Proceso de Reorganización Nacional
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la
dictadura cívico-militar que gobernó la
Argentina entre
1976 y
1983, como consecuencia del
golpe estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno
constitucional de la presidenta
María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una
junta militar encabezada por los comandantes de las tres
Fuerzas Armadas:
Jorge R. Videla (
Ejército),
Emilio E. Massera (
Armada) y
Orlando R. Agosti (
Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como
"el Proceso".
Los golpistas tomaron al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de
terrorismo de Estado llevadas adelante por las
Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial
Triple A y la actuación de organizaciones
guerrilleras como
Montoneros (de tendencia
peronista) y el
ERP (de orientación
marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los
años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del
terrorismo de Estado conocida mundialmente como la
Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el
Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales
medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los
Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional
.
El gobierno
secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció
centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como
«los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.
La política económica del
Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero
José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas
neoliberales de la
Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el
Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y el campo.
Socialmente, el
Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en la décadas anteriores la misma no había superado el 10%.
El
Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas:
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a
Jorge Rafael Videla,
Roberto Eduardo Viola,
Leopoldo Fortunato Galtieri y
Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del
Ejército.
El gobierno dictatorial se completó con una
Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados
Adolfo Gabrielli,
Horacio Heredia,
Abelardo Rossi,
Alejandro Caride y
Federico Videla Escalada.
En
1982 el gobierno militar emprendió la
Guerra de Malvinas contra el
Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el
30 de octubre de
1983, en las que triunfó el candidato de la
Unión Cívica Radical,
Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del
Proceso fueron
enjuiciados por los
delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre
1976 y
1983. Como resultado del
Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En
1986 y
1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de
Punto Final y
Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En
1989 y
1990 el presidente
Carlos Menem dictó una serie de
indultos que beneficiaron a los funcionarios del
Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde
1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la
dictadura militar en
España,
Italia,
Alemania,
Francia, por
desaparecidos de esos países. En
2004 el Tribunal de la ciudad de
Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra
Jorge Rafael Videla y
Emilio Massera.
En
2003, tras iniciativas del Presidente
Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el
Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por
crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En
2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.
El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 [
El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 comenzó a ser preparado con mucha anticipación. Para entonces, Argentina era el único país del
Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (
Banzer en
Bolivia,
Geisel en
Brasil,
Augusto Pinochet en
Chile,
Stroessner en
Paraguay y
Bordaberry en
Uruguay), sostenidas por
Estados Unidos en el contexto de la
Doctrina de la Seguridad Nacional.
A mediados de 1975 una delegación de empresarios liderada por
José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del
Consejo Empresario Argentino se entrevistó en secreto con el entonces general
Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran "el imperio del orden sobre todas las cosas".
Desde ese momento, las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes, con la destacada mediación de
Jaime Perriaux, director de empresas como La Vascongada y
Citroën. La última de esas reuniones se realizó con el entonces almirante
Eduardo Massera, comandante en jefe de la
Armada.
En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la
Iglesia Católica y de líderes de partidos políticos como la
Unión Cívica Radical y el
Partido Federal, que se comprometieron a no oponerse.
En febrero de 1976 el entonces general
Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de "encubrir" como "acciones antisubversivas", la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe.
El 21 de marzo de 1976 el diario derechista
La Nueva Provincia de
Bahía Blanca criticaba a los políticos que daban prioridad a mantener el régimen democrático y reclamaba abiertamente el golpe militar:
«A las elecciones con muletas», dejó escapar, en alguna ocasión, el líder radical (Ricardo Balbín). No interesa cuál sea el precio, no importan las consecuencias ni el estado de la República. Lo importante es llegar... Quizás porque subyugado con aquellas palabras de Almafuerte supone "curables" los males argentinos cinco minutos antes que muera la República? ¡Qué increíble ceguera! No cabría pensar, mejor, con el egregio Lugones, que otra vez LA HORA DE ESPADA se cierne insoslayable, para bien del mundo?
