EE.UU. autoriza atacar a terroristas en Yemen sin conocer su identidad

Por Barbara Starr, CNN
Washington (CNN) — La Casa Blanca aprobó un plan del Pentágono y la CIA para realizar ataques en Yemen contra militantes de Al-Qaeda incluso si los funcionarios estadounidenses no conocen las identidades de los individuos que atacarán, según un funcionario de Estados Unidos.
La fuente declinó ser identificada debido a la naturaleza delicada del asunto. El Wall Street Journal fue el primero en reportar el hecho.

"No tenemos que tener un nombre, biografía o informe" para atacar el objetivo, dijo.
Funcionarios de la CIA y personal militar podrán actuar solo con base en datos de inteligencia que muestren “patrones de comportamiento” que puedan significar una amenaza para Estados Unidos. Esto incluye atacar lugares donde se realicen reuniones de personas sospechosas o donde haya cierto tipo de vehículos.
Este tipo de ataques son conocidos como “señalados” porque responden a un patrón específico, o a una señal o actividad sospechosa. El funcionario enfatizó que incluso en estos casos debe haber información de inteligencia que muestre que el objetivo “es una amenaza significativa a la seguridad nacional”.
“No solo estamos ahí disparando a hombres con pistolas”, dijo el funcionario, y agregó que habrá énfasis en tratar de evitar víctimas civiles.
El tema de las víctimas no intencionales se ha vuelto un asunto sensible en Pakistán, donde hay quienes aseguran que los ataques de aviones no tripulados de la CIA llevados a cabo durante años han provocado muchas muertes de civiles.
En Yemen, el hijo adolescente de líder operativo de Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, murió durante un ataque aéreo que estaba dirigido contra un sospechoso de terrorismo.

http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/27/ee-uu-autoriza-atacar-a-terroristas-en-yemen-sin-conocer-su-identidad/

Jan Brewer asegura que la ley SB 1070 de Arizona no es racista

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, aseguró que la ley SB 1070 que es analizada por la Corte Suprema de Estados Unidos para decidir si puede ser implementada, no es racista.
En una entrevista con Juan Carlos López de CNN en Español, la gobernante dijo que se sentía muy alentada tras su salida de la Corte Suprema porque quedó confirmado por el presidente del tribunal, John G. Roberts Jr., que la ley no es racial.
“La singularización racial es ilegal y esa no es la intención de nuestro proyecto de ley, la razón por esta propuesta es que creemos en el estado de derecho” indicó Brewer.
El miércoles se presentaron los argumentos a favor y en contra de la SB 1070 que ha trascendido a nivel federal tras las denuncias de inconstitucionalidad, que critican que la legislación criminaliza a los inmigrantes.
El aspecto más polémico es que la norma permite detener a cualquier persona ante la sospecha de que sea un migrante sin documentos legales en Estados Unidos.
Un fallo a favor de la gobernadora Brewer, en época de elecciones presidenciales, podría potenciar la atención política en un asunto con cada vez más peso desde que la ley entró en vigor el 29 de de julio de 2010.
“No podemos permitirnos los costos adicionales por encarcelar a los criminales que cruzan la frontera, el cuidado de la salud, de la educación, eso nos cuesta unos 1.600 millones de dólares anuales en un presupuesto estatal de un poco más de 8.000 millones de dólares”, aseguró la gobernadora.
Brewer dijo que Estados Unidos se construyó sobre el estado de derecho, por lo tanto se tienen que cumplir las leyes.
“Creo que la SB 1070 expresa eso, somos una nación de leyes y creemos en un estado de derecho y todos tenemos que cumplirlo”
Al ser cuestionada si la implementación de esta ley afectaría de cierta forma las relaciones de Arizona con México, que comparten una misma frontera, Brewer sostuvo que es importante mantener buenas relaciones con los vecinos.
“Para los que crecimos en el suroeste, México es nuestro vecino, y todos hemos viajado allá, yo tengo propiedades en México, mis hijos han estudiado en México, mi esposo ha donado muchas horas en la Ciudad de México, amamos a México, no se trata de eso sino del estado de derecho o de cumplir con las leyes”, subrayó.
El alguacil del Condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, quien ha sido señalado de abuso de poder contra los indocumentados ilegales, dijo que lo único que ha hecho es cumplir la ley.
“Yo la he estado aplicando, pero también he hecho que se cumplieran las leyes estatales, por lo tanto, no necesito esta ley pero sí nos ayudaría”.
“Nosotros no hacemos singularización racial”, dijo también en entrevista con Juan Carlos López de CNN en Español.
Arpaio insistió en que no dejará de cumplir con las leyes sobre la inmigración y recalcó que no ha usado la “singularización racial”, como se le ha acusado en algunas ocasiones.
“Hemos investigado el problema de la inmigración ilegal, hemos seguido las leyes estatales y mi departamento, cuando empezó la lucha contra la inmigración ilegal, ha investigado y arrestado en las calles” de manera legal, indicó.

http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/28/jan-brewer-asegura-que-la-ley-sb-1070-de-arizona-no-es-racista/

Arabia Saudita cierra su embajada en Egipto ante amenazas de manifestantes

(CNN) — Arabia Saudita retiró a su embajador a El Cairo y ordenó el cierre de su embajada en Egipto, así como sus consulados en las ciudades de Alejandría y Suez, informó la agencia estatal de noticias este sábado.
Los cierres vienen después de las protestas frente a la embajada e "intentos de irrumpir y amenazar a los empleados de seguridad tanto de nacionalidad saudí como egipcia", informó la agencia Saudi Press.
Una multitud de egipcios se reunió frente a la sede diplomática saudí esta semana para pedir la liberación del abogado de derechos humanos egipcio Ahmed el-Gezawi
Fue detenido a principios de este mes por supuestas injurias al rey Abdullah. Las autoridades saudíes dicen que el-Gezawi fue arrestado tratando de introducir píldoras en el país.
Las protestas y la decisión de retirar el personal diplomático de Egipto hacen probable que resurgan tensiones de tiempo atrás entre Egipto y el reino saudí.

