sábado, 25 de septiembre de 2010

Declaracion de la Juventud a la ONU y al Mundo

Promulgada por la Alianza Internacional de la Juventud
Conferencia Mundial de la Juventud
León, México – 26 de agosto de 2010

Nosotros – los jóvenes de todo el mundo – celebramos el hecho de que, como seres humanos, somos creados a imagen y semejaza de Dios y, por lo tanto, gozamos de dignidad humana inherente.

Creemos que la juventud es «la escultora que esculpe toda la vida» y, como tal, es quizás el período más crítico en el desarrollo de la persona humana.

Dado que somos el futuro de la familia humana, velamos por el bien común y por la renovación positiva de la sociedad. Procuramos el continuo florecimiento saludable de la familia humana. Por la presente, adoptamos los siguientes principios que son primordiales para los jóvenes y para toda la familia humana.

  1. Los jóvenes son seres relacionales formados en la familia. Somos hijos de padres y miembros de una familia. Somos personas relacionales, no individuos autónomos. Coincidimos firmemente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en que la familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a ser protegida por la sociedad y por el Estado.
  2. Los padres son los principales educadores de los jóvenes. El acceso a la educación es crucial para nuestra formación y nuestro éxito a largo plazo. Coincidimos firmemente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en que los padres tienen el derecho preferente a la educación de sus hijos. Los padres tienen el derecho, el deber y la responsabilidad primordial de educarnos, y debe asegurárseles la debida asistencia, a fin de posibilitar la educación moral, religiosa, intelectual, práctica y física de los jóvenes.
  3. Los derechos de los jóvenes están basados en sus capacidades en desarrollo. El período de la juventud comprende una fase crítica de desarrollo, durante la cual nuestro derecho a tomar decisiones por nosotros mismos evoluciona conforme a nuestra madurez, y, según la Convención sobre los Derechos del Niño, debe estar equilibrado con los derechos y deberes de los padres.1
  4. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. Muchos miembros de las últimas dos generaciones nacieron en sociedades que no amparan el derecho a la vida antes del nacimiento, y nos consideramos sobrevivientes en virtud de haber nacido. Sólo si se restablece la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, podrá haber verdadera justicia y paz en la sociedad.2
  5. Los jóvenes son partícipes del desarrollo y del empleo. Como somos la clave del futuro, debemos estar en el centro del desarrollo. La juventud es el tiempo para discernir los talentos que pueden ser empleados durante el resto de la vida.
  6. Debe respetarse una interpretación adecuada de la sexualidad y de las relaciones saludables. En el encuentro y el aprendizaje sobre nuestra sexualidad natural, debe inculcársenos el sentido de responsabilidad y respeto por nosotros mismos. La expresión plena y adecuada de la sexualidad puede realizarse sólo mediante el compromiso desinteresado, absoluto y para toda la vida que se encuentra arraigado en la institución natural del matrimonio entre un hombre y una mujer.
  7. Hombre y mujer están fundados en la naturaleza. Las personas jóvenes, como todos los miembros de la familia humana, son creadas varón y mujer. Si bien hombres y mujeres son plenamente iguales, cada uno posee características únicas en relación con su sexo, las cuales son complementarias. Ratificamos los acuerdos internacionales que afirman que el género no es una construcción social y se refiere a los dos sexos, masculino y femenino.3
  8. La juventud debe ser protegida de todo delito de explotación. Todas las personas humanas, y muy especialmente los jóvenes, deben ser protegidas de la explotación en todas sus formas. Particularmente, debemos ser resguardados de la explotación y el tráfico de personas para trabajos forzados, del mercado del sexo, de la esclavitud y de la participación en conflictos militares (en otras palabras, los niños soldados).
1Cf. Convención sobre los Derechos del Niño, Artículo 5
2Cf. Convención sobre los Derechos del Niño,
Preámbulo y Artículo 6.
3Cf. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 7 (3): «"género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino».

http://www.c-fam.org/youth/lid.4/default.asp

jueves, 23 de septiembre de 2010

FRANCIA-RUANDA, EL PRECIO DE UNA RECONCILIACIÓN

Geopolítica a la sombra de la justicia

El presidente ruandés Paul Kagamé, reelecto el 9 de agosto último sobre un fondo de violencias y atentados contra la libertad, endureció su régimen. En ese contexto, la llamativa reconciliación con Francia de febrero pasado, abre nuevos interrogantes.


por Benoît Francès
Periodista.
Traducción: Patricia Minarrieta


 “Queremos que los responsables del genocidio sean encontrados y castigados. No hay ninguna ambigüedad”, declaró el presidente Nicolas Sarkozy el 25 de febrero pasado en su visita a Kigali, la primera de un jefe de Estado francés desde 1994. ¿Favorecerá este anuncio el fin de la impunidad en Francia? “En 15 años, la fiscalía nunca inició ningún proceso. Sin nuestra intervención, ningún expediente estaría en el escritorio de un juez”, protesta Alain Gauthier, presidente del Colectivo de las Partes Civiles para Ruanda (CPCR). Para él no hay ninguna duda: fue por falta de voluntad política que los sospechosos ruandeses que residen en Francia lograron escapar de todo proceso judicial. E insiste: “Los frenos políticos eran evidentes: tanto la derecha como la izquierda, que cohabitaban en el momento del genocidio, tenían interés en que no pasara nada con esos casos”. Sin embargo, la rimbombante reconciliación entre Francia y Ruanda está lejos de eliminar todos los obstáculos.
Ambos países rompieron relaciones a fines de 2006, cuando las órdenes de arresto emitidas por el juez de instrucción francés Jean-Louis Bruguière contra algunos allegados a Paul Kagamé, jefe de Estado ruandés, causaron indignación en Kigali. El magistrado sospechaba la implicación de Kagamé en el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión en el que viajaba el entonces presidente ruándes Juvenal Habyarimana; ahora bien, este acontecimiento es considerado el desencadenante del genocidio…
Después de tres años de desavenencias, el acercamiento parece rápido, aunque no cuenta con un apoyo unánime (1). Es obra, en gran medida, del ministro de Relaciones Exteriores francés Bernard Kouchner, quien conoció a Kagamé –por entonces jefe de las fuerzas rebeldes– en el marco de una misión humanitaria en la época del genocidio. Francia debe recuperar su credibilidad en una región estratégicamente importante, donde no puede hacerse nada sin la “pequeña” Ruanda, de influencia determinante en la vecina República Democrática del Congo (RDC), dotada de enormes riquezas mineras. Por otro lado, al igual que Sarkozy, Kagamé se declara aliado incondicional de Estados Unidos.

Intercambio de favores

Durante la visita del presidente francés a Kigali, su homólogo ruandés –que desde su ascenso al poder no había dejado de exigir enérgicamente excusas por parte de Francia– mostró un perfil bajo: “Más allá de la comprensión e investigación de lo que sucedió, es tiempo de construir una nueva relación, una nueva sociedad basada en la comprensión y en una gestión correcta de la verdad –declaró–. Nos negamos a ser rehenes del pasado. Los errores se han reconocido y discutido. Y a medida que vamos enfrentándonos a esta realidad, lo esencial es mirar hacia el futuro”. Sarkozy, por su parte, concedió por primera vez ciertos “errores políticos” de Francia con respecto a Ruanda, sin entrar en detalles.
El intercambio de favores parece claro: por un lado, oídos sordos a los alegatos relacionados con el papel de Francia en el genocidio; por el otro, avances en los expedientes de ruandeses refugiados en Francia y neutralización de la investigación de Bruguière.
Ya en noviembre de 2008, el arresto “negociado” de Rose Kabuye, directora de Protocolo de Kagamé, blanco de una de las órdenes de Bruguière, permitió que Kigali tuviera acceso a las piezas del expediente. A partir de ese momento, varios testigos-clave se retractaron y el traductor del juez Bruguière fue identificado como ex agente del servicio de información ruandés y cuñado de Félicien Kabuga –uno de los prófugos más buscados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)–. El juez Marc Trevidic, sucesor de Bruguière, prosiguió la instrucción sobre unas bases en principio menos favorables al régimen genocida.
Aunque Sarkozy se haya esmerado en recordar que él “se atiene a la independencia de la justicia”, las señales de cierto oportunismo judicial se multiplican. La detención, días después de la visita de Sarkozy a Ruanda, de Agathe Kanziga, viuda del ex presidente Habyarimana, es uno de ellos. Difícil no establecer una relación: en efecto, si bien desde principios de 2008 está abierto un pedido de información judicial, a raíz de una denuncia del CPCR y del rechazo de su (tardía) solicitud de asilo (2), la sospechosa vivía en París, sin ocultarse. En 1994 militares franceses la repatriaron a Ruanda en la operación Amaryllis (3).
En consonancia con estas nupcias diplomáticas se anunció, a principios de enero pasado, la creación del área “genocidio y crímenes de lesa humanidad” en el Tribunal de Primera Instancia de París. Teniendo en cuenta el número de denuncias en suspenso relacionadas con el genocidio de 1994, esta decisión evidentemente favoreció un acercamiento con Ruanda. En el Ministerio de Relaciones Exteriores se alude a una trivial “racionalización” administrativa: “Felizmente no hay genocidios todos los días, y sucede que este asunto sería más bien de la incumbencia de los ruandeses”. No obstante, Gauthier permanece escéptico: “Nosotros esperamos hechos”. El CPCR, que impulsó unos quince expedientes, presentó su primera denuncia en 1995… El contraste con Bélgica es impactante. La ex potencia colonial llevó adelante cuatro procesos criminales relacionados con el genocidio. En esto trabaja a tiempo completo el área de investigación especializada que permitió la resolución de estos expedientes, validando la pertinencia de tal estructura en Francia.
Pero la jueza francesa Fabienne Pous, especialmente dedicada a este tipo de asuntos, permanece alerta: “¿Con qué medios contará [el área especializada]? ¿Cómo estará organizada? No tenemos idea de eso, y esperamos que no se trate de un golpe de efecto” (4). La miseria ya se hace sentir crudamente: “No hay fax individual, no hay asistente especializado, la digitalización de los documentos es limitada…”. Sin embargo, poco antes del anuncio de la reconciliación diplomática, Pous finalmente logró visitar Ruanda con su colega Michèle Ganascia. Fue la primera vez desde el genocidio, ya que Bruguière nunca se había trasladado personalmente. Para comprender a Ruanda se requerirían importantes recursos, realizar audiencias con decenas de testigos… ¿Cómo encarar procesos confiables a término? “Vista la dificultad de la justicia para lograr un mínimo de competencia –puede pensarse en Bélgica– ¿qué va a pasar con los franceses que no tienen los recursos para su autonomía? ¡Se van a dejar engañar!”, dice preocupado André Guichaoua (5), especialista de la región de los Grandes Lagos y experto ante el TPIR, aludiendo a los falsos testimonios que ensuciaron procedimientos similares en Canadá o en Suiza.