A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta
Isabel Martínez de Perón:
Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada.
Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás.
[4]
El primer día la
Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:
Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
El comunicado N.º 19 estableció:
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.
Ese mismo primer día se impuso la
pena de muerte y los
Consejos de Guerra (Ley 21.264):
Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ....el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes.... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.
Inicio del Proceso
El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno
dictatorial que impuso, como "órgano supremo del Estado",
[5] una
Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (Ejército, Marina y Aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por
Jorge Rafael Videla (Ejército),
Emilio Eduardo Massera (Marina) y
Orlando Ramón Agosti (Aviación).
También se dispuso que el mando directo del país quedaría en manos de un "presidente", con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el ex general
Jorge Rafael Videla.
Los golpistas disolvieron el
Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades
provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la
Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados
Adolfo Gabrielli,
Horacio Heredia,
Abelardo Rossi,
Alejandro Caride y
Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.
Finalmente la estructura de gobierno nacional se completó con la
Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con "facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas".
[6]
Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como
Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:
- a) que se trataba de un "proceso" y que como tal "no tenía plazos sino objetivos";[7]
- b) que había que "reorganizar" radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional.
"En ejercicio del poder constituyente" la Junta de Comandantes impuso una serie de "principios liminares", "objetivos básicos", actas y estatutos
para la Reorganización Nacional, al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera resultar aplicable aún. Cuatro fueron la principales normas supraconstitucionales establecidas:
El 29 de marzo asumieron los ministros de Videla:
El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de "gobernadores" en cada
provincia e "intendentes" en las ciudades. La designación de "gobernadores" en las provincias, recayó casi siempre en un militar, con excepción de caso de
Jujuy donde fue designado el político
Horacio Guzmán de la
Fuerza Federalista Popular. En el caso de los "intendentes" de ciudades, en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad de
Rosario, la segunda del país. Los partidos políticos, explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 "intendentes" de la dictadura, divididos según la siguiente pertenencia:
Simultáneamente, y en superposición con el esquema formal de autoridades, la dictadura mantuvo el sistema de zonificación militar del país, que había sido dispuesto el
28 de octubre de
1975, mediante la
Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión). Según el régimen de zonificación militar, el país quedaba dividido en 5
zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en
subzonas y
áreas y cada uno de los jefes de
zona,
subzona y
área tenía mando directo para la represión en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una
subzona, ubicada dentro de la
Zona 1; a su vez la
subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6
áreas. Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El General
Martín Balza los definió como "
señores de la guerra... verdaderos señores feudales..." Al momento del golpe, las cinco zonas estaban al mando de los siguientes generales:
Fuera de la estructura de mandos ya descripta, la dictadura creó
Grupos de Tareas y
centros clandestinos de detención (CCD) que, en algunos casos, dependían directamente de la Marina o la Fuerza Aérea. Tal fue el caso de la
ESMA, el CCD más grande que funcionó en el país.
La «guerra sucia»
Durante el
Proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al
exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos.
El número exacto de
desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de
derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta
2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La
CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura militar que, inclusive, hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos desaparecidos que han retornado a la vida pública como la
Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos que, no obstante, han sido probadas en las cortes nacionales e internacionales. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad
alemana,
española,
italiana,
griega,
sueca,
francesa, entre otras.
Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada
Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta diciembre de 2009 ha encontrado a 100 nietos secuestrados por la dictadura.
Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron
centros clandestinos de detención, encontrándose a la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el
Garage Olimpo entre los más conocidos en la
Ciudad de Buenos Aires. En la
Provincia de Buenos Aires,
El Campito (también conocido como Los Tordos),
El Vesubio,
La Perla, el
Pozo de Banfield, en la
provincia de Córdoba,
Regimiento 9,
La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en
Corrientes.
Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «
teoría de los dos demonios», constituyeron la llamada
guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
Los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante el
Proceso fueron investigados en
1984 por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe
Nunca Más.
Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre
1976 y
1982 (se excluye la última) fueron
juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.
Encarnizamiento contra las minorías [editar]
Dentro del ideario
ideológico del
Proceso, heredero en muchos aspectos del
nazismo,
el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible. Esta búsqueda de homogeneidad de la sociedad dejaba al costado las minorías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (
judíos,
descendientes de los
pueblos originarios,
etc.) su
orientación sexual y su
identidad de género (
homosexuales,
lesbianas,
transexuales, etc.) o sus creencias religiosas (
Ateos,
Testigos de Jehová etc.).
Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exlusiva (como es el caso del
Comando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexuales).
En el caso de las víctimas judías, el
antisemitismo sistemático llevado a cabo en los distintos
centros clandestinos de detención fue un hecho constatado ya desde el informe
Nunca Más y por posteriores investigaciones y trabajos.
Los Testigos de Jehová fueron discriminados durante el
servicio militar de sus fieles, no permitiendo la práctica común llevada a cabo con otros credos religiosos de permitir a sus autoridades el exceptuarse, y obligando a todos a hacer cuatro años de servicio (tres más que el resto de los ciudadanos) siendo, además, sometidos a torturas y asesinatos.
Los descendientes de amerindios vieron cómo las
Villa miseria eran arrasadas por los distintos planes de erradicación,
sobre todo en el marco de la organización de la
Copa Mundial de Fútbol de 1978.
Secuestro de niños
El
Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas
las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautividad.
Cuando en los domicilios de los "objectivos" de los
grupos de tareas había niños, éstos podían ser secuestrados (
chupados) o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual de los
grupos de tareas fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe
Nunca Más también hay testimonios de secuestrados que pudieron escuchar los niños de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de
tortura psicológica hacia los padres, con el objetivo de desmoronarlos moralmente.
Fue una práctica habitual, cuando los
objetivos recibían la primera sesión de tortura en su domicilio al momento de ser secuestrados, el realizarlas independientemente de que pudiera haber niños presentes, los cuales eran testigos de todo el proceso.
En el caso de las mujeres embarazadas, el régimen de exclusión se volvía algo menos severo, pero la mujer no recibía prácticamente ninguna atención medica, incluso en el momento del parto, el cual podía realizarse en el suelo de su celda, el piso de una cocina, etc. Las mujeres daban a luz normalmente en soledad, o auxiliadas por otro secuestrado, y hay testimonios que certifican que, inmediatamente después del parto, las mismas madres debían limpiar los restos de sangre, placenta, etc., que habían quedado desperdigados.
Desaparecidos destacados
Según la
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al final de la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número de desaparecidos —de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales presentadas por víctimas y familiares— es de 8.961 personas , pero grupos defensores de los derechos humanos como las
Madres de Plaza de Mayo y el
Servicio Paz y Justicia, estiman que hubo 30.000 desaparecidos. Un informe de la inteligencia chilena estimaba el número de desaparecidos en 22.000 personas en
1978, según un informe de los
EEUU . Hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados 13.000 casos .
Entre los más de 30.000
desaparecidos según los organismos de
derechos humanos,
Madres de Plaza de Mayo,
Abuelas de Plaza de Mayo y otros, se encuentran:
- Héctor Germán Oesterheld
Nació en Buenos Aires en 1922. A fines de la década del 40 comienza escribiendo cuentos infantiles, publicados por la Editorial Abril. Luego colabora en la mítica revista Mas Allá, y en 1950 publica su primer historieta, «Alan y crazy». Hacia 1955 publica «El sargento Kirk» y «Bull Rokett».
En 1957, con dibujos de Solano López, publica la primera parte de «El eternauta», que se convertiría en la más famosa historieta argentina. Hector G. Oesterheld, como otros miles de argentinos, fue secuestrado y desaparecido en 1977 por la dictadura militar.
