lunes, 25 de abril de 2011

Ampliación del campo de la regresión

Pacto por el euro, impacto en los salarios



Tras la dimisión, el pasado 23 de marzo, del primer ministro de Portugal, José Socrates, la Unión Europea y el FMI lanzaron un rescate financiero para Lisboa por una suma aproximada de 80.000 millones de euros a cambio de drásticos ajustes. Continúa la avanzada liberal y el rigor sigue presentándose como la solución a la crisis.
Como en un sueño de Naomi Klein que repararía los defectos de su tesis inicial, el neoliberalismo europeo se esmera de manera particular en adaptarse a la “estrategia del shock”, pero de un shock que él mismo ha contribuido a producir.
Creíamos haber visto suficiente con la “respuesta” a la crisis (financiera privada) en forma de planes de austeridad (pública) sin precedentes. Pero la prolongación del “pacto de competitividad” nos lleva a otro viaje del que ni siquiera vemos el término. Hasta dónde puede llegar la paradoja del ensañamiento neoliberal en respuesta a la crisis neoliberal es una pregunta cuya profundidad se vuelve hoy insondable.
En este inverosímil encadenamiento –en el que una conmoción secular no lleva a ninguna revisión doctrinal sino más bien a la reafirmación extendida de lo que ha fracasado de un modo tan perfecto–, el casillero “reducción del déficit” dio lugar, lógicamente, a una de esas “deducciones” extrañas que condujeron del previsible fracaso de las políticas de austeridad a la imperiosa necesidad de constitucionalizarlas.
A pesar del bombardeo que repite ad nauseam que el rigor es una estrategia de regreso al crecimiento, y aunque nos haya valido unos cuantos episodios sabrosos, como el de la “ricuperación” (1) de Christine Lagarde, no se ve bien cómo las políticas económicas europeas –coordinadas por primera vez, pero lamentablemente para peor– podrían no producir exactamente lo contrario de lo que pretenden buscar.
Porque si algunos episodios de ajuste presupuestario obtuvieron, en el pasado, cierto éxito, era con la condición imperativa de que estuvieran acompañados por una disminución en las tasas de interés, una devaluación o un contexto de crecimiento, todas cosas con las que ya se sabe con certeza que no se contará. Sólo queda la terrible sinergia negativa que conjuga esfuerzos de restricción presupuestaria de una intensidad inédita con una extensión (toda Europa) nunca vista, lo cual promete más bien una “ricaída” [richute]. En el mejor de los casos, la reducción de los déficits tendrá lugar, pero de un modo tan lento que la velocidad de crecimiento de la deuda no sufrirá mayores modificaciones. De manera que, con un crecimiento deprimido, el ratio deuda/Producto Interno Bruto (PIB) –el objetivo último de todas estas maniobras y por ende el criterio para evaluarlas– seguirá deteriorándose.
Los gobernantes de la Zona Euro confían tanto en su propia estrategia que consideraron oportuno completar el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (European Financial Stability Facility, EFSF), destinado a gestionar el episodio crítico (Grecia, Irlanda, etc.) hasta 2013, por medio de una estructura, que sí es permanente, el Mecanismo de Estabilidad Europea (European Stability Mechanism), concebido para hacer frente colectivamente a “eventuales” futuros problemas de deudas soberanas. En este asunto, toda la dificultad política residía en convencer a Alemania de ingresar en un mecanismo de solidaridad financiera al que siempre se ha negado en nombre de un “riesgo moral”: saberse cubiertos conduciría a algunos Estados a hacer aun menos en materia de disciplina presupuestaria... Como era de prever, fue Francia la que se encargó de tener la “buena idea” capaz de brindar una contrapartida que Alemania pudiera admitir y, entonces, se cambió una estructura de solidaridad financiera por un dispositivo disciplinario prometiendo que no sería necesario utilizarlo: la constitucionalización del equilibrio de las finanzas públicas.

“Desmantelamiento por la tangente”