http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/28/arabia-saudita-cierra-su-embajada-en-egipto-ante-amenazas-de-manifestantes/

Hombres armados atacan campus de universidad en Nigeria

(CNN) – Hombres armados atacaron a varios cristianos que rezaban en el campus de una universidad de Nigeria el domingo. Los testigos dicen que se produjeron múltiples explosiones y hubo tiroteos.
El número de muertos no está claro por el momento.
El profesor A.B. Baffa dijo que estaba en su casa en el campus de la Universidad de Bayero, en la ciudad de Kano, y escuchó disparos y explosiones. Cuando fue a ver qué estaba pasando, vio a personas huyendo y diciendo que hombres armados atacaron los lugares en donde los cristianos rezaban.
Los hombres empezaron su ataque alrededor de las 8:30 a.m. contra una sala de lectura usada normalmente por cristianos para la misa dominical, reportó el periodista Salihu Tanko.
“Los informes dicen que llegaron en un vehículo y que también llegaron en motocicletas y empezaron a disparar esporádicamente y al mismo tiempo lanzaron cuatro o cinco bombas pequeñas”, reportó Tanko.
Baffa dijo que la policía cercó el área.
El ataque ocurrió mientras la universidad no está en operaciones, así que muchos estudiantes no estaban en el campus, dijo Tanko.
La oficina de extranjería británica dijo que recibió informes de una explosión y disparos en la Universidad de Bayero y que el incidente puede seguir presentándose en este momento.

http://cnnespanol.cnn.com/2012/04/29/hombres-armados-atacan-campus-de-universidad-en-nigeria/

Como una maestra jardinera

Por José Natanson

El gobierno ha dado un giro rotundo en materia de política minera y en su vínculo con Repsol/YPF. Sin embargo no resulta fácil explicar qué motivó estos cambios y por qué se producen en este momento…


La importancia de la minería para la economía argentina es relativa pero creciente. Aunque aún explica un porcentaje menor, en torno al 4 por ciento del PBI, se estima que este año generará exportaciones por unos 4.500 millones de dólares, cruciales en un momento en el que –tal como demuestra el cierre a la canilla importadora y nuevas iniciativas como la exótica misión comercial a Angola– está volviendo, temible, la restricción externa.
Concentrada en provincias con entramados productivos muy débiles, como Catamarca o San Juan, la minería resulta esencial para la salud fiscal –lo que a menudo significa salud política– de unos cuantos gobernadores. A nivel nacional, y como sucedió en 1994 con los legisladores de las provincias hidrocarburíferas, que apoyaron la reforma constitucional menemista a cambio de la provincialización de los recursos, los senadores cordilleranos son claves para la gobernabilidad, resultado de un sistema más federal de lo que habitualmente se piensa.
Las empresas que operan en Argentina se benefician de un régimen muy favorable cuyo corazón es la Ley de Minería, que incluye una serie de cláusulas asombrosas entre las que se destaca la estabilidad fiscal garantizada durante… ¡30 años! Las regalías impuestas por las provincias son bajas y las retenciones no superan el 10 por ciento (un porcentaje muy inferior al que pesa sobre las exportaciones agropecuarias, lo cual no deja de resultar llamativo ya que se trata, en este último caso, de actividades productivas basadas en un recurso renovable, y no de extractivismo puro y duro).
Pero el panorama está cambiando. Con Europa sumida en una crisis severa, Estados Unidos estancado y China en un proceso de lenta desaceleración de su extraordinario ritmo de crecimiento, el contexto internacional ya no es el que era, y se impone un giro en la estrategia de un oficialismo que, obligado a ajustarse a este entorno menos favorable, ha comenzado a rediscutir la renta de algunos de los sectores más favorecidos en los últimos años. Unos primeros pasos, todavía tímidos, ya se han dado: el gobierno, atento a un frente fiscal que no es calamitoso pero sí menos holgado que el del pasado, comenzó a recortar subsidios a actividades que gozan de altísimos márgenes de rentabilidad y, dada la creciente dificultad en la balanza comercial, dispuso que una serie de empresas liquiden en Argentina sus ganancias.
Las compañías mineras, casi todas ellas filiales de gigantes transnacionales, han sido objeto de ambas disposiciones. Fue una primera etapa. En la segunda, y en articulación con los gobernadores, que son quienes deben operar sobre recursos que constitucionalmente pertenecen a las provincias, el gobierno nacional parece decidido a modificar el régimen blando bajo el cual opera el sector. No será fácil. Urdido en los 90 e intocado durante la etapa kirchnerista, el entramado legal que protege a las empresas mineras tiende a “blindar” los contratos aumentando los costos de rescisión, que por otra parte deben ser definidos en tribunales internacionales.
¿Por qué tan tarde? Por presión de algunos gobernadores, seguramente, pero también por un dato que a menudo se pasa por alto en el fragor del debate público: contra lo que suele pensarse, un jefe de Estado –cualquier jefe de Estado– no está situado en un panóptico desde el cual controla a la perfección todas y cada una de las complejas áreas de ese mamut arisco que es el Estado. Obligado a tomar decisiones permanentemente y contrarreloj, se mueve siempre un poco a ciegas, en algunos temas más que en otros. Lo ilustro con un ejemplo: es probable que, antes de firmar la Resolución 125, el kirchnerismo careciera de un diagnóstico adecuado de la nueva realidad del campo argentino, el crecimiento de los pools de siembra, su imbricación con ámbitos de negocios urbanos (financieros, mediáticos) y su enorme poder de lobby. Una lectura antigua, salpicada de auténticos tesoros retro como las alusiones a la “oligarquía”, llevó al gobierno a una serie de decisiones equivocadas que pusieron en juego su supervivencia política.
Quizás recién ahora el oficialismo le esté prestando a la minería la atención que realmente merece. Y en este punto habrá que darle algo de crédito: en sus casi nueve años en el poder, el kirchnerismo se ha equivocado muchas veces, por supuesto, y ha cambiado de posición otras tantas, pero incluso los más críticos deberían reconocer que no tiene demasiados inconvenientes en enfrentar a los poderes fácticos, de los militares a Techint y de la Iglesia a Clarín. Si en lo que hace al manejo institucional o la transparencia en la gestión pública uno tiene derecho a dudar de sus intenciones, no ocurre lo mismo con la voluntad de tensar la relación con las corporaciones.