¿Competencia universal o realpolitik?

En relación a los crímenes cometidos en Ruanda, una ley le permite a Francia ejercer una “competencia universal” (6). Pero Kouchner y Michèle Alliot-Marie aclaran que la creación del área “genocidio y crímenes de lesa humanidad” no apunta a implementar una práctica de ese tipo (7). Según Patrick Baudouin, presidente honorario de la Federación Internacional de las ligas de Derechos Humanos (FIDH), estas incoherencias confirman “la impresión de que París trata de restablecer relaciones con Kigali más que de hacer justicia”. Francia nunca modificó su legislación para hacer aplicables los tratados internacionales que firmó y que prevén la competencia universal, salvo respecto a la Convención Internacional contra la Tortura de 1984 (8). Los dos únicos procesos que han sido realizados en nombre de este procedimiento (el de un oficial mauritano en 2005 y el de un funcionario tunecino en 2009) se hicieron de hecho en base a esta convención.
La adopción por el Parlamento, el 13 de julio pasado, de un proyecto de ley que adapta el derecho francés al Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) –que ordena a los Estados sancionar los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio donde sea que se hayan cometido y cualquiera sea la nacionalidad de sus autores– confirma estas reticencias frente a la justicia internacional. Efectivamente, esta ley volverá casi imposibles los procesamientos: el sospechoso deberá tener su “residencia habitual” en Francia y la fiscalía tendrá el monopolio de los procesos. Algunos colectivos de víctimas, como el CPCR, serán así apartados. Pero ya hemos visto la timidez de las autoridades judiciales en lo referente a Ruanda… “O bien estamos a favor de la competencia universal y la aplicamos a todos, más allá de Ruanda y de Kosovo. O bien estamos a favor de la Realpolitik y de la ley del más fuerte”, sintetiza Baudouin.

La cobardía de las autoridades

La justicia ya tiene bastante retraso en lo relativo al genocidio de 1994. “Dejamos escapar ciertos asuntos”, confiesa el diputado socialista Paul Quilès (9), quien coordinó la misión de investigación parlamentaria sobre el papel de Francia en Ruanda en 1998. Según Gauthier, “hubo cambios frecuentes de juez de instrucción que obligaban a volver a empezar de cero”. Hay un caso que resume la impericia de la justicia y la cobardía de las autoridades: el de Wenceslas Munyeshyaka, sacerdote cooperador y capellán de los Scouts de Francia en Gisors desde 2001.
Este ex cura de la parroquia de la Sagrada Familia de Kigali es objeto de una denuncia desde 1995; pero el TPIR tuvo que emitir una orden de arresto internacional contra él, en 2007, para que finalmente se lo pusiera bajo vigilancia judicial. El TPIR fue declarado incompetente sobre el expediente (junto al de Laurent Bucyibaruta, ex prefecto de Gikongoro), por considerar que Francia tenía la competencia y los medios para juzgar a ambos hombres. Casi diez años antes, en 1998, el Tribunal Supremo había llegado a las mismas conclusiones, sin resultado… En 2004, a instancias de una de las querellantes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por la lentitud del procedimiento. Antes de Pous y Ganascia, en 2010, el expediente había pasado por las manos de tres jueces de instrucción…
También es paradigmático el caso de Augustin Ngirabatware, ex ministro del Plan de gobierno interino ruandés de 1994. Tras instalarse en Gabón, consiguió que el Servicio de inmunidades y fueros del Quai d’Orsay le expidiera, en 1998, una tarjeta especial que vale como permiso de residencia en Francia. El TPIR emitió una orden de arresto contra él en agosto de 1999. Pero el día previsto para su detención en París, Ngirabatware abandonó su domicilio, con destino a Libreville… Al ser requeridas por el TPIR, las autoridades gabonesas lo dejaron escapar. Recién fue detenido en 2007, en Frankfurt, y luego transferido al TPIR de Arusha (Tanzania), donde su proceso aún está en curso. Según Guichaoua, el apoyo con que ha contado el sospechoso se explica por el temor de que salgan a luz las vinculaciones con algunas personalidades extranjeras, “no los vínculos profesionales, sino los explícitamente políticos y, en ciertos casos, de negocios” (10). Y añaden que ciertos expedientes, como el del abad Munyeshyaka –según él, magro– ocultarían otros más consistentes…
¿Llegará finalmente a concluirse en Francia algún proceso? El que involucra a Pascal Simbikangwa, ex jefe de los servicios de información, arrestado en Mayotte en 2008 (¡por tráfico de documentos falsos!), estaría desarrollándose normalmente. Además, Francia se comprometió ante el TPIR a llevar a los tribunales a Munyeshyaka y a Bucyibaruta. Estos casos están en suspenso, entre otras cosas porque los jueces franceses tienen grandes dificultades para utilizar la información proporcionada por el TPIR, cuyas normas y procedimientos son diferentes. Pero el verdadero problema radica en que el papel de Francia en Ruanda en 1994 sigue siendo muy controvertido. Gauthier destaca, por ejemplo, que Bucyibaruta “era el prefecto de Gikongoro, donde había tropas de la operación militar-humanitaria ‘Turquesa’. Su procesamiento no podría dejar de incluir la investigación sobre su papel”. Cualquier proceso podría entonces conducir al análisis indirecto de la política francesa de esa época (11).

1 Véase por ejemplo la reacción de la asociación Franco-Turquesa (www.france-turquoise.fr).
2 La Oficina francesa de protección de los refugiados y apátridas (Ofpra) dice tener “serias razones” para pensar que Kanziga estuvo implicada en crímenes de lesa humanidad.
3 Como buen número de dignatarios del régimen extremista hutu. Véase el informe de la misión de información dirigida por el diputado Paul Quilès, Asamblea Nacional, N° 1.271, París, 15-12-1998.
4 Agence France-Presse (AFP), 18-1-10.
5 Autor de Rwanda, de la guerre au génocide, La Découverte, París, 2010.
6 Ley del 22 de mayo de 1996 que adapta la legislación francesa a la Resolución Nº 955 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que creó el TPIR.
7 Le Monde, París, 6-1-10.
8 Incluido en el artículo 689-2 del Código procesal penal. El artículo 689 de este mismo código prevé también una competencia universal en variadas y selectivas temáticas como: terrorismo, tráfico nuclear, piratería, venta de armas, extorsión. Basada en esto, el 26 de enero pasado la Corte de Apelaciones de París volvió a poner en marcha la investigación por crímenes cometidos en Camboya entre 1975 y 1979.
9 “Le Débat”, France 24, 25-2-10.
10 André Guichaoua, Op. Cit.
11 Véase André-Michel Essoungou, “Francia-Ruanda, guerra en torno a un genocidio”, Informe Dipló, 26 de enero de 2009 (www.eldiplo.org).