Esta aberración mayúscula pronto fue objeto de una de esas pantomimas de especialistas bien diseñadas para dar a las peores ideas la unción de la ciencia (o de la sabiduría), y Michel Camdessus, siempre disponible para ayudar, redactó exactamente el informe que se esperaba de él. Por lo menos, después de un largo descanso tras su partida del Fondo Monetario Internacional (FMI), ¡vuelve en plena forma! Y armado con argumentos que hacen a la felicidad del lógico. “Si no se los enfrentara firmemente, [el déficit y la deuda] pondrían en duda nuestra capacidad de preservar un régimen altamente protector de seguridad social y la libertad de nuestros representantes para determinar por sí mismos, y no bajo la presión del mercado, la política de la nación...” (2). Curiosamente, surge de estas fuertes premisas una máquina para organizar metódicamente la destrucción de la seguridad social a través del cepillado automático y para quitar toda pertinencia a la elaboración de las leyes de finanzas ya que su diseño habrá sido rigurosamente establecido por una ley orgánica (3) a la que no tendrán otra opción que adaptarse...
Seguramente muy a imagen y semejanza de la desviación generalizada de la palabra política instituida por el reinado de Nicolas Sarkozy, el informe, que aquí es la voz de su amo, pone un celo bastante perverso en proclamar los más altos valores que luego serán metódicamente traicionados por todas sus recomendaciones. En una lógica del “desmantelamiento por la tangente”, mucho más eficaz que la del asalto frontal, el neoliberalismo comprendió que era más inteligente organizar el empobrecimiento del Estado de bienestar para dejar que “se impusieran” mejor las soluciones del sector privado. Y lo cierto es que el ajuste coercitivo de los gastos sociales, con todos los recortes ciegos que conllevará, como los que ya ha experimentado la Asistencia Pública - Hospitales de París (AP-HP), no tendrá otro efecto que el de crear una demanda de servicios privados, muy rápidamente satisfecha por una oferta de igual naturaleza de la que todo el mundo se regodeará en admitir que es “mucho mejor” que la miseria pública. En todo caso, una cosa es segura: al caer la Ley de Financiamiento de la Seguridad Social bajo la autoridad de la nueva ley marco, la seguridad social entra ahora explícitamente y de pleno derecho en la órbita del desmantelamiento programado; “salvar nuestro modelo social”, dicen...
Pero la estridente ironía del informe, a menos que se diagnostique la absoluta pérdida de las facultades mentales, alcanza sin dudas el colmo en el deseo manifiesto de hacer que la política presupuestaria no dependa más de los mercados financieros, ¡cuando el dispositivo de constitucionalización no tiene otra finalidad que concederle todo!
Porque la santificación constitucional del equilibrio presupuestario es una especie de caviar del inversor: ya no hay que temer ninguna dubitación parlamentaria ni ningún interrogatorio sobre la eventual oportunidad de movilizar los presupuestos para hacer frente a alguna crisis: las cuchillas automáticas funcionarán solas. Entre paréntesis, nos preguntamos en qué se habría convertido una ley orgánica de equilibrio presupuestario votada a principios de 2007 para 2012... aparte de elegir entre la inconstitucionalidad y el hundimiento en la Gran Depresión al estilo 1929-1933. Pero el informe se regodea con el imperativo de credibilidad, que equivale a la confesión de la perfecta sumisión puesto que “credibilidad” en definitiva no significa otra cosa que... “obtener la aprobación de los inversores”. Para una emancipación, convengamos que no es lo más adecuado…
Camdessus se ha tomado cómodamente la costumbre de ir de error histórico en error histórico; sin embargo, como es cristiano, enseguida pide perdón. Ya antes se había disculpado por haber literalmente devastado la economía rusa por medio de la liberalización desenfrenada y la destrucción de todas las formas institucionales que no compartían esa lógica. Preveamos un pequeño regreso a la penitencia de aquí a algunos años, cuando se hayan demostrado los maravillosos efectos de la camisa de fuerza presupuestaria, y aunque nos asegure –admirable conclusión del informe– que el equilibrio de las finanzas públicas es “la clave de un crecimiento sostenible, en la justicia y la independencia” (4). Amén. Tres años después del desencadenamiento de una crisis que se debe en su totalidad a la liberalización general, resulta increíble esta extravagante retórica de la obstinación.
Pero habrá que creerlo, si uno no quiere quedar totalmente atónito por lo que sigue. Porque en el “cesto de las contrapartidas” también se encuentra el “pacto de competitividad” (5) que, más allá de las austeridades presupuestarias, otorga todo su vigor a la “estrategia del shock”. Como si los programas de rigor, ahora con bloqueo constitucional, aún no fueran suficientes, la Unión Europea –en este caso por iniciativa de la canciller alemana, Angela Merkel, y de Nicolas Sarkozy– consideró que finalmente se había presentado la oportunidad de un “progreso real” y que sería un error no explotarla hasta el final. Al conceder por sí misma la confesión implícita del probable fracaso de las acciones de austeridad coordinadas, la estrategia europea efectúa por anticipación un nuevo desplazamiento, que tiene la doble ventaja de profundizar un poco más el olvido del hecho generador –la crisis financiera privada– y de abrir lo más posible el campo de la gran avanzada liberal. Porque esta vez, ¡arrasará con todo!
En efecto, los gobiernos parecen darse cuenta de los perversos efectos del rigor, que destruye por sí mismo sus propias condiciones de eficacia al encoger las bases fiscales más rápido de lo que reduce los gastos. Pero, ¿cómo crecer sin la ayuda de una política de recuperación? Es en este momento preciso que la desinflación competitiva hace su gran regreso. Ya en las décadas de 1980 y 1990, ésta se había impuesto como la solución imaginaria que prometía o bien el regreso al equilibrio del mercado del trabajo aun sin crecimiento, o bien el reemplazo de éste por la sóla vía de las exportaciones, y llegaba en los hechos a una combinación de ambos. Tal vez ya se ha comprendido: en este asunto, la variable estratégica es el costo del trabajo. Es por ello que la desindexación de los salarios sobre los precios (6) y la armonización hacia arriba (es decir, hacia abajo...) de la edad de jubilación a 67 años (para reducir el porcentaje de los aportes sociales en el costo salarial completo) están incluidas; y señalemos al pasar cómo, cuando Europa logra ya sea la “coordinación”, ya sea la “armonización”, siempre es para peor…
Ahora bien, dos décadas de desinflaciones competitivas nacionales han mostrado más que sobradamente su perfecto contrasentido. En primer lugar, porque volver a equilibrar el mercado de trabajo sólo mediante la disminución de su propio “precio” –el salario– es una necedad que tiene como pequeña hipótesis implícita la ausencia de todo problema de demanda; no obstante con un 77% de tasa de utilización de la capacidad de producción (7), lo mínimo que se puede decir es que no es el caso... En segundo lugar, porque, al perseverar en el extraño gusto por las soluciones autodestructivas, Europa se imagina que nos salva transformándonos a todos en otras Alemanias competitivas, pero evidentemente sin comprender que, dado que las estrategias de competitividad-precio no son cooperativas y sólo tienen beneficios cuando permanecen unilaterales, generalizarlas equivale a anular sus efectos para todos.

