martes, 10 de enero de 2012

Pasado Año 2011

Hola a todos los lectores y/o visitantes del blog H.D.R.G.P.S. Es cierto, ya estamos en un nuevo año, y culminamos otro, el pasado 2011. Por dificultades, y falta de tiempo, no pude despedirme ni dar una conclusion de lo que fue el ciclo pasado.
Siendo sincero con todos, no fue un año muy satisfactorio, ni con mayores superaciones. Habia comenzado con determinadas expectativas y metas en distintas areas de mi vida, que se vieron no cumplidas, por distintos motivos, falencias mias, malos momentos, situaciones externas, entre otras cosas. Llego un punto en el cual me sentia, muy frustrado, no por autovictimizarme ni mucho menos, si no por reconocer los muchos errores comentidos y los objetivos no satisfechos.

Como dije en otros ambitos, sin lugar a duda, lo mejor del pasado año, fue sin lugar a duda el nacimiento de mi ahijda y sexta sobrina, Malena Agustina Desalvo Rodriguez, una hermosa niña que en once dias cumplira su primer año.

Otro evento muy positivo del pasado 2011, fue el viaje que realize a Santiago del Estero, a las localidades de Taco Pugio, Buey Muerto y Forres. Conoci por primera ves una provincia, que tiene en ella la primer ciudad fundada en la Republica Argentina. Las familias que nos acogieron a mi, y a mis compañeros de viaje, se comportaron de un modo muy hermoso, honesto, amable y acogedor. Aprendi mucho de ellos, si escribiera todo lo vivido, estaria horas, y la idea no es abrumarlos tampoco.

Siguio el crecimiento en el arbol genealogico y conoci a mas primos.

Espero que este 2012 naciente, sea de mucho crecimiento, aprendizaje,un año de tomar buenas y sabias decisiones, y aprender de una ves por todas de lo errores cometidos.

Gracias a todos quienes siguen este Blog, que este año cumplira 3 años y ya va por su 4 temporada.
Espero seguir siendoles de bendiciones y que eset blog cumpla con las expectativas, por las cuales fue creado.

Reciban un saludo y cariños, de su servidor, Hernan Dario Rodriguez Gusman.

¿Quién ganó la guerra en Libia?

La reconstrucción de un Estado de derecho tras la caída de Gadafi tropieza con la militarización de la sociedad, con el avance de las identidades clánicas y religiosas, y también con la intervención de actores extranjeros. 

 

El pasado 5 de noviembre, en vísperas de la fiesta de Eid al-Adha (o Eid el-Kabir), la principal preocupación de los habitantes de Trípoli era conseguir un cordero para sacrificar conforme a la tradición musulmana. A 25 dinares libios el kilo (alrededor de 15 euros) –es decir, el doble de su precio antes de la guerra–, muchas familias tuvieron que comprar cordero importado de Turquía, menos caro pero también de menor calidad. Si bien durante el día la vida parece normal, las noches son claramente más agitadas a causa de los reiterados incidentes entre grupos armados. En estos últimos días, se desataron enfrentamientos entre habitantes armados de algunos barrios y los thuwar (1) de la ciudad de Zintan, cuyo batallón cumplió un papel decisivo en la “liberación” de la capital junto a los batallones de Misrata, Trípoli y otras ciudades del oeste libio (Yefren, Jadu, Rujban). Con unos 1200 hombres armados en Trípoli, las milicias de Zintan constituyen –desde la partida de la mayoría del batallón de Misrata hacia los frentes de Bani Walid (2) y Sirte, y el retorno de los otros batallones a sus ciudades de origen– la fuerza militar organizada más importante de la capital. En agosto pasado, los rebeldes de Zintan conquistaron, tras un combate de tres días, la zona cercana al aeropuerto internacional de Trípoli, donde estaba la residencia más grande de Muamar Gadafi y su batallón de seguridad. Por ello el Consejo Nacional de Transición (CNT) les confió la seguridad de un área de 25 kilómetros alrededor del aeropuerto.
Su jefe, Mukhtar al-Akhdar, un personaje mítico y carismático de la rebelión del jebel Nefusa, estuvo en todos los combates desde fines de marzo. Antes de la guerra dirigía una pequeña empresa de alquiler de vehículos con chofer que trabajaba para las empresas petroleras y no tenía más experiencia guerrera que la de su servicio militar. En los años 80, como muchos otros jóvenes libios de su generación, sirvió en las fuerzas enviadas al norte de Chad. Al-Akhdar se toma a pecho su misión y se enorgullece al explicar que el presidente del CNT, Mustafá Abdeljalil –quien acaba de instalarse en Trípoli en los locales de la ex Universidad del Llamado Islámico, situada en una zona bajo su responsabilidad– le confió personalmente la seguridad exterior del sitio.
El lunes 7 de noviembre es para él un gran día, debido a la inauguración de la primera conexión aérea comercial estrenada por la compañía Turkish Airlines con un vuelo proveniente de Estambul. Sin embargo, no dejan de preocuparle los incidentes de la noche anterior, desencadenados por una disputa entre los thuwar de Zintan y algunos jóvenes del barrio Hay Al-Andalus. La reyerta escaló, con refuerzos de ambos bandos, que incluyeron camionetas y armas pesadas, hasta que finalmente se hizo necesaria la intervención personal de Al-Akhdar ante los responsables de los consejos militares barriales (3) para evitar un enfrentamiento mayor.
Los incidentes de este tipo –que en ciertos casos implicaron a los milicianos de Abdel Hakim Belhaj, gobernador autoproclamado de Trípoli y ex yihadista, y llegaron a causar víctimas– se multiplicaron durante las últimas semanas. Los thuwar de Zintan encarnan actualmente el descontento de muchos tripolitanos, quienes los consideran ladrones e indisciplinados y opinan que deberían abandonar la ciudad. Al–Akhdar admite ciertos actos aislados: “Mis thuwar no son santos. Algunos incidentes se deben también al consumo de alcohol proveniente del contrabando, en aumento en la capital”. Afirma que los comandantes de sus compañías recibieron la directiva de poner sanciones que podían llegar incluso a la exclusión de los que cometieron disturbios, en caso de ser necesario.

Sin piedad para los vencidos

Horas después, en el vasto parque que rodea a las residencias –bombardeadas por la OTAN– y los campamentos de Gadafi, el jefe rebelde asiste a una fiesta de la Organización para la Concordia Nacional, creada a fines de agosto por personajes ilustres de la ciudad (4). Mujeres y niños oriundos de Tawurgha, Machachiya y Gawalich, que debieron huir de sus ciudades y pueblos leales a Gadafi al caer el régimen, son invitados a distenderse. En torno a los platos festivos tradicionales los puntos de vista de los miembros de la organización caritativa, procedentes de distintas ciudades costeras o de los thuwar, son divergentes. Los primeros afirman que es tiempo de que los thuwar dejen Trípoli y se incorporen al ejército nacional. Los thuwar, en cambio, consideran que ellos son indispensables para “dar seguridad” a la ciudad y afirman que Abdel Hakim Belhaj es el responsable de la propaganda en su contra.
Ellos se consideran los vencedores de la guerra y no entienden por qué deberían ponerse bajo el mando de generales del ejército nacional, ex partidarios de Gadafi u opositores del exterior. Según Al-Akhdar, todo deberá negociarse: grados, salarios, pago de los ocho meses de servicio, empleos o becas de estudio para los que no quieren entrar en el ejército. Al-Akhdar piensa defender los intereses de sus hombres y de su tribu en la carrera que se juega actualmente en el país por el poder, la influencia y el acceso a los recursos (en especial al petróleo).
Tampoco es cuestión de abandonar Trípoli y dejar la cancha libre a Belhaj (cuyas tropas no superarían los trescientos hombres). Este último punto es común entre todos los comensales, que ven en Belhaj a un yihadista que aspira al poder político, sin ningún apoyo local. Le dicen “el hombre del sello”, porque aparentemente llegó a Trípoli sin participar en los combates, con un equipo de Al Jazeera y con su sello de gobernador militar de Trípoli. Nadie quiere saber nada de su visión sectaria del islam, considerada ajena a las tradiciones locales, ni de su protector, el emir de Qatar, acusado de injerencia en los asuntos del país. Contrariamente, el presidente del CNT, concita una aprobación unánime por su rectitud de hombre de ley, su capacidad de escucha y su voluntad declarada de defender la identidad tradicional y musulmana.
Pero la concordia nacional no acude a la cita. Pocos se preocupan por la suerte de los habitantes de los pueblos y ciudades víctimas de represalias por su apoyo al régimen destronado. En las rutas, en las ciudades, la cacería de automóviles matriculados en Sirte o Bani Walid es sistemática; controlan y revisan a sus pasajeros y a veces les quitan sus posesiones. Un miembro de la tribu warfalla de Bani Walid, tuvo que refugiarse en la casa de unos conocidos en un barrio del sudeste de Trípoli mayoritariamente habitado por esta tribu. En las paredes del barrio cada noche aparecen en los muros inscripciones en homenaje a Gadafi. En relación al saqueo de su casa por unos thuwar de Misrata en el mes de octubre él afirma: “Nunca olvidaremos. Aguardamos nuestro momento para tomarnos la revancha”. Si no se tienen en cuenta los sufrimientos de los vencidos, ni se toman medidas para protegerlos, es difícil creer en una próxima instalación de la “reconciliación nacional”, a la que aluden a diario los jefes políticos del CNT, que no tiene ningún poder real sobre los batallones de thuwar.

