Violencia y frustración en Nigeria

BOKO HARAM, UNA SECTA QUE CRECE

Por Alain Vicky*

Dividida entre el Norte musulmán y el Sur cristiano, la más cruda fragmentación de Nigeria está dada en realidad por la extrema pobreza. Moldeado por ella, el grupo religioso Boko Haram, está sumergiendo cada vez más a este país africano en el caos.

Amenudo calificada de “democrazy” (democracia loca) debido a la agitación social y cultural que la caracteriza (1), Nigeria creó un monstruo: Boko Haram. En sus comienzos, hace doce años, era apenas un movimiento religioso contestatario que intentaba llenar el vacío creado por la incuria de los partidos progresistas. Pero los doctores Frankenstein del gobierno terminaron transformando esta secta en un objetivo geopolítico, principio activo de un ciclo de ataques y represalias tan espectacular como asesino.

En efecto, los aparatos políticos –desde el Partido Democrático del Pueblo (People’s Democratic Party, PDP) en el poder, hasta la oposición nordista, el Partido de Todos los Pueblos de Nigeria (All Nigeria People’s Party, ANPP)– y los sectores militares-securitarios que asesoran al presidente Goodluck Jonathan contribuyeron a radicalizar la secta nacida en el nordeste del país a comienzos de los años 2000. Ferozmente reprimida, la Jama’atu Ahlul Sunna Lidda’awati Wal Jihad (Comunidad de Discípulos para la Propagación de la Guerra Santa y el Islam) es conocida actualmente por sus iniciales: BH, por Boko Haram –“book” en pidgin english, y “prohibido” en árabe, expresión que significa rechazo a una enseñanza pervertida por la occidentalización–. Entre julio de 2009 y comienzos de febrero de 2011, la secta reivindicó ciento sesenta y cuatro ataques, atentados suicidas, ejecuciones y atracos perpetrados incluso en el corazón de la capital federal, Abuja; novecientas treinta y cinco personas fueron asesinadas, en su gran mayoría nigerianos de confesión musulmana.

La notoriedad de Boko Haram no escapa ni a los miembros de Al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) ni a los shebab (combatientes islamistas) de Somalia. Tomada por sorpresa, la prensa internacional se pregunta, a veces al precio de simplificar el problema (2), si el gigante nigeriano de ciento sesenta millones de habitantes no se dirige hacia una división entre el Norte musulmán y el Sur cristiano. 

Pero esto implicaría olvidar que la verdadera fractura en este país, donde más del 60% de la población vive con menos de dos dólares por día, sigue siendo la extrema pobreza. Los doce Estados que conforman el cinturón norte de la federación –en las fronteras de Níger, Chad y Camerún– siguen siendo los menos desarrollados del país. Las desigualdades con el Sur se han acentuado incluso desde el retorno a la presidencia de un civil, el ex general Olusegun Obasanjo, en 1999, tras cinco años de dictadura del general Sani Abacha. 

En el Estado de Borno, donde los yusufiyas de Boko Haram –por el nombre de su fallecido jefe espiritual, Ustaz Muhammad Yusuf– comenzaron su sangrienta deriva, tres cuartas partes de la población vive bajo la línea de pobreza. Un récord en el país. Sólo el 2% de los niños menores de quince meses están vacunados. El acceso a la educación resulta también muy limitado: el 83% de los jóvenes son analfabetos; el 48,5% de los niños en edad de escolarización no lo están. Y el 34,8% de los musulmanes de 4 a 16 años nunca fueron a la escuela, ni siquiera a una escuela coránica: “numerosos factores que tornan a la población particularmente vulnerable a las influencias negativas, entre ellas la violencia” (3).

Muhammad Yusuf comenzó a hacerse conocido a comienzos de los años 2000. Tenía entonces 30 años y predicaba en el pueblo, en su Estado natal de Yobe, vecino al de Borno. Se destacaba entre las decenas de miles de predicadores itinerantes, guardianes de una tradición “quietista” que preconiza una actitud de reserva, que arengan a las multitudes en los mercados de las grandes ciudades. Se oponía a los fieles de otro musulmán nigeriano, Abubakar Gumi, fallecido en 1992, e ideólogo del movimiento neo-hanbalita Yan Izala (4). Se serenó tras la instauración de la sharia a partir del año 2000 en los Estados del Norte, uno de sus principales reclamos. Había aceptado incluso unirse a las comisiones oficiales encargadas de la aplicación de la ley islámica en esas regiones. Pero la instauración de la sharia resultaba menos religiosa que política, lo que generó la burla o la reprobación de las poblaciones. En efecto, los círculos político-militares del norte la convirtieron sobre todo en un instrumento de presión en su pulseada con el poder central. La zakkat (5) –uno de los cinco pilares del islam– tampoco se aplica.

Una policía ultraviolenta

Yusuf, quien estudió teología en la Universidad de Medina en Arabia Saudita, se inspiró en las prédicas intolerantes del egipcio Shukri Mustafa, basadas en la excomunión y el exilio, y profería violentas críticas contra las autoridades de Abuja. Para él, la aplicación estricta de la ley islámica expresaba un ideal de justicia conforme a los preceptos del Profeta. Rechazaba además la educación pública “pervertida por la occidentalización”, la participación en las elecciones, así como las marcas líderes de la industria agroalimentaria nigeriana –desde los caldos Maggi hasta los sachets de leche Dairy Milk–. Este rechazo a la “modernidad” no le impidió a algunos asesinos de Boko Haram utilizar motocicletas para ir a ejecutar adeptos a Izala, conocido por sus simpatías salafistas, así como a algunas figuras de las cofradías sufíes Tidjaniya y Qadiriya.

A comienzos de los años 80, el Norte de Nigeria ya había vivido otras escaladas de violencia ligadas al enfrentamiento de sectas musulmanas “antioccidentales”. El movimiento Maitatsine, que prohibía hasta el uso de relojes, había invadido así las calles de Maiduguri y Kaduna. La feroz represión militar de sus fieles atrincherados cerca del mercado de Kano –la gran megalópolis del Norte– causó más de tres mil muertos en febrero de 2012.

En otoño de 2003, la “ciudad celestial” de Yusuf, implantada en Kanama en el Yobe profundo, había sido atacada por la policía del Estado. Varios fieles fueron asesinados. El 22 de diciembre de 2003, Boko Haram lanzó sus primeras ofensivas contra las fuerzas de seguridad, y luego se replegó en Maiduguri, la capital del Estado de Borno, donde había militado discretamente para la elección, en abril de 2003, de su nuevo gobernador, Ali Moddu Sheriff. En efecto, este último había prometido una aplicación más estricta de la sharia. No bien fue elegido, Sheriff designó a un miembro histórico de Boko Haram a la cabeza del flamante Ministerio de Asuntos Religiosos: Buju Foi. La secta instaló en Maiduguri una mezquita y una escuela. Estos establecimientos atrajeron rápidamente a los jóvenes desocupados de los barrios pobres, a los estudiantes desclasados de los campus universitarios, así como a funcionarios empobrecidos. Detrás de la religión, el mismo profundo resentimiento animaba a estas poblaciones que se consideran abandonadas por las élites del Norte, el poder central, los policías federales, corruptos y brutales.

En octubre de 2004, miembros de Boko Haram atacaron un convoy de sesenta policías cerca de Kala Balge, en la frontera de Chad. Doce agentes, tomados como rehenes, perdieron la vida allí. En Abuja, el servicio de inteligencia de Nigeria (State Security Service, SSS) comenzó a preocuparse. Pero el presidente Obasanjo tenía otras prioridades: la insurrección en el delta del Níger, donde bandas de jóvenes atacaban los pozos de petróleo (6). Detenido por el SSS, Yusuf fue trasladado a Abuja antes de ser finalmente liberado...

En abril de 2007, Obasanjo fue sucedido por el musulmán Umaru Yar Adua. En Maiduguri, Boko Haram apoyó en adelante al candidato de la mayoría, Kashim Ibrahim Imam. Pero luego de una campaña marcada por varios asesinatos políticos, Sheriff fue reelecto. Cuatro años después de haber utilizado la secta para adueñarse del poder, le declaró la guerra. En junio de 2009, quince fieles en motocicletas fueron asesinados por la policía del Estado que les reprochaba no llevar cascos. Las víctimas asistían al entierro de uno de sus compañeros abatidos por esas mismas fuerzas del orden unos días antes. Yusuf anunció su venganza a través de internet. El 26 de julio, Boko Haram lanzó una gran ofensiva en cuatro Estados del Norte, atacando bancos y comisarías. La policía y el ejército federales respondieron: más de ochocientos muertos, sin duda cientos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas, la del propio Yusuf. Las imágenes de su asesinato recorrieron internet y radicalizaron la secta. Hasta ahora, no se designó ninguna comisión de investigación gubernamental para esclarecer los sangrientos acontecimientos de julio de 2009.

¿Complicidades en el seno del poder?

