Las mil caras de un problema complejo

LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN ARGENTINA

Por Jaime R. Sorin*

Como resultado del proceso de fragmentación urbana registrado desde los años 70, la vivienda se ha convertido en un problema tanto para los sectores populares como para las clases medias. Aunque en los últimos años se ha avanzado, es necesario una mayor regulación del Estado.

esde 1950 hasta hoy la población del mundo pasó de 2.500 millones de personas a casi 7.000 millones, y se estima que en 2050 llegará a los 10.000 millones. Más de la mitad vive ya en ciudades, aunque casi 900 millones lo hace en condiciones de habitabilidad misérrimas, 100 millones en la calle; se calcula que el 95% del incremento futuro se dará en áreas urbanas de los países en desarrollo.
En América Latina, caracterizada como la zona más desigual del mundo luego de la devastación socioeconómica de la década del 90, el impacto de las migraciones hacia las ciudades se sintió con mayor fuerza: el 78% de sus habitantes se concentra hoy en ellas, con picos del 92% en Argentina y Uruguay. Entre 1990 y 2000 el déficit de vivienda regional creció de 38 a 52 millones de unidades (1) y, aun cuando ya comienza a sentirse el impacto de las políticas reparatorias desarrolladas por la mayoría de los gobiernos de la región (que redujo esos números en un tercio, particularmente a través de los programas de mejoramiento habitacional y de la ampliación de las redes de agua y saneamiento), de todos modos cerca de 59 millones de personas continúan asentadas en villas miseria, favelas y tugurios.
Ante esta explosión de las áreas urbanas, la reflexión acerca del significado de la noción de déficit se ha ido desplazando: de las visiones sectoriales prevalecientes hasta fines de la década del 60, que ponían el centro de las políticas socio-habitacionales en la obra pública (la construcción de unidades nuevas o “viviendismo”, con énfasis en el ámbito privado), hacia un concepto integrador que relaciona vivienda-ciudad a partir del reconocimiento del derecho a vivir dignamente en la ciudad y de la noción de “servicios habitacionales”, noción que enfatiza la inserción en una determinada configuración espacial urbana y la satisfacción del conjunto de las necesidades humanas primordiales (2).
En línea con esta tendencia, la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas introdujo la noción de “vivienda adecuada”, desde la perspectiva más amplia de los derechos humanos. Esto dio pie a la formulación en Brasil del Estatuto de la Ciudad, sancionado en julio de 2001, y a la creación del Ministerio de las Ciudades, así como a la inclusión de esta noción en las Constituciones de Bolivia (2007) y Ecuador (2008) como parte de los “derechos del buen vivir”.
En Argentina, la Constitución de 1949 estableció tempranamente, en el artículo 37, “el derecho de los trabajadores […] de disponer de una vivienda” y “el derecho a un albergue higiénico […] para la tercera edad”; en el artículo 38 establecía que “la propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”. Sin embargo, cuando en 1957 se repuso la Constitución de 1853 sólo se insertó en el nuevo artículo 14 bis la frase que sostiene que “la ley establecerá el acceso a la vivienda digna”. Y nunca se reglamentó…
La incorporación en la reforma de 1994 de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos da una vuelta sobre esto y claramente protege el derecho a la vivienda, al que establece como una obligación del Estado, pero no avanza sobre las relaciones de propiedad que terminan definiendo la dificultad del acceso a la vivienda para los sectores más postergados y aun para los sectores medios, como sí sucedió en Brasil en la Constitución de 1988 (Enmienda Popular de la Reforma Urbana) y el posterior Estatuto de la Ciudad: “El derecho a condiciones de vida urbana digna condiciona el ejercicio del derecho de propiedad al interés social en el uso de los inmuebles urbanos y lo subordina al principio del estado de necesidad”.

La vivienda en Argentina

El análisis de la situación del acceso a la vivienda en nuestro país desde 1976 permite ver cómo se materializa esta carencia normativa. En primer lugar, hay que señalar que entre 1980 y 2001 la población rural disminuyó bruscamente, del 16 al 10%, al compás de las políticas neoliberales que provocaron una fuerte migración hacia los centros urbanos en busca de un trabajo inexistente. Durante esas décadas, el financiamiento de la vivienda pública fue escaso y la oferta de tierra urbanizada para los sectores de bajos ingresos prácticamente desapareció. Los instrumentos que entre las décadas del 40 y el 70 habían permitido la primera urbanización del conurbano –el Banco Hipotecario como agente financiero del Estado, los loteos con venta a plazos largos y cuotas fijas y, fundamentalmente, el trabajo en las nuevas industrias– comenzaron a desaparecer con la dictadura cívico-militar, en un marco de redistribución regresiva del ingreso, precarización del empleo, aumento de la desocupación y caída del salario real, y finalmente con la privatización de los servicios urbanos básicos y del transporte y la desregulación de los alquileres y las normativas urbanas (especialmente a partir de la Ley 8912/77 en la provincia de Buenos Aires). Todo esto facilitó la especulación incorporando tierras valorizadas mediante la obra pública de infraestructura vial con bajísima densidad poblacional a través de countries y barrios cerrados.
Las grandes ciudades de todo el país sufrieron este proceso acelerado de fragmentación y dualización del territorio interno y de las periferias, mientras que muchos inquilinos no podían alquilar y se veían forzados a mudarse a una pensión, los habitantes de hoteles o pensiones buscaban refugio en una casa tomada, los desalojados se mudaban a una villa, las familias hacinadas en una vivienda villera se trasladaban a un asentamiento o a un terreno abandonado, un basural o a las vías del ferrocarril, con enorme impacto sobre la calidad de vida de esta población.
En esos años comenzó un conflictivo proceso de multifragmentación, que incluyó a los dos extremos de la pirámide social accionando sobre un mismo territorio, mercantilizando al máximo las condiciones de acceso a la tierra y la vivienda y cuestionando la tradición pública de los espacios urbanos.El neoliberalismo dominante, apoyado en criterios de individualismo extremo y en la reducción hasta la desaparición de la intervención del Estado como regulador del acceso a la ciudad a partir de las políticas públicas (suplantadas por el capital inmobiliario como planificador del territorio), condujo en pocos años a la separación de la sociedad suburbana en dos mundos de conflictiva coexistencia sobre el mismo espacio, expresado a través de un proceso de desigualdad en la apropiación de la valorización del suelo y de un consumo de los bienes sociales diferenciado e inequitativo.
Un estudio realizado en agosto de 2011 (3) muestra que el precio de los terrenos entre 2004 y 2011 aumentó en el partido de Moreno 747% y en el de Almirante Brown 608%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el incremento del precio de los terrenos fue de 271% en el período, llegando a incidir entre un 30% y un 50 % en el costo de una construcción, cuando históricamente lo aceptable era de hasta un 25%. Esto explica que el 60% de los habitantes que llegaron al área metropolitana entre 2001 y 2006 se establecieran en asentamientos informales, la mayoría de las veces a través de ocupaciones. Se calcula que hoy existen 819 asentamientos, con una población de alrededor de 1.000.000 de personas, que constituyen el 10,1% de la población del conurbano, en una superficie de 6.484 hectáreas y una densidad de 164 habitantes por hectárea (4). Mientras tanto, los 565 barrios cerrados y countries se extienden sobre una superficie equivalente al doble de la Ciudad de Buenos Aires (40.000 hectáreas), con una población de 250.000 personas y una densidad de apenas 8 habitantes por hectárea.
Convertido el suelo urbano en una mercancía escasa y de oferta rígida, las urbanizaciones privadas compiten con las urbanizaciones “informales” (ocupaciones, asentamientos y villas miseria), desplazándolas cada vez más lejos de las oportunidades que la ciudad ofrece (medios de transporte, calidad del equipamiento y de los servicios) y convirtiendo a la dificultad en el acceso a la tierra en el primer obstáculo para el acceso a la vivienda. Adicionalmente, la acción del Estado, a través de la extensión de las redes de infraestructura, a la vez que mejora las condiciones de vida de los sectores más postergados transfiere involuntariamente recursos hacia los propietarios de las tierras especulativas que la ausencia de instrumentos de recuperación de la valorización inmobiliaria (plusvalía urbana) impide rescatar, como sí sucede en Colombia y Brasil.
Esta especulación afecta por igual al Estado y a los privados, ya que las familias que quieren adquirir un terreno para autoconstruir su casa (como hicieron históricamente los sectores populares) no pueden hacerlo, pues los terrenos más cercanos a las ciudades son retenidos a la espera de un mayor valor. El Estado, entonces, se ve obligado a comprar tierras en localizaciones más alejadas, invirtiendo en nuevos servicios e infraestructura para un plan de viviendas en lugar de utilizar los existentes. Esto aumenta el valor de los terrenos en beneficio de los especuladores: se calcula que la valorización en el Gran Buenos Aires es de alrededor del 4% anual.