Intereses divergentes entre los clanes

Nos dirigimos hacia el sudoeste, rumbo a Zintan. La primera ciudad que cruzamos, Al-Aziziya, es el feudo de la gran tribu de los warchafana, quienes respaldaron más o menos activamente al régimen de Gadafi hasta mediados de agosto, motivo por el cual son considerados insurrectos de la última hora (5). Al llegar al jebel de Nefusa, la ruta pasa no muy lejos de los dos pueblos de Riyayna, emblemáticos de las líneas de fractura que cavó la guerra civil: Riyayna Al-Charqiyya (Riyayna este), que se unió enseguida a la insurrección y Al-Riyayna al-Gharbiyya (Riyayna oeste), que respaldó a Gadafi hasta el final. Este último es un pueblo fantasma –casas calcinadas, puertas derribadas, tiendas saqueadas–, mientras que su vecino reanudó la actividad normal. Las consignas que glorifican a Zintan están por todos lados y fueron pintadas rápidamente, muchas veces sin llegar a cubrir totalmente a las que ensalzan a las tribus hoy vencidas.
Finalmente aparece la ciudad de Zintan, que domina la región. Allí sesiona el consejo militar de la región oeste, que cumplió un papel fundamental de coordinación de las operaciones en el jebel Nefusa y preparó la ofensiva sobre la capital. Para una población de unos 35.000 habitantes, la ciudad cuenta con más de 3000 thuwar, lo que la convierte en la más militarizada de Libia. Según Al-Akhdar, habría alrededor de 1800 thuwar de Zintan desplegados en los siete sitios petroleros más importantes de la región, así como en Ubari, donde actualmente se negocia el desarme de los tuareg.
“No podemos competir con Misrata, que para una población de 300.000 habitantes cuenta con más de 12.000 thuwar, pero tenemos preocupaciones distintas. Por eso no quisimos acompañar a sus hombres al sitio y la ofensiva contra Bani Walid. Nosotros queremos seguir en buena relación con los warfalla, con quienes nos une una larga tradición de alianzas y buena vecindad. Los habitantes de Misrata querían más que nada vengar a su ciudad sitiada por los warfalla, con quienes tienen una vieja rivalidad. En cuanto a la protección de los pozos de petróleo, nosotros éramos los más indicados para garantizarla, ya que somos de tradición beduina y conocemos bien las regiones desérticas hasta Ubari. Los otros habitantes de Tripolitania no conocen esas zonas ni se aventuran en ellas.”
Al oír esos discursos, resulta difícil no pensar en la tradicional diferenciación realizada por el historiador Ibn Khaldun (1332-1406) entre los valores de los beduinos (badu) y los de los habitantes urbanos (hadar). Los pobladores de Zintan consideran a los de Trípoli sometidos, hipócritas y arribistas (6) y se definen a sí mismos como libres, valientes y francos. Los de Trípoli, por su parte, respetan la valentía y el espíritu de cuerpo de los beduinos, pero consideran que sus valores y costumbres no se adaptan a la vida de la ciudad en tiempos de paz.
O sea que la militarización de las mentalidades y el repliegue sobre las identidades primarias son causa de la multiplicación de los enfrentamientos armados, al menos tanto como la omnipresencia de las armas (7). Las autoridades locales obviamente se niegan a calificar esos enfrentamientos clánicos como tales, prefiriendo hablar de incidentes aislados, que atribuyen a una misteriosa “quinta columna” o a “células gadafistas dormidas” que apuntan a propagar la división (fitna) en el seno del “pueblo libio”.

Poblaciones desprotegidas

En la capital, Belhaj sabe que tiene el apoyo de Qatar y el respaldo mediático de Al Jazeera, así como el de hombres ideológicamente formados y disciplinados. Podría verse tentado a presentarse como alternativa a los “indisciplinados” beduinos, corriendo así el riesgo de desencadenar una reacción de estos últimos y un recrudecimiento de la violencia. Asimismo, el deseo de venganza de las tribus y las regiones vencidas y humilladas por los rebeldes por haber apoyado al régimen de Gadafi puede llegar a traducirse finalmente en acciones cada vez más feroces.
Es decir que, tras ocho meses de un conflicto que los dirigentes occidentales siguen negándose a calificar de guerra civil, la protección de las poblaciones, motivo declarado para justificar la entrada en guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sigue lejos de estar garantizada. El triunfalismo de los jefes de la coalición, que festejan “su victoria” en la noche de la aniquilación de Sirte y la muerte de Gadafi, es revelador de su profundo desinterés por ese “pueblo libio” que incesantemente afirman querer proteger con sus bombas. Sin embargo el deterioro de la situación interna y la multiplicación de los enfrentamientos armados en Tripolitania pueden llegar a recordarles rápidamente que una victoria militar en una guerra civil no significa nada en sí ni constituye en ningún caso una garantía de “protección de las poblaciones civiles”.

1. Thuwar es el plural de thaïr, que significa “revolucionario”. El término designa a los integrantes de los batallones (katiba) que combatieron el régimen de Muamar Gadafi.
2. Bani Walid es el feudo de la tribu warfalla, la mayor tribu de Tripolitania, que mayoritariamente apoyó a Gadafi.
3. Hoy existen oficialmente 53 consejos militares barriales en Trípoli.
4. Esta asociación cuenta ya con más de 5000 adherentes.
5. Del 10 al 12 de noviembre, hubo enfrentamientos con armas pesadas entre integrantes de la tribu warchafan y milicianos de la ciudad costera de Zawiya, que causaron al menos 17 muertos y varias decenas de heridos.
6. La palabra árabe utilizada se traduciría literalmente como “el que trepa” (mutasalliq).
7. Cada una de las ciudades importantes de la revolución cuentan ya con su diario y su emisora de televisión (14 canales en todo el país). Al igual que las grandes tribus, cada una tiene también su página de Facebook.



* Ex diplomático francés en Trípoli (2001-2004), autor del libro Au cœur de la Libye de Kadhafi, Jean-Claude Lattès, París, 2011.

Traducción: Patricia Minarrieta 

http://www.eldiplo.org/notas-web/quien-gano-la-guerra-en-libia/ 


 

Desafío electoral en el Congo

Por Tristan Coloma*

A casi un mes de las elecciones presidenciales del 28 de noviembre pasado en la República democrática del Congo, aún no se han publicado los resultados definitivos. Marcados por las acusaciones de fraude, estos comicios son el reflejo de una sociedad donde la corrupción y la violencia están a la orden del día.

inshasa, tristeza de asfalto, laterita y miseria, deja oír los gemidos de la calle hambrienta, de la ciudad que padece la urgencia de sobrevivir. El pasado jueves 13 de octubre, en el bulevar 30 de Junio de la capital de la República Democrática del Congo (RDC), la ciudad se preparaba para una nueva jornada de tensión (1). A un mes y medio de los comicios presidenciales y legislativos que se preveían para el 28 de noviembre pasado, la Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), principal partido de oposición, organizaba su marcha semanal de protesta. Con un fervor casi religioso, frente al correo, unos cincuenta partidarios, enfrentados por policías armados, cantaban a todo volumen “¡Combatientes hasta la muerte!”.
Con rapidez, las tropas arremetieron contra los manifestantes. Los policías lanzaron al unísono la misma orden a los periodistas: “¡Bolongwa wana, bolongwa wana!” (“¡Apártense, apártense!”). Siguieron ráfagas de disparos de dispersión –por suerte al aire, ese día–, gases lacrimógenos y brutalidad. Los cueros cabelludos explotaron, los civiles cayeron. En medio de la violencia, una nerviosa voz protectora se alzó en dirección a las fuerzas del orden, seguras de su impunidad: “¡Tikaye, tikaye, press!” (“¡Déjenlo, déjenlo, es periodista!”).
En este período electoral, el régimen del presidente Joseph Kabila Kabange, electo en 2006, no respetó el derecho de manifestar. Y está lejos de ser el único derecho burlado. El 7 de noviembre, el gobierno congoleño prohibió nuevamente un canal de televisión opositor, Radio Televisión Lisanga (RLTV); la víspera, este canal había transmitido un comunicado de Etienne Tshisekedi, candidato al cargo supremo y figura histórica de la vida política local, en donde incitaba a sus partidarios a “derribar las puertas de las prisiones” para liberar a los manifestantes encarcelados de la UDPS. Esa intolerancia relativiza las intenciones que exhibió Alexis Thambwe, el ministro congoleño de Relaciones Exteriores, quien, durante una entrevista con su homólogo belga Steven Vanackere, realizada en Nueva York el pasado 22 de septiembre, aseguró: “Queremos probar que somos capaces de organizar elecciones que puedan ser un modelo para el continente”. Pero la consigna machacada por el presidente congoleño, “Por elecciones libres, transparentes y pacíficas”, se parece más a un mito que a una realidad.
Por cierto, el Presidente puede enorgullecerse de una tasa de crecimiento anual del 7%, una inflación “controlada” del 22,9% por año y una deuda externa casi extinguida tras haber cumplido todas las condiciones de la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (PPME) (2). Además, los cinco puntos que configuraban el programa de Kabila en los comicios de 2006 (3) (infraestructuras, empleo, acceso al agua potable y a la electricidad, educación y salud) efectivamente se pusieron en marcha, pero sin resultados convincentes.
¿Los congoleños vieron mejorar su nivel de vida? La tasa de desempleo alcanza el 90%, tan sólo un niño de cada dos está escolarizado, tres cuartas partes de los habitantes viven por debajo del umbral de pobreza y cerca del 58% de la población no come lo suficiente. En 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ubicó a la RDC en el último lugar en la clasificación 2011 de países según su índice de desarrollo humano. Lo cual no parece desestabilizar al jefe de Estado, quien el 14 de septiembre pasado se comprometió en una prosopopeya profética en Kingakati-Buene: “Hoy les prometo hacer del Congo un país emergente y, con vuestra ayuda y la ayuda de Dios, así será”. Para lograrlo, habría incluso que mostrarse financieramente responsable. Pero en ese aspecto el gobierno fue sancionado una vez más: la Fundación Mo Ibrahim (4), al evaluar la buena gestión de 53 países africanos, acaba de ubicar a la RDC en el puesto 50º.
En una choza, al borde de una piscina del Grand Hôtel de Kinshasa, la orquesta acompaña las conversaciones con la ejecución de un tango que inspira al abate Apollinaire Malu Malu a brindar un discurso lúcido e intrépido. El ex presidente de la Comisión Electoral Independiente –de 2003 a febrero de 2011– bailó durante mucho tiempo un pas de deux republicano con el mundo político. Su conclusión resuena junto con la melancolía del bandoneón. “Hay una verdadera crisis, lo que se hizo desilusionó a la población”. Franck Mériaud, analista francés que vive en RDC, agrega: “El Estado rengo es de tipo leopoldino con sus dos grandes muletas: la depredación y la opresión. El pueblo no espera nada del Estado ni de la política institucional”.
Y el abismo entre el pueblo y sus representantes sigue profundizándose. Así lo atestigua el voto, en enero pasado, de una revisión constitucional que limita la elección de presidente a una sola vuelta (5). Kabila, que se beneficia con el relevo de la administración y el apoyo de once gobernadores de provincias, todos de su partido –el Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia (PPRD)–, intenta así asegurarse su reelección frente a una oposición incapaz de federarse. Quienquiera que sea el vencedor del escrutinio del 28 de noviembre, el futuro presidente podrá ser elegido con menos del 50% de los sufragios emitidos: ¿de qué legitimidad podrá gozar para garantizar la unidad del país?