- Boris Spivacow
Además de ser gerente de Eudeba durante ocho años y fundador del Centro Editor de América Latina (CEAL), José Boris Spivacow resistió con las armas de la cultura a la dictadura que le quemó un millón y medio de ejemplares. La plaza ubicada en la esquina de Las Heras y Austria en Buenos Aires lleva su nombre, a partir de una iniciativa conjunta de la Biblioteca Nacional y de la Cámara Argentina del Libro.
El plan económico
El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado básicamente por
José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el
29 de marzo de
1981. Martinez de Hoz siguió los, en ese momento, nuevos lineamientos económicos de la
Escuela de Chicago (genéricamente incluida en el concepto de
neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de
Augusto Pinochet en
Chile, instalada en 1973. Con posterioridad esa orientación económica se volvería hegemónica en el mundo occidental, a partir de las reformas económicas del presidente
Ronald Reagan en
Estados Unidos ("
reaganomics") y la primera ministro
Margaret Thatcher, en
Gran Bretaña. Lo acompañaron en el equipo económico, empresarios y abogados estrechamente relacionados con los grupos más conservadores, como
Guillermo Walter Klein,
Adolfo Diz (presidente del
Banco Central),
Juan Alemann,
Cristian Zimmermann,
Enrique Folcini,
Jorge Zorreguieta y
Francisco Soldati.
El plan económico fue presentado el
2 de abril de
1976, y tenía como objetivo explícito detener la
inflación y estimular la
inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en
1978, con la finalidad expresa de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la
industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al
PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida
industria textil, la caída superó el 15% (Gerchunoff, 373).
Apoyado en una
política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la
huelga, la intervención militar de los
sindicatos, y la política represiva de
«guerra sucia», Martínez de Hoz decretó el
congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El
salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en
1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años
'30 (OIT 1988). Nunca más volverá a recuperarse. Adicionalmente la
pobreza, que desde los años
'40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en
1974, subió al 12,8% en
1980 y al 37,4% de pobreza en
1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires). El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable, partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983, con un pico del 6% en mayo de 1982 (durante la
Guerra de Malvinas).
Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó a fines de
1978 un sistema de
devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la
Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la
tasa de interés pagada a los
depósitos a plazo fijo y la
inflación; para proteger a las
entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los
créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus
viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La
deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada,
se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el
13 de julio de
2000 en el caso
«Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».
Con posterioridad a la renuncia de Martínez de Hoz se sucedieron como ministros de Economía:
Política cultural y educativa
El
Proceso tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva de
«guerra sucia». Esta política incluyó una estricta
censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística.
El Proceso quema los libros
El
29 de abril de
1976, los ocupantes del Regimiento de Infantería Aerotransportada de
La Calera (en
Córdoba) hicieron arder una montaña de libros. El comunicado oficial decía: «Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: “
Dios, Patria y Hogar”». Arden, entre muchas obras, las novelas de
Gabriel García Márquez, los poemas de
Pablo Neruda, las investigaciones de
Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se pergeña la Operación Claridad: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar. En la ciudad de
Rosario (provincia de Santa Fe), los militares usurparon la Biblioteca Popular
Constancio C. Vigil. La Vigil era una institución que a principios de los
años setenta tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos. El
25 de febrero de
1977 fue intervenida mediante el decreto n.º 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva fueron detenidos ilegalmente, y el control de préstamos de libros fue utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta
Juan L. Ortiz. El periodista y escritor
Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de
Eduardo Mignogna.
[Enrique] Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes, según
Invernizzi y
Gociol.
Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de
Las tumbas, como
Sólo ángeles, cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior.
La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del
Centro Editor de América Latina, el sello que fundó
Boris Spivacow, quien además tuvo un juicio «por publicación y venta de material subversivo». Él fue sobreseído, pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de
Sarandí.