Discutir el petróleo

Si la minería podía ser un misterio, no sucede lo mismo con los hidrocarburos, de los cuales los Kirchner y su equipo, provenientes de una provincia petrolera como Santa Cruz, lo sabían casi todo. Pese a ello, la política energética de la Era K ha sido cortoplacista y, al menos respecto de YPF, bastante errática. A menudo guiada por objetivos nobles, como mantener los precios controlados para impulsar el consumo y la producción, o fomentar la nacionalización parcial para evitar la dispersión de objetivos estratégicos de la empresa, los resultados son elocuentes (por lo malos): disminución de las reservas (que se redujeron un 18 por ciento en los últimos diez años), caída de la producción y pocos avances en la capacidad de refinamiento, todo lo cual ha ido redondeando una balanza energética alarmantemente deficitaria (unos 3 mil millones de dólares en 2011).
Como sucede con la minería, se impone, aquí también, un cambio de política. Los hidrocarburos son recursos no renovables y, por lo tanto, estratégicos. Sería absurdo considerarlos a la par de otros commodities, como si fueran soja o café, y parece lógico que el Estado asuma un control mayor sobre variables clave, tales como inversión, distribución y precios.
La cuestión es cómo. Hasta el momento, la ofensiva oficial contra Repsol-YPF incluyó la quita de una serie de beneficios fiscales y la eliminación de subsidios, el impulso a los gobernadores aliados para que anulen concesiones y, todo así lo indica, se coronará con algún tipo de intervención estatal mediante un mecanismo todavía no definido (mi impresión, al cierre de este editorial, es que el gobierno está analizando la manera de hacerlo).
En este contexto, las apelaciones nacionalistas, como los afiches que equiparan el logo de YPF con la silueta de las Malvinas bajo el eslogan “Son argentinas”, ayudan bastante poco. Esto no implica que el gobierno deba descartar a priori ninguna opción, incluso aquellas que suponen una presencia más fuerte del Estado en el control o incluso la gestión directa de los recursos naturales, pero exige considerar con calma los desafíos financieros (en caso de una reestatización, los recursos necesarios para recapitalizar la empresa), jurisdiccionales (el rol de las provincias, propietarias últimas de los recursos) y diplomáticos (la relación con España), sin mencionar la carga gerencial extra, decisiva para un Estado que en los 90 desmanteló sus capacidades profesionales en materia de energía.
Hay que actuar con astucia para evitar caer en una “estatización boba”. ¿Qué sería una estatización boba? Una simple transferencia del paquete accionario, costosísima para el Estado y que impida orientar el esfuerzo fiscal a la ampliación de las inversiones en exploración que permitan expandir la capacidad de producción, que es lo que realmente hace falta. Esto no supone, insisto, descartar ninguna opción, pero sí invita a considerar las cosas con cuidado.

Antecedentes

La historia reciente de América Latina demuestra que una mayor presencia estatal en la gestión de los recursos naturales es perfectamente posible. Si se mira bien, la apropiación de un porcentaje creciente de la renta derivada de la exportación de materias primas es el corazón económico del giro a la izquierda de la región. Lo que distingue a esta etapa del neoliberalismo precedente no es tanto el manejo macroeconómico, en general bastante responsable, sino la decisión de los gobiernos de incrementar la porción de las ganancias que obtiene el Estado en un contexto de boom de commodities (pese a todos los esfuerzos, y con la única excepción, y muy relativa, de Brasil, la mayoría de los países de la región sigue exportando sobre todo hidrocarburos, minerales y granos).
Las vías elegidas han sido tan diversas como diversos son los países, sus gobiernos y sus folklores. En Venezuela, Hugo Chávez se apoderó del control de PDVSA –compañía pública que funcionaba como un Estado dentro del Estado– tras una disputa que incluyó un frustrado golpe y un paro de casi tres meses. En Bolivia, Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y ahora avanza con dificultades en la participación pública en la explotación de la riqueza minera, en especial del litio. En Ecuador, Rafael Correa impuso nuevos impuestos a la exportación de petróleo. Y en Perú, Ollanta Humala modificó el régimen tributario con la creación de tres nuevos impuestos sobre las utilidades operativas de las empresas mineras.
Hasta el momento, el kirchnerismo había orientado sus esfuerzos recaudatorios al agro. Y es lógico: el petróleo argentino es la soja y lo más parecido a una estatización son las retenciones.
A juzgar por sus últimos movimientos, ahora parece decidido a aumentar la presión fiscal sobre la minería e incrementar por alguna vía su control sobre los hidrocarburos. Y si por un lado las estadísticas (fastuosas ganancias mineras, creciente déficit de la balanza energética, enormes dividendos girados al exterior) avalan la nueva estrategia de presión, por otro lado no queda claro el motivo exacto que llevó a adoptarla, considerando que se trata de tendencias que vienen desde hace años. El motivo del giro en la política minera y del quiebre del vínculo con Repsol/YPF no es un dato menor: si el oficialismo pretende un acompañamiento social y apoyo popular para avanzar sobre ambas actividades, debería antes dar cuenta razonablemente de sus motivos. La explicación pedagógica, una habilidad esquiva al kirchnerismo, no es solo un arte de maestras jardineras.


© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

http://www.eldiplo.org/154-el-subsuelo-en-disputa/como-una-maestra-jardinera/

Audacia o declinación

EL FUTURO POLÍTICO DE FRANCIA

Por Serge Halimi*

Difícilmente un eventual cambio de presidente en Francia pueda abrir el camino de una política distinta. Para ello sería preciso romper con todos los tratados europeos, elaborados para servir a los intereses de la banca y opuestos a los derechos conquistados por los trabajadores tras un siglo de luchas.

Podrán las elecciones francesas conducir a un cambio de presidente sin que ello signifique terminar con los principales objetivos del período abierto en 2007? La alternancia política constituiría un alivio para los franceses porque, más allá de los reveses más ostensibles del presidente saliente –su omnipresencia, su exhibicionismo, su capacidad para decir una cosa y después la contraria, la fascinación que le inspiran los ricos, casi igual a su disposición para transformar en chivos emisarios de todos sus arranques a los desocupados, los inmigrantes, los musulmanes o los funcionarios–, los cinco años transcurridos marcaron el retroceso de la democracia política y de la soberanía popular.

Después del referéndum de mayo de 2005, los candidatos al Palacio del Elíseo de los dos principales partidos representados en el Parlamento ignoraron la oposición de una gran cantidad de franceses a una creación europea cuyos errores conceptuales se revelan en la actualidad. El escrutinio del referéndum se había realizado, sin embargo, a través de un voto inapelable, al cabo de un debate nacional de un nivel superior a la actual campaña electoral. Y la presidencia de Nicolas Sarkozy, que debía marcar la recuperación de prestigio de la voluntad política, termina en una serie de declaraciones desconcertantes. Mientras que el conjunto de los candidatos de izquierda reprochan a los bancos, François Baroin, el ministro de Economía francés, pretende que “enojarse con las finanzas es tan idiota como decir ‘estoy en contra de la lluvia’, ‘estoy en contra del frío’ o ‘estoy en contra de la niebla’”. Por su lado, el primer ministro François Fillon recomienda al candidato socialista François Hollande “someter su programa electoral a Standard & Poor’s” (1).

La subordinación de los círculos dirigentes franceses a la “democracia conforme al mercado” –credo sostenido por una derecha alemana cada vez más arrogante–, erosiona también la soberanía popular. El levantamiento de esta hipoteca es cuestión primordial en las elecciones actuales. Y obliga a plantear sin vueltas los términos del debate europeo. Nadie ignora que los programas de austeridad puestos en marcha con encarnizamiento desde hace dos años no han aportado –ni aportarán– ninguna mejoría a los problemas del endeudamiento que ellos pretenden resolver. Por consiguiente, una estrategia de izquierda que no cuestione este garrote financiero está condenada de antemano. Ahora bien, el entorno político europeo impide imaginar que esto pueda ser conseguido sin dar pelea.

Hoy por hoy, el estancamiento general está contenido por un flujo de dinero que el instituto emisor libra a bajo precio a los bancos privados, que se encargan de volver a prestarlo más caro a los Estados. Pero este respiro no depende más que de la buena voluntad del Banco Central Europeo (BCE), sostenida en una “independencia” que los tratados consagraron imprudentemente. A más largo plazo, la mayoría de los países miembros de la Unión se comprometieron dócilmente, conforme a las exigencias alemanas refrendadas por París, a endurecer sus políticas de rigor y a someter a los eventuales contraventores a un mecanismo de sanción draconiana, el Tratado sobre la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza (TSCG), en curso de ratificación.

Una prioridad absoluta

El castigo infligido a Grecia amenaza ahora a España, conminada a reducir en un tercio su déficit presupuestario aun cuando su tasa de desocupación alcanza ya el 22,8%. No lejos está Portugal, que debe disminuir su gasto público, aunque la tasa de interés de sus préstamos estalle (el 14% en marzo) y el país se hunda en la recesión (-3% de crecimiento en 2011). Imponer una vuelta de tuerca presupuestaria a los Estados amenazados por la desocupación en masa no es una situación inédita; fue la gran receta económica y social de los años 1930 en Francia... Los socialistas decían entonces: “La deflación agrava la crisis, disminuye la producción y disminuye el pago de impuestos” (2).

Sin embargo, la estupidez de las políticas actuales sólo es sorprendente para quien piense todavía que éstas tienen vocación de servir al interés general y no a la oligarquía rentista enganchada a la maquinaria del Estado. Ésta es precisamente la verdadera cara de la economía (3). Llamar a este enemigo por su nombre permitiría movilizarse mejor contra él.

En caso de alternancia política en Francia, el cuestionamiento del TSCG (o de otras políticas de austeridad del mismo tenor) debe constituir la prioridad absoluta del nuevo presidente, sea cual fuere. El éxito o el fracaso de la empresa determinará el resto: educación, servicios públicos, justicia fiscal, empleo. A Hollande le gustaría disociar el mecanismo de solidaridad europeo, que él defiende, de la terapia de shock liberal, al cual se opone. El candidato socialista se comprometió a “renegociar” el TSCG, con la esperanza de sumarle “un costado de crecimiento y de empleo” a los proyectos industriales a escala continental.

“Ninguna política de izquierda es posible en el marco de estos tratados”, estima, en cambio, Jean-Luc Mélenchon. Lógicamente, el candidato del Frente de Izquierda se opone tanto al TSCG como al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), que prevé una asistencia financiera a los países en peligro que hayan aceptado con anterioridad las medidas draconianas de equilibrio presupuestario. La candidata ecologista y los candidatos trotskistas también hacen campaña por un “auditor europeo de la deuda pública”, incluso para acusarla de ilegitimidad, con el argumento de que la reducción de impuestos de estos últimos veinte años y los intereses otorgados a los acreedores explican la razón principal del nivel actual de la deuda. 