Violencia e inseguridad

La ruptura es manifiesta sobre todo en el Este, que constituyó el apoyo más importante a Kabila en la elección de 2006. El candidato había centrado su mandato en la pacificación y reconstrucción de un país arruinado por dos guerras (1996-1997, 1998-2003). Si puede creérsele al jefe de Estado quien, en su discurso del pasado 14 de septiembre en Kingakati-Buene, afirmó que ya no hay “incendios en el Este, tan sólo algunas hogueras”, las revelaciones de un ejecutivo de la ex Misión de las Naciones Unidas en el Congo (Monuc) –que finalizó en 2010– traicionan la agnosia presidencial: “¿Qué país pos-conflicto puede reivindicar la muerte de 385 soldados por año? Desde los shege (niños de la calle) o los kuluna (bandidos de Kinshasa) pasando por los que cortan los caminos y los chantajistas en el campo, hasta los grupos armados en el Este, la población vive en permanente inseguridad y regularmente es víctima de exacciones de todo tipo”. En primer lugar, las violencias sexuales. Al respecto, las cifras varían de 1 a 25. Las Naciones Unidas estiman sus víctimas en 16.000 mujeres, pero un estudio de la revista The American Journal of Public Health lleva ese número a 400.000 tan sólo en 2006-2007 (6). Los enfrentamientos armados arrojarían también más de 1.700.000 víctimas civiles en los caminos (7).
En este contexto, asegurar el correcto desarrollo de los comicios constituye un desafío. Sin embargo, la población, que fue privada de sus derechos cívicos durante los treinta años de dictadura del mariscal Joseph Mobutu y la década siguiente, decidió involucrarse a través de asociaciones, organismos comunitarios, agrupaciones profesionales, sindicatos, órdenes religiosas, prensa, etc. Son miríadas de movimientos que gravitan en torno a los partidos políticos y se atribuyen los nombres más pintorescos y los campos de acción menos probables: “Las mamás kabilistas por la paz”, “Los aficionados al fútbol de salón kabilista”, etc. Algunos observadores tienen en cuenta cerca de medio millón de asociaciones de todo tipo; la Misión de Estabilización de la Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) –que sucedió a la Monuc– catalogó 3.000, con un estatuto oficial o en fase de inscripción. Si, como recuerda el sociólogo François Polet, “la abundancia de asociaciones no impidió ni la perpetuación de la arbitrariedad en la política ni la agravación de los niveles de pobreza y desigualdad social” (8), ese dinamismo da prueba de la capacidad de resiliencia de la sociedad congoleña.
En Goma, a orillas del lago Kivu, en el minúsculo local del Baraza La Wazee (el Consejo de Sabios), se sientan humildemente, en sillas destartaladas, los diez representantes de las etnias de la provincia de Kivu del Norte. El Baraza –que designa al ‘árbol de la palabra’ en swahili– fue iniciado en 1993 por los “Gandhi de Kivu del Norte” (9) para evitar que la ciudad se incendiase. Una vez que cada uno se instaló, lo exiguo de la pieza apenas hubiera permitido que un bonsái se desarrollase. Sin embargo, los miembros del consejo aseguran posicionarse como “la iglesia en medio de la aldea”. Deo Tusi Bikanaba, vicepresidente del Baraza La Wazee, estima que, en las elecciones, la seguridad constituye el mayor de los desafíos: “Hemos querido sensibilizar a la población para que ejerzan su libre arbitrio. Debido a la presencia de grupos armados que tienen su propio candidato, los concurrentes no pueden acceder a ciertos territorios. Dichos elementos no están controlados y permiten que haya grupos que imponen a un candidato. He aquí por qué la resolución de los conflictos y la pacificación de la región se revelan tan importantes, y por qué en Kivu del Norte el Baraza juega un importante rol en el proceso electoral”.

Desafíos técnicos

Los problemas comenzaron en la fase de “empadronamiento electoral” –es decir, la constitución de listas y la entrega de tarjetas para votar–. Las diferencias entre el número de inscriptos en el padrón electoral según las provincias crean dudas entre la población. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) censó a 32.020.000 votantes contra 25.700.000 cinco años antes, es decir un aumento del 25%, superior al crecimiento demográfico. Y en particular, las zonas consideradas favorables al presidente saliente son las que aumentaron más… Además, cuando se publicaron los padrones, la asociación Actuar para unas Elecciones Transparentes y Tranquilas (AETA) constató más de 119.941 irregularidades. (10). Pero las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) locales también se favorecerían con las inscripciones. “Decepcionados por la política a escala nacional, muchos congoleños ya no querían la tarjeta para votar. La Nueva Sociedad Civil Congoleña [NSCC, una red de asociaciones de defensa de los derechos humanos] organizó una campaña sobre el terreno para incitar a la gente a votar –relata Ganéli Nkongolo, quien representa al Frente Común de Congoleños en Lucha contra la Balcanización (FCCB) en el seno de la NSCC–. Resultado: tan sólo en la ciudad de Kinshasa se pasó de 2.500.000 a 3.200.000 votantes. Sin la intervención de la sociedad civil, la tasa de empadronamiento hubiera disminuido fuertemente”.
Más allá del desafío técnico, estas elecciones se convierten en un rompecabezas logístico: las urnas proceden de Alemania, los cuartos oscuros de Líbano, los kits electorales de China, las boletas de Sudáfrica. Luego hay que distribuirlos en 62.000 colegios electorales, en un territorio del tamaño de Europa Occidental, con muy pocos aviones y caminos inexistentes, o casi.
En el hotel Memling, Jérôme Bonso, el presidente de AETA, defendió durante una conferencia pública la evaluación técnica del trabajo de la CENI que su organización acababa de realizar. Su fervor de titiritero contrasta con el ambiente confortable del palacio de Kinshasa. “Está bien creer que se pueden respetar los plazos electorales, pero no basta la fe del pastor Daniel Ngoyi Mulunda [presidente de la CENI]. La CENI es una cocinera a quien no hay que pedirle demasiado. No se tuvieron en cuenta los cortes de electricidad y demás problemas técnicos de gran repercusión. Si la cocinera recibe tarde los productos del mercado, la comida no será rica o no estará lista a tiempo”. Su arenga da en el blanco porque también se cuestiona la independencia de la institución. Georges Tshionza, el secretario general del Servicio de Refuerzo de los Apoyos a las Comunidades de base de África Central (Seracob), comparte esas reservas. Creado en 1993, el Seracob agrupa a las ONG que promueven la experiencia técnica de las asociaciones. “Ya prevenimos a la CENI –señala– que el proceso electoral tal como está llevado a cabo no obtendrá un resultado aceptable. La Asamblea Nacional, el Senado y el Presidente son sus responsables. La CENI debería componerse de personalidades independientes, pero cuando la sociedad civil propuso quince candidatos realmente independientes, se los rechazó”. Una amargura tan estimulante como una nuez de Kola para los militantes de una democracia en construcción.

El individualismo como obstáculo

En la redefinición de la vida política congoleña y el necesario aprendizaje de la búsqueda del interés general, pervertido por los años de dictadura, esta movilización de las asociaciones constituye una etapa indispensable. Hay quienes llegan incluso a evocar la “Primavera Árabe” como fuente de inspiración. “En 2006 –recuerda el abate Malu Malu–, la población hacía turismo electoral y estaba persuadida de que, tras las elecciones, todo iba a cambiar. Ahora hemos comprendido que la vida democrática es un proceso que tiene lugar antes, durante y después de los comicios”. Pero la urgencia social y las carencias del sistema educativo generan una forma de “analfabetismo político” que impulsa a la población hacia una religiosidad reconfortante, tranquilizadora y desresponsabilizante.
La comuna de Bumbu, en Kinshasa, parece instalada sobre un basural a cielo abierto donde calles ficticias son obstruidas por carcasas de autos abandonados a la lenta destrucción de un tiempo inmóvil, estancado como el agua corrompida que, incluso en las casas, forma parte de la familia. Allí la electricidad está tan ausente como el Estado. Es un terreno propicio a la implantación de empresas esperanzadoras, como la Iglesia del Despertar “Tierra Prometida”, donde el “big profeta” Michée, con su traje azul de dandy, predica detrás de su pupitre adornado de falsas reliquias y un arreglo de flores de plástico “made in China”. A pesar del desperfecto del grupo electrógeno y la falta de música, el pastor apostrofa con prestancia a sus ovejas adormecidas bajo el techo de chapas recalentadas por el sol. También aquí los comicios ocupan el centro de la prédica. “Si el país sigue siendo laico, no puede haber elecciones pacíficas. Recemos por estas elecciones. ¡Aleluya! La ofrenda es la llave que abre la puerta de la alianza con Dios. Amén”. La Iglesia del Despertar es una empresa con fines de lucro, donde la Biblia es un medio capitalista. No hay que engañarse: el profeta no transforma el agua en vino y aun menos las ofrendas en dividendos. Ninguna bendición general, sino profecías personalizadas, otorgadas contra múltiples retribuciones, lo que prueba el flagrante individualismo de la sociedad. “Incluso en la esfera familiar ya no existe solidaridad voluntaria”, nos explica Mériaud, que desde hace treinta años reside en el Congo. Según Michel Luntumbue, encargado de investigación en el Grupo de Investigación e Información sobre la Paz y la Seguridad (GRIP), la sociedad congoleña “tiende a la fragmentación o a comunitarismos que contrarían la formación de movimientos sociales coordinados y permanentes” (11).
En la oficina de la NSCC en Kasa-Vubu, más de trescientas personas escuchan el discurso del coordinador transmitido mediante un megáfono que conoció demasiadas horas de exhortación. Allí también, al pie del Estadio de los Mártires, el sonido y las cuerdas vocales del orador son víctimas del eclipse del hada electricidad. Después de todo, el objetivo del lanzamiento de la campaña de educación cívica de la NSCC, ¿no es alentar a los ciudadanos a alzar la voz para que los escuchen los políticos? Frente a una platea de unos pocos candidatos a la diputación nacional y una muy solitaria cámara de televisión, Jonas Tshiombela se muestra intransigente: “Queridos candidatas y candidatos, nuestra boleta en la urna en vuestro favor tiene ese precio. ¿Lo sabían? El pueblo congoleño ya no necesita discursos vacíos. Ahora vuestras camisetas, cervezas y demás prebendas ya no podrán seducirnos. Están al mismo tiempo advertidos e interpelados. La población espera vuestro firme compromiso para elecciones libres, democráticas, transparentes y pacíficas”.
Las alegaciones de corrupción contra parlamentarios avanzan a buen ritmo. La prensa denuncia regularmente a aquellos que negocian sus votos. “Para votar una ley, el gobierno corrompe a los diputados, es un escándalo”, se rebela Tshionza. Por lo tanto, no causa asombro que los partidos políticos broten como hongos tras la lluvia, en un desorden difícil de controlar. Si la democracia se midiese por su número, la RDC caracolearía en el primer puesto del palmarés mundial: ¡se cuentan 417! Y a menudo adquieren existencia sólo al momento de las elecciones. Así, para las legislativas la CENI registró 18.386 candidatos para 500 escaños. Tan sólo el distrito de Tshangu en Kinshasa propone 1.548 candidatos para proveer quince puestos. Josiah Batabiha Bushoki, ex ministro provincial de Agricultura de Kivu del Norte, brinda su interpretación del fenómeno: “La política es un mercado donde hay empleo con un salario que uno mismo garantiza, ya que son los diputados quienes votan su propia remuneración. Todo el mundo quiere ir al mismo comedero sin la mínima preocupación por ayudar a que la patria se recupere”. La sociedad civil se erige pues en “demófilo” [amigo del pueblo] para defender el interés colectivo frente a una clase dirigente venal.
“Ya en 1997 la diáspora congoleña, que había regresado con la intención de participar en el ejercicio del poder, mostró sus debilidades acaparando los recursos. Fue calificada como diaspourrie (diáspora corrupta), recuerda Jean-Claude Mashini, director adjunto del gabinete del Primer Ministro. Utilizó las armas clásicas del tribalismo, pero, contrariamente a lo que se practica en las tribus, nunca redistribuyó los recursos. Cuando Mashini recibe a alguien en su oficina, se instala en un elegante sofá y no abandona su “bastón de peregrino”, como le gusta calificar al cetro que le fuera entregado en una ceremonia tradicional. “Lo obtuve en ocasión de uno de mis viajes a Bandundu, mi región natal –explica–. Uno de los jefes locales me entregó este bastón, expresión de la adhesión de las poblaciones al poder que simboliza. Me señalaron que este bastón, que recuerda mis orígenes, podía ser discriminante, pero es sobre todo signo de adhesión a los valores. Es como la corbata que uso, es roja porque representa mis afinidades políticas.”
La búsqueda del equilibrio identitario dio origen a la tradición congoleña de los gobiernos de unidad nacional, que a veces se revelan frágiles. Las identidades étnicas son hilos que los actores políticos manejan con facilidad –una forma de clientelismo electoral–. El voto por un “hermano” se explica por el extendido sentimiento de que sólo se puede estar representado por alguien del mismo origen que el propio. Además, frente a las dificultades cotidianas, se intenta saber qué es lo que puede ganarse personalmente al votar por uno u otro.