Informe Dipló –  15-09-10

URGENCIAS SOCIALES, OBSESIÓN SECURITARIA

Arrebato represivo en Francia

“Restringir las libertades no nos ha conducido por caminos más seguros”, afirmaba en mayo pasado Nicholas Clegg, el vice-primer ministro liberal-demócrata británico. Se trate de los romaníes o de los suburbios, los dirigentes franceses están persuadidos de lo contrario, aunque la opción represiva contiene los gérmenes de su propio fracaso.


por Laurent Bonelli
De la redacción de Le Monde diplomatique, París.
Traducción: Florencia Giménez Zapiola


Déjà vu. Es la triste sensación que deja la secuencia iniciada en julio pasado en Grenoble y Saint-Aignan (departamentos franceses de Isère y de Loira y Cher, respectivamente). Unos jóvenes murieron al intentar escapar de las fuerzas del orden y de la violencia generalizada que estalló en el lugar donde vivían. El gobierno anunció su firmeza en la lucha contra la delincuencia y la puesta en marcha de un nuevo plan de acción. Los sondeos confirmaron la pertinencia del plan pero algunos representantes de la oposición, intelectuales y asociaciones de defensa de las libertades fundamentales protestaron contra la exageración de las medidas proyectadas.
Los lugares y los actores han cambiado pero desde hace aproximadamente treinta años la trama sigue siendo asombrosamente parecida. ¿No se hizo nada entonces? El ministro del Interior, Brice Hortefeux, explica: “La lucha por la seguridad derriba todos los clivajes tradicionales. Hay quienes conocen las realidades y actúan (y quienes las niegan para no cambiar nada). Nosotros tenemos el coraje de las palabras, la obstinación de la acción y la obligación de los resultados” (1). Rara vez el voluntarismo se expresa con tanta fuerza como sobre este tema. Veamos si no: entre 2002 y 2010 se votaron no menos de trece leyes específicas; más de cuarenta modificaron el código procesal penal y más de treinta, el código penal. Y hoy el gobierno francés y algunos miembros de la Unión para el Movimiento Popular (UMP) proponen castigar penalmente a los padres de los menores delincuentes reincidentes, despojar de la nacionalidad a algunos criminales, desmantelar trescientos campamentos ilegales de romaníes antes del mes de octubre e incluso sancionar a las municipalidades que “no cumplan con su obligación de velar por la seguridad”.
¿Por qué esta obsesión securitaria? Algunos esgrimen que el resurgimiento del debate sobre la seguridad probablemente apunta a hacer olvidar los efectos sociales de la crisis económica, las múltiples repercusiones del “affaire Woerth” o el impopular proyecto de reforma de los jubilados. La explicación sigue siendo insuficiente. Desde fines de los años 1990 en Francia –pero también en Gran Bretaña o en Bélgica– la “inseguridad” adquirió el estatus de categoría política con todas las de la ley, con el mismo título que “la economía” o “lo social”, en el seno de las cuales se encontraba inmersa desde hacía mucho tiempo. Incluso se independizó y se impuso como una de las maneras predominantes de hablar de la realidad cotidiana de los ambientes populares. Así Sarkozy explicaba, en un discurso del 18 de marzo de 2009, que “la inseguridad es la primera de las desigualdades, la peor de las injusticias: golpea con toda su fuerza a los más débiles, los más precarios, los que no tienen los medios para instalarse en los barrios lindos”. En boca de un presidente que se distinguió desde su asunción por la implementación de un escudo fiscal que protege a los ricos del tormento de la redistribución por el impuesto, esas palabras resultan significativas.
Pero la idea ahora forma parte del sentido político común, incluso dentro de la izquierda. En el Partido Socialista (PS) la delincuencia, que fue percibida durante mucho tiempo como una consecuencia de las desigualdades sociales, es ahora aprehendida como uno de sus principales fundamentos. “Los ambientes populares no discuten que haya causas profundas para la delincuencia: el habitat precario, las condiciones de vida precarias, la falta de trabajo y la discriminación. (…) Pero saben que la acción sobre estas causas lleva tiempo y que ellos no pueden esperar” (2), explica el ex primer ministro francés Lionel Jospin.

Desigualdad social y delincuencia

Esta disyunción entre la “inseguridad” y las cuestiones sociales y económicas es crucial para comprender el debate actual. En efecto, desde el momento en que el trabajo sobre los orígenes de la delincuencia se remite a un futuro indefinido, sólo resta hacer de la responsabilidad individual del delincuente (incluso de la de sus padres) el principal eje de intervención pública. Una filosofía liberal como esa, que percibe la sociedad como una yuxtaposición de actores racionales, libres e iguales que actúan en función de un cálculo costo/beneficio, impregna tanto las declaraciones de Eric Ciotti –secretario Nacional de la UMP encargado de la seguridad–, cuando declara que “la mejor de las prevenciones es en principio el temor de la sanción” (3), como las de Julien Dray –diputado socialista de Essonne– quien el 16 de julio de 2002 explicaba en la tribuna de la Asamblea Nacional: “No se elige el lugar de nacimiento, pero se elige su vida, y se elige volverse delincuente”. Ahora bien, aislar al individuo de esta manera impide entender el sistema de relaciones dentro del cual sus actos, incluyendo los descarriados, adquieren sentido.
Hortefeux se comprometió “a hacerle la guerra al tráfico y a las bandas de delincuentes”. Ahora bien, ¿sobre qué reposan la economía ilegal y las agrupaciones de “tribus urbanas”? La primera prospera sobre un fondo de pobreza y de vulnerabilidad social. El bizness cambia de forma según los barrios y la coyuntura; mezcla trabajo en negro, intercambios gratuitos de bienes contra servicios, reventa de droga, robo, recepción de mercaderías. Esta economía informal, utilizada por los miembros de la sociedad “legal” (quienes se procuran allí sustancias ilícitas o productos de consumo) (4), ofrece, por supuesto, recursos a los jóvenes a quienes emplea. Pero también representa una manera de escapar a la desafiliación y a la indignidad características de una precariedad propia de las masas que golpea a las fracciones más excluidas de las clases populares.
Sucede lo mismo con las “bandas” que, aunque con frecuencia son volátiles, constituyen para algunos “jóvenes a perpetuidad” (sin posibilidades de acceder a un empleo estable, a la autonomía respecto de sus padres, y a formar una familia) una alternativa creíble frente al rechazo que soportan en los ámbitos profesionales y escolares, así como una posibilidad de ganar respeto (5).
Esta doble dimensión económica y simbólica explica el fastidio que domina entre los policías cuando se los interroga sobre la posibilidad de terminar con esos fenómenos. A las tradicionales quejas contra los jueces que sueltan a los delincuentes tan pronto como son arrestados, se agregan además expresiones como “pozo sin fondo” o “trabajo de Sísifo”. Sin embargo, a la institución judicial –cuyas sanciones, según muchos magistrados, son más severas y más precoces que en el pasado–, le cuesta disuadir a los individuos que le son confiados de la delincuencia menor.

Militarización de las intervenciones policiales

Los hechos son testarudos y los ensordecedores discursos sobre la responsabilidad individual ya no pueden ocultar la influencia de las formas contemporáneas de organización de los ambientes populares, resultado de treinta años de crisis social y económica.
Sin embargo, no se trata de un simple fracaso de la opción policial y judicial que permitiría un retorno al statu quo ante. Cada movimiento de uno de los actores interviene sobre el comportamiento de los otros e influye sobre sus próximos movimientos. Por más que Sarkozy, proclame en un discurso del 18 de marzo de 2009: “Algunos atribuyen la violencia a la intervención de la policía en las ciudades. Pero, en fin, ¡es el mundo al revés!”, las estrategias policiales empleadas participan del problema que pretenden combatir.
A pesar de estar conminados a actuar contra los desórdenes sociales y la delincuencia juvenil que atraen la atención política, la mayoría de los altos responsables policiales se han puesto de acuerdo: sólo una policía que mantenga una presencia visible y continua sobre el terreno está en condiciones de jugar un papel útil. Una policía capaz de identificar a los alborotadores potenciales y que puede recurrir a toda una gama de acciones (de la amenaza a la represión, pasando por diferentes tipos de amonestaciones y de reprimendas) por ser considerada legítima para hacerlo. Es el espíritu del community policing, tal como se puede observar en Chicago, Gran Bretaña u Holanda, y que fue adaptada en Francia con la reforma de la policía de proximidad (1998-2003) y después, más tímidamente, a partir de 2008, con las unidades territoriales de barrio (UTEQ, por la sigla en francés de Unité Territoriale de Quartier), rebautizadas recientemente como brigadas especializadas de terreno (BST, por la sigla en francés de Brigades Spécialisées de Terrain).
Pero aquí también se asiste a un retorno de la restricción económica. La organización de la policía no se hace independientemente de la orientación general del gobierno. Y, en un contexto de reducción drástica del crédito público y del número de funcionarios, es difícil promover un modo de acción ávido de personal. Así, la reforma de 1998 fue abandonada sobre todo por una cuestión de medios y las BST, por su parte, corren el riesgo de terminar en lo mismo. Incluso si contara con efectivos constantes –que no es el caso, ya que 8.000 puestos debieron ser suprimidos del presupuesto entre 2009 y 2014– no se ve cómo podrían sustraerse efectivos de las comisarías para afectarlos a las patrullas pedestres.
El eje se desplazó entonces hacia las unidades de intervención, como las brigadas anticriminalidad (BAC), que tienen un radio de acción más amplio: dos equipos de BAC en auto alcanzan para cubrir las veinte manzanas de una circunscripción de policía, mientras que, teóricamente, hacen falta tres patrullas a pie por manzana. Es decir, en un momento dado, seis hombres contra sesenta… Estas unidades, que son muy eficaces para dispersar una riña o constatar un delito flagrante encuentran, sin embargo, grandes dificultades para regular las pequeñas indisciplinas juveniles. En efecto, a menudo deben efectuar una represión sin delito previo, un control sin infracción; la repetición de estos hechos aumenta la desconfianza de los grupos a los que se dirigen. Desconfianza que se manifiesta especialmente a través del aumento de los desmanes, incluso de rebeliones, que se han prácticamente duplicado en diez años (6). A las aglomeraciones sistemáticas en el momento de los controles (para “meter presión”), incluso al hecho de “apedrear” autos patrulleros, responden con inútiles y repetidas verificaciones de identidad, intimidaciones, humillaciones, incluso golpes.
Ante la falta de efectivos policiales, la dureza de estas relaciones no parece poder encontrar salida más que en la apuesta tecnológica. Ese es el objeto de la dotación de esas unidades con flash-balls, luego con tasers (7), cuyo empleo radicaliza todavía más las tensiones. Se ingresa aquí en una dinámica de escalada, en la cual la “militarización” de la intervención policial eleva el umbral de violencia, como quedó de manifiesto en 2007 con las revueltas de Villiers-le-Bel o, en menor medida, las de Grenoble.

