Malika al-Khateeb es una mujer siria. Tiene dos hijos y está embarazada de seis meses. El pasado 15 de mayo fue detenida junto a sus hijos y otros cinco miembros de su familia mientras estaban en su casa. Desde entonces, tanto Malika como sus dos hijos, de 10 y 8 años respectivamente, se encuentran recluidos en régimen de incomunicación. Al parecer, han sido detenidos únicamente por tener relación con Said Mahmoud Hamada, esposo de Malika, a quien las autoridades sirias acusan de “pertenecer a un grupo terrorista” y que actualmente vive en la clandestinidad.
El caso de Malika y su familia es un ejemplo más de las violaciones a los derechos humanos que se comenten en Siria. Desde que estallaron las manifestaciones, en febrero de 2011,más de 10.000 personas han perdido la vida en Siria. Se ha detenido a millares de personas, y se cree que muchas, si no la mayoría, han sufrido tortura y otros malos tratos. Además, alrededor de 380 personas han muerto bajo custodia. En todo este tiempo, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo información sobre homicidios ilegítimos, mas detenciones y reclusión en condiciones que constituyen desaparición forzada.
Dado que las autoridades sirias hacen caso omiso de los continuos llamamientos a parar la represión, la comunidad internacional debe actuar. Rusia, país clave por sus relaciones con Siria, y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha ejercido repetidamente su derecho a veto en relación a las resoluciones encaminadas a detener la violencia en Siria.
En Siria se están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe referir la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional, así como imponer un embargo de armas y congelar los bienes del presidente al Assad y de sus colaboradores próximos. Además, se debe asegurar que la Misión de Supervisión de Naciones Unidas en Siria esté dotada de un componente de derechos humanos y que los observadores tienen la capacidad y los medios necesarios para proteger a las víctimas y testigos.
El caso de Malika y su familia es un ejemplo más de las violaciones a los derechos humanos que se comenten en Siria. Desde que estallaron las manifestaciones, en febrero de 2011,más de 10.000 personas han perdido la vida en Siria. Se ha detenido a millares de personas, y se cree que muchas, si no la mayoría, han sufrido tortura y otros malos tratos. Además, alrededor de 380 personas han muerto bajo custodia. En todo este tiempo, Amnistía Internacional ha seguido recibiendo información sobre homicidios ilegítimos, mas detenciones y reclusión en condiciones que constituyen desaparición forzada.
Dado que las autoridades sirias hacen caso omiso de los continuos llamamientos a parar la represión, la comunidad internacional debe actuar. Rusia, país clave por sus relaciones con Siria, y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha ejercido repetidamente su derecho a veto en relación a las resoluciones encaminadas a detener la violencia en Siria.
En Siria se están cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. Por ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe referir la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional, así como imponer un embargo de armas y congelar los bienes del presidente al Assad y de sus colaboradores próximos. Además, se debe asegurar que la Misión de Supervisión de Naciones Unidas en Siria esté dotada de un componente de derechos humanos y que los observadores tienen la capacidad y los medios necesarios para proteger a las víctimas y testigos.
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