Necesidad de una refundación

Sin embargo, parece que en la República Democrática del Congo la fuerte connotación tribal del voto tiende a relativizarse sobre un fondo de nacionalismo vacilante. Por definición, los once candidatos a la presidencia no pueden representar a las 365 tribus con que cuenta el país. Además, los congoleños siguen siendo mendigos de sus propios derechos. Por esa razón, se trata sobre todo de encontrar “un héroe que sepa defender al país, dar de comer a la gente y hacerse oír a nivel internacional –descifra el historiador congoleño Jean-Marie Mutamba–. Se necesita un elombe [hombre valeroso, en lingala] para limpiar los establos de Augias [eliminar la corrupción y restablecer el orden]”. Según el politólogo Philippe Biyoya, las actuales incertidumbres “están vinculadas a nuestro acceso no preparado a la independencia. Los congoleños abrazaron la democracia sin una cultura democrática. Aquí, estamos en instancia de refundación tanto del Estado como de la sociedad, de manera que ambos no pueden encontrarse”.
La reconciliación entre política y sociedad era, sin embargo, una de las mayores apuestas de la Constitución de 2006. Pero las elecciones locales que debían mostrar a la población que la gestión de la cosa pública los concernía directamente, nunca tuvo lugar. Deberían organizarse para marzo o abril de 2012, pero el presupuesto nunca fue votado.
Por más que el sol se levante sobre Bukavu antes de despertar a Kinshasa, hoy, la lluvia tropical se hincha como un pitón ahíto tras haber devorado las ruinas de una ciudad decrépita. Implacable, no libera de su húmedo abrazo la sala de conferencias donde están reunidos los actores de la sociedad civil de Kivu del Sud. Las trombas de agua golpean la cubierta del techo de plástico, y hacen inaudibles los intercambios en las mesas redondas sobre la seguridad en período electoral. La moderadora propone criticar un documento que enumera las actividades propuestas (foro con candidatos a diputados, diálogo social sobre la securización de las elecciones, debate sobre el tema “la violencia sexual y otros tipos de molestias [sic] y discriminaciones de las que son víctimas las mujeres”, etc.) Pero cuando los ponentes emiten sus recomendaciones, el coordinador provincial de Kivu del Sud, Charles Sadi Omari, de la sociedad Development Alternative Incorparated (DAI) interrumpe, imperioso, las discusiones. Anuncia que todas esas actividades ya están acordadas con la CENI y, por lo tanto, no es posible modificarlas. Una mañana de trabajo perdida contra una comida y una compensación por el transporte. En su informe de misión, la DAI podrá confirmarle a su empleador, UK Aid (la cooperación británica), que la sociedad civil fue correctamente consultada. El contrato está concluido.
En las reformas liberales que sugirieron las instituciones de Bretton Woods a los países africanos –y que hallaron eco en las grandes agencias de desarrollo–, los capitalistas internacionales más poderosos realmente aprecian a la sociedad civil, donde ven la matriz de un nuevo leadership. Su crecimiento contribuye a debilitar las soberanías estatales. Al lado de la descentralización, las privatizaciones y la implicación de los actores de la ayuda, en la mente de muchos analistas la sociedad civil es la nueva señal de una democracia sana… Entre las asociaciones y los capitalistas se establecen ineluctablemente relaciones de subordinación, e incluso de dependencia, que la competencia entre las ONG exacerba.
La sociedad civil congoleña intenta, con enorme dificultad, modificar las prácticas del aparato estatal. Ya no se trata tan sólo de estrategias de lobbing ante gobiernos, organizaciones subregionales e internacionales, ni de sustitución social de los poderes públicos. Se trata, por ejemplo, de establecer una cooperación directa con el gobierno para trabajar en la redacción de un proyecto de ley. “La sociedad civil no trabajó para debilitar el Estado, al contrario: trabaja para que el Estado recupere su existencia –confirma Tshionza–. No tomamos como referencia al neoliberalismo que nos proponen las instituciones de Bretton Woods; queremos devolver sentido al Estado para que se recupere”.

1. El 30 de junio de 1960 es la fecha de la independencia del Congo Belga.
2. Programa conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial destinado a los países más pobres para la gestión de sus deudas.
3. Prosper Nobirabo, “Fragile gestation de la démocratie en République démocratique du Congo”, Le Monde diplomatique, junio de 2007.
4. Creada en 2006 por Mo Ibrahim, un magnate de las telecomunicaciones, la fundación epónima apunta a “reafirmar la excelencia del liderazgo en África”.
5. El artículo 71 modificado de la Constitución estipula: “El presidente de la República es elegido por simple mayoría de los sufragios emitidos”.
6. Amber Peterman, Tia Palermo y Caryn Bredenkamp, “Estimates and Determinants of Sexual Violence Against Women in the Democratic Republic of Congo”, American Journal of Public Health, vol. 101, Nº 6, junio de 2011, p. 1060-1067.
7. Oficina de la coordinación humanitaria de las Naciones Unidas al 31 de marzo de 2011.
8. François Polet, Etat des résistances dans le Sud-Afrique, Alternatives Sud-Centre tricontinental – Syllepse, Louvain-la-Neuve-París, 2010.
9. Josiah Batabiha Bushoki (Nyanga), Sinzi Kiramuka (Hutu congoleño), Musumba Mathe (Nande), Azile Tanzi (Ituri) y Mpirikanya Forongo (Tutsi congoleño)
10. Un informe confidencial de la sociedad belga Zetes sugiere incluso que estarían registrados 700.000 falsos electores.
11. Michel Luntumbue, “République démocratique du Congo: une société en mouvement ?”, en Etat des résistances dans le Sud-Afrique, op. cit.

* Periodista (enviado especial).

Traducción: Teresa Garufi

http://www.eldiplo.org/notas-web/desafio-electoral-en-el-congo/

Las finanzas asaltan el poder político

La difícil convivencia del capitalismo y la democracia

Por Wolfgang Streeck*

La inflación, la deuda pública y la deuda privada fueron los tres mecanismos sucesivos con los que se fue paliando durante casi medio siglo el conflicto estructural entre capitalismo y democracia. Hoy, agotados esos recursos, la política pasó a ser dictada por los financistas sin intermediarios.