Políticas

La especulación con el suelo se produce en el marco de los programas de recuperación social y económica implementados para salir de la crisis y como parte de las políticas redistributivas generadas desde 2003. En este contexto, la vivienda para los sectores más postergados entró fuertemente en la agenda de la obra pública a través de la diversificación de los programas orientados a la solución de la emergencia habitacional y a la ocupación de mano de obra y recuperación del empleo, ya que la construcción es uno de los sectores que más aportan al crecimiento de la ocupación, en forma directa y por su efecto multiplicador. El esfuerzo estatal para producir vivienda e infraestructura urbana ha sido el mayor de los últimos 50 años. De acuerdo con los informes de la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación, entre 2003 y marzo de 2012 las soluciones habitacionales terminadas fueron 672.885, mientras que 208.254 se encuentran en ejecución, beneficiando a una población de 3.965.127 personas (5).
Sin embargo, y como consecuencia de la recuperación económica, en forma paralela a la acción del Estado se ha desarrollado un mercado inmobiliario dirigido fundamentalmente a los sectores con capacidad de inversión, que consideran a la vivienda no como un bien de uso sino como un bien de cambio, como un producto transable similar a una commodity. Se producen con esta modalidad alrededor de 100.000 unidades habitacionales por año, la mayoría de las cuales no se dirigen a la demanda genuina y no cumplen ninguna otra función que la de resguardo del valor de la inversión a la espera de una revalorización. Estas viviendas se mantienen vacías y a menudo ni siquiera entran al mercado de alquileres. Esto acentúa aun más la insatisfacción de la demanda de una parte de las clases medias, que constituyen alrededor del 40% de la población y que, en este contexto, no está atendida ni por el Estado ni por el mercado. Según datos del Censo 2010, se detectaron en la Ciudad de Buenos Aires 300.000 viviendas deshabitadas y en el país 2.494.000. Aun cuando no es lineal sostener que todas puedan volcarse al alquiler, su sola existencia evidencia la necesidad de formular una política de vivienda que abarque a todos los sectores sociales y que sea capaz de dar respuesta a las diferentes demandas.
Para ello es necesario definir las distintas variables que componen la problemática habitacional, comenzando por clarificar los números que se extraen del Censo 2010 en relación al Censo 2001 (6). En primer lugar, la cantidad de viviendas (11.317.507) ha crecido porcentualmente más (16,5%) que la población (10,4%). Esto indica que, en términos absolutos, el déficit de viviendas ha disminuido. Lo mismo puede decirse de la calidad de las viviendas, ya que el 82,4% de las mismas entran en la categoría de aptas (10.026.451) frente al 78,3% del 2001. Del resto, el 13,7% son recuperables mediante diferentes operaciones de mejoramiento o de provisión de infraestructura de servicios, frente al 16,3% que representaban en 2001. Finalmente, 476.894 (equivalentes al 3,9%), deben reemplazarse por nuevas, frente a 534.037 (5,3%) en 2001. En total, se trata de 2.145.224 que hay que reconstruir o reemplazar, frente a 2.181.002 en 2001, lo que significa que el déficit es menor, tanto porcentualmente como en números absolutos. Esto señala que las políticas aplicadas han mejorado la situación de aquellos que se encontraban en peores condiciones.
Respecto del déficit por hacinamiento (definido como más de tres personas por cuarto o más de un hogar por vivienda), la evolución es dispar. El número de hogares que lo sufren en relación a personas por cuarto disminuyó de 4,8% 4 %, aunque el dato referido a viviendas aptas subió del 22,7% al 37,3% y existen 1.478.923 hogares que comparten la vivienda con otro hogar (72% en viviendas aptas). Estos datos muestran una situación de hacinamiento que no se limita a los sectores populares sino que aflige también a los sectores medios y expresa el problema de aquellos que, al formar una familia, no acceden a un alquiler o a otra vivienda y deben seguir cohabitando.
Podríamos sintetizar lo descrito señalando que desde 2003 se han ejecutado políticas públicas nacionales exitosas con una fuerte inversión dirigida a los sectores más postergados, diversificando las líneas de acción: los programas federales de construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas y barriales, villas y asentamientos y regulación dominial. Sin embargo, no alcanzan para abarcar la complejidad del tema. Los programas adolecen de diversidad cultural y caracterizan de manera homogénea situaciones muy diferentes en un territorio tan variado como el argentino. Deberían, además, contemplar diferentes modalidades de producción que involucren en los proyectos y la realización a la comunidad académica (particularmente a las universidades, presentes en todas las regiones) y a los propios destinatarios.
Las herramientas de una política habitacional amplia deben tomar en cuenta también la problemática de los sectores medios, que incluye la necesaria reactivación del crédito hipotecario de largo plazo –si es necesario a tasas subsidiadas– ya que hoy sólo accede al mercado privado el que tiene capital propio: en la Ciudad de Buenos Aires, en 2011 se registraron 91.498 escrituras de propiedades y sólo 6.072 créditos hipotecarios. Este crédito no sólo debe dirigirse a unidades nuevas sino también a la adquisición de lotes en el marco de una legislación que regule la retención de suelo con fines especulativos y la recuperación por parte del Estado de las superganancias que produce la inversión social, como sucede en Brasil. A pesar de que en nuestro país hay una cultura de la propiedad que hace que una gran proporción de los hogares sean propietarios o quieran serlo, en las grandes ciudades es necesario regular la cuestión de los alquileres y vincularla al problema de las viviendas que se mantienen desocupadas, a través de impuestos diferenciales, garantías estatales y alquiler social.

1. ONU-Hábitat.
2. Oscar Yujnovsky, Claves políticas del programa habitacional argentino, 1984.
3. www.ssplan.buenosaires.gov.ar/dmdocuments/Terrenos%20RMBA_%202011.pdf
4. María Cristina Cravino (organizadora), Los mil barrios (in)formales, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2009.
5. www.vivienda.gov.ar
6. Dirección Nacional de Políticas Habitacionales.