Cuando la violencia genera violencia

En esas condiciones, los discursos securitarios llevan el germen de su propio fracaso, puesto que pretenden hacer desaparecer comportamientos sobre los cuales sólo tienen una influencia secundaria. La única salida es la apuesta verbal y legislativa, pero ésta se expone a la crítica de una oposición que puede comparar sin ninguna dificultad lo proclamado con los resultados. Es así que algunos dirigentes del PS –entre ellos la Primera Secretaria Martine Aubry–, ahora juzgan necesario volver sobre el tema de la defensa de las libertades públicas (en el debate sobre la detención preventiva, por ejemplo) y toman distancia respecto de figuras más “securitarias” del partido como Manuel Valls (8).
Sin embargo, por necesarios que sean, el reequilibrio entre policía “de proximidad” y de intervención, así como el freno a la celeridad penal, no bastarán para resolver las tensiones y los conflictos reales que atraviesan los ambientes populares, ni tampoco para disciplinar sus fracciones más descontroladas.
Los mecanismos disciplinarios de la sociedad industrial sólo pudieron funcionar porque estaban estrechamente insertos en la vida cotidiana de los individuos, en el trabajo, el barrio, la escuela, la vivienda, la iglesia, el partido o el sindicato. Eran el resultado de una multitud de vínculos, creencias, obligaciones, y su legitimidad dependía estrechamente de las contrapartidas que les procuraba a aquellos sobre los cuales se ejercía (9). Ahora bien, en la actualidad muchos jóvenes escapan a la contención del trabajo, y no se ven las contrapartidas aportadas por las penas mínimas, el despliegue de patrullas de policía –aunque fueran “de proximidad”– o las leyes antibandas.
Por el contrario, estas medidas aparecen como un endurecimiento disciplinario con un único sentido, sin compensación. Percibidas como vejatorias o discriminatorias, tienen todas las chances de ser rechazadas, como atestiguan las explosiones esporádicas de violencia general que se propagan a veces en la actualidad (de Vaulx-en-Velin a Clichy-sous-Bois, de Mantes-la-Jolie a Grenoble) o, más cotidianamente, la aspereza de las relaciones con las instituciones y los servicios públicos.
Aunque el gran bandolerismo es sin dudas un asunto de policía y de justicia, es quizás tiempo de terminar con la separación artificial instaurada entre la delincuencia menor y la cuestión social, de volver a vincularlas. Y de recordar que la única forma de gobernar a través de la inseguridad que funcionó de modo duradero fue la invención del purgatorio por los curas católicos del siglo XII (10). La introducción de un espacio de negociación entre el infierno y el paraíso contribuyó, en efecto, a asentar el poder temporal de la Iglesia en Occidente. Pero el riesgo de ser desmentido por los hechos era poco posible respecto a lo que hoy puede suceder en materia de lucha contra la delincuencia.

1 Le Monde, París, 23-8-10.
2 Lionel Jospin, Le monde comme je le vois, Gallimard, París, 2005, p. 249.
3 Le Figaro, París, 10-8-10.
4 Alessandro Dal Lago y Emilio Quadrelli, La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini, Feltrinelli, Milán, 2003.
5 Gérard Mauger, Les bandes, le milieu et la bohème populaire. Etudes de sociologie de la déviance des jeunes des clases populaires (1795-2005), Belin, París, 2006.
6 Pasaron de 32.938 en 1998 a 57.903 en 2008. Véase Aspects de la criminalité et de la délinquance constatée en France, La Documentation française, París.
7 Arma que tira balas de goma al principio e inflige después una descarga eléctrica de 50.000 voltios por segundo.
8 Véase especialmente el texto de Jean-Jacques Urvoas, diputado del Finistère y Secretario Nacional del PS encargado de la seguridad, De la sécurité de l’Etat à la protection des citoyens, Fondation Jean-Jaurès, París, 2010.
9 La France a peur. Une histoire sociale de l’“insécurité”, La Découverte, París, 2010 (nueva edición revisada y aumentada).
10 Jacques Le Goff, La naissance du Purgatoire, Gallimard, París, 1991.

Informe Dipló –  15-09-10

LOS TRES MITOS DE LA ERA DIGITAL

El caso Wikileaks

Wikileaks, una fuente de información digital donde se publican documentos secretos, suscita el debate sobre el papel del periodismo en la actualidad. Su sistema se contrapone a la información “libre” pero poco confiable que aseguran sitios como YouTube, Facebook o Twitter y rompe con ciertos mitos clásicos de la era digital.


por Christian Christensen
Profesor asociado en el Departamento de Informática y Medios en la Universidad de Uppsala, Suecia.

Traducción: Cristina Sardoy



La difusión de los “Diarios de la Guerra Afgana” en Wikileaks (http://wikileaks.org/wiki/Afghan_War_Diary,_2004-2010), con notas publicadas en The Guardian (www.guardian.co.uk/world/the-war-logs), The New York Times (www.nytimes.com/interactive/world/war-logs.html) y Der Spiegel (www.spiegel.de/international/world/0,1518,708314,00.html), gracias a un acuerdo con Wikileaks, fue noticia en el mundo entero. Le Monde diplomatique, conjuntamente con Owni y Slate.fr, también ofreció los documentos online a través de un sitio de Internet especial (http://app.owni.fr/warlogs/). Las consecuencias en materia de seguridad de la filtración de este material se discutirán durante años. Mientras tanto, la publicación de más de 90.000 documentos ha generado un debate sobre el poder creciente del periodismo digital (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_journalism) y de los medios sociales. Muchas de las discusiones están arraigadas en lo que denomino mitos digitales o de Internet; mitos arraigados, a su vez, en nociones deterministas y románticas de la tecnología.

Mito 1: El poder de los medios sociales

A los comentaristas y los expertos en medios se les suele preguntar qué significa el caso Wikileaks respecto del poder de los medios sociales en la sociedad contemporánea, especialmente en la cobertura de una guerra (www.huffingtonpost.com/phil-bronstein/the-wikileaks-incident-ho_b_527788.html). La pregunta no tiene nada de malo, pero ilustra una tendencia problemática que ubica todas las formas de medios sociales (blogs, Twitter, Facebook, YouTube, Wikileaks) bajo un mismo paraguas enorme. El mito es que los medios sociales son homogéneos en virtud de sus tecnologías. Pero Wikileaks no se parece en nada a Twitter o YouTube. Lo que lo separa de otras formas de medios sociales es el proceso de revisión por el que debe pasar el material presentado para ser subido al sitio (www.thelocal.de/society/20100730-28855.html). Esto podría parecer un detalle, pero da justo en el centro de las nociones “tecno-utópicas” de un “espacio común abierto” donde cada uno y cualquiera puede postear (casi) todo para que lo lean, escuchen y vean todos.
El verdadero poder de Wikileaks no reside tanto en la tecnología (ayuda, pero hay millones de otros sitios en Internet dando vueltas) como en la confianza de los lectores en la autenticidad de lo que leen; ellos creen que quienes trabajan en Wikileaks avalan la veracidad del material. Hay literalmente centenares de videos de Irak y Afganistán en YouTube que muestran a las fuerzas de coalición participando en actos de agresión cuestionables y en algunos casos obviamente ilícitos (www.youtube.com/watch?v=LoFq9jYB2wo). Sin embargo, ninguno de esos clips tuvo un impacto como el del único video subido por Wikileaks (www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0) donde se muestra a un montón de civiles (y dos periodistas de Reuters) abatidos por artillería aérea de alta potencia en un suburbio de Bagdad. ¿Por qué? Porque si bien la apertura total puede ser atractiva en teoría, la información sólo es valiosa en la medida en que es confiable, y Wikileaks tiene montada una estructura de revisión organizativa que Twitter, Facebook, YouTube y la mayoría de los blogs (por razones obvias) no. No todos los medios sociales son creados de la misma manera y por lo tanto su poder dista de ser igual.