Unos meses antes, en Bauchi, Boko Haram había atacado una prisión y liberado a más de setecientos hombres, entre ellos, un centenar de sus fieles. Actualmente, la secta se propaga más allá de su territorio histórico, llegando al centro del país: desde el comienzo del año 2000, la ciudad constituye el epicentro de violentos enfrentamientos confesionales que tienen como telón de fondo batallas políticas destinadas a apoderarse del control del Estado de la Meseta (7).

Boko Haram ya no tiene un comando central, sino una shura (un Consejo), integrado sin duda por una decena de hombres. Se basa en dos células principales. Dirigido por el lugarteniente de Yusuf, Abubakar Shekau, el “canal histórico” concentra sus operaciones en policías, dirigentes políticos e imanes que “mienten y se esconden tras del manto de la religión” (8); se financia atacando bancos que practican la usura, y probablemente negociando momentos de tregua. En cuanto a la célula internacionalista, que agrupa a cuadros refugiados en el extranjero tras la represión de julio de 2009, estaría dirigida por Mamman Nur, ligado al yihadismo mundial. A él se debe el cambio en el modus operandi y los blancos de la secta: el atentado suicida –algo nuevo en la historia de Nigeria– contra un edificio de Naciones Unidas, el 23 de agosto de 2011 en Abuja. Los hombres de Nur serían también los artífices de la campaña de atentados contra lugares de culto cristiano, como el extremadamente simbólico perpetrado el 25 de diciembre de 2011 en Madalla, en los alrededores de Abuja. El 20 de enero de 2012, Boko Harma atacó Kano, capital del Estado del mismo nombre al norte del país. Se lanzaron ocho asaltos coordinados contra puestos de policía y oficinas de la SSS. Coches bomba y asesinos disfrazados de policías causaron más de ciento ochenta muertos.

Pero, ¿por qué golpear de manera tan violenta en el corazón de las regiones musulmanas, con el riesgo de aterrorizar y distanciarse de sus poblaciones? En Kano, el representante local de la secta, Abubakar Shekau, gozaba en efecto de una verdadera simpatía en los barrios populares. Podía también contar con el ex gobernador del Estado, Ibrahim Shekarau, derrotado en las elecciones generales de 2011. A menos que esta estrategia de tensión –que actualmente concita la atención del Departamento de Estado estadounidense y su listado de organizaciones terroristas– beneficie a otros actores. “El mayor motivo de preocupación –señala así el investigador Morten Boos– atañe a los rumores que dan cuenta de la colusión entre Boko Haram y algunos subalternos de la política y el aparato de Estado. Hasta el momento no hay ninguna prueba, pero esto debe verse más bien como una nueva señal de los medios que algunos están dispuestos a utilizar para obtener poder y riqueza” (9).

1. “Au Nigeria, la charia à l’épreuve des faits”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2003.

2. Joe Brock, “Boko Haram, between rébellion and Jihad”, Reuters, 31-1-12.

3. Muhammad Nur Alkali, Abubakar Kawu Monguno y Ballama Shettima Mustafa, “Overview of islamic actors in northeastern Nigeria”, Nigeria Research Network, University of Oxford, enero de 2012.

4. El hanbalismo es el rito más rigorista de los cuatro madhhab (escuelas de pensamiento religioso que integran el derecho musulmán) del islam sunnita.

5. Según la zakkat, cada año lunar, los musulmanes deben calcular el monto de la limosna para dar a los más pobres. 

6. “Au Nigeria, le pétrole de la colère”, Le Monde diplomatique, París, abril de 2006.

7. El 11 de septiembre de 2001, mientras el mundo miraba hacia Nueva York, Jos era el epicentro de combates entre cristianos y musulmanes que causaban más de mil muertos.

8. Ibrahim Shekau, 11-1-12, www.youtube.com/watch?v=umkj50SUzck

9. Morten Boos, “Violent Islamist uprising in Northern Nigeria”, Norwegian peacebuilding Resource Center, 27-1-12, www.peacebuilding.no

* Periodista.

Traducción: Gustavo Recalde.

http://www.eldiplo.org/notas-web/violencia-y-frustracion-en-nigeria?token=&nID=1

Cuba celebra el primer Viernes Santo festivo desde la Revolución

El anuncio se produjo después de la visita de Benedicto XVI a la isla
La Iglesia ha llamado al perdón y la reconciliación en su discurso


Han pasado 53 años desde que los cubanos tuvieron por última vez festivo el día de Viernes Santo. Hasta hoy. Cuba ha tenido feriado este 6 de abril después de que Benedicto XVI visitara la isla hace poco más de una semana. La medida la anunció el Consejo de Ministros tres días después de que el Papa abandonara Cuba y éste pidiera a Raúl Castro que el Viernes Santo no fuera día laborable. Las autoridades cubanas anunciaron que este día tendría lugar un "receso laboral" con "carácter expeccional" por este año y dejó en manos de "los órganos superiores de la Nación la determinación definitiva" sobre este tema. Cuando en 1959 triunfó la revolución liderada por Fidel Castro, este día se eliminó del calendario de festividades.

Aprovechando el día festivo, cientos de personas han salido a las calles para acompañar la imagen de Cristo durante la procesión del Víacrucis. En la misa anterior a la procesión, que se ha celebrado en la catedral de La Habana, el cardenal Jaime Ortega ha llamado al perdón entre los cubanos. "Sin perdón no puede haber relaciones interpersonales sanas, ni vida familiar, ni convivencia social, ni reconciliación entre grupos humanos ni entre pueblos, pero cuánto nos cuesta perdonar", ha dicho Ortega.

Entre los asistentes a la misa había una representación de las Damas de Blanco, encabezada por su portavoz Berta Soler. A ellas ha dedicado unas palabras el cardenal: "Vamos a continuar esta lucha pacífica por la libertad de nuestros seres queridos pero también por una Cuba nueva, porque se respeten los derechos humanos en nuestro país".

Pero no ha hecho falta que los cubanos acudieran a la catedral para celebrar el Viernes Santos y escuchar las palabras de Ortega. De manera excepcional, la ceremonia ha sido retransmitida por uno de los canales estatales de la televisión cubana.

Según la Iglesia,casi siete millones de cubanos profesa la religión católica, lo que supone el 60% de la población.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/07/actualidad/1333766490_852447.html

Panamá, el Singapur latinoamericano

El país centroamericano crece a un ritmo superior al 10%

La añeja imagen de la callejuela de Salsipuedes remite a un viejo estilo de hacer negocios en el corazón de la capital panameña. Dominado por empresarios chinos inmigrantes, el estrecho pasadizo urbano creció económicamente al amparo y en paralelo a la construcción del ferrocarril y de la vía marítima interoceánica desde finales del siglo XIX, para convertirse en un babel comercial de españoles, americanos, turcos, indios, africanos, italianos, judíos y árabes.

El rostro de Panamá dejó atrás la anécdota histórica y busca emerger como el Singapur de las Américas. Una fila de rascacielos y megaproyectos inmobiliarios de lujo serpentea frente a la bahía de la capital —nervio y motor económico del país— y al lado de islas postizas o inventadas por robos al mar y modernas carreteras, en un permanente espectáculo de opulencia que adereza la nueva pintura del paisaje panameño.

La febril actividad empresarial de negocios de todo tipo sigue creciendo, en una tierra apetecida en las postrimerías del siglo XVII por el pirata Henry Morgan y ocupada desde el inicio del siglo XX por el presidente de EE UU, Teodoro Roosevelt, para edificar el canal de Panamá y unir el Pacífico con el Atlántico en el angosto istmo. Por décadas de escasas regulaciones estatales, el país sirvió de bazar y escondite para múltiples negociados legales e ilegales, desde armas y drogas hasta conspiraciones políticas y blanqueo de dinero.

El cóctel panameño tiene numerosos ingredientes: un canal, un centro bancario internacional, la primera flota mercante del mundo, una zona de libre comercio que es uno de las principales bases continentales de acopio y reexportación de mercancías, un ferrocarril interoceánico, siete puertos privados y decenas de casinos. Permanece la huella de haber sido uno de los más importantes paraísos fiscales de la región. Panamá se colocó en 2011 a la cabeza del crecimiento económico de América Latina y el Caribe, con un incremento de 10,6% del Producto Interno Bruto, frente a 9,2% en 2010, según el Instituto de Estadística y Censo (INEC) del país.

La economía panameña, agregó el INEC, recuperó el ritmo de aumento de dos dígitos que registró antes de la crisis mundial que estalló en 2008. El PIB, añadió el Instituto, pasó de 20.300 millones de euros en 2010 a 26.420 millones de euros en 2011, con lo que Panamá marcó distancia con el resto de países iberoamericanos y caribeños anglosajones.