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Retroceso en la Ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires el Estado prácticamente se ha retirado de la producción de viviendas y la población en emergencia habitacional se multiplica, en el contexto de un “boom” de la construcción iniciado en 2006 que se distribuyó de manera dramáticamente desigual sobre el territorio, dirigiéndose en un 80% a edificios suntuosos y de lujo concentrados básicamente en los cinco barrios del Norte porteño.
Al mismo tiempo, la población que vive en villas creció, entre 2001 y 2010, de 110.000 personas a 160.000/180.000, y la de asentamientos a 20.000. Hoteles, inquilinatos y pensiones albergan hoy a alrededor de 70.000 personas, y las casas tomadas a aproximadamente 100.000. El hacinamiento alcanza al 81% de los habitantes de los inquilinatos, mientras que en los hoteles afecta al 73 % y en las villas llega al 60%. En el resto de la Ciudad, en cambio, promedia el 14%.
En otras palabras: se ha producido una enorme regresión en la distribución del espacio residencial y de las condiciones de vida acompañando la desaparición de suelo accesible para los sectores de ingresos medios y bajos. Las partidas destinadas a vivienda han decrecido proporcionalmente en forma continua desde 2006, cuando representaban el 5,1%, hasta el 2010, cuando representaron el 2,4%.
Mientras este proceso se consolida, el Gobierno de la Ciudad vetó la prórroga de la Ley de Emergencia Habitacional que impedía los desalojos. Por su masividad y violencia, constituyen la expresión más avanzada de la política habitacional instrumentada en la Ciudad, tal como lo han expresado reiteradamente la Defensoría del Pueblo y la Defensoría General.

* Arquitecto. Ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

http://www.eldiplo.org/156-europa-en-su-laberinto/las-mil-caras-de-un-problema-complejo?token=&nID=1

Inmigrantes: la atención médica básica no es negociable

José Antonio BastosPresidente, Médicos Sin Fronteras España


Ante la gravedad de la crisis que golpea Europa y los duros recortes anunciados por algunos de sus Gobiernos, los inmigrantes indocumentados se están convirtiendo en víctimas ideales. Las recientes decisiones tomadas en Grecia y España restringiendo su acceso a la atención médica no hacen más que empeorar una situación ya de por sí muy precaria. Estas políticas de exclusión del sistema de salud son potencialmente peligrosas para la salud pública, pero sobre todo son contrarias a la ética médica, y suponen un retroceso enorme en el respeto a la dignidad humana. Además, apuntan peligrosamente en la dirección de estigmatizar a los inmigrantes como culpables del "excesivo gasto sanitario", algo que numerosos estudios ya han desmentido.

Identificar el acceso a la salud de los inmigrantes indocumentados con el llamado "turismo sanitario" no es sino un cruel sarcasmo hacia un colectivo ya de por sí muy vulnerable. Médicos Sin Fronteras ha trabajado y trabaja con migrantes en varios países de la Unión Europea, como Bélgica, Italia, Francia, Grecia, y también España, donde lo hizo entre los años 2000 y 2005. En todos estos países, hemos podido comprobar de primera mano la precariedad de las condiciones de acogida en unos casos, y de su acceso a los servicios de salud pública en otros.

Como organización médica, y como organización con experiencia en la asistencia a inmigrantes indocumentados en España, nos preocupa el retroceso que las reformas anunciadas por el Gobierno español suponen para su acceso al sistema público de salud. Hasta ahora, la Ley de Extranjería reconocía el derecho de los inmigrantes indocumentados a tratamiento vía tarjeta sanitaria a través del empadronamiento o, en su ausencia, vía urgencias hasta su alta médica. Ahora, España "ha descendido" al grupo de países que no reconocen este derecho universal, al limitarlo a casos de urgencia, maternidad y menores de edad. Esto implica excluir a la mayor parte de este colectivo: mayores de edad y mujeres no embarazadas verán muy limitado su acceso a tratamiento médico, al impedírseles acceder a la tarjeta sanitaria.

La experiencia de MSF en Madrid en 2004 y 2005 demostró que, en la práctica, para quienes no disponían de tarjeta sanitaria y accedían a los hospitales vía urgencias, la asistencia se mantenía sólo hasta el alta hospitalaria. Desde allí, eran referidos al médico de cabecera para continuar con el tratamiento. Sin embargo, al carecer de dicha tarjeta por falta de empadronamiento, no tenían acceso a la atención primaria, ni a la especializada, ni a los medicamentos necesarios para completarlo.

Esta situación, aun siendo la excepción, provocaba frecuentes abandonos de tratamientos médicos, especialmente preocupantes en el caso de las enfermedades más graves y las enfermedades crónicas. Según pudimos comprobar, los inmigrantes presentaban mayoritariamente enfermedades comunes, como las de cualquier ciudadano, aunque con un componente importante de patología infecciosa, gastrointestinal y traumatológica, que podría reflejar las condiciones sociolaborales en las que se encuentra inmerso gran parte de este colectivo.

Pero se detectaron también patologías de una mayor severidad, con grave riego para su salud y con posibles consecuencias para la salud pública: enfermedades infecciosas como hepatitis, esquistosomiasis, tuberculosis o VIH/sida. Patologías que obviamente se siguen dando en este colectivo en la actualidad.

Es decir, hasta ahora y con una legislación favorable, seguían existiendo lagunas que dificultaban en determinados supuestos el acceso a la atención médica normalizada. Con la actual reforma, la excepción se convertirá en norma y traerá graves consecuencias. La pretensión del Gobierno de delegar en organizaciones no gubernamentales una responsabilidad que le es inherente suena irónico, especialmente cuando se acompaña, como es el caso, de severos recortes a la financiación de estas últimas. En algunos casos, además, la delegación de responsabilidad ni siquiera es posible: por ejemplo, los tratamientos antirretrovirales contra el VIH en España solo se dispensan en centros hospitalarios. Ni asumiendo su coste se podrían adquirir en una farmacia de venta al público.

Nos preocupan las consecuencias que esta exclusión del sistema sanitario pueda tener para el que es uno de los colectivos más desfavorecidos en España, como nos preocupa también la situación en países europeos de nuestro entorno. En Francia, donde trabajamos en la actualidad, constatamos que las barreras para acceder a una asistencia sanitaria que los "sin papeles" tienen garantizada por ley son muy grandes. En Italia, el acceso a la asistencia médica también está gravemente comprometido, debido a una legislación que criminaliza al inmigrante indocumentado.

Mención aparte merece el caso de Grecia, donde los inmigrantes sin papeles sólo tienen acceso a la sanidad pública en casos de emergencia. Desde el pasado 9 de abril, la ley impone revisiones médicas obligatorias de personas que padezcan enfermedades infecciosas o grupos vulnerables a las mismas, definiendo a todas estas personas como "amenazas para la salud pública". Es decir, no pueden acceder al sistema público de salud de una forma normalizada, pero se les obliga a pasar por una revisión médica. El colmo de la paradoja.

La aplicación de esta nueva normativa en Grecia se ha traducido en redadas policiales contra los inmigrantes indocumentados, unas operaciones que sólo pueden infundir el terror en este grupo de personas y empujarlas a esconderse, impidiendo su acceso a la atención médica cuando realmente la necesitan, y facilitando así el contagio de enfermedades. Políticas restrictivas, alarmistas, criminalizadoras, discriminatorias y poco éticas que se toman en nombre de la protección de la salud pública acaban poniendo en riesgo esa misma salud pública: esta sólo puede promoverse cuando se responde a las necesidades médicas de todos los grupos sociales.