Opuestos a la renegociación de los tratados, la mayoría de los Estados europeos, con Alemania a la cabeza, no se imaginan nada parecido. Y menos prestar sumas importantes a Estados en dificultades financieras que no hayan dado pruebas de una “buena” gestión. Es decir, a los que no hayan aceptado a la vez nuevas privatizaciones y la revisión de áreas importantes de su seguridad social (jubilaciones, subsidios por desempleo, salario mínimo, etc.). Por otra parte, el 24 de febrero último, Mario Draghi, presidente del BCE, en una conferencia con The Wall Street Journal, resumió: “Los europeos ya no son lo suficientemente ricos como para pagar a todos los que no trabajan”. El ex vicepresidente de Goldman Sachs agregó que una “buena” austeridad exigiría reducir a la vez los impuestos (lo que ningún candidato francés propone, ni siquiera Sarkozy) y el gasto público.

La Santa Alianza europea

Es decir que un presidente de izquierda chocaría pronto con la oposición de la mayoría de los gobiernos de la Unión –en su gran mayoría conservadores– y con la del BCE, sin olvidar a la Comisión Europea, presidida por José Manuel Durão Barroso. Es de manera completamente deliberada que tanto el primer ministro británico, como el polaco y el italiano, y la canciller alemana se negaron a recibir al candidato favorito francés de los sondeos, considerado menos complaciente que el actual presidente.

Ya lo indicó Jan Kees de Jager, ministro de Economía holandés: “Realmente, no estamos a favor de una renegociación. Por el contrario, si Hollande quiere llevar a cabo más reformas, nosotros estaremos a su lado, se trate de la liberalización de los servicios o de reformas del mercado de trabajo”. En suma, el apoyo de los Países Bajos está asegurado para cualquier presidente francés de izquierda que ponga en práctica una política más liberal todavía que la de Sarkozy.

Angela Merkel no oculta para nada su inclinación partidaria: se declaró dispuesta a participar de los encuentros de la derecha francesa. Los socialistas alemanes muestran menos entusiasmo hacia sus camaradas vecinos. El presidente del partido, Sigmar Gabriel, se declara solidario; pero otro dirigente, Peer Steinbrück, que también espera suceder a la canciller en dieciocho meses, consideró “ingenuo” el compromiso de Hollande de “renegociar una vez más todos estos acuerdos [europeos]”. Anticipa un viraje del candidato francés: “Si resulta elegido, su política podría diferir concretamente de lo que ha dicho” (4).

No podría descartarse esta hipótesis. Ya en 1997, antes de las elecciones legislativas, los socialistas franceses prometieron que renegociarían el Pacto de Estabilidad Europea firmado en Amsterdam; una “concesión absurda hecha al gobierno alemán”, estimaba Lionel Jospin. Una vez en el poder, la izquierda francesa apenas logró que se agregaran los términos “y de Crecimiento” al título del “Pacto de Estabilidad”.

Pierre Moscovici, actual jefe de campaña de Hollande, en 2003 volvió sobre esta pirueta semántica. Releyéndolo, es difícil no pensar en la situación que podría darse a partir de mayo próximo: “El Tratado de Amsterdam fue negociado –muy mal– antes de asumir nosotros nuestras responsabilidades. Tenía muchos defectos y, para empezar, un contenido social muy insuficiente. (…) El nuevo gobierno habría podido, con toda legitimidad, no aprobarlo (…), o por lo menos solicitar que se retomara su negociación. No fue nuestra decisión final [Moscovici era entonces ministro de Asuntos Europeos]. Pues estábamos confrontados, con Jacques Chirac en el Elíseo, a la amenaza de una triple crisis. Crisis franco-alemana, pues un retroceso de nuestra parte hubiera complicado de entrada nuestra relación con este socio esencial. (…) Crisis con los mercados financieros, cuyos operadores deseaban la adopción de este Tratado. (…) Crisis de cohabitación, por último. (…) Lionel Jospin prefirió, con justa razón, abandonar el terreno, y buscar al mismo tiempo un repliegue flexible y una salida airosa. Es decir, obtener, por el precio de su consentimiento al Tratado de Amsterdam, la primera resolución consagrada al crecimiento y al empleo de un Consejo Europeo” (5).

En la hipótesis de una victoria presidencial, además de parlamentaria de la izquierda, en mayo-junio próximos, dos elementos diferirían del panorama trazado aquí. Por una parte, el Poder Ejecutivo francés ya no estaría compartido como hace quince años; pero, por otra, el equilibrio político de Europa, que en 1997 se inclinaba hacia la centroizquierda, se inclina ahora fuertemente a la derecha. Dicho esto, hasta un gobierno tan conservador como el del primer ministro español Mariano Rajoy llegó a preocuparse de la cura de austeridad a perpetuidad que le reservan los gobernantes alemanes. Así, el 2 de marzo último, dio a conocer su “decisión soberana” de no aceptar la camisa de fuerza presupuestaria europea.

Casi al mismo tiempo, una docena de otros países –entre ellos Italia, el Reino Unido y Polonia–, reclamaron una reorientación de la política económica urdida por el tándem germano-francés. Hollande podría alegrarse. En efecto, espera que su eventual elección altere la relación de fuerzas continentales, sin que deba embarcarse en una confrontación –que rechaza abiertamente– con varios gobiernos europeos, el BCE y la Comisión de Bruselas.

Sólo que la reorientación deseada por los países liberales apenas tiene que ver con la que él mismo recomienda. La palabra “crecimiento” significa para algunos la adopción de políticas acordes con la propuesta thatcheriana (reducción de impuestos, desregulaciones sociales y medioambientales); para otros, un pequeño abanico de inversiones públicas (educación, investigación, infraestructuras). El equívoco no se mantendrá indefinidamente. Muy pronto habrá que encarar la “desobediencia europea” que recomiendan Mélenchon y otras fuerzas de izquierdas. O bien continuar sin esperanzas el curso ya emprendido. Más allá de lo que los distingue –en materia fiscal, por ejemplo–, Sarkozy y Hollande han sostenido los mismos tratados europeos, de Maastricht a Lisboa. Los dos han ratificado objetivos draconianos de reducción del déficit público (el 3% del producto interno bruto en 2013, el 0% en 2016 o en 2017). Ambos rechazan el proteccionismo. Esperan todo del crecimiento. Defienden orientaciones idénticas en política exterior y en defensa, dado que incluso la reintegración de Francia al comando militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es ya cuestionada por los socialistas franceses.

