Euskadi Ta Askatasuna parte II

La ilegalización de Batasuna

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

La ley, aprobada el 27 de junio de ese mismo año, pretendía la ilegalización de los partidos políticos que pertenecieran a un entramado terrorista. Esta ley, que modificaba la anterior ley de partidos políticos, anterior a la Constitución Española, establece que los partidos deben tener un funcionamiento y unas actividades democráticas, y que únicamente la autoridad judicial podrá ilegalizar un partido político, de acuerdo con la ley. De ese modo, un partido sería ilegalizado cuando persiguiera "deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático". Entre las acciones que se consideran destinadas a este fin se encuentra el "dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta."


Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer cumplir la nueva norma. Así, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón decretaba en un auto con fecha 26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de propaganda.

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado presentaba una demanda ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda ante la justicia motivando una petición igual.

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una sentencia resolvió ilegalizar Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de ella.

La lista de organizaciones terroristas de la UE (2003)

En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó la ampliación de la lista de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA".
La tregua en Cataluña (2004)

El 26 de enero de 2004, el diario ABC desvelaba que el entonces primer consejero y presidente en funciones (por viaje oficial del presidente electo) de la Generalidad de Cataluña, Josep-Lluís Carod-Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de enero en la localidad francesa de Perpiñán con dirigentes de ETA y que supuestamente ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña proclamara una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod-Rovira confirmó la reunión, aunque aseguró que, pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún "pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de ningún gobierno". Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera hasta el día 3 de febrero de 2004.

El 18 de febrero, ETA anunciaba una tregua únicamente para el territorio de Cataluña con el "deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán". El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, declaró que este anuncio era la contribución de ETA a "esta estrategia repulsiva, promovida por Esquerra Republicana de Catalunya". El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinaría que "el contenido del comunicado de establecer una tregua en Cataluña es absolutamente rechazable e inadmisible y, desde luego, debe tener consecuencias políticas". El presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall diría "Que digan que no matarán en Catalunya nos indigna más todavía por lo que tiene de perversión. No queremos el perdón de ETA. Nos repugna". Por su parte, Carod-Rovira, insitió en que en su reunión no se llegó a ninguna clase de pacto a la vez que pidió su extensión al resto del Estado español, el abandono de las armas y que dejara de matar.

El 11-M de 2004

El 11 de marzo de 2004 se produjeron en Madrid atentados mediante diez explosiones de bombas en trenes de pasajeros. En un primer momento se atribuyó el atentado a ETA, debido a que el día de Nochebuena de 2003 la Policía Nacional detuvo en San Sebastián y Hernani a dos etarras que habían dejado dinamita en un vagón presuntamente preparado para estallar en la estación de Chamartín de Madrid; y el día 1 de marzo de 2004, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Cuenca una furgoneta con 536 kg de explosivos, impidiendo un atentado en la capital española.

Los representantes de Batasuna negaron esta hipótesis; asimismo, una persona que hablaba en nombre de ETA llamó a la televisión pública vasca (ETB) y negó toda responsabilidad por los atentados del 11-M, este comunicado tuvo credibilidad ya que la voz del interlocutor era muy similar a la que anunció la tregua de ETA en Cataluña.

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español del Partido Popular señalaba como segura la autoría de ETA (ver Reacciones políticas a los atentados del 11 de marzo de 2004), en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se aprobó una resolución en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. Ante las presiones del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo terrorista ETA.

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias políticas contra el terrorismo.

El 25 de marzo de 2004, el Consejo Europeo realizaba una "Declaración sobre la lucha contra el terrorismo" en la que recordaban las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad, ya mencionada, para afirmar que no cabe debilidad ni compromiso de tipo alguno al tratar con terroristas, que el apoyo a las víctimas es primordial y que es imprescindible para una lucha eficaz contra el terrorismo que los Estados miembros apliquen en su totalidad las medidas adoptadas por el Consejo. En este marco, fijaba una revisión de los objetivos estratégicos de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo:

* Fortalecer el consenso internacional e intensificar los esfuerzos internacionales para luchar contra el terrorismo.
* Restringir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y otros recursos económicos.
* Aumentar al máximo la capacidad dentro de los órganos de la UE y de los Estados miembros para descubrir, investigar y procesar a los terroristas y prevenir atentados terroristas.
* Salvaguardar la seguridad del transporte internacional y garantizar sistemas eficaces de control de fronteras.
* Reforzar la capacidad de la Unión Europea y de los Estados miembros para afrontar las consecuencias de un atentado terrorista.
* Responder a los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de terroristas potenciales.
* Enfocar actuaciones, en el marco de las relaciones exteriores de la UE, hacia terceros países prioritarios en los que es preciso mejorar la capacidad antiterrorista o el compromiso de lucha contra el terrorismo.

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan.

El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba que "los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza".

El juez instructor acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Juan del Olmo, sin embargo, no ha encontrado indicio alguno sobre la supuesta participación de ETA en los mismos.

Un sector ideológico, vinculado principalmente al Partido Popular, sostuvo la participación, ya sea logística o directa, de ETA en el 11-M y su decisiva influencia en el resultado de las posteriores elecciones que dieron la presidencia del Gobierno al PSOE. dicha hipótesis fue largamente apoyada por parte de algunos medios de comunicación como El Mundo o Libertad Digital y el periodista Luis del Pino.