Pese a que el oasis panameño deslumbra en un vecindario de economías frágiles, las dudas persisten sobre el sostenimiento del proceso a medio y largo plazo. Muchas de las nuevas grandes construcciones siguen vacías y cunden las sospechas acerca de si el origen del dinero es legal o ilegal, en un país con fama de haber servido en el pasado para acoger y legitimar capitales sucios.

Miseria y pobreza

Las cifras financieras van y vienen en el debate cotidiano, mientras la miseria y la pobreza extrema golpean a muchos capas de la población de un país que esconde un rostro de exclusión, aunque se promociona internacionalmente como una especie de arco iris permanente de oportunidades y de éxito garantizado a los capitales internacionales, con una posición estratégica para la banca, el comercio, los seguros, el transporte marítimo y aéreo mundial y una extensa lista de servicios navieros, portuarios, financieros y de telecomunicaciones.

“Es cierto: Panamá es el país de los negocios", subrayó el panameño Tomás Drohan, director jubilado y exingeniero jefe del canal. “Pero la distribución de la riqueza es pobre, es una de las peores en América Latina, aunque hay una riqueza per cápita buena. Y eso puede causar problemas sociales… ya vemos algunos", declaró Drohan a este diario. “Tenemos un grupo digamos que de personas inempleables… que ya no cuentan en las estadísticas. En las regiones de indígenas hay 99% de pobreza”, aseguró Henríquez.

De los 3,3 millones de habitantes, un 40% sufre distintos rangos de miseria y marginación. Con una población económicamente activa de poco más de un millón de panameños, el desempleo supera el 5%, lo que agudiza la tensión social en un caldero político que, con frecuencia, agita las aguas panameñas y recuerda costumbres artesanales de los negocios en la vieja Salsipuedes pero en una tierra empeñada en convertirse en un nuevo Singapur.

Después de Belice, que se independizó de Gran Bretaña en 1981, Panamá es la segunda nación más joven de la América continental, ya que obtuvo su independencia de Colombia en 1903 y por la presión de Estados Unidos, que se apropió de una franja de suelo panameño —inicialmente a perpetuidad— en la que de 1904 a 1914 construyó el Canal, con una zona aledaña para sus fuerzas militares.

Panamá, además, es una democracia joven. Invadida en 1989 por tropas de Estados Unidos, para deponer a un régimen militar golpista instalado en 1968 por el ahora fallecido general Omar Torrijos y sostenido al amparo de la oscuridad de negocios de narcotráfico por el ahora encarcelado ex-general Manuel Noriega, no fue sino a finales de diciembre de 1999 cuando salió el último soldado estadounidense de suelo panameño. Con la intervención militar de 1989, se inició un periodo de alternancia partidista en el poder político tras 21 años de régimen castrense.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/07/actualidad/1333813436_423450.html

El Asad desafía a la ONU y pone condiciones al alto el fuego del 10 de abril

El régimen exige "garantías" por escrito de que la oposición acepta poner fin a la violencia


No sería la primera vez que Bachar el Asad incumple con la ONU. El régimen sirio ha añadido algo más de duda al alto el fuego que se prevé que entre en vigor el próximo martes, 10 de abril. El compromiso alcanzado entre el Gobierno de Damasco y el enviado especial de Naciones Unidas y la Liga Árabe, Kofi Annan, se tambalea tras emitir el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio un comunicado en el que exige "garantías escritas" de la oposición sobre el cese de las hostilidades. La represión de las fuerzas de seguridad que gobierna el presidente El Asad causó la muerte ayer de más de un centenar de personas, según las denuncias de grupos de activistas sirios. Una escalada de la violencia que el propio Annan ha tachado de "inaceptable" en una nota.

"Decir que Siria va a retirar a sus fuerzas de las ciudades a fecha de 10 de abril es inexacto", afirma la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno sirio exige a Annan en este comunicado que presente "garantías escritas de la aceptación por parte de los grupos terroristas armados de la detención de toda forma de violencia". Desde el inicio de la revuelta prodemocrática en marzo de 2011, el régimen de El Asad ha responsabilizado a "grupos terroristas" de tratar de desestabilizar Siria en su beneficio.


El comunicado, cuyo contenido ha difundido en español la agencia estatal siria Sana, añade como condiciones al alto el fuego la "disposición [de los grupos armados] de entregar sus armas" y "las garantías del compromiso de los Gobiernos de Catar, Arabia Saudí y Turquía, de detener la financiación y armamento de los grupos terroristas".

"Siria no repetirá lo sucedido en el pasado, cuando aceptó retirarse ante la llegada de los observadores internacionales, momento que los terroristas aprovecharon para reorganizarse y ampliar su control sobre barrios enteros, empleando todas las formas posibles de terrorismo, asesinato, secuestro", añade la nota. Annan ha vuelto a hacer un llamamiento hoy a Gobierno y opositores para que cumplan con el alto el fuego antes de las seis se la mañana del jueves, es decir, 48 horas después de su entrada en vigor. El ex secretario general de la ONU se ha mostrado al mismo tiempo "consternado" por el aumento de las atrocidades.

El acuerdo sellado entre Damasco y Annan prevé la puesta en marcha de un plan de paz de seis puntos que termine con la sangría que sacude al país. El primero de los puntos es precisamente el alto el fuego y la retirada del contingente militar sirio de las regiones objetivo de su ofensiva. Según reveló el propio Annan la semana pasada, El Asad aceptó que el cese de las hostilidades arrancase el 10 de abril. La ofensiva con fuego de artillería, no obstante, ha obligado a la ONU, en boca de su secretario general, Ban Ki-moon, ha criticar a El Asad por servirse del plazo para el alto el fuego como "excusa" para seguir matando a la población civil.

Según informaron ayer los grupos opositores en el terreno y fuera del país, más de un centenar de personas murieron a manos de las fuerzas del régimen entre Homs, Hama, Aleppo e Idlib. La ONU cifra en más de 9.000 las víctimas mortales desde que comenzó la revuelta.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/08/actualidad/1333877883_705304.html

Ideólogos del recorte

UNIVERSIDAD NOVA DE LISBOA

Por Owen Jones*

El “consenso político y social”, anunciado por el director de la delegación del Fondo Monetario Internacional en Portugal, sin duda cuenta con el aplauso de las élites locales. Pero la población rechaza las políticas de austeridad impuestas para el “rescate” del país.

Me basta con usar mi teléfono para contactar a un miembro del gobierno, al Primer Ministro e incluso al Presidente de la República”, suele vanagloriarse el profesor Ferreira Machado, decano de la Universidad Nova de Lisboa, la principal Escuela de Negocios lusitana. Luciendo la sonrisa de aquellos que no dudan de que el mundo les debe mucho, Machado es poco propenso a subestimar la influencia de su Escuela, ni la suya.

En septiembre pasado, una investigación de The Financial Times sugería que tal vez no estuviera equivocado. “En el punto culminante de la crisis de la deuda soberana de Portugal –relataba el diario británico–, la delegación de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se trasladó a Lisboa para negociar el acuerdo sobre el rescate del país por un monto de 78.000 millones de euros, desapareció de repente de la escena.” Sin embargo, en plena campaña para las elecciones legislativas, los portugueses esperaban conocer las panaceas que la “troika” –la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE)– se aprestaba a prescribirles. “De hecho, los dos alemanes y su colega danés habían abandonado su hotel por la mañana temprano, rumbo a un discreto desayuno en compañía de asesores de la Facultad de Economía de la Universidad Nova de Lisboa” (1). “Tenían muchas ganas de entender nuestro punto de vista”, confirma Machado.

Con sus largos corredores y sus muros desnudos, la Escuela Nova se parece por momentos a un hospital abandonado. Pero, como en cualquier universidad, grupos de estudiantes con sus manuales en la mano pasean sobre el césped del parque. La Escuela se financia con fondos públicos y los gastos de inscripción llegan a los 900 euros por año. Sin ser extraordinaria, es una suma sustancial en un país donde el salario mínimo apenas supera los 485 euros mensuales, con dos aguinaldos anuales (de verano y Navidad). Atraídos por el nivel de Nova en las clasificaciones internacionales, los estudiantes provienen de unos treinta países. En efecto, The Financial Times clasifica su master en finanzas entre las treinta mejores formaciones de ese tipo en el mundo, y los que logran su Master in Business Administration (MBA) europeo pueden aspirar a ganar quince veces el salario mínimo portugués (2).

También profesor en Nova, el ministro de Finanzas del anterior gobierno (socialista), Luis Campos e Cunha, no fue invitado a la pequeña reunión con la troika. Se encoge de hombros: “Nunca tuve necesidad de asistir a un desayuno para dar a conocer mi punto de vista”. “Después de todo –agrega– fui yo quien presionó para reducir el número de días no laborables y alargar la jornada laboral en media hora. Exactamente la solución que adoptó el gobierno.” ¿Su receta? “Me limité a escribir artículos en diferentes diarios y a conceder entrevistas.”