Mito 2: El Estado-nación agoniza

Si hay algo que nos enseñó el caso Wikileaks es que el Estado-nación con toda seguridad no está en decadencia. Buena parte del discurso que rodea a Internet y, en particular, a los medios sociales, gira en torno de la premisa de que actualmente vivimos en una sociedad digital sin fronteras.
La noción de un Estado-nación en decadencia ha tenido mucha repercusión en ciertos ámbitos del mundo académico en los últimos años, pero los hechos de las últimas semanas deberían hacernos reflexionar. Quienes están a cargo de Wikileaks entienden claramente el papel vital del Estado-nación, sobre todo en lo que se refiere a la ley. A pesar de la afirmación de Jay Rosen, especialista en medios de la Universidad de Nueva York (http://journalism.nyu.edu/pubzone/weblogs/pressthink/2010/07/26/wikileaks_afghan.html), de que se trata de “la primera organización de noticias mundial sin Estado”, Wikileaks tiene un fuerte vínculo territorial.
Wikileaks está semi-oficialmente radicado en Suecia y cuenta con toda la protección ofrecida a los denunciantes y las garantías relativas al anonimato de las fuentes conforme al derecho sueco (www.euractiv.com/en/infosociety/sweden-gives-legal-shelter-controversial-wikileaks-site-news-426138). Tal como informó The New Yorker en junio de 2010 (www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian), Wikileaks está conectado a un ISP (Proveedor de Servicio de Internet) sueco llamado PRQ (http://prq.se/?intl=1). El material presentado a Wikileaks primero pasa por PRQ y luego por servidores ubicados en Bélgica. ¿Por qué Bélgica?, se pueden preguntar. Porque Bélgica tiene la segunda legislación más fuerte en materia de protección de fuentes. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, eligió Islandia como ubicación para decodificar la filmación aérea en video de las matanzas en Bagdad. Islandia sancionó recientemente la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (http://www.immi.is/?l=en), concebida para que el país sea un refugio global para los denunciantes, el periodismo de investigación y la libertad de expresión.
Además de Wikileaks, otros acontecimientos recuerdan la importancia de los Estados y las leyes en el fluido mundo digital: las recientes decisiones de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita de instigar el bloqueo de la función de mensajes en los dispositivos BlackBerry (www.bbc.co.uk/news/technology-10866417), o el bloqueo aparentemente infinito de YouTube Turquía (www.csmonitor.com/From-the-news-wires/2010/0627/Internet-censorship-alive-and-well-in-Turkey-YouTube-some-Google-sites-blocked). Si bien es cierto que la estructura de Wikileaks está montada para eludir las leyes de determinados países (mediante la tecnología digital), también hace uso de las leyes de otros países. Wikileaks no ignora la ley; simplemente traslada todo el juego a lugares donde las normas son distintas.

Mito 3: El periodismo está muerto (o casi)

Los informes de la muerte del periodismo han sido muy exagerados (parafraseando a Mark Twain). El caso Wikileaks expresa el poder de la tecnología para hacernos repensar qué significa para nosotros “periodismo” a comienzos del siglo XXI. Pero también consolida el lugar del periodismo convencional dentro de la cultura contemporánea. Wikileaks decidió entregar los documentos afganos a The Guardian, The New York Times y Der Spiegel semanas antes de que fueran publicados online, –fuentes de medios convencionales y no a publicaciones “alternativas” (presumiblemente afines) como The Nation, Z Magazine o IndyMedia–. La razón es seguramente que las tres fuentes convencionales de noticias son las que establecen la agenda informativa internacional. Pocas fuentes (dejando de lado empresas de radio y televisión como la BBC o CNN) tienen tanta influencia como The New York Times y The Guardian; y el hecho de ser publicados en inglés les da mayor visibilidad. La gente de Wikileaks supo darse cuenta de que cualquier publicación de los documentos online sin un contacto previo con fuentes de noticias importantes generaría una precipitación caótica de artículos en el mundo entero.
De este modo, la atención se volvió directamente a los tres diarios en cuestión, donde un gran número de documentos ya había sido analizado y resumido. Y el papel de Wikileaks no se perdió en la avalancha de información. En la tesis de la muerte del periodismo (como en la de la muerte del Estado-nación), se confunde cambio con eliminación. La publicación de los Diarios Afganos muestra que el periodismo convencional todavía mantiene una buena cuota de poder, pero la naturaleza de ese poder cambió (respecto de 20 o 30 años atrás). Un ejemplo es el relato que hizo el editor ejecutivo Bill Keller del contacto entre el personal editorial de The New York Times y la Casa Blanca luego de la publicación de los documentos: “A pesar de condenar fuertemente a WikiLeaks por publicar estos documentos, la Casa Blanca no sugirió que The Times no debía escribir al respecto. Al contrario, en nuestras discusiones previas a la publicación de nuestros artículos, funcionarios de la Casa Blanca cuestionaron algunas de las conclusiones que habíamos extraído del material pero nos agradecieron por manejar los documentos con cuidado y nos pidieron que instáramos a WikiLeaks a retener información que pudiera costar vidas. Nosotros transmitimos ese mensaje” (www.nytimes.com/2010/07/26/world/26askthetimes.html?ex=1295755200&en=f5e76af6999f3d76&ei=5087&WT.mc_id=NYT-E-I-NYT-E-AT-0728-L5).
Se trata de una declaración sorprendente por parte del editor ejecutivo del diario más respetado de Estados Unidos. Por dos razones. La descripción del encuentro muestra orgullo por el elogio de la Casa Blanca, enfrentada con las ideas tradicionales de la prensa como contralor de los que están en el poder. Segundo, el papel de The New York Times como intermediario entre el gobierno estadounidense y Wikileaks ilustra una interesante dinámica nueva de poder en la noticia y la información en Estados Unidos.
En el centro del mito de la muerte del periodismo (y del mito del papel de los medios sociales) se encuentra la suposición de una relación causal entre el acceso a la información y el cambio democrático. La idea de que el mero acceso a la información en bruto lleva de hecho al cambio (radical o de otro modo) es una noción tan romántica como la de que el mero acceso a la tecnología puede hacer lo mismo. La información, como la tecnología, solamente es útil si están presentes el conocimiento y las capacidades necesarias para activar dicha información. Wikileaks eligió sus tres diarios no porque representaran necesariamente almas gemelas ideológicas para Julian Assange y sus colegas, sino porque estaban profesional, organizativa y económicamente preparados para la tarea de decodificar y distribuir el material aportado.
En un mundo digital que se redefine constantemente como no-jerárquico, sin fronteras y fluido, Wikileaks nos recordó que la estructura, las fronteras, las leyes y la reputación todavía importan.

Informe Dipló –   24-08-10

LA ODA PAPAL A LA “BUENA” ECONOMÍA

Crítica de la encíclica Caritas in Veritate

A pesar de ser santo patrón de los banqueros y los contadores, el apóstol Mateo condenaba el dinero: “Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a Mammón al mismo tiempo” (Mateo 6, 24). Hoy, Benedicto XVI proclama el alineamiento de la Iglesia católica a la economía de mercado.


por Serge Latouche
Profesor emérito de Economía en la Universidad de Orsay (París), objetor de crecimiento. Autor, entre otros, del libro Le Temps de la décroissance (con Didier Harpagès), Thierry Magnier, París, 2010.

Traducción: Mariana Saúl


El uso de la “política del oxímoron” por parte de los gobiernos de los países occidentales se ha vuelto sistemático (1). El oxímoron, figura retórica que consiste en yuxtaponer dos nociones contrarias, permite a los poetas hacer sentir lo indecible y expresar lo inexpresable; en boca de los tecnócratas, sirve más que nada para hacer pasar gato por liebre. La burocracia vaticana no escapa a la regla; incluso puede decirse que es ella quien la inauguró. En efecto, la Iglesia tiene una larga práctica en antinomias, desde los herejes quemados vivos por amor hasta las cruzadas y demás “guerras santas”. Benedicto XVI, con la encíclica Caritas in veritate (“El amor en la verdad”) firmada el 29 de junio de 2009, nos ofrece un nuevo ejemplo a propósito de la economía (2).
Para algunos religiosos (Alex Zanotelli, Achille Rossi, Luigi Ciotti, Raimon Panikkar, sin olvidar a los defensores la sulfúrea Teología de la Liberación), tanto como para Iván Illich o Jacques Ellul, la sociedad de crecimiento resulta condenable por su perversidad intrínseca, y no debido a eventuales desviaciones. Sin embargo, la doctrina del Vaticano no toma ese camino. Ni el capitalismo, ni la ganancia, ni la globalización, ni la explotación de la naturaleza, ni las exportaciones de capitales, ni las finanzas, ni por supuesto el crecimiento o el desarrollo son condenados en sí mismos; sus “desbordes” son los únicos culpables.
Lo que impresiona es la predominancia de la doxa económica por sobre la doxa evangélica. La economía, invento moderno por excelencia, es planteada como una esencia que no puede cuestionarse. “La esfera económica no es éticamente neutra, ni por naturaleza inhumana o antisocial” (p. 57). De allí se desprende que puede ser buena, al igual que todo lo que implica. Así, la mercantilización del trabajo no es denunciada ni condenada. Se nos recuerda que Pablo VI enseñaba que “todo trabajador es un creador” (p. 65). ¿Eso se cumple para la cajera del supermercado? La afirmación suena (¿por casualidad?) como el humor involuntario y siniestro de Stalin, que decía: “Con el socialismo, hasta el trabajo se hace más liviano”.
La encíclica da cuenta de un asombroso desarrollismo. La palabra “desarrollo” aparece 258 veces en 127 pequeñas páginas; un promedio de dos veces por página. Es cierto que se trata de un desarrollismo humanista: desarrollo “de cada persona”, “personal”, “humano” y “humano integral”, “verdaderamente humano”, “auténtico”, “de todo hombre y de todos los hombres” e incluso “un auténtico desarrollo humano integral” (p. 110). Se lo asimila al bienestar social, a “la solución adecuada para los graves problemas socioeconómicos que afligen a la humanidad” (p. 7).
Este entusiasmo no ha escapado a los partidarios del Papa, que extraen de él un argumento a su favor. “El ‘desarrollo humano integral’ es el concepto fundamental de toda encíclica, utilizado al menos 22 veces para ampliar el concepto tradicional de ‘dignidad humana’”, señala la académica británica Margaret Archer, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales (3).