El camino hacia Europa de los inmigrantes suele estar marcado por la necesidad y muy a menudo por la violencia. Nuestros proyectos en países de tránsito como Marruecos así lo acreditan. Y para quienes consiguen llegar, la experiencia nos indica que los gobiernos europeos tienden a hacer una clara dejación de responsabilidades, que comienza en los centros de detención y tránsito -en Evros (Grecia), en 2011, el 60% de los problemas médicos de los detenidos se debían a las insalubres e indignas condiciones de estos centros- y prosigue en el acceso a la sanidad pública.

Hay una gran incoherencia entre lo que los gobiernos europeos dicen defender fuera de nuestras fronteras (operaciones armadas en nombre de la protección de los civiles) y lo que luego practican tanto en estas fronteras como dentro de ellas cuando estos mismos civiles llegan a Europa. El ejemplo de Libia el año pasado es extremo, casi caricaturesco: mientras por un lado la Unión Europea apoyaba una intervención militar "humanitaria" para proteger a la población civil, por otro los Estados europeos impedían el acceso de las víctimas de esta misma guerra a sus territorios, con el pretexto de prevenir la afluencia masiva de inmigrantes indocumentados.

A pesar de las numerosas convenciones y tratados ratificados por los Estados miembros de la UE e incluidos en sus propias Constituciones nacionales, que reconocen el acceso a la salud como un derecho básico universal, la realidad de las leyes y prácticas actuales se desvía de estas obligaciones, y un elevado porcentaje de inmigrantes sin papeles no tienen acceso a ningún tipo de atención médica, algo incongruente con el grado de desarrollo social de Europa. Para muchas de estas personas, no es un problema administrativo o legal sino, sobre todo, de salud y dignidad.

Las instituciones europeas y los Estados miembros de la UE, entre ellos España, tienen la responsabilidad de garantizar que las políticas económicas o de cualquier otra naturaleza y las prácticas migratorias no se apliquen a expensas de la salud de los inmigrantes: la categorización de estas personas como "ilegales" no puede justificar su exclusión de la atención médica. A la postre, no es una cuestión económica, ya que de hecho no se le puede poner un precio: se trata de mantener un mínimo principio de humanidad con quienes viven entre nosotros en situación más vulnerable.



http://www.huffingtonpost.es/jose-antonio-bastos/tarjeta-sanitaria-inmigrantes_b_1563260.html

Al menos ocho muertos tras explosión en una iglesia en Nigeria

Por Hassan John, para CNN


 Al menos cinco personas fallecieron por la explosión de una iglesia cristiana en Jos, Nigeria, durante las ceremonias de este domingo. Tres más murieron en enfrentamientos con la policía.
Testigos dijeron que un coche bomba conducido por un atacante suicida entró al recinto.
Muchos cuestionaron el hecho de que el automóvil haya logrado pasar los puntos de seguirdad en el área.
En marzo, un ataque con coche bomba afuera de una iglesia católica en Jos dejó seis muertos, de acuerdo con funcionarios.
En diciembre, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, declaró estado de emergencia en varios estados del norte después de atentados a iglesias en Navidad.

http://cnnespanol.cnn.com/2012/06/10/al-menos-cinco-muertos-por-explosion-en-una-iglesia-en-nigeria/

Elogios y temores en Europa por el "rescate especial" a España

La decisión del gobierno español de solicitar asistencia financiera a la eurozona ha sido recibida con multitud de elogios en Europa. Las autoridades regionales -que autorizarán el préstamo multimillonario- y el Fondo Monetario Internacional saludaron el anuncio, pero otros manifestaron dudas sobre la solidez de la moneda común, o empiezan a reclamar para sí las "condiciones especiales" del rescate a España.
Para el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, con el pedido de ayuda para los bancos "ganó la credibilidad del proyecto europeo y el futuro del euro", pero hay quienes dudan que el millonario rescate -que se suma a los de Grecia, Portugal e Irlanda- vaya a fortalecer a las economías regionales.


El ministro de Economía de David Cameron, George Osborne, por ejemplo, afirmó que las esperanzas de una recuperación de la economía británica están siendo sofocadas por la crisis de la eurozona.
Advirtió, además, que "tras dos años de incertidumbre, inestabilidad y crecimiento lento, las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían determinar el futuro de toda Europa por una década o más".
En Washington, en cambio, fueron puras loas para la decisión de Madrid. El secretario del tesoro Timothy Geithner la calificó de "paso vital hacia la unión financiera de la eurozona".
Desde París la ven como "un paso hacia la restauración de la confianza".
Por su parte, el FMI indicó que el paquete de salvataje será lo suficientemente robusto como para que los bancos españoles recuperen su credibilidad.


El gobierno de Rajoy esperará a obtener resultados de un par de auditorías privadas antes de especificar un monto concreto, pero el eurogrupo ha puesto a su disposición hasta US$125.000 millones.
Esta cifra, que supera ampliamente las que se manejaban hasta hace un par de días, sirve "para despejar todas las dudas de los mercados", de acuerdo al ministro de Economía español Luis De Guindos.
Pero la prueba de fuego llegará el lunes, cuando abran las bolsas.
El doble filo de las "circunstancias especiales"
De Guindos confirmó que España pedirá una inyección de capital extranjera el sábado por la tarde, luego de reunirse durante dos horas y media con sus pares de la eurozona.
Tanto él como Rajoy se esforzaron por resaltar que se trata de un paquete de asistencia al sistema financiero y no de un rescate a la economía española al estilo griego.
El bloque no exigirá a España la implementación de medidas de austeridad u otros cambios en la política macroeconómica, sino solamente reestructuraciones y ajustes en el ámbito bancario.
Estas "condiciones suaves" vienen a ser un reconocimiento a las reformas que ya se han ejecutado en España desde 2008.


El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, señaló que gracias a éstas, los principales bancos españoles han logrado capear el temporal y se muestran estables.
Pero las "condiciones especiales" de este salvataje han sido criticadas desde algunos frentes.
Aunque Irlanda saludó -como casi todos los países europeos- la decisión española, algunos analistas se preguntan si no querrá ahora renegociar los términos de su propio rescate.
El corresponsal de la BBC Robert Peston afirma que "Irlanda tendría bases fuertes para demandar una renegociación de su salvataje si se confirma que España ha logrado persuadir a Alemania y los otros países de la eurozona de entregar los US$125.000 millones a cambio de nada, al menos en lo que a gasto público y tributación respecta".
Una "caja de Pandora"
Si Irlanda, Portugal o Grecia -que celebra nuevos comicios el próximo fin de semana y podría acabar saliéndose de la eurozona- quisieran replantear sus propios casos, el bloque podría estar ante uno de los mayores desafíos de su historia.
El domingo por la tarde la oposición lusa ya reclamaba al primer ministro Pedro Passos Coelho que exigiera para Portugal el mismo trato que dan a España.
En Grecia, donde el 80% de la población desea permanecer en la eurozona a pesar de las severas condiciones de sus propios rescates, una de las promesas electorales del líder socialista y exministro de Finanzas Evangelos Venizelos -quien negoció los términos del último paquete de fondos- es relajar las exigencias que venían en la letra pequeña del segundo salvataje.
Para Peston, volver a discutir los casos particulares de estos otros países sería para el bloque como "abrir una caja de Pandora".
Y es que en los últimos dos años la eurozona se comprometió a desembolsar cerca de US$500.000 para reforzar las economías tambaleantes del bloque. Ahora a ese monto habrá que sumarle el rescate de los bancos españoles.