ía tras día, los acontecimientos que jalonan la actual crisis nos enseñan que hoy son “los mercados” quienes dictan su ley a los Estados. Aunque supuestamente democráticos y soberanos, se les prescriben los límites de lo que pueden hacer por sus ciudadanos y se les sugieren las concesiones que deben exigir de ellos. Para la población, algo es claro: los líderes políticos no sirven a los intereses de sus ciudadanos, sino a los de otros Estados u organizaciones internacionales –como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Unión Europea–, resguardados en los rigores del juego democrático. Generalmente, esta situación se describe como la consecuencia de una falla en la estabilidad general: una crisis. ¿Pero realmente es así?
También se puede leer la “Gran Recesión” (1) y el cuasi colapso de las finanzas públicas resultante como la manifestación de un desequilibrio fundamental de las sociedades capitalistas avanzadas, tironeadas entre las exigencias del mercado y las de la democracia. Una tensión que convierte a los disturbios y la inestabilidad más en una regla que en una excepción. Entonces sólo podría comprenderse la crisis actual a la luz de la transformación, intrínsecamente conflictiva, de lo que llamamos “capitalismo democrático”.
Desde fines de 1960, se implementaron tres soluciones sucesivas para superar la contradicción entre democracia política y capitalismo de mercado. La primera fue la inflación, la segunda fue la deuda pública y la tercera, la deuda privada. Cada uno de estos intentos se corresponde con una configuración particular de las relaciones entre los poderes económicos, el mundo político y las fuerzas sociales. Pero estas soluciones entraron en crisis una tras otra, precipitando el paso al ciclo siguiente. Por tanto, la tormenta financiera de 2008 marcaría el final del tercer período y la probable llegada de un nuevo arreglo, cuya naturaleza sigue siendo incierta.
La inflación
El capitalismo democrático de la posguerra tuvo su primera crisis a partir de fines de los años sesenta, cuando la inflación comenzó a desbocarse en todo el mundo occidental. La desaceleración del crecimiento económico de pronto amenazaba la continuidad de un modo de pacificación de las relaciones sociales que había puesto fin a los conflictos de posguerra. Básicamente, la receta adoptada hasta el momento había sido la siguiente: la clase obrera aceptaba la economía de mercado y la propiedad privada a cambio de la democracia política, la cual garantizaba protección social y una mejora constante del nivel de vida. Más de dos décadas de crecimiento ininterrumpido contribuyeron a anclar la creencia de que el progreso socioeconómico era un derecho inherente a la ciudadanía democrática. Esta visión del mundo se traducía en reivindicaciones que los líderes se sentían obligados a cumplir: ampliación del Estado de Bienestar, derecho de los trabajadores a la libre negociación colectiva y pleno empleo. Todas estas medidas fueron sostenidas por gobiernos que utilizaban abundantemente las herramientas económicas keynesianas.
Pero cuando, a comienzos de los años setenta, el crecimiento comenzó a declinar, esta solución comenzó a tambalear (una inestabilidad que se manifestó en una ola mundial de protesta social). Los trabajadores, aún no paralizados por el miedo al desempleo, creían que no debían renunciar a lo que ellos consideraban como su derecho al progreso.
Con el correr de los años, todos los gobiernos del mundo occidental se vieron enfrentados al mismo problema: ¿cómo llevar a los sindicatos a moderar las demandas de aumento salarial sin tener que cuestionar la promesa keynesiana del pleno empleo? En efecto, mientras que, en algunos países, la estructura institucional del sistema de negociaciones colectivas facilitaba la firma de “pactos sociales” tripartitos, en otros, la década de 1970 fue marcada por la convicción (compartida en las más altas esferas del Estado) de que dejar crecer el desempleo para contener el alza de los salarios constituiría un suicidio político o incluso el asesinato de la propia democracia capitalista. Para superar este callejón sin salida y preservar tanto el pleno empleo como la libre negociación colectiva, se esbozó una salida: la flexibilización de las políticas monetarias, a riesgo de dejar escapar la inflación.
Puja de clases
Al principio, el aumento de precios casi no significaba un problema para los trabajadores: estaban representados por sindicatos lo suficientemente poderosos como para imponer un ajuste de hecho de los salarios en base al aumento de precios. Sin embargo, al erosionar su patrimonio, la inflación perjudicaba a los acreedores y tenedores de activos financieros, es decir, a grupos que contaban con relativamente pocos trabajadores entre sus filas. En tales condiciones, se puede describir la inflación como el reflejo monetario de un conflicto distributivo: por un lado, una clase trabajadora que reclama por seguridad en el empleo y una participación mayor en el ingreso nacional; por otro, una clase capitalista dedicada a maximizar el retorno de la inversión. Dado que ambas partes se basan en ideas mutuamente incompatibles de lo que les toca, ya que una privilegia los derechos de los ciudadanos y la otra los de la propiedad y el mercado, la inflación expresa aquí la anomia de una sociedad cuyos miembros no logran llegar a un acuerdo acerca de criterios comunes de justicia social.
Si bien en la inmediata posguerra el crecimiento económico había permitido que los gobiernos desactivaran los antagonismos de clase, la inflación ahora les permitía preservar el nivel de consumo y la distribución de los ingresos echando mano a recursos que la economía real todavía no había producido.
Aunque eficaz, esta estrategia de pacificación de los conflictos no podía durar indefinidamente. Con el tiempo, terminó provocando una reacción de parte de los poseedores de capitales interesados en proteger su patrimonio. Bajo su influencia, la inflación condujo al desempleo, castigando a los trabajadores, a cuyos intereses había atendido originalmente. Aguijoneados por los mercados, los gobiernos abandonaron los acuerdos salariales redistributivos para volver a la disciplina presupuestaria.
La inflación fue derrotada después de 1979, cuando Paul Volcker, recién nombrado director de la Reserva Federal estadounidense por el presidente James Carter, ordenó un aumento sin precedentes de las tasas de interés, que hizo trepar la desocupación hasta niveles que no se habían alcanzado desde la Gran Depresión. El “golpe” fue validado por las urnas: el presidente Reagan –de quien se dijo que en un principio había temido las repercusiones políticas de las medidas deflacionistas adoptadas por Volcker– fue reelecto en 1984 [había sido elegido para su primer mandato en 1980]. En el Reino Unido, Margaret Thatcher, que había seguido las políticas estadounidenses, también fue reelecta en su cargo de Primera Ministra en 1983, a pesar de la rápida desindustrialización y alza en el número de desocupados, provocadas, entre otras cosas, por su política de austeridad monetaria. En ambos países, la deflación fue acompañada por un ataque contra los sindicatos. En los años siguientes, la inflación se mantuvo limitada en todo el mundo capitalista, mientras que la desocupación seguía aumentando de modo más o menos constante: entre el 5% y el 9% entre 1980 y 1988, particularmente en Francia. Al mismo tiempo, la tasa de sindicalización caía y las huelgas se volvían tan esporádicas que incluso algunos países dejaron de relevarlas.
La deuda pública
La era neoliberal se abrió en el momento en que los Estados anglosajones abandonaron lo que había sido uno de los pilares del capitalismo democrático de la posguerra: la idea de que el desempleo podría arruinar el apoyo político del que gozaban no sólo los gobiernos en el poder, sino también el propio modo de organización social. Los líderes políticos de todo el mundo siguieron con gran atención los experimentos realizados por Reagan y Thatcher. Sin embargo, aquellos que habían esperado que el fin de la inflación pusiera término a los desórdenes económicos pronto se sintieron decepcionados. La inflación disminuyó, pero sólo para dar paso a la deuda pública, que alzó vuelo durante los años ochenta. Y así ocurrió por diversas razones.
El estancamiento del crecimiento había vuelto a los contribuyentes –en especial a los más prósperos e influyentes– muy hostiles respecto de las retenciones fiscales. Y la contención del aumento de los precios puso fin a los aumentos de impuestos automáticos (a medida que crecían los ingresos).También fue el final de la continua devaluación de la deuda pública mediante el debilitamiento de las monedas nacionales, que en un primer momento había completado el crecimiento económico, antes de sustituirlo progresivamente, como una herramienta clave para reducir la deuda. El aumento del desempleo generado por la estabilización monetaria obligó a los Estados a incrementar los gastos en ayuda social. Además, comenzaba a caer la realización de los diferentes derechos sociales creados durante la década de 1970, a cambio de que los sindicatos aceptaran la moderación salarial (especie de salarios diferidos). Y pesaba cada vez más en las finanzas públicas.
Dado que ya no era posible apostar a la inflación para reducir la brecha entre las exigencias de los ciudadanos y las de los mercados, el encargado de financiar la paz social fue el Estado. Durante un tiempo, la deuda pública constituyó un cómodo equivalente funcional de la inflación. En efecto, al igual que esta última, la deuda pública permitía que los gobiernos utilizaran recursos que aún no habían sido producidos para aliviar los conflictos distributivos. O, para decirlo de otro modo, que echaran mano a los recursos futuros para completar los actuales. A medida que la lucha entre las exigencias de los mercados y las de la sociedad se trasladaba del lugar de producción hacia la arena política, las presiones electorales sustituyeron a las luchas sindicales. En vez de echar a andar la máquina de hacer billetes, los gobiernos comenzaron a endeudarse más y más. Un proceso facilitado por el bajo nivel de inflación, que tranquilizaba a los acreedores respecto del valor a largo plazo de las obligaciones del Estado.
Sin embargo, la acumulación de deuda pública tampoco podía durar para siempre. Desde hacía mucho tiempo los economistas alertaban a las autoridades sobre el hecho de que el déficit público agotaba los recursos disponibles y sofocaba la inversión privada, conllevando un incremento de las tasas de interés y una desaceleración del crecimiento. Pero no eran capaces de identificar un umbral crítico. En la práctica, resultó posible, al menos por un tiempo, mantener las tasas de interés relativamente bajas desregulando los mercados financieros y contener la inflación debilitando aun más a los sindicatos. No obstante, Estados Unidos, un país donde el nivel de ahorro es excepcionalmente bajo, pronto empezó a vender sus bonos del Tesoro, no sólo a sus propios ciudadanos, sino también a inversores extranjeros, fondos soberanos incluidos. Además, a medida que aumentaba el peso de la deuda, se utilizó un porcentaje cada vez mayor del gasto público para pagar los intereses. Y, sobre todo, era preciso que en un momento dado –imposible de determinar a priori– los acreedores nacionales y extranjeros exigieran recuperar su dinero. Los “mercados” entonces harían todo lo posible para imponer a los Estados la disciplina presupuestaria y la austeridad necesarias para salvaguardar sus intereses.
La elección presidencial estadounidense de 1992 estuvo dominada por la cuestión del doble déficit: déficit del gobierno federal y déficit comercial de todo el país. La victoria de William Clinton, que lo había convertido en su principal eje de campaña, marcó el inicio de una serie de esfuerzos de “consolidación presupuestaria” (2). A escala mundial, estos fueron promovidos agresivamente bajo la égida de Estados Unidos, por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el FMI. En un principio, la administración demócrata proyectó reducir el déficit impulsando el crecimiento económico a través de importantes reformas sociales y aumentos de impuestos. Sin embargo, en 1994 los demócratas perdieron la mayoría en el Congreso en las elecciones de medio término. Entonces, Clinton dio media vuelta y adoptó una política de austeridad, marcada por una reducción significativa del gasto público y un giro político que, según sus propias palabras, pondría fin a “la protección social tal como la conocemos”. Entre 1998 y 2000, por primera vez en décadas, el gobierno federal estadounidense alcanzó el superávit presupuestario.
La deuda privada
No obstante, la administración Clinton no había logrado pacificar la economía política del capitalismo democrático de una manera sostenida. Su estrategia de gestión de conflictos sociales consistió en gran parte en ampliar la desregulación del sector financiero, ya iniciada por Reagan. La rápida ampliación de las desigualdades en los ingresos, provocada por el continuo debilitamiento de la sindicalización y los fuertes recortes al gasto social, como así también la disminución de la demanda agregada (3) generada por las políticas de ajuste presupuestario, fueron compensados por la posibilidad, para los ciudadanos y las empresas, de endeudarse hasta niveles sin precedentes. Hizo entonces su aparición la feliz expresión “keynesianismo privatizado”, para designar la sustitución de la deuda pública por su hermana melliza, la deuda privada. El gobierno ya no se endeudaba para financiar la igualdad de acceso a una vivienda digna o la capacitación de los trabajadores: ahora eran los propios individuos quienes eran invitados (generalmente sin poder optar realmente) a tomar préstamos bajo su propio riesgo para pagar sus carreras o para mudarse a barrios menos pobres (4).
La política llevada a cabo por la administración Clinton dejó contentos a muchos. Los ricos pagaban menos impuestos y, entre ellos, los que habían sido lo suficientemente avispados como para invertir en el sector financiero cosecharon enormes ganancias. Pero no todos los pobres tuvieron razones para lamentarse (al menos no en un primer momento). Los préstamos subprime, junto con la riqueza ilusoria en la que se basaban, sustituyeron los subsidios sociales (que se suprimían) y los aumentos de sueldo (en ese entonces inexistentes en la parte inferior de la escala de un mercado laboral “flexibilizado”). Para los afroamericanos, en particular, la adquisición de una vivienda no sólo significaba cumplir el “sueño americano”: se trataba de un sustituto básico de las jubilaciones que sus empleos –cuando tenían uno– no les aseguraban y que no tenían razones para esperar de parte de un gobierno abocado a mantener la austeridad.
Así, a diferencia del período dominado por la deuda pública –donde el préstamo estatal permitía utilizar hoy los recursos de mañana–, ahora eran los individuos los que podían comprar inmediatamente todo lo que necesitaban, a cambio de su compromiso de volcar a los mercados una parte importante de sus ingresos futuros.
Así pues, la liberalización permitió compensar la consolidación presupuestaria y la austeridad pública. La deuda privada se sumó a la deuda pública y la demanda individual –conformada con gran cantidad de dólares por la floreciente industria del casino financiero– tomó el lugar de la demanda colectiva conducida por el Estado. Fue ésta, entonces, la que sostuvo el empleo y las ganancias, en particular en el sector inmobiliario. Esta dinámica experimentó una aceleración a partir de 2001, cuando la Reserva Federal, presidida por Alan Greenspan, adoptó tasas de interés muy bajas para prevenir una recesión y un regreso a niveles altos de desocupación. Pero el “keynesianismo privatizado” no solamente permitió que el sector financiero obtuviera ganancias sin precedentes: también fue la columna vertebral de un boom económico que hacía palidecer de envidia a los sindicatos europeos. Estos erigieron en modelo la política de dinero fácil implementada por Greenspan, que provocaba el rápido endeudamiento de la sociedad estadounidense. Observaban con entusiasmo que, a diferencia del Banco Central Europeo, la Reserva Federal estadounidense tenía la obligación jurídica no sólo de garantizar la estabilidad monetaria, sino también de mantener un alto nivel de empleo. Por supuesto, todo esto finalizó en 2008, con el repentino colapso de la pirámide de créditos internacionales en la que descansaba la prosperidad de fines de la década de 1990 y comienzos de la de 2000.
¿A qué nos enfrentamos?
Luego de sucesivos períodos de inflación, déficit público y deuda privada, el capitalismo democrático de la posguerra entró en su cuarta etapa. Mientras todo el sistema financiero global amenazaba con implosionar, los Estados-nación intentaron restablecer la confianza económica socializando los préstamos tóxicos que antes habían autorizado con el fin de equilibrar sus políticas de consolidación presupuestaria. Combinada con la recuperación necesaria para evitar un colapso de la “economía real”, esta medida generó una dramática ampliación del déficit público. Señalemos al pasar que este desarrollo no derivaba de la naturaleza despilfarradora de líderes oportunistas o de instituciones públicas mal diseñadas, como alegaban algunas teorías elaboradas durante los años noventa, bajo los auspicios, particularmente, del Banco Mundial y el FMI.
El resto es historia conocida: desde 2008, el conflicto distributivo inherente al capitalismo democrático se convirtió en una lucha encarnizada entre inversores financieros mundiales y Estados-nación soberanos. Mientras que, en el pasado, los trabajadores luchaban contra los patrones, los ciudadanos contra los ministros de Finanzas y los deudores privados contra los bancos privados, hoy las instituciones financieras cruzan sus espadas con los Estados... a quienes, sin embargo, recientemente sometieron a chantaje para lograr que las salvaran. Queda por determinar la naturaleza de las relaciones de poder en las que se apoya esta situación.
Recortes sin precedentes
Desde que comenzó la crisis, por ejemplo, los mercados financieros exigen tasas de interés muy variables según los Estados. Por lo tanto, ejercen presiones diferenciadas a los gobiernos para obligar a sus ciudadanos a aceptar recortes presupuestarios sin precedentes. Puesto que hoy pesa una deuda colosal sobre los hombros de los Estados, cualquier aumento en las tasas de interés, por pequeño que sea, es capaz de provocar un desastre presupuestario (5). Al mismo tiempo, los mercados deben cuidarse de no someter a los Estados a una presión excesiva, ya que estos podrían muy bien optar por declarar el défault sobre sus obligaciones de deuda. Es preciso, entonces, que algunos Estados estén dispuestos a salvar a otros, más amenazados, para que se protejan del aumento general de las tasas de interés sobre los préstamos soberanos.
Además, los mercados no sólo esperan una consolidación presupuestaria: también exigen perspectivas razonables de crecimiento económico. Pero, ¿cómo combinar ambas expectativas? Aunque la prima de riesgo sobre la deuda irlandesa haya caído cuando el país se comprometió a tomar medidas drásticas para reducir el déficit, volvió a crecer unas semanas después: el plan de recuperación era tan estricto que impedía toda reactivación económica (6).
Desde hace unos años, la administración política del capitalismo democrático se muestra, pues, cada vez más delicada. Además, es probable que, desde la Gran Depresión, los líderes políticos nunca se hayan enfrentado a una incertidumbre tan grande.
Por lo demás, ¿es totalmente inconcebible que ya esté creciendo una nueva burbuja, inflada por el dinero barato que sigue fluyendo libremente? Si bien ya no es posible invertir en las subprimes, al menos por ahora, el mercado de las materias primas o la nueva economía de internet brindan perspectivas tentadoras a algunas personas. Nada impide que las empresas financieras inviertan el efectivo que inunda los bancos centrales en lo que estos consideran como los “nuevos sectores de crecimiento” (en nombre de sus clientes privilegiados y, por qué no, para su propio beneficio). Después de todo, dado que las reformas que debían regular el sector financiero fracasaron casi por completo, el capital puede mostrarse hoy un poco más exigente que antes. Y los bancos, ya descritos en 2008 como “demasiado grandes para quebrar” (“too big to fail”), pueden esperar crecer aún más en 2012 ó 2013. Una vez más, pues, podrán practicar el chantaje que tan hábilmente han sabido jugar desde hace tres años. Pero esta vez el rescate público del capitalismo privado podría resultar imposible, aunque más no sea porque las finanzas públicas han llegado al límite de su capacidad.
En la crisis actual, el riesgo para la democracia es tan grande como el que pesa sobre la economía, si no más. No sólo la “integración sistémica” de las sociedades contemporáneas –es decir, el funcionamiento eficaz de la economía capitalista– está siendo sacudida hasta sus cimientos, sino que sucede lo mismo con su “integración social” (7). El advenimiento de una nueva era de austeridad afectó gravemente la capacidad de los Estados para encontrar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las exigencias de acumulación de capital. Además, la estrecha relación de interdependencia que mantienen los países vuelve ilusoria la pretensión de resolver las tensiones entre economía y sociedad (o entre capitalismo y democracia). Ningún gobierno puede permitirse el lujo de ignorar las restricciones y las obligaciones internacionales, en particular las de los mercados financieros. Las crisis y las contradicciones del capitalismo democrático poco a poco se fueron internacionalizando y se despliegan no sólo dentro de los Estados, sino también entre sí, según combinaciones y permutaciones que aún falta explorar.
Al observar la evolución de la crisis desde la década de 1970, parece probable que el capitalismo democrático encontrará una nueva manera –aunque también temporal– de resolver los conflictos sociales. Pero, esta vez, según modalidades que deberían estar totalmente a favor de las clases pudientes, atrincheradas en una fortaleza políticamente inexpugnable: la industria de las finanzas internacionales. Después de todo, ¿podemos descartar que éstas miren con confianza el desenlace del combate final que podrían decidir librar contra el poder político, antes de imponer su ley de una vez por todas?