El juez Javier Gómez Bermúdez en su sentencia sobre el atentado negó cualquier tipo de vinculación entre el 11-M y ETA.

La propuesta de Anoeta

En las elecciones del 14 de marzo de 2004, tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, contrapronóstico y debido en parte a la sensación de que el gobierno popular había gestionado mal la crisis posterior a los atentados, el Partido Socialista alcanzó el Gobierno y su presidente, Rodríguez Zapatero anunció un nuevo "talante" en su política y especialmente en materia antiterrorista. La activa oposición realizada por el Partido Popular acosó continuamente al Gobierno por lo que el PSOE y el PNV recuperaron la sintonía de finales de los años 80, basando su política antiterrorista en el diálogo pero sin anular las medidas adoptadas anteriormente por los populares.

El 4 de octubre de 2004 la policía francesa lanzó una operación contra el aparato logístico de ETA en la que se realizaron 20 detenciones. Entre ellos estaban Mikel Albizu Iriarte, Mikel Antza, y su compañera sentimental, Soledad Iparragirre, Anboto, máximos responsables de la banda, junto con otros dirigentes destacados. Se descubrieron cuatro zulos con una gran cantidad de armamento, muy superior a la que se estimaba en su poder; también se intervino material con información sobre ETA y se requisó la imprenta con la que se editaba el boletín interno, aunque no se localizó ninguna suma importante de dinero. La operación fue calificada como la más importante desde las detenciones en Bidart en 1992. En medios afines a ETA se restó importancia a los hechos, señalando que la dirección de ETA tendría en breve nuevos responsables. España solicitó la extradición de Mikel Antza y Anboto mediante una euroorden.

ETA no cometió asesinatos desde el 30 de mayo de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2006, aunque durante ese periodo se sucedieron infinidad de actos de "violencia de baja intensidad". Durante el 2004 se detuvieron entre España y Francia a más de 130 personas por su vinculación con ETA y la organización parecía dar síntomas de estar en sus momentos más bajos, teniendo en cuenta además el rechazo internacional propiciado por los atentados de los grupos islamistas radicales. La masacre de Madrid y la repulsa nacional e internacional a los atentados islamistas de Londres o Nueva York hicieron surgir ciertas voces en el entorno de la organización que se oponían a continuar con unas prácticas terroristas tan denostadas aa nivel mundial.

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegui, presentó como "un acto ilegal de una organización ilegal". En ese acto se formalizó su propuesta para la "superación del conflicto", que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale, en la que se apostaba “por la paz” y “por la utilización de vías exclusivamente políticas y democráticas” para resolver “el conflicto vasco”. Esta propuesta se basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político.

Solo pocas horas después hacían explosión dos bombas en Navarra a las que siguieron otras más que no causaron víctimas y Batasuna no condenó los atentados.

Resolución en el congreso para el diálogo (2005)

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil, la banda ETA propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de abril de 2005 al Parlamento Vasco. La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes (partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de tipo político a la banda terrorista.

El 17 de mayo de 2005, se aprobó en el Congreso una resolución del PSOE en la que se autoriza el diálogo con ETA si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, como una clara voluntad para poner fin a la misma y actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción. Esa resolución, que contó en el apoyo de todos los grupos políticos salvo el Partido Popular (192 votos a favor y 142 en contra), decía explícitamente que "las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje."

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba que suspendía desde el 1 de junio sus acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados.

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba". Así, en julio de 2005 colocó cuatro artefactos en las instalaciones de la central térmica de Boroa, cuando ésta se encontraba en pruebas, causando escasos daños materiales.

Alto al fuego de 2006En 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista (EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que consideran la represión hacia ellos.
Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego.

Los "acuerdos de Loyola" (2006)

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación invitando a participar en dichos contactos al PNV.

Finalmente, entre los meses de septiembre y noviembre de 2006, se celebraron once reuniones en la casa de ejercicios de los jesuitas en Loyola según el diario Deia,[89] fruto de las mismas, los diarios Deia y El Mundo sostuvieron que se elaboró un preacuerdo en octubre de 2006,[90] [91] denominado "Bases para el diálogo y acuerdo político" y más conocido como "acuerdos de Loyola", que posteriormente sería sometido a la consideración del resto de partidos e instituciones, en el que se expresaba resumidamente:[92]

* Reconocimiento de la identidad del pueblo vasco (Euskal Herria).
* Respeto del Estado a las decisiones democráticas y tomadas en ausencia de violencia de la ciudadanía vasca.
* Reconocimiento del euskera como lengua oficial en la CAPV y Navarra.
* Creación de un órgano interinstitucional entre CAPV y Navarra, previa la adhesión voluntaria de los ciudadanos de estos territorios.
* Instar y apoyar la creación de una euroregión vasca en el marco de la UE.
* Este acuerdo sería ratificado finalmente en referéndum.
* Se establece un calendario de trabajo, para dar a conocer y debatir el acuerdo, en el que se celebraría una conferencia de Paz en San Sebastián - Donostia el 2 de diciembre de 2006.
* El acuerdo-marco se depositará en el Vaticano.