Una fábrica de ministros

“Nova es una elite intelectual más que una elite social”, insiste Machado, incluso si la distinción resulta a veces imprecisa (3). La universidad no sólo formó a la mayoría de los dirigentes políticos del país (como Vitor Gaspar, el actual ministro de Finanzas), sino que sus egresados o sus profesores se encuentran en los Consejos de Administración de las grandes sociedades portuguesas: por ejemplo, António Carrapatoso, el ex director general de Vodafone Portugal, o António de Sousa, presidente de la Asociación Bancaria Portuguesa y ex director ejecutivo (CEO) de la más importante sociedad financiera nacional, la Caixa Geral de Depósitos.

Aquí, la elite es a imagen y semejanza del país: compacta. Por lo tanto, los principales intelectuales, políticos y hombres de negocios se frecuentan desde hace mucho tiempo. Según Luís Macedo Pint de Sousa, un universitario a la cabeza de los servicios de lucha contra la corrupción en Portugal, la estructura constitucional del país favorece las “devoluciones de pelota” (restitución de favores) y el pasaje al sector privado: “Hay ministros que atribuyen muchos contratos a sociedades para las cuales trabajarán después. Nuestra Constitución prohíbe que los ministros ocupen más tarde un escaño en el Parlamento, cosa que, por ejemplo, no sucede en el Reino Unido; terminan, pues, en el sector privado”.

A la clase dirigente no se le escapó el interés de una escuela como Nova (y de las ideas que promueve). Máxime cuando la competencia se revela discreta, por no decir inexistente. “En Portugal hay muy pocos think tanks independientes –declara Campos e Cunha–. En consecuencia, son las universidades las que representan ese rol.” Por lo que los principales responsables políticos del país, de derecha o de izquierda, recurren a los miembros del cuerpo docente de Nova para agenciarse de sus lumbreras.

Las estrellas de la Escuela no lo dudan: su influencia se basaría esencialmente en la objetividad de sus investigaciones. Así, les gusta presentarse como “por encima de la contienda”. La Escuela propone opiniones que carecen de “compromisos emocionales”, exclama Machado, para quien Nova ofrece “un punto de vista informado, pero independiente”, que “no está sometido a ningún lobby”.

A pesar de esta pretensión de levitación social e ideológica, los profesores reconocen la existencia de un consenso en el seno de la Escuela. “A nivel conceptual –observa Machado–, estamos de acuerdo en la necesidad de aumentar la productividad, el libre comercio, la reforma del mercado laboral, el aumento de la competitividad y el rol del Estado. Los desacuerdos conciernen a la estrategia a corto plazo. Pero todos navegamos en la misma dirección.” Cuando se le pregunta, por ejemplo, si hay keynesianos en Nova, prorrumpe en carcajadas.

La democracia, una molestia

Los economistas de la Universidad concuerdan en identificar sus contribuciones más importantes con el “paquete” de medidas que condicionaron el reflotamiento del país: flexibilización del mercado de trabajo, recortes en el gasto social y aumento del impuesto al valor agregado (IVA). Es decir, exactamente la fórmula que se aplicó en Grecia, Irlanda, España, Italia y que comienza a avanzar en Francia. ¿Acaso la influencia de Nova sobre la troika es menos decisiva que su capacidad para suministrar una legitimidad local a la austeridad que ya habían decretado Bruselas y Fráncfort?

Sea como sea, la receta no convence a la población. Cuando las dos principales federaciones sindicales lanzaron, el 24 de noviembre de 2011, la segunda huelga general de la historia de Portugal tras la dictadura, los manifestantes coreaban: “¡25 de abril siempre, liberémonos del fascismo!”, en referencia a ese día de 1974 en el que oficiales progresistas derrocaron el “Estado nuevo” del dictador Antonio Salazar, anunciando la Revolución de los Claveles.

Lejos de negar este antagonismo entre democracia y ajuste, los ideólogos de Nova lo asumen sin complejos: “Es cierto. Muy cierto. Ése es exactamente mi propósito”, opina el profesor José Neves Adelino, quien dirige el programa MBA de Nova y ocupa un puesto en los Consejos de Administración de varias sociedades. Hasta hoy, “los programas políticos se concebían para hacerse votar”, dice, proponiendo como ejemplo el sistema de salud pública. Pero, a sus ojos, un sistema universal y gratuito no siempre es viable: “Si se continúa garantizando un sistema de salud gratuito para todos, es simple: se agrega un 20% de deuda adicional. Y nos encontramos en una situación en la que no se puede asegurar el sistema que se pretende mantener”. Para Machado, “las democracias favorecen ampliamente el statu quo”. ¿Por qué? “Porque siempre se logra identificar quiénes son los perdedores de las reformas: grupos bien determinados, capaces de ejercer presión sobre los dirigentes políticos. Definir a quién va a beneficiar se revela más delicado: es a las generaciones futuras, a la comunidad en su conjunto.”

“Una de las líderes de la oposición fue muy criticada cuando exclamó: ‘¡Si tan sólo pudiera suspenderse la democracia por seis meses!’. Por supuesto –continúa Machado–, no era lo que ella preconizaba. Lo que quería decir es que el enfrentamiento entre reformas y democracia era ineluctable, y que las cosas serían mucho más fáciles si se pudiera poner a la democracia entre paréntesis.”

Pero Nadim Habib, director general de una escuela de management en Nova, conserva la esperanza: “Para ser honesto, al contemplar a los jóvenes que hoy tienen 18, 19 años, soy optimista en cuanto a la economía y la recuperación. Es ésta la generación que va a cambiar al país. Si no logramos influenciar a los dirigentes de hoy, las cosas serán diferentes con los que seguirán”. El decano asiente: “Más que la escucha del actual gobierno, prefiero tener la de la próxima generación de responsables”. ¿Serán votados? Nadie lo sabe. ¿Saldrán de Nova? Sin ninguna duda.

1. Peter Wise, “Portugal: a degree of influence”, The Financial Times, Londres, 19-9-11.

2. “Business school rankings 2011”, The Financial Times, http://rankings.ft.com

3. Véase “Où se cachent les pouvoirs”, Manière de voir, Nº 122, abril-mayo de 2012.

EL PLAN DE “SALVATAJE”

Un banco de prueba

“A veces tengo la impresión de que Portugal constituye un banco de prueba de aquello que el resto de Europa deberá soportar tarde o temprano si quiere reencontrar el crecimiento”, confía Nadim Habib, director general de un centro de formación en management en la Universidad Nova de Lisboa. Si Portugal sirve, efectivamente, de laboratorio para las políticas que se aplicarán en otros países, entonces las sociedades europeas podrían sufrir la transformación social más importante desde la caída del comunismo.

Después de Grecia e Irlanda, Portugal fue el tercer país de la Unión Europea (UE) que se benefició con un plan de “salvataje”. A cambio de una ayuda de 78.000 millones de euros (provenientes de la UE y del Fondo Monetario Internacional), en mayo de 2011, el gobierno aceptó reducir el déficit presupuestario del 9,1% al 5,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de allí a fines del año 2012, y a 1,3% en 2013. Para alcanzar tales objetivos, el ministro de Finanzas Vitor Gaspar se comprometió a recortar el gasto público: de 50,5% a 43,5% del PIB de aquí a 2015. Un proyecto “sin precedentes” en más de medio siglo, concede dicho ministro (1).

La primera ola del programa de privatizaciones más radical de la historia de Portugal empezó en diciembre, cuando el Estado vendió a la China Three Gorges Corporation sus participaciones en la compañía Energias de Portugal. Una tras otra, la autoridad aeroportuaria, la compañía aérea nacional, el agua, la radio nacional y los transportes públicos deberían ser liquidados en los próximos meses.

Mientras se redefinen las fronteras del Estado, el nivel de vida de los trabajadores con ingresos bajos y medios sufre una inédita presión. El impuesto al valor agregado (IVA) sobre la electricidad y el gas natural pasó del 6% al 23%. En 2011, todos los trabajadores tuvieron que hacer frente a un impuesto a las ganancias excepcional, equivalente al 50% de un mes de salario. Como en otros países del sur de Europa, a menudo los funcionarios reciben dos meses de aguinaldo; se suprimieron para aquellos que superaban los 1.000 euros mensuales. Considerados en conjunto, los empleados del sector público vieron cómo sus ingresos se reducían en un 25% (2). El subsidio de los desocupados sufrió una rebaja del 17% para una prestación que ahora se limita a dieciocho meses. Los salarios del sector privado no salen mejor parados: el gobierno prolongó la jornada laboral en media hora, es decir el equivalente a quince días de trabajo –no remunerado– por año.

A comienzos de enero, invocando un descenso de la demanda interna superior al previsto y que día a día la austeridad debilita cada vez más, el Banco Central disminuyó sus previsiones económicas, anunciando para 2012 una contracción del 3,1% del PIB (3). Cuando el 13 de enero la agencia de calificación Standard & Poor’s rebajó la nota de nueve países europeos, Portugal fue considerado de “alto riesgo”. La agencia fundamentó su decisión en estos términos: “Estimamos que un proceso de reforma basado sólo en la austeridad fiscal corre el riesgo de tener un efecto inverso al buscado, en la medida en que la demanda interna se derrumba debido a la creciente inquietud de los consumidores a propósito de la seguridad del empleo y del monto de sus ingresos netos, lo que erosiona la recaudación tributaria nacional” (4).