1. Para la expresión “Gran Recesión”, véase Carmen Reinhard y Kenneth Rogoff, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton, 2009.
2. Conjunto de medidas de saneamiento presupuestario destinadas a mejorar el saldo primario (ingresos del año menos gastos sin contar los intereses de deuda).
3. Demanda total de bienes y servicios en una economía.
4. Véase Gérard Duménil y Dominique Lévy, “Incierto futuro de la Gran Potencia”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, agosto de 2008.
5. Para un Estado cuya deuda se eleva al 100% del PIB, un aumento del 2% de la tasa de interés que paga a sus acreedores aumentaría su déficit anual en la misma suma. En consecuencia, un déficit presupuestario del 4% del PIB aumentaría la mitad.
6. Véase Frédéric Lordon, “El euro ante el derrumbe”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2011.
7. David Lockwood definió estos conceptos en “Social Integration and System Integration”, en George Zollschan y Walter Hirsch (eds.), Explorations in Social Change, Routledge y Kegan Paul, Londres, 1964.





* Director del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades, en Colonia. Este artículo es una versión resumida de un trabajo publicado en la New Left Review, nº 71, Londres, septiembre-octubre de 2011.

Traducción: Gabriela Villalba 

http://www.eldiplo.org/los-mercados-contra-la-democracia/las-finanzas-asaltan-el-poder-politico?token=&nID=1

 

Suez: entre salafismo y revolución

Elecciones parlamentarias en Egipto

Por François Pradal*

Las violencias de la Plaza Tahrir consumaron el divorcio entre el Ejército y los revolucionarios. En Suez, los salafistas, que triunfaron en las elecciones legislativas, deberán tener en cuenta las reivindicaciones de justicia social y libertad.