La vanagloriada deslocalización

Se observa incluso la fetichización/sacralización de esa noción: “Si el hombre […] no tuviera una naturaleza destinada a trascender, […] podría hablarse de aumento o evolución, y no de desarrollo”. El desarrollo de los pueblos es considerado una “vocación”. “El Evangelio –se nos dice– constituye un elemento fundamental del desarrollo”, porque revela al hombre en sí mismo. Por supuesto, con la precaución de Pablo VI, de quien se recuerda su encíclica Populorum progressio de 1967: “Los pueblos del hambre hoy interpelan dramáticamente a los pueblos de la opulencia” (p. 24), un guiño del Papa a la famosa fórmula de su predecesor: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.
Contrariamente a la desafortunada expresión de Pablo VI, sin embargo, el desarrollo no es el nuevo nombre de la paz, sino el de la guerra: guerra por el petróleo o por los recursos naturales en vías de desaparición. Desde el principio, el crecimiento y el desarrollo fueron emprendimientos agresivos: guerra contra la naturaleza, guerra contra la economía de subsistencia y contra lo que Iván Illich llama “lo vernáculo”. Mucho antes de que el presidente Eisenhower denunciara el complejo militar-industrial, la industria de la guerra se había convertido en industria del desarrollo forzado, y viceversa: los tractores reemplazaban a los tanques, los pesticidas a los gases de combate y los fertilizantes químicos a los explosivos. En el sentido inverso, el camino del decrecimiento volvía a ubicar la paz y la justicia en el centro de la sociedad. Pero ello implica una des-creencia: abolir la fe en la economía, renunciar al ritual del consumo y al culto del dinero. No para caer otra vez en la ilusión de una sociedad cuyo mal ha sido definitivamente erradicado, sino para construir una sociedad en tensión, que enfrente sus imperfecciones y sus contradicciones procurándose al mismo tiempo un horizonte de bien común en lugar de alentar el desencadenamiento de la avidez.
Pero no sólo el Papa no eligió este camino, sino que además una pequeña frase parece apuntar directamente a los “objetores de crecimiento”: “La idea de un mundo sin desarrollo expresa una falta de fe en el hombre y en Dios” (p. 20). Se dan por ciertos todos los tópicos del desarrollismo: “El desarrollo ha sido y sigue siendo un factor positivo que sacó de la miseria a miles de millones de personas y que, finalmente, dio a numerosos países la posibilidad de convertirse en actores eficaces de la política internacional” (p. 30). Una afirmación superficial que posiblemente tomó de su “experto”, el economista Stefano Zamagni. Este último declaró en una entrevista a la revista Un Mondo possibile: “Aún teniendo en cuenta el crecimiento de la población, puede decirse que el porcentaje de pobres absolutos pasó del 62% en 1978 al 29% en 1998” (4). No queda claro de dónde sacó esas cifras. Si bien es cierto que, efectivamente, los informes del Banco Mundial hablan de una baja en el porcentaje estadístico de la pobreza absoluta (lo cual, de todas maneras, no quiere decir gran cosa) debido al efecto mecánico del crecimiento chino, se trata de una diferencia muy modesta, y no de ese descenso tan espectacular, ideal para alimentar las fantasías de los desarrollistas impenitentes. Zamagni debería recordar el “teorema” de Trilussa: cuando se pasa de una producción de dos pollos para dos habitantes, donde cada uno de los cuales produce uno, a cuatro producidos por uno solo, el promedio pasa de uno a dos, pero la mitad de la población se ve empobrecida.
Con caridad cristiana, habría sido más interesante recordar que en septiembre de 2008 el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, anunció que el número de personas hambrientas crónicas había pasado de 848 millones para el período 2003-2005 a 923 millones a fines de 2007. O incluso evocar las paradojas despertadas por la New Economics Foundation: desde hace algunos años, esta organización no gubernamental (ONG) británica establece un “índice de la felicidad” (“Happy Planet Index”) que invierte tanto el orden clásico del Producto Nacional Bruto per cápita como el del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Para Benedicto XVI la globalización aparece como algo bueno, así como el librecambio. Se acerca a posiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo ex director, Michel Camdessus, fue asesor de Juan Pablo II. En un libro intitulado Nuestra fe en este siglo, firmado en coautoría con Michel Albert y Jean Boissonnat, Camdessus ve en la globalización “el advenimiento de un mundo unificado y más fraternal”. Nuestros expertos cristianos incluso afirman: “La globalización es una forma laica de cristianización del mundo” (5).
Para ellos, la globalización sería “el motor principal para salir del subdesarrollo” (p. 50). Por eso “no hay razón para negar que cierto capital puede hacer el bien, si se lo invierte en el exterior antes que en la economía nacional” (p. 64). ¡La vanagloriada deslocalización! “Tampoco hay motivo para negar que las deslocalizaciones, cuando incluyen inversiones y formación, pueden ayudar a las poblaciones del país receptor” (p. 64).
Conforme a la doctrina de la OMC, se condena el proteccionismo de los ricos, que hasta sería el culpable de impedir que los países pobres exporten sus productos y accedan a las bondades del desarrollo; en pocas palabras, sería la causa de su pobreza. “La ayuda principal que necesitan los países en vías de desarrollo es que se permita y se favorezca la progresiva inserción de sus productos en los mercados internacionales, para posibilitar su plena participación en la vida económica internacional” (p. 98).
Ni una palabra sobre la injusticia o la inmoralidad del librecambio impuesto a los países pobres; alcanza con ayudarlos a adaptarse: “Por supuesto, es necesario ayudar a estos países a mejorar sus productos y a adaptarlos a la demanda” (p. 98). Incluso el turismo “puede constituir un notable factor de desarrollo económico y de crecimiento cultural” (p. 102). ¿Hay que interpretar que –siempre que no sea sexual– el turismo organizado es la prolongación de las peregrinaciones de San Pablo y los apóstoles?

“Ética” en todos los niveles

Gracias a la confusión generada por la ideología dominante entre “mercados” y “mercado”, es decir entre el intercambio tradicional y la lógica de la omni-mercantilización, la economía del mismo nombre tampoco es condenada: “La sociedad no debe protegerse del mercado como si el desarrollo de este último implicara ipso facto la muerte de las relaciones auténticamente humanas”.
En cuanto a la destrucción del medio ambiente, el problema es en efecto mencionado, pero se lo evacúa con rapidez. Se apela in fine a una “gobernanza responsable respecto de la naturaleza para conservarla, aprovecharla y cultivarla también de formas nuevas y con tecnologías avanzadas, de tal suerte que pueda albergar dignamente y alimentar a la población que la habita” (p. 84). A la gracia de Dios y de la técnica: es un poco fácil.
Los desastres de la economía capitalista no justifican condena alguna para sus agentes. Responsables, sin duda; pero no culpables si es que el beneficio fue extraído “por un buen motivo”. Como con la tortura inquisitorial, la solución de la cuadratura del círculo entre la lógica económica y la ética cristiana radica sin duda en el “¡Que se haga sin odio!” de los manuales de los grandes inquisidores; sin odio e incluso con amor. La economización del mundo puede llevarse a cabo, pues, bajo el signo de la caridad: es la gran reconciliación entre Dios y Mammón.
La fábula de los intereses bien entendidos que favorece la maniobra aparece, por supuesto, minuciosamente detallada. “Hay una convergencia entre la ciencia económica y los valores morales. Los costos humanos también son siempre costos económicos” (p. 48). ¡Salvados! Se puede servir a dos amos. Y después todo debe bañarse en el agua bendita de los buenos sentimientos; el buonismo que Italia, influenciada por el poder temporal de la papidad, convirtió en especialidad propia. “La economía, en la práctica, necesita de la ética para funcionar correctamente” (p. 75). ¡Qué felicidad! Se lanza entonces un vigoroso llamado a la “responsabilidad social” de la empresa.
Y como ello puede no alcanzar, se introduce como refuerzo la cálida lógica del don y el perdón en las heladas aguas del cálculo económico (p. 5): “El principio de la gratuidad y la lógica del don como expresión de la fraternidad pueden y deben hallar lugar en el propio interior de la actividad económica normal” (p. 58). El sector sin fines de lucro, el tercer sector, la economía civil, se mencionan y se exaltan. “Es esta misma pluralidad de las formas institucionales de empresa la que engendrará un mercado a la vez civil y competitivo” (p. 78): siempre el mito de la buena acción/buen negocio. Como si la competencia promovida por Bruselas no hubiera ya logrado, al contrario, desmantelar lo que quedaba de la economía social y mutualista, así como una gran parte del sector público.
Al final, la condena de las injusticias y la inmoralidad de la economía mundial actual es más escasa que la del G20 de Londres o la del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que denunció los “excesos” de las finanzas y del neoliberalismo y apeló a una moralización del capitalismo… O incluso la del presidente estadounidense Barack Obama, que fustigó la obscenidad de los bonos y las superganancias de los bancos. Habrá que creer que tenía razón el gran inquisidor de Dostoievski, en Los hermanos Karamazov, cuando le decía a Cristo: “Vete y no vuelvas…”