Llegó la hora, sin embargo, de romper con todos estos postulados. Para ello es condición el cambio de presidente. Pero ni la historia de la izquierda en el poder, ni el desarrollo de la campaña actual autorizan a pensar que esta condición pueda bastar. 

1. Respectivamente, RTL, 22 de enero de 2012, y Le Journal du dimanche, París, 15 de enero de 2012.

2. Preámbulo a la propuesta de la ley presupuestaria para el año 1933 del grupo socialista.

3. Véase nuestro dossier “El gobierno de los bancos”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, junio de 2010.

4. AFP, 15 de febrero de 2012.

5. Pierre Moscovici, Un an après, Flammarion, París, 2003, pp. 90-91.

* Director de Le Monde diplomatique.

Traducción: Florencia Giménez Zapiola

http://www.eldiplo.org/154-el-subsuelo-en-disputa/audacia-o-declinacion?token=&nID=1

YPF, pasado y futuro

LA ALTERADA HISTORIA DE LA PETROLERA

Por Nicolás Gadano*

La situación crítica de los indicadores energéticos y la ofensiva del gobierno reubican en el centro del debate público el destino de YPF, que en su casi centenaria historia ha sufrido una serie de cambios radicales, al calor de las necesidades macroeconómicas y los condicionamientos políticos.

Una vez más, el destino de YPF y de la industria petrolera se debate en la agenda pública de los argentinos. Los históricos dilemas de la industria –explotación privada versus monopolio estatal; dominio provincial versus dominio federal– vuelven a ocupar los titulares de los diarios. 

Los indicadores energéticos muestran una trayectoria crítica insostenible: disminución de las reservas; caída sostenida de la producción de petróleo y gas; escasas inversiones en la industria refinadora, y un fuerte incremento de las importaciones –dirigidas a cubrir la brecha entre el consumo creciente y la producción declinante– y de los subsidios fiscales que financian la permanencia de los precios de la energía artificialmente bajos que han regido en Argentina durante años. 

La industria de los hidrocarburos, que en los años de salida de la crisis del 2001 aportó cuantiosos dólares de exportación e impuestos a los dos pilares de la macroeconomía kirchnerista (el superávit comercial y el superávit fiscal), se ha convertido en una aspiradora neta de divisas y recursos fiscales, justo en el momento en el que esos dos excedentes tienden a desvanecerse, y el gobierno tiene que lidiar con las dificultades de poner en caja al mercado de cambios y a las cuentas públicas. 

En este contexto en el que la crisis de la política energética se desborda sobre cuestiones macroeconómicas, YPF parece ser identificada como la única responsable de todos los males que aquejan al sector, y ha estado sometida a una intensa crítica y medidas orientadas a debilitarla por parte de las autoridades federales y provinciales. La agresiva política de distribución de dividendos de YPF a sus accionistas –iniciada a principios de la década del 2000 por quien prácticamente era su único dueño, Repsol-YPF, y consolidada con el ingreso de accionistas locales hacia el final de esa década– ha sido duramente criticada, por su impacto en el programa de inversiones de la empresa en el país. 

La ofensiva oficialista contra YPF no sólo se ha dado en el terreno del debate público –incluyendo fuertes intervenciones de Cristina Fernández y del ministro Julio De Vido–, sino también en medidas concretas que perjudican a la empresa, como sanciones aduaneras e impositivas, denuncias en el ámbito de defensa de la competencia y el retiro de concesiones por incumplimiento contractual en algunas jurisdicciones provinciales. El fin último de esta ofensiva sería, se especula, algún tipo de toma de control de la firma por parte del Estado. 

Para los analistas, no deja de resultar llamativo que un gobierno que lleva casi nueve años de gestión continua, con los mismos funcionarios a cargo del Ministerio de Infraestructura y Planificación (De Vido) y de la Secretaría de Energía (Daniel Cameron), y que avaló e impulsó el modelo de composición accionaria y gestión que hoy registra YPF, se muestre ahora tan antagónico a la empresa, al punto de amenazarla con la estatización. 

En su larga historia, no es la primera vez que YPF se enfrenta a una política energética volátil y altamente condicionada por la coyuntura macroeconómica, en particular, bajo un gobierno peronista. De hecho, durante los tres períodos de gobiernos peronistas más extensos –Perón en los 40-50, Menem en los 90 y los Kirchner en los años recientes– el proyecto para YPF sufrió cambios significativos, siempre impulsados por condicionamientos macroeconómicos. 

Primer peronismo

En el caso de Perón (su primera y segunda presidencias), los primeros años permitieron la consolidación de un modelo basado en la nacionalización de los yacimientos y el monopolio estatal concentrado en YPF, cuya expresión máxima fue la inclusión en el artículo 40 de la Constitución reformada en 1949 de la “propiedad inalienable e imprescriptible de la Nación” de los yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes naturales de energía. En esos primeros años, bajo la conducción del ingeniero Julio Canessa, que llegó a ocupar simultáneamente las presidencias de YPF y de Gas del Estado, la petrolera estatal intentó incluso desplazar definitivamente a sus competidores privados (la Shell y la Esso) para alcanzar el monopolio absoluto de la industria de los hidrocarburos. A fines de 1947, Canessa había elaborado un plan de nacionalización y todo estaba listo para que Perón lo anunciara en el discurso del “Día del petróleo”, el 13 de diciembre. El esperado discurso de Perón, sin embargo, no incluyó referencia alguna a la nacionalización de las empresas extranjeras, hecho que desató una oleada de especulaciones en torno a las presiones de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra para evitar la apropiación de sus compañías. 