Si bien me opongo a un Estado islámico, prefiero a los Hermanos Musulmanes democráticamente electos antes que al mantenimiento del régimen militar”, afirma Ghehareb Saqr en un diálogo en un café de Suez, a pocos pasos de la desembocadura del canal. Cerca de allí, desde la cornisa del golfo del mar Rojo se ven los destellos de las plantas petroquímicas. Este militante comunista de actitud resuelta y apariencia sencilla es el encargado de la climatización de la empresa textil Misr Iran, donde los obreros acaban de conseguir un 10% de aumento salarial después de tres semanas de huelga.
Vestido con un traje italiano y rodeado de jóvenes, Ahmed Mahmud, número uno de la lista de los Hermanos Musulmanes en Suez y recién liberado luego de tres años de cárcel, declara, como en eco: “Prefiero a unos comunistas democráticamente electos antes que al mantenimiento del régimen militar. El ejército debe depender del gobierno y no debe tener prerrogativas especiales, como en Francia.” Consultado sobre la movilización en Suez y en la plaza Tahrir de El Cairo, reiniciada el 19 de noviembre pasado, el sexagenario se aleja de la posición nacional de su partido, Justicia y Libertad: “Yo no llamo a ocupar la plaza, pero apoyo las reivindicaciones de los manifestantes y denuncio las violaciones de los derechos humanos. Debemos seguir presionando al régimen militar.”
Por otro lado, en relación a las huelgas, el Hermano relativiza: “Este no es el mejor momento, ya que la economía perdió 6,6 mil millones de dólares. Pero las reivindicaciones de los trabajadores son legítimas.” Los militantes de su entorno no se dejan embaucar. “Los que cobran salarios miserables no pueden esperar.” ¿Y la futura Constitución? Mahmud insiste: “Debe incluir a todos los egipcios. Queremos organizar una coalición lo más amplia posible, que incluya también a los cristianos, para salvaguardar el interés nacional.” ¿Voluntad de unir, de no aislarse de una juventud firmemente revolucionaria, u oportunismo? En todo caso, la ruptura con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), en el poder desde febrero de 2011, y la aceptación del juego democrático parecen irrenunciables.
Programas electorales
La calle del Ejército es la arteria principal de Suez: une el viejo cuartel colonial de Puerto Taoufik (1) con la plaza Arbaeen, equivalente de la plaza Tahrir. A principios de diciembre pasado, la campaña electoral estaba en su apogeo. Las pancartas confeccionadas con sábanas de algodón colgaban de los faroles, las palmeras o los postes de electricidad. Los candidatos se reunían bajo unos toldos similares a los que se arman después de los funerales. Salafistas y “feluls”(2) ostentan las fotos a color de sus candidatos –a excepción de la única mujer, que por obligación legal figura en la lista salafista, cuya imagen estos últimos reemplazaron ¡por una flor!–.
Ciento nueve candidatos independientes disputaban dos escaños y doce partidos, otros cuatro escaños. Los tres partidos islamistas sacaron finalmente el 78% de los votos; los cuatro liberales, el 14%; los cuatro “felul”, el 7%, y el nasserista, menos del 0,1%. Los primeros podían esperar quedarse entonces con cuatro o cinco de los seis escaños. Cada uno enarbolaba su símbolo: los Hermanos, la balanza; el Partido de la Luz (Al Nour, salafista), el fanus (la linterna de ramadán); otros, un teléfono celular, una casa o una botella de agua. A excepción de los islamistas, los partidos emanados de la revolución no consiguieron implantarse, en tanto las viejas organizaciones se descalificaban. La izquierda no entra en competencia; los programas de la izquierda y la derecha se parecen tanto que no se nota la diferencia entre ambas.
“La población se apega a las personas, no a los partidos”, confirma Nahed Marzuk. Aunque afiliada a la Alianza Popular Socialista, muy a la izquierda en el tablero político, esta solitaria candidata (¡son cuatro mujeres!) prefiere definirse como independiente. ¿La clave de la elección? La respetabilidad. Para convencer a una población tan revolucionaria como conservadora, obrera como religiosa, combativa como tradicional, es mejor ser un muchacho de barrio y de una familia conocida. En la contienda electoral se enfrentan personas que se conocen, que asisten juntas a las manifestaciones y buscan ante todo evaluar su influencia social. Se presentan pocas mujeres y jóvenes emanados de la revolución. Sin embargo, un viejo taxista confiesa: “Yo voy a votar por los jóvenes, ¡porque sólo ellos nos protegen del retorno al antiguo sistema!”.

Política y religiónDos son las líneas divisorias imperantes. La primera separa a los “felul” de los partidarios de la revolución –incluidos los que no quieren continuarla en la calle. Un joven candidato nasserista denuncia: “Los ‘felul’ y los Hermanos proponen la misma política. Son conservadores, partidarios del capitalismo.” La segunda diferencia a los islamistas del resto. Si bien nadie cuestiona el artículo 2 de la Constitución, que erige la sharia como principal fuente legislativa, “sólo los salafistas oponen ciudadanía e islam, Estado islámico y Estado civil. Lo que se debate es en qué principio que debe fundarse la convivencia: ¿en el islam o en la ciudadanía?”, destaca Clément Steuer, investigador del Centro de estudios y documentación económicos, jurídicos y sociales (Cedej).
La principal sorpresa en Suez fue el resultado de los salafistas locales. Con el 51% de los votos, récord nacional, aventajan a los “Hermanos”, mientras en otros lugares no superan el 25%. Implantados desde hace tiempo en la ciudad, gozan del prestigio de un famoso predicador, el sheik Hafez Salama, octogenario líder de la resistencia frente a los israelíes en 1967 e inciador de la yijad contra Israel en los años 80 (3). Acá los jóvenes salafistas se subieron al tren en marcha de la revolución: estuvieron muy presentes en las últimas manifestaciones y además garantizaron su servicio reglamentario.
Reda, empleado de mantenimiento en el puerto de Sokhna, 45 kilómetros al sur de Suez, parece consumido aunque luce bien afeitado y prolijo. Y no es para menos: antes de terminar su escolaridad tuvo que hacerse cargo de su familia (acaba de fallecer su padre). Participó en la revolución desde el 25 de enero. Un impacto de bala por poco acierta en su ojo derecho. La huelga de los estibadores no dio resultado: “Lo único que conseguimos son dos contenedores vacíos en el puerto: uno para hacer deporte, otro para rezar.” Un ingeniero lo humilla imponiéndole tareas que no le corresponden; todavía subsiste el sistema de poder piramidal. Un colega salafista lo convirtió en su yerno y le da alojamiento a cambio de una porción de su salario. Sus posiciones revolucionarias no le impiden votar por otro sheik salafista, Mohamed Abdel Khaled: “En mi barrio todo el mundo lo quiere”, dice justificándose. Suez es paradójica: los salafistas triunfan en la ciudad más revolucionaria, que sin embargo no participó en los inicios de esta revolución social y antiautoritaria.
Khaled, químico, secretario general de una compañía petrolera y… predicador, conduce con su barba cuadrada la lista de Al-Nour (La Luz). Confortablemente instalado en el asiento trasero de su automóvil de lujo, este hombre de negocios tiene un discurso conservador: “Yo quiero aplicar íntegramente la sharia, enseñar a todos las reglas del islam. Política y religión son una sola y misma cosa.” ¿El turismo? “Nosotros preferimos el religioso, científico o de salud.” ¿La economía en quiebra, el desempleo masivo? “Debemos favorecer la emigración de los trabajadores, privilegiar los pequeños proyectos de inversión en los servicios –y no en los bienes de consumo– así como otros grandes, en materia de infraestructuras: por ejemplo, un subterráneo entre Sokhna y Arbaeen, y centros comerciales.” ¿Con que financiación? Elude la respuesta. ¿Las huelgas? “Se deben principalmente a la falta de diálogo entre las partes, que puede remediarse con la prédica. El derecho expresarse es aceptable, pero no la destrucción de la actividad. La libertad tiene límites.” ¿Y los coptos? “Serán juzgados de acuerdo a su religión”, es decir, por tribunales coptos.
En realidad, esa comunidad cristiana que tiene aquí unas seis mil personas vive totalmente replegada en sí misma, sintiéndose abandonada por todos: “Nosotros recibimos insultos de los salafistas a diario. Pero nuestras iglesias no son atacadas, no hay violencia. No tenemos miedo, nos quedaremos”, dispara con sombría mirada el padre Serafín, de la iglesia de la Virgen María.
La campaña de los salafistas comenzó en las mezquitas, ganadas para su causa –los Hermanos Musulmanes no están tan bien implantados allí como ellos. “Nos oprimieron durante décadas. Así que debemos votar a los que protegen nuestra religión, nuestro trabajo, nuestra familia y nuestras condiciones de vida”, se oye decir el viernes. El dinero, que suele venir de Arabia Saudita, no les falta. Proseguirán su propaganda sumidos en la ilegalidad hasta la puerta de las mesas de votación el 14 de diciembre, día de la primera vuelta, con un aliciente de promesas y alimentos. Atraen sobre todo a los pobres, a la gente de los barrios desheredados y del campo, gracias a un discurso identitario centrado en el islam, que no está tan presente en los Hermanos Musulmanes. Pero según Alaa Al-Din Arafat, investigador del Cedej, “si bien sus prácticas políticas son distintas, existe una permeabilidad entre ambos grupos. Muchos altos jefes de los Hermanos Musulmanes estudiaron en institutos salafistas, y por lo tanto compartieron las plegarias en las mismas mezquitas en los años 80, de ahí su ‘salafización’”.
A menos que el Consejo Militar se oponga, el nuevo Parlamento deberá nombrar una comisión encargada de redactar la (nueva) Constitución, que luego se someterá a referéndum. En contrapartida, el alcance de su poder legislativo, así como el modo de designación del gobierno, siguen considerablemente indefinidos. Todo sigue dependiendo del CSFA, que cada vez más egipcios asocian al antiguo régimen: bajo otra máscara, continúa el mismo poder. Más aún cuando, si se cree en lo que dicen muchos candidatos, la revolución terminó. Ya nada justificaría el bloqueo del país. ¿Y si el objetivo de este largo período electoral –hasta el 11 de marzo de 2012, fecha de la elección del Senado– fuera, precisamente, dar vuelta la página de la revolución?