1 Bertrand Méheust, La Politique de l’oxymore, La Découverte, París, 2009.
2 Todas las citas de la encíclica se refieren a la edición italiana: Benedicto XVI, Caritas in Veritate, Librería Editora Vaticana, Roma, 2009. La traducción es nuestra.
3 Margaret Archer, “L’enciclica di Benedetto provoca la teoria sociale”, Vita e Pensiero, N° 5, Milán, septiembre-octubre de 2009.
4 “Caritas in veritate e nuovo ordine economico”, Un Mondo possibile, Treviso, N° 22, septiembre de 2009, pág. 6.
5 Michel Albert, Jean Boissonnat y Michel Camdessus, Nuestra fe en este siglo, Desafío, Santiago, 2004.

Informe Dipló –   24-08-10

CUANDO LAS TECNOLOGÍAS VERDES EMPUJAN AL CONSUMO

El descubrimiento del “efecto rebote” 

En junio pasado, el Consejo de Innovación Energética estadounidense –un think tank creado por Bill Gates y Jeff Immelt, dueño de General Electric– solicitó al presidente Obama triplicar los gastos de investigación en energías limpias para no darle ventaja a China. Pero estas energías no siempre generan los efectos esperados en el medio ambiente…


por Cédric Gossart
Profesor de Telecom École de Management (Evry).
Traducción: Patricia Minarrieta


Su proveedor de agua le propone adoptar un comportamiento ecológico y pasar a la facturación electrónica, argumentando que así se ahorrará papel. Y como al hacerlo la empresa reducirá sus gastos, le ofrecerá tarifas más atractivas. ¡Así la ecología se uniría a la economía para mayor beneficio de todos! Pero en los hechos… ¿no lo incitarán esos precios más bajos a regar el césped o a tomar varios baños por semana? ¿Sigue entonces siendo tan ecológico? Los economistas denominan a esta paradoja “efecto rebote”. Decir que ella ensombrece las perspectivas de la economía “verde” es quedarse corto.
En Francia, 35.000.000 de contadores eléctricos viejos serán reemplazados próximamente por contadores “inteligentes”. En Lyon, una de las zonas de prueba de esta operación, los proveedores de electricidad instalarán en las casas de sus clientes –con su permiso– unas cajas con un dispositivo que les permitirá controlar el consumo a distancia, con un margen de error de un segundo, con la esperanza de que esta vigilancia motive una reducción del monto de la factura (1). Los ahorros para el proveedor –ya no hacen falta técnicos para controlar los contadores–, deberían traer además un descenso de los precios. ¡Es el fin de las disputas en torno al radiador porque los friolentos han subido disimuladamente el termostato del salón!
¿Pero en qué se utilizará el ahorro producido? Algunos estudios no publicados de los servicios de investigación de EDF (Electricité de France) demuestran que, cuando las tarifas bajan, los hogares modestos tienden a aumentar la temperatura de su vivienda. Los hogares ricos no se quedan a la zaga, con la frenética renovación del equipamiento de punta. Cuando un bien o un servicio baja su precio se tiende, sin pensarlo, a consumir una mayor cantidad del mismo. Y, más allá de la temperatura considerada suficientemente confortable, el excedente financiero se destinará a la adquisición de otros bienes de consumo (pantalla de plasma, viaje en avión, teléfono “inteligente”, etc.) cuyo balance de carbono será, por otra parte, probablemente aún menos favorable para el medio ambiente. Al final, el beneficio ecológico de la tecnología se encoge como piel de zapa –o pasa incluso, en algunos casos, a ser negativo– mediante un ajuste de los comportamientos individuales que, sin embargo, constituyen el blanco principal de las campañas oficiales de comunicación acerca del “desarrollo sustentable” que elevan al pináculo la imagen del “consumidor responsable”.
En este laborioso inicio del siglo XXI, industriales y gobernantes ven en la tecnología el milagroso catalizador capaz de poner en marcha un nuevo ciclo de crecimiento, de crear empleos, de reabsorber los déficits, de reducir las desigualdades y, por supuesto, de recuperar los ecosistemas naturales. En todas las estrategias planificadas para que el mejoramiento de la calidad de vida ya no esté atado a la explotación de los “servicios naturales” –energía, materias primas, procesamiento de residuos… (2)–, las nuevas tecnologías juegan un papel determinante. La informática, en particular, ofrecería una herramienta esencial para “enfrentar el desafío climático”, mediante la reducción del consumo de energía (3).
Gracias a las tecnologías verdes de la información y la comunicación (en español TIC verdes, en inglés green IT), así como a la permanente reducción de los costos de los productos electrónicos, los “productores responsables” ponen en el mercado teléfonos y computadoras “verdes”, que contienen plástico reciclado, bambú, etc. Algunos llegan incluso a financiar talleres con las normas europeas para el tratamiento de los residuos electrónicos, en países que los importan más o menos legalmente (4). Por el lado de los distribuidores, comprar aparatos usados a fin de reciclarlos para que sean comprados de nuevo es una práctica corriente. Así, cada uno puede disponer de un teléfono en cada bolsillo, de un televisor en cada habitación, de una computadora portátil en cada rodilla, y hasta “de música en todos los pisos” (Le Monde Magazine, 30-4-10). Pero la máxima sofisticación siguen siendo los funerales virtuales, alabados por la prensa por su “ecologismo”, porque es evidente, parece, que “permiten evitar un derroche de recursos naturales” (Le Monde, 17-4-10) –al menos en este caso particular, el efecto rebote no cuenta–. Por otra parte, su consideración podría perfectamente reducir los milagros de estas “tecnologías verdes” al estatus de quimeras.

Consecuencias paradójicas

Los economistas distinguen tres tipos de efectos rebote. El primero, denominado “directo”, es el más intuitivo: cuando se reduce la intensidad en energía de un servicio, su costo baja; el ahorro así realizado permite, por consiguiente, consumir más de ese mismo servicio. El ejemplo clásico es el del automovilista que reemplaza su viejo automóvil por un modelo más eficaz y aprovecha el ahorro en combustible para conducirlo más seguido y más lejos (5). Otro caso típico es el de la calefacción.
En Francia, el sector residencial y terciario va a la cabeza en el consumo de energía (43% del total, delante de los transportes y la industria): dos tercios de éste son imputables a la calefacción. Paradoja: por un lado, gracias a los trabajos de administración de la energía, a las reglamentaciones térmicas, etc., el consumo medio para calefaccionar un metro cuadrado pasó de 365 a 215 kilovatios/hora (kWh) entre 1973 y 2005; por el otro, el consumo de energía debido a la calefacción aumentó en un 20% desde 1970. ¿Un efecto rebote habría absorbido parte de las ganancias? Todo conduce a pensarlo. Entre 1986 y 2003, a pesar de las políticas de economía energética, la temperatura media de las viviendas francesas pasó de 19ºC a 21ºC (cada grado suplementario aumenta el consumo de energía en un 10%). Para mucha gente, mejorar el confort implica sobrecalefacción y sobreconsumo, incluso para los encargados de los edificios, a quienes a veces se les va la mano con el termostato de la calefacción colectiva. Según la Agencia del Medio Ambiente y del Manejo de la Energía (Ademe), un departamento ocupado no tendría que superar una temperatura media de 19ºC. Por encima de eso, el sentimiento de confort puede tener efectos nefastos sobre la salud (erupciones cutáneas, sudores, hiperventilación).
En Estados Unidos se produce el mismo escenario. Según el informe anual 2010 de la agencia estadounidense de la energía, el consumo energético y las emisiones de CO2 por dólar de Producto Interno Bruto (PIB) disminuyeron más del 80% desde 1980. Esto no impidió que el consumo total de energía y las emisiones de CO2 del país aumentaran en un 25% y en un 165% en el mismo período, respectivamente (6). De manera que los beneficios de una campaña pública de sensibilización para la sobriedad energética se anularon.
Algunas políticas son directamente cuestionadas cuando aparece un efecto rebote. Este es el caso de las normas de rendimiento energético, que favorecen el surgimiento de innovaciones tecnológicas (7). En efecto, se registran temperaturas tendencialmente más altas en las viviendas más nuevas que en las construcciones antiguas. Gracias a las técnicas para mejorar el aislamiento y la ventilación, mantener la temperatura de las habitaciones de una vivienda en un piso más alto ya no plantea problemas. De ahí que una política orientada a reducir el consumo de energía haya provocado el efecto contrario.
Se utilizaron varios métodos para medir el efecto rebote. Por ejemplo, la elasticidad precio: si el consumo en kWh aumenta un 2% luego de una reducción de las tarifas de la energía del 10%, el efecto rebote es del 20% (8). En el sector del transporte, se mide el aumento del consumo de combustible ocasionado por una mayor eficacia de los vehículos. En ese caso, la innovación tecnológica reduce el costo del transporte por kilómetro, lo cual tiende a alargar las distancias recorridas y a aumentar el consumo global de combustible (de un 20% a un 30% en Estados Unidos, según una estimación).
En el Reino Unido, un estudio evaluó el efecto rebote de las políticas de ahorro energético implementadas entre los años 2000 y 2010 en cerca del 30% (9). Es decir que las ganancias en eficacia energética producidas por esas políticas no pueden considerarse rentables a menos que logren superar ese índice del 30%.

