos, con una población de alrededor de 1.000.000 de personas, que constituyen el 10,1% de la población del conurbano, en una superficie de 6.484 hectáreas y una densidad de 164 habitantes por hectárea (4). Mientras tanto, los 565 barrios cerrados y countries se extienden sobre una superficie equivalente al doble de la Ciudad de Buenos Aires (40.000 hectáreas), con una población de 250.000 personas y una densidad de apenas 8 habitantes por hectárea.
Convertido el suelo urbano en una mercancía escasa y de oferta rígida, las urbanizaciones privadas compiten con las urbanizaciones “informales” (ocupaciones, asentamientos y villas miseria), desplazándolas cada vez más lejos de las oportunidades que la ciudad ofrece (medios de transporte, calidad del equipamiento y de los servicios) y convirtiendo a la dificultad en el acceso a la tierra en el primer obstáculo para el acceso a la vivienda. Adicionalmente, la acción del Estado, a través de la extensión de las redes de infraestructura, a la vez que mejora las condiciones de vida de los sectores más postergados transfiere involuntariamente recursos hacia los propietarios de las tierras especulativas que la ausencia de instrumentos de recuperación de la valorización inmobiliaria (plusvalía urbana) impide rescatar, como sí sucede en Colombia y Brasil.
Esta especulación afecta por igual al Estado y a los privados, ya que las familias que quieren adquirir un terreno para autoconstruir su casa (como hicieron históricamente los sectores populares) no pueden hacerlo, pues los terrenos más cercanos a las ciudades son retenidos a la espera de un mayor valor. El Estado, entonces, se ve obligado a comprar tierras en localizaciones más alejadas, invirtiendo en nuevos servicios e infraestructura para un plan de viviendas en lugar de utilizar los existentes. Esto aumenta el valor de los terrenos en beneficio de los especuladores: se calcula que la valorización en el Gran Buenos Aires es de alrededor del 4% anual.

Políticas

La especulación con el suelo se produce en el marco de los programas de recuperación social y económica implementados para salir de la crisis y como parte de las políticas redistributivas generadas desde 2003. En este contexto, la vivienda para los sectores más postergados entró fuertemente en la agenda de la obra pública a través de la diversificación de los programas orientados a la solución de la emergencia habitacional y a la ocupación de mano de obra y recuperación del empleo, ya que la construcción es uno de los sectores que más aportan al crecimiento de la ocupación, en forma directa y por su efecto multiplicador. El esfuerzo estatal para producir vivienda e infraestructura urbana ha sido el mayor de los últimos 50 años. De acuerdo con los informes de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación, entre 2003 y marzo de 2012 las soluciones habitacionales terminadas fueron 672.885, mientras que 208.254 se encuentran en ejecución, beneficiando a una población de 3.965.127 personas (5).
Sin embargo, y como consecuencia de la recuperación económica, en forma paralela a la acción del Estado se ha desarrollado un mercado inmobiliario dirigido fundamentalmente a los sectores con capacidad de inversión, que consideran a la vivienda no como un bien de uso sino como un bien de cambio, como un producto transable similar a una commodity. Se producen con esta modalidad alrededor de 100.000 unidades habitacionales por año, la mayoría de las cuales no se dirigen a la demanda genuina y no cumplen ninguna otra función que la de resguardo del valor de la inversión a la espera de una revalorización. Estas viviendas se mantienen vacías y a menudo ni siquiera entran al mercado de alquileres. Esto acentúa aun más la insatisfacción de la demanda de una parte de las clases medias, que constituyen alrededor del 40% de la población y que, en este contexto, no está atendida ni por el Estado ni por el mercado. Según datos del Censo 2010, se detectaron en la Ciudad de Buenos Aires 300.000 viviendas deshabitadas y en el país 2.494.000. Aun cuando no es lineal sostener que todas puedan volcarse al alquiler, su sola existencia evidencia la necesidad de formular una política de vivienda que abarque a todos los sectores sociales y que sea capaz de dar respuesta a las diferentes demandas.
Para ello es necesario definir las distintas variables que componen la problemática habitacional, comenzando por clarificar los números que se extraen del Censo 2010 en relación al Censo 2001 (6). En primer lugar, la cantidad de viviendas (11.317.507) ha crecido porcentualmente más (16,5%) que la población (10,4%). Esto indica que, en términos absolutos, el déficit de viviendas ha disminuido. Lo mismo puede decirse de la calidad de las viviendas, ya que el 82,4% de las mismas entran en la categoría de aptas (10.026.451) frente al 78,3% del 2001. Del resto, el 13,7% son recuperables mediante diferentes operaciones de mejoramiento o de provisión de infraestructura de servicios, frente al 16,3% que representaban en 2001. Finalmente, 476.894 (equivalentes al 3,9%), deben reemplazarse por nuevas, frente a 534.037 (5,3%) en 2001. En total, se trata de 2.145.224 que hay que reconstruir o reemplazar, frente a 2.181.002 en 2001, lo que significa que el déficit es menor, tanto porcentualmente como en números absolutos. Esto señala que las políticas aplicadas han mejorado la situación de aquellos que se encontraban en peores condiciones.
Respecto del déficit por hacinamiento (definido como más de tres personas por cuarto o más de un hogar por vivienda), la evolución es dispar. El número de hogares que lo sufren en relación a personas por cuarto disminuyó de 4,8% 4 %, aunque el dato referido a viviendas aptas subió del 22,7% al 37,3% y existen 1.478.923 hogares que comparten la vivienda con otro hogar (72% en viviendas aptas). Estos datos muestran una situación de hacinamiento que no se limita a los sectores populares sino que aflige también a los sectores medios y expresa el problema de aquellos que, al formar una familia, no acceden a un alquiler o a otra vivienda y deben seguir cohabitando.
Podríamos sintetizar lo descrito señalando que desde 2003 se han ejecutado políticas públicas nacionales exitosas con una fuerte inversión dirigida a los sectores más postergados, diversificando las líneas de acción: los programas federales de construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas y barriales, villas y asentamientos y regulación dominial. Sin embargo, no alcanzan para abarcar la complejidad del tema. Los programas adolecen de diversidad cultural y caracterizan de manera homogénea situaciones muy diferentes en un territorio tan variado como el argentino. Deberían, además, contemplar diferentes modalidades de producción que involucren en los proyectos y la realización a la comunidad académica (particularmente a las universidades, presentes en todas las regiones) y a los propios destinatarios.
Las herramientas de una política habitacional amplia deben tomar en cuenta también la problemática de los sectores medios, que incluye la necesaria reactivación del crédito hipotecario de largo plazo –si es necesario a tasas subsidiadas– ya que hoy sólo accede al mercado privado el que tiene capital propio: en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se registraron 91.498 escrituras de propiedades y sólo 6.072 créditos hipotecarios. Este crédito no sólo debe dirigirse a unidades nuevas sino también a la adquisición de lotes en el marco de una legislación que regule la retención de suelo con fines especulativos y la recuperación por parte del Estado de las superganancias que produce la inversión social, como sucede en Brasil. A pesar de que en nuestro país hay una cultura de la propiedad que hace que una gran proporción de los hogares sean propietarios o quieran serlo, en las grandes ciudades es necesario regular la cuestión de los alquileres y vincularla al problema de las viviendas que se mantienen desocupadas, a través de impuestos diferenciales, garantías estatales y alquiler social.