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/06/120610_economia_reacciones_rescate_espana_med.shtml

Grecia enfrenta su dramática decisión final

SALIDA DE LA CRISIS, SALIDA DEL EURO
Por Costas Lapavitsas*

Todo indica que Grecia no podrá dilatar mucho tiempo más las determinaciones cruciales para hacer frente a la crisis. Aunque tanto la derecha como la izquierda quieren que el país permanezca dentro de la unión monetaria europea, la dinámica de la situación política lo empuja hacia la salida.


La crisis griega se aproxima a un punto de no retorno. Las decisiones que Atenas se apresta a tomar influirán sobre la evolución del proyecto europeo en el transcurso de los próximos años. Los comentaristas no han visto, probablemente, el alcance de la debacle actual por considerar que Grecia es un “país pequeño” –que sólo representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) europeo– y que el impacto de una deflagración helena será fácilmente controlado.
La tormenta que asola a Grecia es el resultado, en primer lugar, de su decisión de unirse a la eurozona, elección que la conduciría a la disolución de su economía. En efecto, el país está pagando el precio de un mito según el cual la adopción de una “moneda fuerte” coloca a las economías débiles en pie de igualdad con las más robustas. Ahora se percibe que esta política termina por debilitar a los actores más vulnerables. Es probable que Portugal, Irlanda y España ofrezcan pronto una nueva demostración de esta lógica.
En estas condiciones, Atenas se dirige hacia una salida del euro, y todos los países de la periferia europea podrían seguir sus pasos –una procesión cuyas consecuencias sobre la unión monetaria no serán anodinas, puesto que conducirán a la introducción de mecanismos de conducción económica que el neoliberalismo llevó a los Estados a abandonar–.
Sus acérrimos defensores presentan con entusiasmo a la Unión Económica y Monetaria (UEM) como un paso decisivo hacia la integración europea, paso que representa la realización institucional de la solidaridad que une a las poblaciones de la región. ¿Es este el caso, realmente? El euro es una moneda de reserva internacional, capaz de competir con el dólar. Por esta razón sirve, sobre todo, al interés de los bancos y de las grandes empresas. Se trata también de una construcción muy particular, creada ex nihilo sobre las bases de una alianza jerárquica entre Estados independientes. Esta situación no dejó de suscitar algunos problemas que, desde el origen del proyecto, anunciaban el fracaso.
La primera dificultad es la contradicción que opone políticas monetarias y presupuestarias. El espacio monetario de la UEM fue fundado como homogéneo, permitiendo al Banco Central Europeo (BCE) ofrecer la misma tasa de interés a todos los bancos. El espacio presupuestario, en cambio, se caracteriza por una gran heterogeneidad, puesto que cada Estado continúa ejerciendo su soberanía en términos de recaudación (impuestos) y de gastos. La disciplina presupuestaria –impuesta por el Pacto de Crecimiento y Estabilidad (1), reforzada por el Pacto Presupuestario (véase Jennar, pág. 24), y que se supone regula el problema–, no logró (hasta ahora) abolir la soberanía presupuestaria de los Estados.
La segunda dificultad pasó casi desapercibida; sus consecuencias podrían sin embargo tener mucha repercusión. Contrariamente al espacio monetario de la UEM, su entorno bancario es también heteróclito: no existen “bancos europeos”, sino bancos franceses, alemanes, españoles… Si bien todos los establecimientos bancarios obtienen liquidez en el BCE –a velocidad de crucero–, cuando su solvencia está en duda, se dirigen hacia sus Estados respectivos. Los bancos utilizan una divisa transnacional pero siguen adosados a las naciones.

La gran contradicción

En medio de estos dos problemas es manifiesta la ausencia de un Estado Federal europeo, que habla de la inexistencia, a esta escala, de un “pueblo” constituido. La construcción europea ha imbricado naciones diferentes y les ha aplicado un barniz uniforme de estructuras económicas comunes. Quizás no fuera suficiente esta operación para superar las especificidades nacionales. Esta realidad constituye por otra parte una de las causas fundamentales de la crisis de la zona euro, y uno de los principales obstáculos para su resolución.
Contrariamente a la cantinela según la cual los Estados indisciplinados habrían tolerado la expansión de su gasto público, la crisis actual proviene sobre todo de una pérdida de competitividad de los países periféricos.
Los países de la zona euro se sometieron ellos mismos a un severo corsé: tasas de cambio fijas, política monetaria única y disciplina fiscal impuesta desde el exterior. En estas condiciones, los beneficios de competitividad sólo podían provenir del mercado del trabajo; de allí la actual “carrera por el abaratamiento salarial” (2), con un gran vencedor: Alemania, dotada de un Estado suficientemente fuerte y de un movimiento social suficientemente débil como para imponer tal rigor.
Para los demás, la pérdida de competitividad se salda con déficits en sus balances de las cuentas corrientes (3) (simétricos a los excedentes anunciados por Alemania). Para financiar estos desequilibrios, los países periféricos tuvieron que pedir prestado al extranjero. Mecanismo aceitado por el BCE, que puso liquidez barata a disposición de los mercados. En consecuencia, la deuda –tanto interna como externa, pública como privada– se infló desmesuradamente.
Para decirlo de otra manera, la deuda de los países de la periferia europea se desprende directamente del congelamiento de los salarios en Alemania… Pero recortar el pago a los griegos, españoles, irlandeses de tal modo que permita alcanzar las “proezas” de Berlín implicaría una violencia social tal que provocaría sublevaciones y, probablemente, la implosión de la zona euro.
La pregunta política candente es la siguiente: ¿quién soportará el costo de un default dentro de la periferia? Y, en particular, ¿quién protegerá a los bancos europeos contra esta deflagración? Como era de esperar –dado el peso de las estructuras nacionales dentro de la unión monetaria–, los países centrales han rechazado hacerse cargo de la deuda de la periferia. No hace falta decir que los Estados están poco dispuestos a correr al rescate de establecimientos bancarios extranjeros.
La Unión Europea optó pues por el otorgamiento de préstamos de Estado a Estado, condicionados a la aplicación de medidas de austeridad y de ajuste estructural que apunten a comprimir el “costo del trabajo”. Otras alternativas –como la emisión de euro-obligaciones o la emisión por el BCE de liquidez correspondiente al monto de la deuda–confiaban una parte importante del salvataje a las espaldas de los países centrales. Pero fueron descartadas: estas medidas que se introdujeron sin resolver el problema fundamental –la ausencia de Estado Federal, o la primacía de las preocupaciones nacionales–, provocarían importantes crisis políticas.
Al principio, la estrategia de la Unión Europea se enfrenta con la cuestión de las diferencias de competitividad. Después, el aumento de la deuda de los países de la periferia contribuye a debilitarlos y pone en peligro su capacidad de pagarla. De manera bastante paradojal, esta estrategia tropieza con el carácter fundamentalmente nacional de los bancos de la zona. Cuanto más dura es la crisis, más se vuelcan estos hacia los Estados-nación para obtener fondos, beneficiarse del mecanismo de apoyo excepcional a la liquidez bancaria y continuar prestando. A medida que los bancos buscan el refugio de instituciones no europeas, la unión monetaria se fisura internamente.
Esta desintegración sólo puede ser detenida a condición de introducir cambios importantes dentro de la UEM. Sería necesario, como mínimo, un Plan Marshall que apuntara a aumentar de manera sistemática la productividad de la periferia, y por lo tanto su competitividad. Un proyecto semejante implica poner en marcha una política redistributiva en Alemania, por medio de un alza de salarios; anular (una parte) de la deuda de los países periféricos, e instalar un sistema de transferencias presupuestarias dentro de la región. En fin, no puede obviarse una descripción minuciosa del sistema financiero y la creación de una autoridad capaz de asegurar su solvencia. Nada sencillo, dado que cada una de estas medidas requiere cambios sociales y políticos importantes.
Para la periferia, probablemente ya es demasiado tarde. La desintegración de la UEM provocó una explosión de movimientos sociales, agudizada por una austeridad implacable que ninguna perspectiva de crecimiento mitiga. Comenzando por Grecia, donde las medidas de “salvataje” provocaron una depresión sin precedente en tiempo de paz. La caída acumulada del PIB en el período 2010-2012 alcanzará probablemente al 20%, mientras que el desempleo se aproxima al 25%. El impacto sobre los salarios y las jubilaciones es devastador. Los centros urbanos padecen verdaderos desastres humanitarios.
Los componentes de la demanda agregada siguen estando deprimidos. La inversión sufrió una baja continua en el transcurso de los cinco últimos años y el consumo se hunde también. Las exportaciones tuvieron un repunte en 2010-2011, hasta alcanzar una meseta en 2012. La reestructuración de su deuda, en marzo de 2012, ofreció a Grecia un respiro de corta duración, y el endeudamiento público sigue siendo insostenible a largo plazo. Pero en medio de la tormenta, la troika –la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE– exige nuevos recortes presupuestarios: entre 11 y 12 mil millones de euros para el período 2013-2014, con la esperanza de llevar a Atenas a anunciar un excedente primario (4) consecuente. Los dioses comienzan por volver locos a los que desean destruir.