A fines de 2011, Portugal logró su objetivo de déficit presupuestario, pero tan sólo porque retiró 5.600 millones de euros de activos de las cajas de jubilaciones del país (5). g

1. The Financial Times, Londres, 31-8-11.

2. “Fears of ‘cosmetic’ reform as Portugal austeriy bites”, The Financial Times, 24-11-11.

3. “Portugal Lowers Economic Outlook”, The Wall Street Journal, Nueva York, 10-1-12.

4. “When, oh when, will Europe face the truth?”, The Daily Telegraph, Londres, 16-1-12.

5. “Portugal raids pension funds to meet deficit targets”, The Daily Telegraph, 2-12-11.

O.J.

* Periodista. Autor de Chavs. The Demonization of the Working Class, Verso, Londres, 2011.

Teresa Garufi

http://www.eldiplo.org/notas-web/ideologos-del-recorte?token=&nID=1

Crisis en Madagascar

UNA TRANSICIÓN SIN FIN


Por Thomas Deltombe*

Tres años después del derrocamiento del presidente Marc Ravalomanana, Madagascar se encuentra en un impasse. La Isla está hundida en una profunda crisis, víctima de la rapacidad de las elites y de las cuestionables políticas de desarrollo impuestas por sus socios extranjeros.


Debían ser cuatro o cinco, aunque finalmente son unos treinta los obreros que nos esperan sentados unos junto a otros en los bancos de madera que suelen usarse en las reuniones sindicales. No todos están afiliados a la Confederación General de Sindicatos de Trabajadores de Madagascar (Fisema), la primera organización de asalariados del país. Pero casi todos están empleados en las empresas textiles de la zona franca de Antsirabe, tercera ciudad de Madagascar, 170 kilómetros al sur de la capital, Antananarivo.
Es en estas islas mundializadas que brotaron en los últimos veinte años, donde se confeccionan –por un salario mensual de 90.000 o 110.000 ariary (30-40 euros)– los shorts, jeans y camisetas que se venden en Europa con las etiquetas de las grandes marcas. Reunidos bajo el pizarrón del “sendika” [sindicato, en malgache], en el patio contiguo a la casa del delegado local de la Fisema, los obreros aceptan explicarnos “la crisis”, bajo condición, insisten, de que no citemos sus nombres.

La “crisis” es ante todo la parálisis política que acecha al país desde marzo de 2009, cuando el alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina, desplazó del poder al entonces presidente Marc Ravalomanana, cuestionado por la opinión pública y abandonado por el ejército. Desde entonces, la situación inicialmente provisoria se eternizó bajo la forma de una Alta Autoridad de Transición (AAT) presidida por Rajoelina. A pesar de haber renunciado oficialmente, Ravalomanana no tiene ninguna intención de dejar que su rival se imponga. Exiliado en Sudáfrica, planea seriamente regresar al país. La “comunidad internacional”, que acusa a Rajoelina de haber cometido un golpe de Estado, suspendió la mayoría de las ayudas que beneficiaban a Madagascar. Pero ese episodio revela fallas de funcionamiento más profundas, de tipo estructural, que ponen de manifiesto la falta de habilidad de las elites malgaches y el fracaso del modelo de desarrollo impuesto al país desde hace décadas.

“Los responsables son los políticos, pero las consecuencias las sufrimos nosotros”, exclama un obrero de Antsirabe. Las sanciones económicas afectan profundamente la economía, ya debilitada por la crisis económica de 2008, recuerda otro, que insiste en la ruptura del African Growth and Opportunity Act (AGOA), ley estadounidense que en los últimos diez años había reactivado la industria textil malgache. Desde que se suspendió ese dispositivo, en 2009, más de 25.000 obreros –de los 100 mil con que cuenta el sector– fueron despedidos. Y muchos otros atravesaron largos períodos de suspensión de la producción por parte la empresa.

Los más golpeados

La fábrica Mklen, que exportaba toda su producción a Estados Unidos, cerró sus puertas y dejó en la calle a 1.200 empleados. Extrañamente, los que trabajan para las fábricas que siguen funcionando –Cottonline, Cotona, Aquarelle– ignoran cuál fue el destino de sus colegas de Mklen. Es imposible saber qué fue de ellos, como si súbitamente se hubieran transformado en fantasmas: unos se habrían sumado al conjunto de hombres que tiran a pie esos carruajes de dos ruedas, llamados carros de culí, muy comunes en las calles de Anstirabe; otros habrían regresado a sus pueblos de origen, y unos pocos habrían sido enviados a la Isla Mauricio o a Jordania, donde la firma tiene otras fábricas…

Algunas empresas menos dependientes del AGOA, como Cottonline, pudieron volver a emplear personal después de 2010. Pero, como ocurre en otros lugares, los patrones aprovechan la situación para ajustarle la rienda a los obreros. “Nos aplican reducciones de salario con cualquier excusa. A veces despiden gente por cualquier motivo, simplemente para mostrarnos que son ellos los que mandan”, afirma una joven con notorio enojo. En el banco contiguo, una mujer asiente con la cabeza y cuenta que tras ocho años trabajando en Cottonline fue despedida sin preaviso “porque estaba enferma”. Le dieron 200 mil ariary (70 euros), y se tuvo que ir a su casa.

El Estado también se ve muy afectado por el congelamiento de la ayuda internacional, que en 2008 representaba la mitad de sus ingresos. Los funcionarios aún perciben sus salarios, pero las administraciones sufrieron severas reducciones en sus presupuestos. En ese contexto, la Inspección del trabajo, o la Caja Nacional de Previsión Social (Cnaps) resultan incapaces de imponerse frente los empleadores. El director del control de gestión de la Cnaps, Manan’lala Adriantsalama, reconoce abiertamente su incapacidad para controlar las 20.000 firmas afiliadas. “Y los trabajadores tienen tanto miedo de perder su empleo que no se atreven a venir aquí para quejarse”, añade.

Las repetidas promesas hechas a los malgaches desde la adopción de la ley de 1989 sobre las zonas francas, parecen lejanas. Apostando a las “ventajas comparativas” y a los “efectos de arrastre”, Madagascar debía entrar en un “circulo virtuoso de crecimiento”. Al cabo de veinte años, sólo se realizó la primera parte de ese programa: los salarios fueron mantenidos artificialmente bajos, a pesar de la elevada capacidad profesional de los trabajadores; y se erradicaron los impuestos y los derechos aduaneros para atraer las inversiones extranjeras. Pero –y es en este punto donde la teoría se derrumba– el círculo que generaron esas restricciones nunca fue “virtuoso”. Hace ya veinte años, hasta los partidarios de ese cuestionable “modelo de desarrollo” afirmaban que sólo podía tener éxito “si el clima fuera verdaderamente favorable y tranquilizador para los inversores” (1).

Pero ocurre que la Gran Isla no resulta para nada tranquilizadora. Madagascar, que fue escenario de una primera revolución en 1972, no dejó de verse conmocionada por crisis políticas e incesantes transiciones. En 1991 la población salió a las calles para revelarse contra el dictador Didier Ratsiraka, que ocupaba el poder desde hacía dieciséis años. En 2002, el mismo Ratsiraka, que había regresado al palacio presidencial por la vía de las urnas seis años antes, fue nuevamente obligado a exiliarse por los partidarios del empresario Ravalomanana. Al cabo de lo que fue casi una guerra civil, “el rey del yogurt” –como se denominaba al dueño del grupo agroalimentario Tiko– terminó imponiéndose. Pero, luego de ser electo en 2006, tuvo también que partir al exilio en 2009, al ser derrocado por el joven Rajoelina, cuya trayectoria de empresario y de político es sorprendentemente similar a la de Ravalomanana... (2)

Las crisis se suceden: 1972, 1991, 2002, 2009, y la vida se torna cada vez más difícil. La tasa de crecimiento resulta negativa en relación con la población del país, que pasó de 7,6 millones en 1975, a más de 20 millones en la actualidad. El Producto Interno Bruto por habitante (PIB/h) disminuyó un promedio de 1,6% cada año, entre 1975 y 2003. Y durante los periodos de florecimiento económico, entre 2003 y 2008, por ejemplo, la situación de la población prácticamente no ha mejorado. Tres cuartas partes de los malgaches (76,5%) siguen viviendo bajo la línea de la pobreza: 468.800 ar., lo que equivale a 160 euros por persona y por año. Madagascar “es un país de dos velocidades, donde una minoría está integrada a los circuitos de decisión económica y política, mientras que la mayoría de la población permanece marginada”, señala un informe del Banco Mundial publicado en junio de 2010 (3).