Lo cierto es que la Shell y la Esso no sólo no fueron expropiadas y nacionalizadas, sino que algunos años después fueron convocadas por el propio Perón, junto a otras importantes empresas petroleras internacionales, para organizar un desembarco masivo de inversiones externas en el sector. 

YPF no había podido responder al desafío de acompañar la creciente demanda energética de la expansiva economía peronista. Sus ingresos eran erosionados por una política de precios bajos en un marco de fuerte inflación, y los gastos salariales, impulsados por las mejoras y beneficios para los trabajadores sindicalizados, saltaron del 16% al 40% del total de ingresos entre 1943 y 1948, limitando la disponibilidad de fondos para inversión. La gestión operativa de la empresa se debilitó con la decisión del primer presidente peronista de YPF, el general entrerriano Ramón Albariño, de expulsar a más de 300 empleados (incluyendo al grueso de la cúpula gerencial histórica de la organización), y de darle un creciente poder al sindicato (el histórico Sindicato Único de Petroleros del Estados, SUPE), en el manejo de la empresa. A esto se sumaban las dificultades para acceder a partidas presupuestarias y a las divisas necesarias para importar el equipamiento y los insumos requeridos por el programa de inversiones de la empresa. 

Pese a los esfuerzos por aumentar la producción, YPF no pudo acompañar el fuerte incremento del consumo de petróleo y derivados. Las importaciones petroleras saltaron de menos de 200.000 metros cúbicos en 1946 a casi 2.000.000 de metros cúbicos en 1950, impactando significativamente en las cuentas externas de la economía argentina. YPF fue subsumida en una organización estatal mayor (Empresas Nacionales de Energía, ENDE), y su capacidad de respuesta frente a los desafíos de la demanda de energía se debilitó aun más. 

En 1953, las importaciones de combustibles ya explicaban el 23% del total de importaciones argentinas. Frente a ese escenario, acosado por la recesión y la falta de divisas, Perón dispuso un giro de la política económica, impulsando el ingreso de inversiones externas. En la industria petrolera, YPF fue dejada de lado, y las principales empresas multinacionales del sector fueron convocadas para explorar y desarrollar el sector, bajo la premisa de que traerían los dólares necesarios para hacerlo. En mayo de 1955, Perón aprobó el primer contrato con una filial de la Standard Oil de California (la actual Chevron), que otorgaba derechos de exploración por 40 años en un área inicial de casi 50.000 kilómetros cuadrados en Santa Cruz. El contrato, que sería el único en firmarse y nunca llegaría a implementarse por la caída del gobierno peronista en septiembre de 1955, fue resistido por YPF, y rechazado no solo por toda la oposición a Perón, sino también por importantes referentes peronistas, como John Willliam Cooke y el propio Canessa, quien años después lo caracterizó como “uno de los más humillantes contratos que la historia del petróleo contemporáneo conoce” (1). Perón, que había iniciado su gestión con un claro discurso a favor de YPF y del monopolio estatal, se fue del gobierno defendiendo el ingreso masivo de empresas extranjeras para impulsar el crecimiento de la industria petrolera argentina. 

Los 90

Casi cincuenta años después, un nuevo gobierno peronista, bajo el liderazgo de Carlos Menem, llevó adelante un proceso de privatización, desregulación y apertura de la economía que incluyó a la energía y la industria de los hidrocarburos, y que se mantuvo a lo largo de toda una década. El proyecto para YPF, sin embargo, sufrió un giro significativo durante la gestión menemista, con consecuencias que se arrastran hasta la actualidad. 

Si bien en los primeros años menemistas YPF debió desprenderse de áreas petroleras y otros activos, su privatización no estaba prevista en el marco legal sancionado a mediados de 1989, cuando Menem inició su mandato condicionado por la fuerte inestabilidad macroeconómica. En 1990, el Ejecutivo dispuso la transformación de la empresa en una sociedad anónima, e inició un proceso de reestructuración comandado por el ingeniero José Estenssoro. A fines de 1992, en un contexto macroeconómico de estabilidad que permitía mayor flexibilidad en el diseño del esquema de privatización (ya no se imponía la urgencia de eliminar el déficit fiscal y conseguir divisas para el Banco Central), el Congreso sancionó la Ley 24.145 de “Federalización de los Hidrocarburos y Privatización de YPF”. A diferencia de otros procesos privatizadores previos, en el caso de YPF se dispuso una distribución atomizada de las acciones, evitando el control por parte de otra compañía petrolera, local o extranjera. El Estado Nacional mantuvo el 20% de las acciones, límite mínimo fijado por ley, con poderes de veto especiales para cualquier operación de toma de control; las provincias petroleras recibieron una cantidad considerable de acciones y mantuvieron un 11%. Los empleados recibieron el 10% de las acciones, y el resto fue vendido en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El equipo de conducción liderado por Estenssoro mantuvo el control de la empresa, y la embarcó en un proceso de expansión regional e internacional. Como accionistas principales, el Estado Nacional y las Provincias mantenían presencia en el Directorio de la empresa (el representante del Estado Nacional fue durante varios años el ex presidente Ítalo Luder, mientras que por las provincias revistaba como director el actual secretario de Energía, Daniel Cameron). 

En la segunda mitad de los 90, la política menemista para YPF cambió, condicionada por los shocks macroeconómicos que sufrió la economía argentina. La inesperada muerte en un accidente de aviación de Estenssoro, quien tenía trato directo con el presidente Menem, jugó seguramente un rol en la dinámica de estos cambios. 

La primera amenaza sobre el esquema de convertibilidad, el eje de toda la política económica de la gestión menemista, fue la crisis del llamado “efecto Tequila” de 1994/1995. Si bien la economía pudo recuperarse, y Menem fue reelegido para una segunda presidencia, una nueva ley del Congreso sancionada al calor de los temores del Tequila autorizó al Ejecutivo a reducir del 20% a sólo una acción el límite mínimo de participación del Estado en YPF. Las valiosas acciones estatales de YPF fueron puestas a disposición de los fondos fiduciarios que se crearon para respaldar la solvencia de las entidades financieras, amenazadas por la crisis global. 