Una fuerza que expulsa

Pero los estragos de la moneda “fuerte” no se comparten de manera uniforme entre la población griega. La elite sufre un poco; la reducción de los salarios golpea a los más pobres. Los agricultores pagaron también un pesado tributo a la ortodoxia monetaria, aunque están protegidos por el alza de la cotización de los productos agrícolas. La principal amenaza política y social en el país sigue siendo, sin embargo, el derrumbe de la clase media: pequeños y medianos empresarios, profesionales liberales y funcionarios. Sin sorpresas, la protesta se intensifica y la lucha contra la austeridad ha desatado huelgas muy frecuentes, manifestaciones y llamados a la desobediencia civil.
Las elecciones del 6 de mayo demostraron que la mayoría se opone a la modalidad del “salvataje” de Grecia al mismo tiempo que desea permanecer dentro de la zona euro. El país se encuentra dividido en dos campos políticos: uno se cristaliza alrededor del partido de derecha Nueva Democracia; el otro, a izquierda, en torno de Syriza. El primero atrae a los que, por ahora, salen adelante de mejor manera, en particular las elites. El segundo se transformó rápidamente en un partido de masas que reúne a obreros, empleados y clase media empobrecida.
Aunque los dos campos insisten en el hecho de que desean el mantenimiento de Atenas dentro de la UEM, la inestabilidad política empuja al país de manera ineluctable hacia la salida. Esto podría suceder, lamentablemente, de manera caótica, desatada, por ejemplo, por el pánico bancario de los ahorristas preocupados, tratando de recuperar sus depósitos. Aun en el marco de un escenario “caótico”, todos conocen las etapas de una salida como ésta, por lo menos en los debates internacionales.
En un primer momento, Grecia rechaza los términos de su salvataje y suspende sus pagos: cae en default. El país vuelve a tomar en sus manos las riendas de las decisiones que le permiten atacar la crisis y transformar su economía. Se compromete en un proceso de auditoría de su deuda (5), sobre la base del trabajo de una comisión que examinó la naturaleza –odiosa o legítima– así como la viabilidad social del endeudamiento heleno. Al default sucede la reintroducción del dracma, quizás en el transcurso de un fin de semana. Atenas impone un control de los flujos de capitales. El cambio de moneda desata (probablemente) una triple tormenta –monetaria, bancaria y comercial–, cuyas características conviene tratar por separado.
En el plano monetario, los acontecimientos conducen a la circulación paralela del dracma, del euro y quizás de otras formas de moneda fiduciaria emitida por el Estado, lo que modifica las prácticas bancarias y conlleva una ola de litigios.
En el plano bancario, la crisis resulta de la incapacidad de los establecimientos de respetar sus compromisos en un contexto en el que algunos activos y pasivos emitidos bajo ley extranjera permanecen formulados en euros. Los bancos ya no tienen acceso a la liquidez emitida por el BCE y se ven debilitados por el default griego sobre su deuda pública. Por eso son nacionalizados, mientras que el gobierno anuncia una garantía para los depósitos en dracmas. Disposiciones similares protegen a las empresas expuestas a deudas extranjeras. Por último, el Banco de Grecia recupera su capacidad de acuñar su propia moneda.
El derrumbe de la tasa de cambio del nuevo dracma anuncia el costado comercial de la crisis. A corto y mediano plazo, este fenómeno galvaniza la competitividad griega, y autoriza a la industria a acrecentar su parte en el mercado doméstico así como sus exportaciones. Se trata de una etapa decisiva para relanzar la economía y el empleo. A muy corto plazo, sin embargo, algunos bienes empiezan a faltar (petróleo, medicamentos, algunos productos). Es necesario, pues, manipular la tasa de cambio e implementar medidas administrativas para solucionar estas dificultades hasta el reequilibrio del balance de las cuentas corrientes.
A corto plazo el impacto de una salida es el precio que hay que pagar para escapar a la trampa de la UEM. Más tarde, Grecia debe continuar el trabajo hecho, instalando un amplio programa de redistribución de los ingresos y de la riqueza, y una política industrial capaz de dinamizar el crecimiento. Por no hablar de la reestructuración del Estado y de la erradicación de la corrupción, dos medidas clave.
Una salida de Grecia podría precipitar decisiones similares de parte de otros países de la eurozona –una reacción en cadena que pondría en apuros a las instituciones y a la ideología sobre las que descansa la moneda única–. Es imposible decir si las instituciones monetarias están en condiciones de resistir un impacto semejante, pero es seguro que Europa entraría en una etapa de convulsión importante. El derrumbe del experimento a escala real de una “moneda fuerte” podría ser portador de cambios políticos y sociales a través de todo el continente.


1. Adoptado en el Consejo Europeo de Amsterdam, el 17 de junio de 1997.
2. Véase Anne Dufresne, “¿La solución? Bajar los salarios”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2012.
3. Resumen de los balances comerciales, servicios, transferencias comunes (donaciones, ayuda, etc.) y de los ingresos (salarios, dividendos, intereses).
4. Situación presupuestaria positiva de un Estado, antes del pago del servicio de la deuda.
5. Véase Jean Gadrey, “La dette, quelle dette?”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2012.



* Profesor de Economía en la School of Oriental and African Studies (SOAS) de la Universidad de Londres.


Traducción: Florencia Giménez Zapiola

http://www.eldiplo.org/156-europa-en-su-laberinto/grecia-enfrenta-su-dramatica-decision-final?token=&nID=1

Nuevas batallas por la igualdad

¿LUCHA DE CLASES O REIVINDICACIÓN DE LA DIFERENCIA?

Por Nancy Fraser*

Desde hace décadas, las reivindicaciones por la igualdad no se restringen al aspecto económico sino que involucran el reconocimiento de las diferencias. ¿Es posible articular ambas concepciones para pensar las luchas actuales?