1. ONU-Hábitat.
2. Oscar Yujnovsky, Claves políticas del programa habitacional argentino, 1984.
3. www.ssplan.buenosaires.gov.ar/dmdocuments/Terrenos%20RMBA_%202011.pdf
4. María Cristina Cravino (organizadora), Los mil barrios (in)formales, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2009.
5. www.vivienda.gov.ar
6. Dirección Nacional de Políticas Habitacionales.



Retroceso en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires el Estado prácticamente se ha retirado de la producción de viviendas y la población en emergencia habitacional se multiplica, en el contexto de un “boom” de la construcción iniciado en 2006 que se distribuyó de manera dramáticamente desigual sobre el territorio, dirigiéndose en un 80% a edificios suntuosos y de lujo concentrados básicamente en los cinco barrios del Norte porteño.
Al mismo tiempo, la población que vive en villas creció, entre 2001 y 2010, de 110.000 personas a 160.000/180.000, y la de asentamientos a 20.000. Hoteles, inquilinatos y pensiones albergan hoy a alrededor de 70.000 personas, y las casas tomadas a aproximadamente 100.000. El hacinamiento alcanza al 81% de los habitantes de los inquilinatos, mientras que en los hoteles afecta al 73 % y en las villas llega al 60%. En el resto de la Ciudad, en cambio, promedia el 14%.
En otras palabras: se ha producido una enorme regresión en la distribución del espacio residencial y de las condiciones de vida acompañando la desaparición de suelo accesible para los sectores de ingresos medios y bajos. Las partidas destinadas a vivienda han decrecido proporcionalmente en forma continua desde 2006, cuando representaban el 5,1%, hasta el 2010, cuando representaron el 2,4%.
Mientras este proceso se consolida, el Gobierno de la Ciudad vetó la prórroga de la Ley de Emergencia Habitacional que impedía los desalojos. Por su masividad y violencia, constituyen la expresión más avanzada de la política habitacional instrumentada en la Ciudad, tal como lo han expresado reiteradamente la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General.
* Arquitecto. Ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

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