El descenso a los infiernos

Así es que, mientras un puñado de ricos se atrincheran en los barrios privados de la capital, protegidos por alambrados y empresas de seguridad privadas, los otros se ajustan el cinturón sobre sus estómagos vacíos. Esa supervivencia se tornó aún más difícil, dado que desde 2009 el precio de los productos de primera necesidad –los PPN, como se los llama habitualmente– no dejan de subir. En medio de ese clima, y cuando los puestos de trabajo perdidos desde marzo de 2009 llegan a 200 mil (4), los pocos trabajadores del sector formal que aún perciben un salario, por módico que sea, son considerados privilegiados.

“Nos hundimos”, reconoce José, mientras conduce su bamboleante Renault 4L por las calles de Antananarivo. Ex maestro de obra en una empresa constructora, uno de los sectores más afectados por la crisis junto al textil y al de turismo, José fue despedido poco después de que Rajoelina llegara al poder. Entonces se hizo chofer de taxi. “Antes ganaba un millón y medio FMG [105 euros] (5). Ahora es mi mujer la que me mantiene”, confiesa con amargura. El testimonio de Ginah, de 30 años, ilustra de manera más dramática aún ese descenso a los infiernos. Soltera y sin hijos, Ginah es lavandera y debe ocuparse de sus cuatro sobrinos. Sus dos hermanas –explica con voz dulce– se volatilizaron luego de haber sido despedidas de empresas francas de Antananarivo. Como los fantasmas de Mklen en Antsirabe. Por su parte, su hermano, harto de buscar un empleo fijo, decidió alistarse en el ejército –sin salario, pero con techo y comida asegurados– antes que caer en el infernal “sector informal”. Con cuatro bocas para alimentar, Ginah acumula retrasos en el pago del alquiler y se hunde en la miseria.

Así funciona el prometedor “círculo” de los economistas. “Se registra un aumento del desempleo y del subempleo, y sobre todo una explosión del sector informal de subsistencia, una fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores y un aumento de las desigualdades sociales. Así es que los resultados obtenidos en materia de reducción de la pobreza en los últimos años desaparecieron y hasta se invirtieron”, (6) según confirma un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en base a estudios realizados en 2006 y 2010 en Antananarivo.

Si la situación es difícil en la ciudad, en el campo no es para nada mejor, indica Olivier de Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. “El 35% de la población rural pasa hambre, y cerca del 50% es vulnerable a la inseguridad alimentaria”, (7) sostiene en un alarmante informe publicado en el verano de 2011. Numerosos observadores subrayan lo absurdo de las sanciones internacionales que afectan a los malgaches sin siquiera rozar a sus dirigentes; y paradójicamente obligan a los otros países amigos a aumentar su ayuda humanitaria.

¿Quién es el responsable de esta situación? Para José, el ex maestro de obra, hay que culpar a los “agitadores”, aquellos que derrocaron a Ravalomanana en 2009. “No fue el pueblo el que hizo la revolución, fueron los empresarios que el ex presidente había dejado de lado”, afirma. Para reforzar su punto de vista, explica que los manifestantes habrían sido pagados, barrio por barrio, para fomentar disturbios y quemar los comercios Tiko, emblema del imperio industrial de Ravalomanana. Luego, señalando con el dedo la miseria circundante, agrega con una sonrisa: “Por entonces mi mujer y mis hijos apoyaban a Andry [Rajoelina]. Hoy están decepcionados”.

Muchos testimonios confirman lo que dice José. Un periodista, que pide mantenerse bajo anonimato, nos cuenta en detalle lo que vio en 2009, cuando su patrón, un empresario anti-Ravalomanana, lo envió a cubrir la información sobre la “revolución” en las calles de la capital. “Gente de Rajoelina le daba plata a un fokontany [el jefe del barrio] para incitar a los jóvenes a manifestar en el centro de la ciudad. El propio fokontany me dijo que recibía 75.000 ar. por día y por persona. Pero me di cuenta de que no distribuía todo: era también un negocio para él”. Ese mismo periodista reconoce haber recibido 20.000 ar. diarios para cubrir los acontecimientos. Cuando esa historia se le cuenta a los pro-Rajoelina, se encogen de hombros: “¿Acaso usted cree que Ravalomanana no le pagaba a sus partidarios?”.

Si bien el dinero jugó un papel que no conviene subestimar en las manifestaciones de 2009, los signos de rechazo popular habían ido aumentando en los meses previos a la caída de Ravalomanana. Con su política liberal, sirviendo prioritariamente a los intereses de sus fieles, confundiendo los intereses del Estado con los de su propio conglomerado empresarial, el entonces presidente se había puesto en contra a un creciente sector de la población (8). La elección de Rajoelina como alcalde de Antananarivo, en diciembre de 2007, frente al candidato de la presidencia, fue el signo precursor de la desgracia. Pero el dueño de Tiko no aceptó hacer ninguna concesión y aumentó, en cambio, los errores políticos, haciendo él mismo de Rajoelina un rival creíble. “Ravalomanana no escuchaba a nadie. Fue por eso que la gente lo abandonó y dejaron actuar a Rajoelina”, explica Jean-Eric Rakotoarisoa, profesor de derecho constitucional y vicepresidente de la Universidad de Antananarivo.

Aunque Rajoelina supo explotar los errores de su adversario, comenzando por su proyecto –que generó muchos cuestionamientos– de ceder 1,3 millones de hectáreas al grupo coreano Daewoo, no parece gozar de mayor popularidad que la de su predecesor poco antes de su caída. Incluso sus partidarios le reconocen como principal mérito, y a veces el único, haber desalojado a Ravalomanana…

Buenos negocios

Hay que tener en cuenta que el joven presidente de la AAT –tiene 37 años– no parece muy dispuesto a romper con las prácticas del pasado. Rajoelina y sus equipos aprovechan incluso directamente las iniciativas lanzadas por el gobierno anterior. Es el caso de un contrato por 100 millones de dólares firmado a fines de 2009 entre el Estado malgache y la empresa china Wisco para la prospección de yacimientos de hierro en Soalala, en la costa occidental. Ese negocio está envuelto en una espesa opacidad, remarca el International Crisis Group (ICG), que se asombra de que semejantes sumas hayan sido puestas a disposición de la presidencia transitoria: “Ese tipo de ingresos financieros, presentados como una gran oportunidad para el país, lo son también para el personal político en ejercicio” (9).

El ICG va más lejos, y subraya las “relaciones incestuosas” que persisten entre los intereses públicos y privados, evocando la instauración de un “poder en las sombras” por detrás de la AAT, y hasta de “un sistema que algunos califican de mafioso”. En ese registro, el caso que hizo más ruido es sin duda el de las maderas preciosas. En los meses siguientes a la llegada al poder de Rajoelina, el tráfico ilegal de madera de rosa, destinado casi exclusivamente a China, aumentó vertiginosamente. Sólo en el año 2009 cincuenta y dos mil toneladas, provenientes de unos cien mil árboles, habrían sido cortadas, más de la mitad de ellas dentro de áreas protegidas. “El dinero de la madera de rosa permitiría en parte compensar la falta de recursos del Estado de manera extrapresupuestaria, pues ese ingreso no está previsto oficialmente. Pero sobre todo sería una fuente de enriquecimiento extraordinario para ciertos miembros del régimen y para quienes los sostienen” señala el ICG.

El gobierno de transición, sin gran reconocimiento internacional, trata de mostrar que combate a esos traficantes. Pero no logra convencer a las asociaciones, que ven que se condena a personajes de segunda línea, sin salpicar a los peces gordos. Y también prosigue la tendencia criminal dentro del Estado. “No pasa una semana sin tráfico de oro, piedras preciosas o aletas de tiburón. La descomposición de la autoridad y del control aduanero abre el camino a tráficos cada vez más amplios. Algunas personas muy cercanas al presidente sacan provecho directamente”, afirma el investigador francés Mathieu Pellerin. La AAT puede fácilmente responderle: el tráfico no es exclusivo de este momento; todos los regímenes estuvieron comprometidos en ello.

Las mismas prácticas se reproducen con cada nuevo presidente. La población critica a la clase política en su conjunto. Esta tendencia ya antigua, se acentuó desde que, gracias a la crisis, fueron reintroducidos en la actividad política todos los ex presidentes. En efecto, Didier Ratsiraka (1975-1993 y 1997-2002), Albert Zafy (1993-1996), Marc Ravalomanana (2002-2009) y Andry Rajoelina (desde 2009) fueron instados por la “comunidad internacional” a ponerse de acuerdo sobre un plan para “salir de la crisis”. Así, mientras que los responsables del marasmo “negocian” (y se reparten jugosos puestos) el pueblo malgache, al que se le prometen elecciones desde 2009, comprende que no tiene ni voz ni voto.