El “reconocimiento” se impuso como un concepto clave de nuestra época, en un momento en que el capitalismo acelera los contactos transculturales, rompe los esquemas de interpretación y politiza las identidades. Diversos grupos, movilizados bajo la bandera de la nación, la etnia, la “raza”, el género o la sexualidad luchan “para que se reconozca una diferencia”. En estas batallas, la identidad reemplaza a los intereses de clase como lugar de la movilización política: es más frecuente exigir ser “reconocido” como negro, homosexual o religioso ortodoxo que como proletario o burgués; la dominación cultural reemplaza a la explotación como sinónimo de injusticia fundamental.

¿Constituye esta mutación un desvío hacia una forma de balcanización de la sociedad y un rechazo a las normas morales universalistas? (1) ¿O, por el contrario, ofrece una corrección de la lectura materialista, desacreditada por la caída del comunismo de tipo soviético y que, al no ver la diferencia, refuerza la injusticia universalizando falsamente las normas del grupo dominante? (2).

Se enfrentan aquí dos concepciones globales de la injusticia. La primera de ellas, la injusticia social, resulta de la estructura económica de la sociedad y adquiere la forma de la explotación o la miseria. La segunda, de carácter cultural o simbólico, emana de los modelos sociales de representación que, al imponer sus códigos de interpretación y sus valores, y al buscar la exclusión del otro, engendran la dominación cultural, el no reconocimiento y, por último, el desprecio.

Esta distinción entre la injusticia cultural y la injusticia económica no debe borrar el hecho de que, en la práctica, ambas formas se imbrican a menudo de manera que terminan reforzándose dialécticamente. La subordinación económica impide, en efecto, cualquier participación en la producción cultural, cuyas normas en sí mismas están institucionalizadas por el Estado y por el mundo económico.

¿Corregir o transformar?

El remedio para la injusticia económica pasa por cambios estructurales: distribución del ingreso, reorganización de la división del trabajo, sumisión de las decisiones de inversión a un control democrático, transformación fundamental del funcionamiento de la economía, etc. Este conjunto, todo o en parte, atañe a la “redistribución”. El remedio para la injusticia cultural, por su parte, reside en el cambio cultural o simbólico: reevaluación de las identidades despreciadas, reconocimiento y valorización de la diversidad cultural o –más globalmente– trastrocamiento general de los modelos sociales de representación, que modificarían la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Este conjunto atañe al “reconocimiento”.

Ambos conceptos divergen en su concepción de los grupos víctimas de la injusticia. En el marco de la redistribución, se tratará de clases sociales en sentido amplio, definidas en principio en términos económicos, según su relación con el mercado o los medios de producción. El ejemplo clásico es la idea marxista de la clase obrera explotada, pero esta concepción incluye también a los grupos de inmigrantes, las minorías étnicas, etc. En el marco del reconocimiento, la injusticia ya no está ligada a las relaciones de producción sino a una falta de consideración. En general, suele citarse el grupo étnico, que los modelos culturales dominantes proscriben como diferente y de menor valor, pero lo mismo se aplica a los homosexuales, a las “razas”, a las mujeres…

Las reivindicaciones ligadas a la redistribución exigen con frecuencia la abolición de los dispositivos económicos que constituyen el basamento de la especificidad de los grupos y tienden a promover la indiferenciación entre ellos. Por el contrario, las reivindicaciones ligadas con el reconocimiento, que se apoyan en las supuestas diferencias entre los grupos, tienden a promover la diferenciación (cuando no la crean de manera performativa, antes de afirmar su valor). Política de reconocimiento y política de redistribución aparecen, pues… en tensión.

En estas condiciones, ¿cómo pensar la justicia social? ¿Debemos priorizar la clase por sobre el género, la sexualidad, la raza, la etnicidad, y rechazar cualquier reivindicación “minoritaria”? ¿Hemos de insistir en la asimilación a las normas mayoritarias en nombre del universalismo o el republicanismo? ¿O habrá que intentar una alianza entre lo que sigue siendo insuperable en la visión socialista y lo que parece estar justificado en la filosofía “postsocialista” del multiculturalismo?

Hay dos modos de remediar la injusticia. Los remedios correctivos, primero, apuntan a mejorar los resultados de la organización social sin modificar sus causas profundas. Los remedios transformadores, por su parte, se aplican a las causas profundas: la oposición se plantea en términos de síntomas y causas.

En el plano social, los remedios correctivos, históricamente asociados al Estado de bienestar liberal, se usan para atenuar las consecuencias de una distribución injusta, dejando intacta la organización del sistema de producción. A lo largo de los dos últimos siglos, los remedios transformadores han sido asociados al socialismo: el cambio radical de la estructura económica que subyace a la injusticia social, reorganizando las relaciones de producción, no sólo modifica la distribución del poder adquisitivo, sino también la división social del trabajo y las condiciones de existencia.

El ejemplo de la affirmative action (a menudo traducida como “discriminación positiva”) en Estados Unidos permite esclarecer la distinción. Los subsidios atribuidos en función de los recursos, orientando hacia los más pobres un apoyo material, contribuyen también a cimentar diferenciaciones que pueden conducir al enfrentamiento. Así, la redistribución correctiva se usa para garantizar a las personas de color una parte equitativa de los empleos y la educación, sin modificar su naturaleza o cantidad. En el plano cultural, el reconocimiento correctivo se traduce en un nacionalismo cultural que se esfuerza en garantizar el respeto por las personas de color, valorizando la “negritud” y dejando inmodificado el código binario blanco-negro que le da sentido. La affirmative action combina, pues, la política socioeconómica del antirracismo liberal con la política cultural del black power.

Ahora bien, esta solución no ataca las estructuras profundas que producen las desigualdades de clase y las desigualdades raciales. Por eso se multiplican sin fin las soluciones superficiales que contribuyen a hacer más perceptible aún la diferenciación racial, al brindar de los menos favorecidos una imagen de clase ineficiente e insaciable, que siempre necesita ayuda, e incluso a veces la imagen de un grupo privilegiado, que recibe un trato “de favor”. Es así como un enfoque que apunta a resolver las injusticias ligadas con la redistribución puede terminar creando injusticias en términos de reconocimiento.

En cambio, los remedios transformadores, que combinan sistemas sociales universales e imposición estrictamente progresiva, apuntan a asegurar a todos el acceso al empleo, a la vez que tienden a disociar el empleo de la exigencias de reconocimiento. De allí la posibilidad de reducir la desigualdad social sin crear categorías de personas vulnerables presentadas como aprovechadoras de la caridad pública. Un enfoque de esas características, centrado sobre la cuestión de la distribución, contribuye así a remediar ciertas injusticias de reconocimiento.

Tanto la redistribución correctiva como la transformadora presuponen una concepción universalista del reconocimiento, es decir un valor moral igual de las personas. Pero descansan sobre lógicas diferentes en relación con la diferenciación de los grupos.

Los remedios correctivos de la injustica cultural atañen a lo que comúnmente se llama multiculturalismo: se trata de poner fin al no respeto de las identidades colectivas injustamente desvalorizadas, pero dejando intactos, a la vez, el contenido de esas identidades y el sistema de diferenciación identitaria sobre el cual se fundan. Los remedios transformadores, por su parte, se asocian habitualmente a la deconstrucción. Intentan terminar con el no respeto transformando la estructura de evaluación cultural subyacente. Al desestabilizar las identidades y la diferenciación existentes, estos remedios no se contentan con favorecer el respeto de sí, sino que cambian las percepciones que tenemos de nosotros mismos.