Si bien el grueso del accionar censurador del
Proceso se concentró en el material bibliográfico que pudiera ser sospechoso de contener ideología izquierdista o peronista, durante la dictadura se dictaron varios decretos prohibiendo la venta y distribución y ordenando secuestrar todos los ejemplares disponibles de diversos libros de orientación
nazi o de
ultraderecha, entre ellos:
- Beveraggi Allende, Walter: Del yugo sionista a la Argentina posible: esquema económico de la dependencia y la liberación argentina. Confederación Nacionalista Argentina.
- Prohibido por decreto 3209/76 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de diciembre de 1976, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-A-182).
- El Shulján Aruj: el código sagrado de los judíos (edición crítica de un libro de 1549). Ediciones Mi lucha (Biblioteca de Esclarecimiento Popular n.º 2).
- Prohibido por decreto 2579/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 6 de septiembre de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-D-3821.
- Hermann y Ritach: La economía nacional socialista. Editorial Occidente.
- Prohibido por decreto 3006/76 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 30 de noviembre de 1976, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVI-D-2959.
- Revista Cabildo, edición de junio de 1977.
- Prohibido y secuestrado por decreto 1711/77 (publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina del 16 de junio de 1977, Colección de Anales de Legislación Argentina XXXVII-C-2612. En el artículo 3.º se aclaraba que el secuestro de la edición «...no impedirá la realización de las tareas administrativas inherentes a la revista Cabildo...», la que se siguió publicando de manera intermitente.
A pesar de estos actos de censura puntuales, en realidad el
Proceso permitió una amplia difusión de la literatura
nazi y
antisemita durante la dictadura,
lo cual fue coherente con su línea ideológica, heredera del nazismo.
Todos eran subversivos
Durante el
Proceso, la conducción militar definió en un sentido sumamente amplio el concepto de "subversión". Para la Junta Militar y sus principales personeros, todo aquel que no estuviera alineado con los criterios y objetivos de los golpistas, estaba "infiltrado" por el "germen" subversivo. Los principales jefes de las Fuerzas Armadas compartían esta posición y lo explicitaron en sucesivas declaraciones públicas, que potencialmente ubicaban dentro del espectro "subversivo" a gran parte de la población:
Para obtener sus objetivos [los subversivos] han usado y tratan de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folclore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión...
El teatro, el cine y la música se constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba: ellas denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas.
En nuestros días, se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias: la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y, más aún, en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la parte alta del iceberg [...] Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphine y Grenoble, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina.
A partir de una simple composición sobre las estaciones del año, un maestro subversivo o un idiota útil comentará a sus alumnos la posibilidad de combatir el frío según los ingresos de cada familia (…) Para los educadores: inculcar el respeto por las normas establecidas; inculcar una fe profunda en la grandeza del destino del país; consagrarse por entero a la causa de la Patria, actuando espontáneamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, aceptando sus sugerencias y cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que desarrollan su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno (…) Para los alumnos: comprender que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener absoluta confianzas en las Fuerzas Armadas, triunfadoras invencibles de todos los enemigos pasados y presentes de la Patria.
Actos de censura y espionaje
El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para «neutralizar el germen subversivo». Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:
En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado
Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas:
[32]
Léxico
marxista para uso de los alumnos: [...] Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar este «trasbordo ideológico» que nos preocupa. Así, aparecerán frecuentemente los vocablos diálogo,
burguesía,
proletariado,
América latina, explotación, cambio de estructuras,
capitalismo.
Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento subversivo. Algo similar ocurre con Castellano y Literatura, disciplinas de las que han sido erradicados los autores clásicos, para poner en su lugar a «novelistas latinoamericanos» o «literatura comprometida» en general.
Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones.
Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituído a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para «pasar» ideas.
En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles
Un elefante ocupa mucho espacio (de
Elsa Bornemann), y
El nacimiento, los niños y el amor (de
Agnes Rosenstichl) —ambos de Ediciones Librerías Fausto—, por tratarse de «cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo».