Los habitantes de Antananarivo continúan examinando las portadas de los periódicos expuestas en la calle, y tratan de comprender las interminables negociaciones que se prolongan bajo la égida de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC). Desde las “hojas de ruta” mal hechas hasta los inhallables gobiernos “consensuales”; desde las promesas incumplidas hasta las firmas no respetadas, esa población terminó viendo la vida política como un combate de catch o una telenovela latinoamericana. La pasión no desapareció, sino que se cargó de una sensación de repugnancia creciente hacia las castas del poder, ya se trate de “grandes familias” de la aristocracia tradicional, de los caciques que manejaron el país luego de la independencia en 1960, o de empresarios convertidos en políticos por interés, como Ravalomanana o Rajoelina.

Los observadores extranjeros no son los últimos en condenar las “elites” malgaches. En una síntesis edificante, centrada en los sectores forestal y minero, un equipo del Banco Mundial presentó una severa crítica a los espacios dirigentes: “En Madagascar es mucho más fácil para las redes personales capturar un recurso o negociar un resultado que le es beneficioso a corto plazo, que consolidar un sistema público ‘impersonal’ que pueda sobrevivir a los diversos cambios de dirigentes” (10).

Ese llamado al orden, sin dudas saludable, oculta sin embargo un aspecto esencial: la continua interferencia de los “socios” extranjeros –y no sólo los chinos– en la gestión del Estado. No es posible entender los extravíos de las elites malgaches si se olvida que el Estado en el que evolucionan fue instaurado en 1960 por la ex potencia colonial, Francia, acusada aún hoy en día de inmiscuirse en los asuntos de Madagascar. ¿De qué vale la apología de la “gobernanza” por parte de las instituciones financieras internacionales, cuando ellas mismas orquestan desde comienzos de la década de 1980 una liberalización de la economía, dirigida precisamente, como en las zonas francas, a quitarle al poder público toda capacidad de acción sobre las empresas privadas?

“Los primeros responsables del bloqueo político son claramente las elites malgaches. Pero también existe una responsabilidad internacional: los franceses, los estadounidenses y los sudafricanos están en plena lucha de influencias, en momentos en que comienzan a ser explotadas varias minas gigantes, y cuando se sospecha que existen yacimientos de petróleo”, analiza Rakotoarisoa en su oficina de la Universidad de Antananarivo. En realidad, nadie en Madagascar ignora que Francia apoya firmemente a Rajoelina, mientras que los anglosajones siempre mostraron entusiasmo por Ravalomanana. Pero unos y otros, prosigue Rakotoarisoa, están posiblemente “condenados a enfrentarse al adversario chino, cada vez más ofensivo”.

1. Mireille Razafindrakoto y François Roubaud, “Les entreprises franches à Madagascar : atouts et contraintes d’une insertion mondiale réussie”, Afrique contemporaine, N° 202-203, París, abril-septiembre de 2002.

2. Véase Rémi Carayol, “Duel d’hommes d’affaires à Madagascar”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 2009.

3. Adolfo Brizzi, “Organisation sociale: une vue du bas… pour aider le haut”, in Madagascar: vers un agenda de relance économique, Banco Mundial, Washington, junio de 2010.

4. Grégoire Pourtier, “Madagascar: les PME en souffrance à cause de la crise politique”, AFP, 23-11-11.

5. En 2003, el Franco Malgache Garantido (FMG) fue reemplazado por el Ariary (5 FMG = 1 Ar.). Muchos malgaches continuan calculando en “FMG”.

6. “Analyse de la pauvreté des enfants à Madagascar”, Unicef, octubre de 2011.

7. “Conclusions préliminaires”, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Roma, 25-7-11.

8. Ver Fanny Pigeaud, “Madagascar, entre el mercado y la cruz”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, marzo de 2006.

9. International Crisis Group, “Madagascar, la crise à un tournant critique?”, informe África N° 166, Bruselas, 18-11-10.

10. Revue de la gouvernance et de l’efficacité du développement, Banco Mundial, Washington, diciembre de 2010.

* Enviado especial. Periodista, autor, junto con Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, de Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique, 1948-1971, La Découverte, París, 2010.


Traducción: Carlos Alberto Zito

http://www.eldiplo.org/notas-web/madagascar-en-crisis/

Las contradicciones del “progresismo liberal”

LOS PROBLEMAS DE UNA VISIÓN CÁNDIDA

Por Sebastián Etchemendy*

Últimamente se ha ido consolidando una corriente de intelectuales que, en sus intervenciones públicas, combina reclamos clásicos de la izquierda, como el rechazo a ciertos poderes económicos, con otros propios del liberalismo, como la división de poderes. El resultado es un planteo cargado de contradicciones.

En forma creciente, y en buena medida como resultado de su oposición al kirchnerismo, se ha ido consolidando en Argentina una corriente de crítica y pensamiento político que se podría denominar “progresista liberal”. Esta corriente presenta algunos tópicos clásicos de la izquierda, como –por ejemplo– un cuestionamiento a determinados poderes económicos y a la represión estatal a las organizaciones populares, combinados, en grado variable, con postulados más propios de la tradición política liberal: la denuncia contra la concentración de poder institucional en la Presidencia, la marginación del Congreso en la arena de toma de decisiones políticas y el poco respeto al funcionamiento genuino del federalismo. Ejemplo de esta matriz de pensamiento que ha tomado vigor este año lo constituyen intelectuales como Beatriz Sarlo. Quizás la muestra más sucinta de esta postura se encuentre en el texto “Reflexiones sobre la desigualdad” firmado por Maristella Svampa y Roberto Gargarella (1). Estos dos investigadores, junto a Sarlo y otros, conformaron el grupo Plataforma 2012. Asimismo, el más reciente agrupamiento de intelectuales y periodistas contra el supuesto tinte nacionalista del renovado reclamo argentino sobre Malvinas, que incluye a algunos de los mismos nombres (aunque no a Svampa) parece abrevar en las mismas fuentes del progresismo liberal. En este artículo señalo, basándome en razones históricas y teóricas, algunas contradicciones importantes en esta cosmovisión política. Argumento que, más allá de la coyuntura (y del kirchnerismo), en última instancia el progresismo liberal alberga una visión muy cándida sobre la posibilidad de complementar la tradición liberal con las corrientes políticas populares y de izquierda.

Mezcla de tradiciones

En el artículo mencionado, por ejemplo, Svampa y Gargarella denuncian las desigualdades económicas imperantes en materia de salud y educación entre las provincias argentinas, o de acceso general a la vivienda, e impugnan la connivencia del gobierno actual con las grandes empresas mineras, petroleras, exportadoras de granos y otras. En ese texto se condena también la conocida violencia ilegal que ejercen muchas policías provinciales. Al mismo tiempo, sin embargo, Svampa y Gargarella señalan cuestionamientos más generales típicos del recetario político liberal, como la “inédita concentración de poderes sobre la Presidencia”, a la que se califica de “monacal”, y la escasa participación del Congreso en la toma de decisiones. La imputación por la falta de federalismo, por los “modos verticales” de hacer política que impone la Presidencia y el control político del Poder Judicial, suelen ser también temas típicos en la agenda del progresismo liberal –de hecho, el documento original del colectivo Plataforma 2012 habla del “centralismo unitario” en la Argentina actual–.

Uno podría hacer una objeción de orden político-coyuntural a tales planteos. Cuestionar, por ejemplo, que los grandes grupos de medios concentrados o las organizaciones patronales agrarias (que uno supone tan adversos a un orden igualitario como las grandes empresas mineras) suelen estar menos mencionados en las denuncias que se realizan desde el progresismo liberal. No obstante, no es el estilo de crítica que me interesa formular aquí. Toda elaboración real y no testimonial de un proyecto político transformador en democracia elije algunos adversarios más que a otros, incluido el kirchnerismo. Me parece más relevante reflexionar sobre las implicancias teóricas, históricas y prácticas de este discurso de cuño progresista liberal.

Podríamos empezar señalando lo obvio: la tradición de izquierda de raíz marxista, donde uno esperaría que se apoyen intelectuales que se dicen críticos, dice poco acerca de los problemas de la concentración del poder político en el Ejecutivo y la defensa del rol del Congreso o el Poder Judicial. Como es bien sabido, los marxistas originarios estaban más preocupados por las desigualdades emergentes de un orden capitalista estructurado en torno de la propiedad privada y el trabajo formalmente “libre” que por los avatares del Congreso o los poderes ejecutivos fuertes. La lucha por esos postulados dentro de un orden democrático-legal nunca fue patrimonio del marxismo originario, pero tampoco ocupó demasiado espacio en el acervo teórico de sus herederos en el marxismo occidental, ya sea en la tradición alemana o italiana. Difícilmente encontremos en textos de Rosa Luxemburgo, Kautsky o Gramsci elogios a los ejecutivos débiles o arengas sobre la necesidad de parlamentos fuertes frente a los gobiernos una vez que la izquierda acepta el orden democrático-legal burgués. Las prioridades eran otras.