El ejemplo de las sexualidades despreciadas es un ejemplo de esta distinción. Los remedios correctivos para la homofobia se asocian por lo general al movimiento gay, que apunta a revalorizar la identidad homosexual. Los remedios transformadores, por el contrario, se emparentan con el movimiento queer, que pretende deconstruir la dicotomía homosexual/heterosexual. El movimiento gay considera la homosexualidad como una cultura, dotada de rasgos particulares un poco como la etnicidad. Es un “modelo identitario”, adoptado en diferentes luchas por el reconocimiento. Intenta sustituir imágenes propias negativas, impuestas por la cultura dominante y luego interiorizadas por una cultura propia que, manifestada públicamente, obtenga el respeto de la sociedad en su conjunto. Este modelo encierra verdaderos aportes, pero al superponer política de reconocimiento y política de identidad, alienta la naturalización de la identidad de un grupo –si no su esencialización– mediante una afirmación de “autenticidad” y de su diferencia.

El movimiento queer, por el contrario, aborda la homosexualidad como el correlato construido y desvalorizado de la heterosexualidad: ninguna de las dos tiene sentido si no es una respecto de la otra. El objetivo no es ya valorizar una identidad homosexual, sino abolir esa dicotomía. El movimiento gay busca dar valor a la diferenciación que existe entre los grupos sexuales –tal como las políticas correctivas de redistribución del Estado de bienestar con las diferenciaciones sociales–; el movimiento queer pretende cuestionarlas, igual que el socialismo con la sociedad sin clases.

Al abordar la falta de reconocimiento como un prejuicio engendrado unicamente en valores ideológicos y culturales, la corriente identitaria desprecia su asidero en la estructura social. Esto lleva a sus defensores, a veces, a ignorar la injusticia económica y a concentrar sus esfuerzos solamente en la transformación de la cultura, considerada como una realidad en sí misma. Así es como pueden descuidarse los vínculos, institucionalizados en los sistemas de asistencia social, entre las normas heterosexuales dominantes y el hecho de que algunos recursos se les nieguen a las personas homosexuales. Pero esta corriente también puede ver las desigualdades económicas como simples expresiones de jerarquías culturales: según esta lógica, la opresión de clase emana de la devaluación de la identidad proletaria. El culturalismo vulgar –imagen invertida de ese marxismo vulgar que antaño prohibía la política de reconocimiento en pro de la política de redistribución– implica que reevaluar identidades devaluadas equivale a atacar las fuentes mismas de la desigualdad económica.

El riesgo de la psicologización

Al modelo identitario (correctivo) se opone lo que se llamará el modelo estatutario (transformador): la negación de reconocimiento ya no es considerada una deformación psíquica, o un prejuicio cultural autónomo, sino una relación institucionalizada de subordinación social, producida por instituciones sociales. Así pues, lo que debe ser objeto de un reconocimiento no es la identidad propia de un grupo, sino el estatuto, para los miembros de ese grupo, de miembros plenos de la interacción social. Esta política propone deconstruir las dos formas conexas de ordenamiento de una sociedad, económica y cultural, y descifrar en qué obstaculizan esa igualdad. Entonces, no se trata de postular un derecho a la estima social igual para todos (3), sino de definir, reivindicando la paridad de participación en la interacción social para todos, un campo de la justicia social que implique a la vez redistribución y reconocimiento, clase y estatus. Evitar la psicologización y la moralización: ese sea quizá el marco de pensamiento para una estrategia coherente, que contribuya a desarmar los conflictos y contradicciones entre estos dos grandes tipos de luchas.

1. Richard Rorty, Achieving our Country : Leftist thought in twentieth-Century America, Harvard University Press, Cambridge, 1998; Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams: Why America is Wrecked by Culture Wars, Metropolitan Books, Nueva York, 1995.

2. Charles Taylor, “The Politics of Recognition” en Amy Gutman (dir.), Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition, Princeton University Press, 1994.

3. Axel Honneth, La Lutte pour la reconnaissance, Le Cerf, París, 2000.

* Titular de la cátedra de Justicia Social en el Collège d’études mondiales de la Fondation de la Maison des sciences de l’homme. Autora de Les Mouvements du féminisme. De l’insurrection des années 60 au néolibéralisme, que publicará La Découverte (París) e

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Ray Bradbury, el hombre que marcó el pensamiento de generaciones

(CNNMéxico) — Ray Bradbury, quien murió el martes en Los Ángeles a los 91 años de edad, se convirtió en un clásico de dos siglos, un escritor obligado cuyos libros han cambiado la forma de pensar de varias generaciones.
En más de 500 publicaciones, entre cuentos cortos, novelas, obras de teatro, guiones de cine y de televisión, este escritor de ciencia ficción predijo todo: un mundo dominado por máquinas autómatas.

En un comunicado del representante de Bradbury, se destaca al escritor como un hombre que inspiró a "generaciones de lectores a soñar, pensar y crear" a lo largo de las siete décadas que abarca su trabajo literario.
"Una vez leído, sus palabras nunca se olvidan", señala la biografía del Bradbury publicada en su sitio oficial.
Crónicas marcianas, The illustrated man, Fahrenheit 451 y Something wicked this way, son algunos de los títulos por los que Bradbury se consagró como un grande de la literatura estadounidense y también universal. Una vasta obra que lo hizo merecedor en el año 2000 de la medalla a la Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses y la medalla Nacional de las Artes en 2004.
El libro que encendió la literatura
Más de cinco millones de copias se han publicado de Fahrenheit 451 que por primera vez vio la luz en 1953. En ella, Bradbury hace una crítica a la censura con una historia en la que un sistema de gobierno tiene la política de quemar cualquier libro para que su población no piense.
El personaje de Guy Montage es un bombero que se dedica a decomisar esos textos y destruirlos, hasta que un día, la defensa de algunas personas por proteger los libros lo llevan a dudar sobre su actuar y su vida cambia por completo.

Bradbury y la conquista de sus crónicas interplanetarias
El Marte que describe Bradbury en Crónicas marcianas es un lugar de esperanza y sueños, donde de los terrícolas huyen de un planeta sin futuro. Conquistan al planeta rojo y en el proceso de colonización hay un choque con los habitantes nativos que desnuda virtudes y vicios de la humanidad, como la guerra.
De una manera paradójica, también son los invasores los que al final son conquistados por las promesas peligrosas de confort y de familiaridad, encantados por el glamour de los marcianos.
"El hombre ilustrado"
Los 18 relatos que conforman esta obra de Bradbury representan una mezcla de magia, fantasía, imaginación y verdad, según destaca el sitio oficial del escritor.
Bradbury hace una reflexión sobre la naturaleza humana trastocada por la tecnología, en un mundo en el que "los sueños son llevados muy alto a bordo de cohetes" en viajes interplanetarios. Pero también como esta tecnología puede ser contraproducente en la vida de las personas.
"La feria de las tinieblas"
La llegada a Green Town, Illinois, en Estados Unidos de un espectáculo itinerante anunciado como "Cooger & Dark's Pandemonium Shadow Show" que seduce con sus misteriosas atracciones en el que las personas pueden cumplir deseos, como la eterna juventud, aunque con un cierto costo.

http://cnnespanol.cnn.com/2012/06/06/ray-bradbury-el-hombre-que-marco-el-pensamiento-de-generaciones/