El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto
Conozcamos a nuestros enemigos, cuyo contenido resumió el diario
La Prensa en ese mismo mes:
El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo. Expone también la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo [sic]. En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que 'es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado.
En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió dos obras del pedagogo brasileño
Paulo Freire:
La educación como práctica de la libertad (editorial
Siglo XXI) y
Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia (editorial La Aurora), ya que, según las autoridades, «sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana».
También en
octubre de
1978 se prohibió la distribución de la novela
La tía Julia y el escribidor, del escritor peruano
Mario Vargas Llosa, argumentando que «revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de éstas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del
estado de sitio».
Días antes de celebrarse en Buenos Aires la Semana del Cine Español (del 23 al
31 de julio de
1979) el interventor del
Instituto Nacional de Cinematografía, capitán
Bitleston, señaló la «inconveniencia» de presentar varios de los filmes seleccionados por la Dirección General de Cinematografía de España para ser exhibidos en Buenos Aires. Los directores y productores españoles, enterados de la censura previa, se negaron a enviar sus películas, lo que motivó la postergación
sine die del evento.
En julio de
1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra
Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de
editorial Salvat, editada en Barcelona, por «incurrir en falseamiento de la verdad histórica [...] analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico». En el mismo decreto se prohibía el
Diccionario Salvat: «Las dos obras revelan un proceso editorial sistemático, en el cual la enciclopedia y el diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante [...] un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir estos por otros que responden y son típicos de esa ideología».
En
septiembre de
1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de
Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de
El Principito.
Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, fueron prohibidos:
Otros fueron asesinados.
Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la
matemática moderna, o los temas musicales en los que
Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no podían ser transmitidos por las emisoras radiales.
Las universidades fueron intervenidas, y se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y detenerlos. Asimismo, los programas de enseñanza fueron «depurados» de todo contenido considerado contrario a la cultura «occidental y cristiana».
Conflictos internacionales
El conflicto del Beagle
En
1971 los presidentes
Salvador Allende de Chile y
Alejandro Agustín Lanusse de Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del
Canal Beagle formalmente al
Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos consensuadamente por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes.
El
22 de mayo de
1977 se da a conocer en
Londres el laudo arbitral de
1977 que otorga a
Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes.
Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes.
La
junta militar argentina declaró la sentencia «insanablemente nula» e inició la planificación de una guerra de agresión contra Chile para revertir el laudo arbitral. Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la
Operación Soberanía la noche del 21 al
22 de diciembre de
1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto.
Ninguno de los dictadores dio solución al conflicto desatado con el desconocimiento del laudo arbitral.
La Guerra de las Malvinas
Durante el
Proceso, el
2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente
Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las
Islas Malvinas, cuya soberanía es ocasión de diferendos con
Gran Bretaña desde el
siglo XIX; dando así comienzo a la
Guerra de las Malvinas.
La guerra finaliza el
14 de junio de
1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649
soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la
Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general
Reynaldo Bignone quien iniciará un proceso de restauración del sistema democrático.
Actualmente Argentina reclama la
soberanía sobre las islas
Malvinas,
Georgias del Sur y
Sandwich del Sur (
Constitución Nacional: Disposiciones Transitorias, Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional).
Resistencia a la dictadura
Las madres y abuelas de los desaparecidos
Las
Madres de la Plaza de Mayo son las madres de los
desaparecidos que comenzaron a organizarse durante la dictadura con el objetivo de descubrir el destino de sus hijos.
En
1977 el grupo inicial fue infiltrado por el integrante de la
Armada Argentina y represor
Alfredo Astiz, resultando secuestrados, torturados y muertos una cantidad importante de miembros del grupo, incluidas algunas fundadoras.
Las madres y abuelas de los desaparecidos han llevado a cabo una militancia desde los mismos comienzos de la dictadura hasta la actualidad.