Pero si salimos de las preocupaciones teóricas marxistas y nos vamos a la práctica política de los partidos socialistas herederos de la Segunda Internacional, veremos que la consolidación de los avances de derechos sociales se dio en marcos de concentración de poder en el Ejecutivo y de hegemonía parlamentaria, más que en escenarios de presidencias débiles y pluralismo en las legislaturas. El famoso Pacto de Saltsjobaden en Suecia en 1938, donde esencialmente el sector empresario acepta las bases del futuro Estado de Bienestar, fue consecuencia de la amenaza revolucionaria por parte del SAP (el partido socialdemócrata europeo más fuerte en la primera parte del siglo XX después del alemán) a la propiedad privada y su control casi mayoritario del Parlamento. Los grandes momentos en la ampliación del Estado de Bienestar en el norte y el centro de la Europa de posguerra tienen que ver más con el avance hegemónico de la socialdemocracia o el laborismo (a veces en alianza con los partidos democristianos) que con la independencia judicial o el rol de parlamentos autónomos del Ejecutivo.

Si cruzamos el Atlántico la cuestión es aun más evidente. El New Deal, el movimiento más importante de ampliación de derechos sociales como la jubilación y el empleo en Estados Unidos, fue impulsado por un Poder Ejecutivo liderado por Franklin Roosevelt, que se enfrentó duramente (¡y por partida triple!) a los reclamos de muchos estados (provincias en EE.UU.), a una Corte Suprema favorable a los intereses empresarios y al Congreso, todos los cuales defendían de algún modo el statu quo de derechos sociales restringidos. Las batallas de Roosevelt en su proceso de ampliación de derechos contra cada una de estas instituciones que encarnan el dogma liberal, incluyendo sus presiones para la remoción de la vieja Corte Suprema, fueron memorables. Con los argumentos del progresismo liberal argentino, Roosevelt hubiera sido tachado sin dudas de hegemónico, verticalista y discrecional (2). 

Finalmente, la experiencia histórica en América Latina en lo que concierne a la ampliación de derechos no es muy diferente. Cuando uno mira la política real, los dos movimientos nacional-populares que encarnaron la expansión de derechos electorales y sociales en Argentina, el yrigoyenismo y el peronismo, tuvieron una impronta centralizadora muy fuerte en la Presidencia, tanto frente a las provincias como frente a la Corte Suprema o el Congreso. Lo mismo podría decirse de otras experiencias latinoamericanas, como el cardenismo en México o el varguismo en Brasil, que a su manera significaron el primer gran estadio de inclusión social en estos países: fueron, antes que nada, experiencias de fuerte consolidación del poder estatal centralizado.

En resumen, la experiencia histórica muestra no solo el más obvio y tradicional divorcio entre la raíz teórica del pensamiento marxista y los postulados políticos liberales, sino también que los grandes momentos de ampliación de derechos en Europa y América estuvieron caracterizados por ejecutivos concentrados y hegemónicos frente a las legislaturas, y por la centralización del poder político frente a las periferias regionales, especialmente en países federales como Estados Unidos, Argentina, México o Brasil, y no por la preservación dogmática de principios liberales como la autonomía del Congreso o del Poder Judicial, o los derechos políticos de las unidades territoriales.

Lo anterior no implica justificar, desde luego, todos los atropellos que las experiencias de izquierda o nacional-populares hicieron contra los sistemas liberales de control político y, mucho menos, un desprecio absoluto por los mecanismos de la democracia política inherentes a la tradición liberal. Los movimientos emancipatorios de este lado del mundo han aprendido, y trágicamente, de la experiencia de los años 70 y de los riesgos de menoscabar los mecanismos formales de la democracia electoral y el Estado de Derecho. Se trata más bien de asumir con madurez las obvias tensiones entre las demandas de mayor pluralismo político por un lado, y el combate contra los poderes económicos y la desigualdad por el otro. Como sabe cualquier estudiante de ciencia política que haya leído El Federalista de Madison, Hamilton y Jay—verdadera Biblia del liberalismo político moderno—, los mecanismos de “frenos y contrapesos” (como el control político a la Presidencia desde el Congreso, el Poder Judicial o las autonomías federales) fueron pensados en su origen histórico para conservar el statu quo y el poder de los propietarios ante la posibilidad de un Ejecutivo democrático-mayoritario, más que como instrumentos para prevenir la desigualdad. 

Procesos reales

El logro de la democracia política, la vigencia del Congreso y el Estado de Derecho tienen que ser parte, por supuesto, del menú de demandas de los movimientos populares. Pero una vez que el Estado de Derecho está vigente, como es el caso de la Argentina actual, seguir insistiendo en la autonomía del Congreso y la concentración de poder institucional en el Ejecutivo, o en la crítica al “centralismo unitario” como demandas prioritarias implica, en primer lugar, adosarles a los movimientos populares o de izquierda banderas que no les son propias, como lo muestran las visiones teóricas y las experiencias históricas recién revisadas. Segundo, y quizás más importante, hacen que cualquier movimiento reivindicativo termine pareciendo superfluo o testimonial. ¿Cómo combatir los poderes económicos establecidos sin un Poder Ejecutivo institucionalmente fuerte y concentrado para dar esa batalla?¿Cómo intervenir en las policías provinciales asesinas y a la vez denunciar el centralismo unitario, si la autonomía provincial es precisamente la piedra basal de esos mecanismos perversos?¿Se puede atacar la minería contaminante o la desigualdad del acceso a derechos entre provincias y al mismo tiempo potenciar el rol de un Congreso donde las provincias mineras están sobrerrepresentadas en la Cámara de Diputados, y tienen cada una tres bancas en la Cámara de Senadores a pesar de su escasa población?

No es casual que, en la política real, los procesos políticos populares y pos-neoliberales en América Latina hayan originado tensiones entre los presidentes que encarnan la nueva ampliación de derechos sociales, y los congresos, las constituciones escritas, las cortes y las autonomías federales –todas instituciones caras a la tradición liberal–, especialmente por tratarse de sistemas presidencialistas, donde esos elementos ponen muchos más obstáculos a las mayorías populares gobernantes que en el parlamentarismo europeo. Allí donde más radicales fueron los intentos de transformación social y los desafíos al establishment económico (más allá de lo acertado de su contenido puntual), como en los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, más conflictos hubo con las instituciones liberales tradicionales. 

Por ejemplo, todos los gobiernos que impulsaron leyes contra la gran prensa entraron en tensión con sectores del Poder Judicial establecido. En los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, solo mediante reformas totales o parciales de las constituciones escritas pudieron los nuevos presidentes relegitimarse en el Congreso y consolidar su (muchas veces precario) poder frente al establishment político y económico vigente. Los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina se enfrentaron con los reclamos de “autonomía federal” de regiones económicamente privilegiadas, ya se trate de Guayaquil, Zulia, el oriente boliviano o las provincias sojeras. En cambio, allí donde el progresismo se limitó a ampliar algunas políticas sociales, como en Brasil o en Chile, pero no hubo ni políticas para desconcentrar los grandes medios audiovisuales, ni activación sindical o de movimientos sociales, ni apropiación gubernamental de la renta de recursos naturales vía retenciones u otros mecanismos, los conflictos con los poderes institucionales que encarnan la tradición liberal fueron mucho menores.

Contradicciones

El progresismo liberal argentino junta inocentemente tradiciones políticas en suma tensión en pos de la crítica a un gobierno puntual. Así, aun aquellos con las mejores intenciones contaminan innecesariamente la tradición inclusiva y popular con elementos que no le son prioritarios, y en algunos casos ajenos. Dicho de otro modo, una vez asegurado el piso imprescindible de democracia política y Estado de Derecho, la política de los movimientos populares y la izquierda deben apuntar a consolidar un poder político central y transformador. La teoría y la experiencia histórica en los procesos democráticos demuestran que la ampliación de derechos sociales generalmente va desde Ejecutivos fuertes hacia el Congreso y el Poder Judicial, y desde el poder estatal central a las periferias federales, y no al revés. Postular acciones decisivas contra el poder económico y la desigualdad material, y a la vez invocar principios liberales clásicos acerca del poder concentrado de la Presidencia, el rol del Congreso y la autonomía federal, es hacer de la izquierda y la crítica un simple enunciado de buenas intenciones. 

1. Página/12, 15-1-12.

2. Por supuesto, en ocasiones una “institución liberal clásica” como el Poder Judicial ha sido impulsor relevante de ciertos derechos: es el caso del aborto o la educación igualitaria contra el racismo en EE.UU. en el siglo XX. Sin embargo, cuando se trata de derechos sociales más ligados al control de la política económica, la experiencia histórica indica que el rol del Poder Judicial ha sido mucho menor, cuando no un obstáculo.

* Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella.

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

http://www.eldiplo.org/154-el-subsuelo-en-disputa/las-contradicciones-del-progresismo-liberal?token=&nID=1