Desperdiciar menos para equiparse mejor

El segundo tipo de efecto rebote es indirecto. Contrariamente al caso anterior, el consumidor estima haber alcanzado un nivel satisfactorio de consumo del servicio cuyo precio ha bajado. Pero gastará el dinero ahorrado de otra manera, lo cual conduce a aumentar los flujos materiales en la sociedad. Por ejemplo, una familia podría invertir la diferencia obtenida al aislar las ventanas en la compra de una consola de juego o de un nuevo televisor. ¿Habrá que ver en ello un efecto de la recomendación paradójica de adoptar un comportamiento “ecológicamente responsable” y, simultáneamente, dotarse del último artefacto de moda? ¡El mismo correo que prescribe al cliente, por una preocupación ecológica, adoptar la facturación por internet, le recuerda cuántos puntos tiene para cambiar “gratuitamente” de teléfono móvil!
El confort ya presupone un sobreequipamiento en artefactos eléctricos energívoros y contaminantes. Los artefactos eléctricos, descontando los de calefacción, representan el 20% del consumo de energía. A través de un efecto rebote indirecto, el ahorro efectuado en calefacción puede trasladarse al consumo de los productos de entretenimiento (equipamiento hi-fi, televisión…), que saltó de 18 kWh por vivienda en 1973 a 321 kWh, 25 años después (10).
La difusión del equipamiento electrónico conduce a un tercer tipo de efecto rebote, susceptible, esta vez, de modificar la estructura misma de las sociedades humanas. Cuando la eficacia para explotar un recurso aumenta, su costo disminuye, favoreciendo las actividades socioeconómicas que lo utilizan intensivamente. Estas últimas atraen entonces capitales financieros y colaboradores de alto rendimiento, fortaleciendo su posición hasta dominar a la competencia. En consecuencia, la economía entera se vuelca hacia ese recurso que se abarató.
El petróleo constituye una ilustración perfecta de este encadenamiento, si se considera el impacto de su explotación y producción sobre las sociedades mecanizadas, industrializadas, urbanas y motorizadas. De la misma manera, nuestra capacidad exponencial de transportar y almacenar un byte de información está en vías de transformar profundamente la sociedad. Como en el caso del automóvil, puede hacerse difícil para los individuos desprenderse de la “civilización de los hidrocarburos” a la que estamos, en sentido literal, pegados (11).
Aunque estos fenómenos no son nuevos, siguen siendo difíciles de aprehender, ya que obligan a concebir, para cada técnica empleada, el conjunto de las consecuencias estructurales que su empleo masivo puede generar.
En el libro La cuestión del carbón, el economista inglés William Stanley Jevons compartía en 1865 sus temores en relación al agotamiento, hacia fines del siglo XX, de esa fuente de energía vital para el poderío de su país. Es cierto que el carbón no desaparecerá tan rápido como él lo pronosticó, pero el argumento teórico de la “paradoja de Jevons” conserva su solidez: cuanto más eficazmente utilizamos el carbón, más consumimos.
En efecto, si necesitamos menos carbón para producir una tonelada de fundición en bruto, las ganancias de la industria siderúrgica aumentan. Lo cual incita a los industriales a aumentar sus volúmenes de producción y disminuir sus costos, provocando así un incremento del consumo de carbón y de las ganancias obtenidas. En consecuencia, crecen los dividendos y –en teoría– los salarios, así como el consumo neto de los trabajadores y los accionistas. Entonces, todo descenso del costo de la energía completa el “reservorio de demandas no satisfechas”; y un tiempo de trabajo suplementario tomado del descanso asegura el aumento del presupuesto necesario para satisfacer esas demandas (12). El consumo del recurso más eficazmente utilizado disminuye… pero para rebotar mejor.
Al igual que los combustibles energéticos, las tecnologías de la información son hoy indispensables en todos los sectores económicos. Como el automóvil, ellas transforman las sociedades, favorecen innovaciones más rápidas, aumentan las economías de escala (13). Gracias a ellas, un mayor número de productores se encuentran capacitados para innovar y … la obsolescencia de los bienes y servicios se acelera. Lejos de alargar la vida útil de los aparatos y la capacidad de repararlos, el ciclo vital de estos productos se acorta, provocando un aumento de la necesidad de materias primas para fabricarlos.
Existen otras causas de efecto rebote: consumimos un bien o un servicio porque procura un nivel más elevado de confort o rendimiento, pero también porque hace ganar tiempo (14); y éste puede tener importantes repercusiones al difundirse masivamente en la sociedad. Por ejemplo, los medios de transporte rápidos resultarán privilegiados, así como primarán los desplazamientos individuales sobre los colectivos y crecerán las filas de espera en los aeropuertos o los embotellamientos en las rutas …
Los usuarios de internet también son víctimas de un fenómeno de ese tipo. El acceso muy rápido a documentos que en el pasado habría sido necesario encargar por correo o ir a consultar a una biblioteca genera una profusión de información que finalmente desemboca en que dedicamos más cantidad de horas de lo previsto a leer esa documentación en la pantalla. Como sugiere Hartmut Rosa (15) todo sucede como si la aceleración exigiera… más tiempo.

1 Sobre una experiencia europea, véase Mari Martiskainen y Josie Ellis, “The role of smart meters in encouraging behavioural change – prospects for the UK”, Sussex Energy Group, Brighton, 2009.
2 “Croissance verte” (Patricia Crifo, informe al Conseil économique pour le développement durable, París, 2009); “capitalisme immatériel” (Maurice Lévy y Jean-Pierre Jouyet, L’Economie de l'immatériel. La croissance de demain, La Documentation française, París, 2006); “découplage absolu” (Tim Jackson, Prospérité sans croissance. La transition vers une économie durable, De Boeck, Bruselas, 2010).
3 Sobre las aplicaciones de las tecnologías de comunicación al desarrollo sustentable, véase Gilles Berhault, Développement durable 2.0, L’Aube, La Tour-d’Aigues, 2010.
4 Para eludir las restricciones legales sobre el transporte internacional de residuos peligrosos (Convención de Basilea), los desechos electrónicos son exportados a veces como material de segunda mano. Véase “De l’exportation des maux écologiques à l’ère du numérique”, Mouvements, N° 60, París, octubre-diciembre de 2009.
5 Steve Sorrell, “Jevons’ Paradox revisited”, Energy Policy, Vol. XXXVII, N° 4, Amsterdam, abril de 2009.
6 US Energy Information Administration (EIA), “Annual Energy Outlook, 2010”; US EIA, “Carbon dioxide (CO2) emissions” (www.eia.doe.gov).
7 Credoc, Consommation et Modes de Vie, N° 227, París, marzo de 2010.
8 Véase Fabrice Flipo y Cédric Gossart, “Infrastructure numérique et environnement. L’impossible domestication de l’effet rebond”, Terminal, N° 103-104, París, 2009.
9 Terry Barker, Paul Ekins y Tim Foxon, “The macro-economic rebound effect and the UK economy”, Energy Policy, Vol. XXXV, N° 10, Amsterdam, octubre de 2007.
10 Livre Blanc sur les Energies, 7-11-03. Véase también Insee Première, N° 1.121, París, enero de 2007.
11 Véase Khadija Sherife, “Cómo BP se ríe de la ley”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2010.
12 Blake Alcott, “Jevons’ paradox”, Ecological Economics, Vol. LIV, N° 1, julio de 2005.
13 Michel Gensollen, “A quoi ressemblera le monde numérique en 2030?”, Annales des Mines- Réalités industrielles, París, mayo de 2009.
14 Horace Herring y Robin Roy, “Technological innovation, energy efficient design and the rebound effect”, Technovation, Vol. XXVII, N° 4, abril de 2007.
15 Hartmut Rosa, Accélération: Une critique sociale du temps, La Découverte, París, 2010.

Informe Dipló –   15-07-10