Los periodistas
Los
medios de comunicación, tanto en manos privadas como oficiales, estuvieron al servicio de la dictadura.
Además de la labor de exaltación del régimen llevada a cabo por los principales medios gráficos de la época (las revistas
Somos,
Para ti y
Gente, los periódicos
La prensa,
Clarín,
La Nación y
La Razón)
la afinidad con el gobierno también sirvió a algunos grupos editoriales para hacerse con el control de empresas rivales, las cuales tenían sus propietarios detenidos, como fue el caso de la empresa
Papel Prensa, que acabó siendo propiedad de
Clarín,
La Nación y
La Razón.
- El periodismo clandestino de Rodolfo Walsh. El periodista, escritor y militante de la agrupación Montoneros Rodolfo Walsh, que acabó siendo secuestrado y muerto por un grupo de tareas de la ESMA al cumplirse un año del golpe,acometió un proyecto de periodismo clandestino llamado Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) repartiendo distintas notas informativas en forma individual, como por ejemplo su Carta de un escritor a la Junta Militar de 1977. Las comunicaciones de ANCLA se iniciaron inmediatamente después del golpe.
- La Revista Humor fue, también, uno de los pocos ejemplos del periodismo argentino que tuvo una actitud crítica hacia el Proceso. Dirigida por Andrés Cascioli, aprovechó el humor para hablar de temas que estaban proscritos por la política cultural del gobierno de facto.
Los medios de comunicación extranjeros publicados en la Argentina. Además de los pocos medios de comunicación y periodistas que hicieron frente a la dictadura, también hubo casos de periódicos en lengua inglesa que publicaron críticas al gobierno, como es el caso
Buenos Aires Herald o el periódico
irlandés The Southern Cross.
Fin y consecuencias del Proceso
Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la
guerra de las Malvinas, el
Proceso decidió finalmente entregar el poder en
1983. Bignone, el último líder de la Junta Militar, se vio obligado a llamar a elecciones.
La campaña presidencial de 1983 opone el candidato
peronista Ítalo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al
radical,
Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 30 de octubre Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983,
Alfonsín (
1983–
1989), firmó los decretos de creación de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los
derechos humanos ocurridas entre
1976 y
1983. Su investigación, plasmada en el libro
Nunca más fue entregada a Alfonsín el
20 de septiembre de
1984.
El gobierno
radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado
Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal,
Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por
delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua a los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el
código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la
ONU la declarara delito de lesa humanidad.
Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de
Obediencia Debida y
Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada «guerra sucia».
En
1990 el presidente
Carlos Menem concedería el
indulto a los líderes militares, como
Jorge Videla y
Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.
El
15 de abril de
1998, por la ley
24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (N.º 23.492) y Obediencia Debida (N.º 23.521), que posteriormente, el
2 de septiembre de
2003, fueron declaradas «insanablemente nulas» (Artículo 1.º) por la Ley
25.779. El
14 de junio de
2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de
1990.
Día Nacional de la Memoria
El
15 de marzo de
2006, la ley
26.085 declara al
24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el
Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.
Aplicación del concepto de genocidio
El Tribunal Federal Nº 1 de
La Plata utilizó por primera vez en el país la figura de
genocidio para describir las acciones realizadas por el Estado argentino durante estos años. Si bien cita el hecho de que durante algunos años la legislación internacional contemplaba los motivos políticos en la definición, la fundamentación para aplicar la definición se centra principalmente en el hecho de que las víctimas pertenecían a un grupo nacional: el argentino. La sentencia se refiere a la condena al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense
Miguel Etchecolatz por casos relacionados con detenidos-desaparecidos, leída el
19 de septiembre de
2006.
El
9 de octubre de
2007 el Tribunal Federal Oral N.º1 de
La Plata condenó a reclusión perpetua por genocidio a
Christian Von Wernich, sacerdote de la
Iglesia Católica y ex capellán de la
Policía bonaerense durante la
dictadura militar.