El Tequila quedó atrás y las acciones del Estado Nacional no fueron vendidas. Entretanto, los empleados vendieron su 10% y la mayoría de las provincias hizo lo propio, aumentando la participación privada en la empresa. En la medida en que las acciones privadas estaban atomizadas, y el Estado mantenía el 20%, las decisiones estratégicas de la empresa seguían tomándose en su histórica sede de Diagonal Norte 777, en el centro de Buenos Aires. Su política de distribución de dividendos se asemejaba a la que rige a empresas similares que cotizan en Bolsa, con montos en torno a los US$ 300 millones anuales. 

La autorización legal para vender las acciones del Estado Nacional en YPF se mantuvo, y fue aprovechada por el presidente Menem en el último año de su mandato, 1999, como respuesta a una nueva amenaza macroeconómica: la crisis asiática y la devaluación de Brasil, que sometió a la economía argentina a un ajuste recesivo que finalmente llevaría al estallido del 2001. 

Frente a los evidentes desvíos en el programa fiscal financiero acordado con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades económicas echaron mano a las acciones de YPF para obtener recursos de corto plazo. Para maximizar los ingresos del fisco, se desechó el modelo de venta atomizada de acciones aplicado en la privatización original, y se decidió la venta en bloque con la autorización estatal para la toma de control de la empresa, lo que permitió el desembarco de la española Repsol, una empresa de tamaño similar a YPF que, con la venia del presidente Menem y mediante un fuerte endeudamiento, se quedó con prácticamente el 100% de las acciones. 

El management de YPF cambió; el centro de decisiones estratégicas de la empresa se mudó de Buenos Aires a Madrid; la política de inversiones en Argentina quedó condicionada a las decisiones globales de inversión del grupo Repsol, y la política de distribución de dividendos se volvió fuertemente agresiva, involucrando millonarios flujos de fondos desde Argentina a España (casi US$ 1.500 millones anuales en 2001 y 2005), imprescindibles para que Repsol repagara las deudas contraídas para comprar YPF. 

Desde el 2003

El kirchnerismo, el tercer gobierno peronista de larga duración, revirtió el enfoque aperturista y desregulador del menemismo en la industria de los hidrocarburos, y llegó a crear una nueva empresa estatal, ENARSA, que recibió el dominio y control sobre todas las áreas off shore de Argentina. Pero no hubo en los primeros años decisiones importantes respecto de YPF, que siguió en manos del grupo Repsol. 

A fines de 2007, Kirchner impulsó la “argentinización” de la empresa con el ingreso del grupo Eskenazi, que adquirió el 15% de las acciones y una opción por un 10% adicional que fue ejercida en el año 2011, y colocó a Sebastián Eskenazi como nuevo CEO de la empresa. La operación se viabilizó con un fuerte endeudamiento del grupo comprador de las acciones, que convalidó y profundizó la agresiva política de distribución de dividendos iniciada por Repsol algunos años antes. En 2008, los dividendos distribuidos por YPF alcanzaron el récord de US$ 2.600 millones. 

El ingreso de accionistas locales le devolvió identidad argentina a YPF y revirtió –al menos parcialmente- la desnacionalización en el proceso de toma de decisiones de la empresa. En años recientes, la empresa aumentó los montos invertidos en exploración y producción, superando en 2011 los US$ 2.000 millones, duplicando el promedio anual invertido en años anteriores. Los anuncios realizados respecto al potencial de los descubrimientos de gas y petróleo no convencional en Neuquén resultan promisorios, aunque su verdadero alcance aún resta por conocerse. 

Hoy, sin embargo, nada de esto parece ser suficiente para evitar el embate del gobierno nacional, que no distingue a los accionistas locales de los extranjeros. Todo indica que el alarmante impacto de la “factura energética” en las cuentas fiscales y en el mercado de cambios ha disparado un proceso de toma de control estatal de YPF, por medios que aún no se conocen con precisión. Como ocurriera en los noventa con Estenssoro, seguramente la muerte de Néstor Kirchner dificulta la relación actual del gobierno con quienes recibieron su apoyo para ponerse al frente de la compañía. 

Parece difícil que un cambio accionario en YPF pueda revertir la situación crítica en la que se encuentra la industria argentina de los hidrocarburos, situación que refleja el fracaso de la política energética de la gestión kirchnerista y obliga a su revisión integral. De contar con esos varios miles de millones de dólares, el Estado podría destinarlos a inversiones genuinas en el sector (por ejemplo, a inversiones exploratorias de riesgo en la plataforma continental a través de ENARSA, o a nuevas plantas hidroeléctricas), y no a un simple cambio de manos por la compra de acciones. 

Una estatización conflictiva, por el contrario, sólo agregaría incertidumbre en un momento en el que se requiere maximizar el esfuerzo inversor de todos los actores de la industria, públicos y privados. 

En cualquier caso, de concretarse la intervención estatal, será para YPF un capítulo más en la larga historia de marchas y contramarchas a la que ha sido sometida desde que hace más de 100 años, como consecuencia del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, naciera como la primera explotación estatal de petróleo del mundo, y en las palabras del dirigente socialista Antonio De Tomaso, se consolidara “insensiblemente, sin obedecer a ninguna doctrina, como una creación espontánea y casi fatal de los hechos” (2). 

1. Julio Canessa, “La real situación petrolera. Abastecimiento de combustibles”, Editorial Colombo, Buenos Aires, 1958.

2. YPF, “Desarrollo de la industria petrolífera fiscal”, 1932.

* Economista, autor de Historia del petróleo en Argentina (Edhasa).

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

http://www.eldiplo.org/154-el-subsuelo-en-disputa/ypf-pasado-y-futuro?token=&nID=1