Una población castigada

Más de la mitad de los seiscientos mil habitantes de Suez se concentran en el barrio más pobre: Arbaeen. Allí surgió la revolución, allí hunde sus raíces y tiene su semillero de combatientes. Rutas de arena, destartalados puestos de “souk” (mercados), casas insalubres, sin terminar o en ruinas. La basura se amontona. Los cortes de agua –no potable– son frecuentes. La fuerte demografía sube el precio de los alquileres. La ausencia de servicios públicos torna la vida muy dura. En esta zona relegada, el desempleo afecta indiscutiblemente a alrededor de un tercio de la población. Las empresas del canal consideran insumisa a la gente del lugar: prefieren a los trabajadores del Sur, del Delta o del exterior, que representan cerca del 40% de la población de Suez.
Emad Ernest, realizador de documentales (4) sobre las ciudades del canal, denuncia: “La cuestión del agua sintetiza todos los males que padecen las poblaciones de Suez. Esto evidencia cómo los amigos del hijo de Mubarak [Gamal] expulsan a la gente para implantar nuevas industrias: los habitantes de los barrios periféricos son inundados por los reflujos de las aguas utilizadas en la rica estación balnearia de Ain Sokhna, los pescadores son víctimas de las actividades portuarias y la creciente contaminación del mar Rojo, y los campesinos de los pueblos circundantes enfrentan el desecamiento de los canales de irrigación.” Así castigó el partido único a este pueblo rebelde que nunca lo votó.
La corrupción es aquí omnipresente, al igual que en otros lugares: gracias a ella se obtiene una licencia de conducir, un diploma, un trabajo. Pero el principal desencadenante de la revuelta es la persecución policial. Alí, estudiante de mecánica de 20 años, fue seis veces a la cárcel en cuatro años: “Nunca supe por qué. Tenía demasiado miedo como para hacer política. ¡Pero los policías me detenían en la cornisa, en una cafetería, en cualquier lado! Aunque llevaba mi documento de identidad. Me parece que a los policías les pagaban según la cantidad de personas que arrestaban.” Persecución, o método eficaz para acelerar la formación de rebeldes…
El golfo de Suez es uno de los centros industriales más importantes de Egipto, con el 79% de la producción petrolera, petroquímica y de industrias pesadas, junto a actividades navales y portuarias, empresas de cemento y textiles que se extienden a lo largo de 75 kilómetros entre el mar Rojo y el desierto. El canal representa la tercera fuente de divisas del país, después del turismo y el dinero que envían los emigrantes. Esta renta, en fuerte aumento, batió un récord en 2011: 4500 millones de dólares. ¿Pero, en beneficio de quién?

Descontento laboral
Durante todo el año 2011, huelgas sin precedentes desde 1946 sacudieron a Egipto. Pero todo comenzó hace siete años en el sector textil, en Mahallah el-Koubra (5). El movimiento del 6 de abril de 2008 dio un nuevo impulso a la protesta (6). Nada que deba asombrar: las privatizaciones, la liberalización del mercado laboral, la precarización, acarrearon una brutal disminución del poder obrero en un contexto de inflación creciente (7).
Cuando el magnate de la siderurgia Ahmed Ezz decidió despedir a cuatro mil personas, a fines de 2010, para contratar una mano de obra asiática más barata, Suez se sublevó. Este representante, que pertenece al partido del presidente Hosni Mubarak y es amigo íntimo de su familia, será por lo demás uno de los primeros encarcelados tras su derrocamiento. El 8 de febrero estalló la huelga en el puerto, organizada desde la compañía administradora del canal. El 19 de febrero, nuevos sindicatos independientes firmaron una declaración común (8).
Saoud Omar, directivo de la Compañía y candidato independiente a las elecciones, coordinó este movimiento inédito junto a la organización sindical surgida en El Cairo. Omar explica: “Los salarios oscilaban entre 100 y 4000 euros por mes y las primas entre 0,13 y 10.000 euros” (el salario mínimo en Suez es inferior a los 100 euros). Pero las reivindicaciones tienen que ver también con el derecho de huelga, los accidentes de trabajo, las renacionalizaciones, la exigencia de salarios mínimo y máximo. Febrero, abril, julio: “En cada oportunidad, la administración promete aumentos y mejores condiciones de trabajo, pero no pasa nada. Y los obreros vuelven a movilizarse. Igual que en los discursos de Mubarak sobre el tema: ‘¡Ya los entendí, pero me quedo!’” Paros, sentadas, piquetes rotativos: los modos de acción varían. La represión, no…
El gobierno vota dos leyes: la de marzo amenaza con mandar a la cárcel a todos los huelguistas; la de junio autoriza la huelga pero “sin cese de actividad”. Con todo, el movimiento es lo bastante fuerte en Suez como para que nadie sea encarcelado ni despedido. A fines de julio, los obreros, apoyados por los revolucionarios, consiguieron una restructuración de la planilla de salarios, 40% de aumento y una mejora de las primas (9).
Es cierto que el movimiento se extendió como mancha de aceite a otros sectores. Debe sus victorias tanto a la implantación local de una organización sindical independiente, como a la importancia de las empresas indispensables para la actividad –estratégica– del canal. Sin embargo, los obreros nunca intentaron bloquearlo. ¿Por miedo al ejército que lo protege? Wahid El-Sirgani, timonel de los navíos que conectan Suez y Port-Said, enfatiza que el canal es “como nuestros propios ojos”. Los obreros exigen sus derechos, pero se consideran garantes del interés nacional.
Otra conquista de la revolución, obviamente menos cuantificable fue la recuperación de las libertades: de expresión y de organización, de desplazamiento pero, además, el derecho para los vendedores ambulantes a comerciar sin tener que pagar “favores” prohibitivos. Vencida el 28 de enero de 2011, la policía desapareció y ya nadie parece temer que lo detengan, pese al control de la Seguridad del Estado: “Ella puede volver”, insiste el candidato liberal Talaat Khalil, al día siguiente del arresto de setenta islamistas…
No obstante, los problemas continúan: precios altos, desempleo en alza y ausencia de salida laboral para los jóvenes, incluso para los diplomados. Mohamed, de 20 años, estudiante de comercio, ya no aguanta más: “La revolución terminó. Ahora quiero un trabajo, una casa, poder casarme y recibir un trato digno, no tener que limpiar un negocio para ganarme la vida.”
El pasado lunes 28 de noviembre, el animador de televisión Medhat Eissa, candidato del Partido de la Justicia (de centro) y allegado a Mohamed El-Baradei, el ex director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), llegó en tromba a la cornisa. Está furioso: unos empleados del canal que interceptaron una carga de gas lacrimógeno estadounidense –el mismo que habría provocado la muerte de varios manifestantes en la plaza Tahrir en noviembre– fueron detenidos. Al difundirse la noticia, se organizaron manifestaciones en el puerto. Eissa comenta: “En febrero, el ejército nos decía: ‘¡Levanta la cabeza, eres egipcio!’. Hoy nos dice: ‘¡Levanta la cabeza y te disparo!’. Conseguimos apenas el 10% de lo que reclamábamos. Esta revolución es un proceso que nos tomará cinco años, si no diez! No nos vamos a detener mientras el régimen permanezca.”
La cuestión del juicio a los oficiales responsables de la muerte de tantos jóvenes está en el centro de la movilización. “Ningún mando acusado de asesinatos fue juzgado. Peor aún: la mayoría habrían sido reintegrados a sus funciones. Para la justicia, estuvieron en una situación de legítima defensa: la revolución no concierne al derecho. Y sea como sea, este no es retroactivo…”, afirma el portavoz de las familias en duelo, Amin Dashour. Pero todas las familias se negaron a aceptar las compensaciones ofrecidas, y la rabia retumba. Algunas podrían hacer justicia por mano propia si nada cambia…
“La revolución se alimenta de los mártires que vuelven a movilizar al pueblo”, estima un abogado próximo a los Hermanos Musulmanes. ¿Acaso no desencadenó la liberación de policías acusados de haber matado a manifestantes en Suez, el 20 de junio de 2011, la segunda ola revolucionaria? Y en el mes de julio, la lucha por el reconocimiento de los mártires coincidió con la nueva ocupación de la plaza Tahrir y el auge de las luchas sindicales
Si bien parecen cada vez mejor coordinados, desde el El Cairo hasta Suez, pasando por Alejandría, los revolucionarios no son mayoría. “Las revoluciones siempre fueron llevadas a cabo por las minorías”, replica Mohamed Mahmoud, de 33 años, miembro del Movimiento del 6 de abril y del Partido de la Justicia. “Veinte millones de egipcios salieron a la calle, pero setenta millones se quedaron en sus casas.” ¿El CSFA? “¡Cuando vuelva la calma, caerá! Nosotros enfrentamos a Mubarak y ganamos. Enfrentamos al primer ministro y ganamos. Cada vez que enfrentamos al Consejo Militar, lo hacemos retroceder. Un día lo derrocaremos.” Después de las elecciones, el Parlamento, de mayoría islamista, no tendrá más legitimidad que la calle para hablar en nombre del pueblo. “Los ‘Hermanos’ no habrían podido presentarse sin Tahrir: su legitimidad viene de la revolución. Y están divididos entre los jóvenes activistas y el aparato, la Hermandad y el partido. El pueblo irá de nuevo a la plaza si se siente traicionado.” Acá los activistas no tienen miedo de nada. Su optimismo y sentido táctico parecen temibles. En Suez, la revolución continúa.

1. Claudine Piaton (bajo la dir. de), Suez, histoire et architecture, Instituto francés de arqueología orinetal (IFAO, por su sigla en inglés), El Cairo, 2011.
2. Denominación de los contrarrevolucionarios, partidarios del poder militar y generalmente emanados del partido del ex presidente Hosni Mubarak.
3. Gilles Kepel, “Les groupes islamistes en Egypte. Flux et reflux, 1981-1986”, Politique étrangère, N° 2, 1986, pp. 429-446.
4. Karasy Geld (“Sillones de cuero”), película de Emad Ernest, 2011, entre otras.
5. Marie Dubosc, “La contestation sociale en Egypte depuis 2004. Précarisation et mobilisation locale des ouvriers de l’industrie textile”, Revue Tiers-Monde, hors-série N° 2, París, abril de 2011.
6. Véase Raphaël Kempf, “Racines ouvrières du soulèvement égyptien”, Le Monde diplomatique, París, mayo de 2011 y Alain Gresh, “La revolución egipcia da sus primeros pasos”, Le Monde diplomatique, edición cono sur, julio de 2011.
7. Françoise Clément, “Le nouveau marché du travail, les conflits sociaux et la pauvreté”, en Vincent Battesti y François Ireton (bajo la dir. de), L’Egypte au présent, Sindbad - Actes Sud, Arles, 2011.
8. “#Jan25 Egyptian independent trade unionists’ declaration”, www.arabawy.org, 21-2-11.
9. Joël Beinin, “What have workers gained from Egypt’s revolution?”, Foreign Policy, Washington, 20-7-11.
* Periodista (enviado especial).
  Traducción: Patricia Minarrieta

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