La neolengua de Bruselas

Pero todo esto importa poco: lo esencial es decir “competitividad”, lo que permite atacar tanto a los salarios como a la productividad, es decir, potencialmente, a todas las condiciones –monetarias, jurídicas, convencionales, competitivas, materiales– del trabajo, y todo ello de aquí en más en un clima de constante supervisión multilateral (8) so pretexto de la “convergencia”. Por neutralizada que esté, la neolengua de los comunicados europeos ya no logra ocultar demasiado sus verdaderas intenciones, y los comentarios sobran para entender a qué casualidad se deben fragmentos de frases tales como “el costo unitario de la mano de obra será objeto de seguimiento”, “reexaminar los dispositivos de fijación de los salarios y, de ser necesario, el grado de centralización del proceso de negociación, como así también los mecanismos de indexación”, “garantizar que los acuerdos salariales en el sector público apoyen los esfuerzos de competitividad aprobados en el sector privado”, “acordar esfuerzos específicos para mejorar los sistemas de educación”, “sostenibilidad de las pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales”. Y, bajo sus apariencias bonachonas, estos eufemismos enrevesados no impiden que surja ante nuestros ojos un mundo que no puede ser más claro.
Las “finanzas públicas” –que permiten alcanzar el Estado de bienestar– y la “competitividad” –que afecta a todos los ámbitos de la vida salarial– fueron siempre las dos obsesiones de la regresión. En este sentido, el inocente comunicado del Eurogrupo del 11 de marzo tal vez sea el texto más agresivo que se haya visto desde hace mucho tiempo. Para enfocar los problemas ordenadamente, es el propio impasse que produce la búsqueda del “reequilibrio mediante el rigor” el que exige contemplar soluciones alternativas a corto y largo plazo. A corto plazo primero, la hipótesis del repudio de la deuda, que obviamente debe ser una las opciones a contemplar. El riesgo de explosión bancaria que derivaría de una (o varias) fallas simultáneas importantes es ciertamente real. Excepto que esta vez, con el sector bancario arruinado, se puede vislumbrar la oportunidad de meter mano mediante la nacionalización-confiscación (9), operación perfectamente indolora para las finanzas públicas (Camdessus sabrá apreciar) y, de hecho, la única en condiciones de iniciar un proceso de revisión completa de las estructuras de la banca financiera, que ya parece no preocupar a nadie.
Pero la crisis europea de las deudas soberanas plantea sobre todo la cuestión a mediano plazo de una transformación profunda de los modos de financiación de los déficits públicos, como sugiere el verdadero estatus del “problema” de las agencias de calificación.
Por más legítimo que sea el sentimiento de indignación que provocan, las agencias –cuyas decisiones de degradación bien sabemos cómo contribuyen a los frenesíes críticos de los mercados, inevitablemente seguidos de un ajuste de tuercas adicional en los programas de austeridad– no dejan de ser un problema absolutamente subalterno. Porque hablar de las agencias, implica seguir hablando en el marco de la lógica de los mercados y del financiamiento por parte de los mercados. Dado que los mercados funcionan en base a la creencia y la opinión, las agencias de calificación son criaturas necesarias (léase bien: que surgen inevitablemente). Puesto que es propio de la lógica de la división del trabajo financiero que surjan actores especializados en la producción de juicios de opinión dirigidos a una comunidad que vive constitutivamente de juicios (sobre el valor futuro de los activos). Aunque se decida cerrar a las tres “grandes” (10), no llegarán a pasar seis meses para que veamos aparecer a sus reemplazantes. Pero los veredictos de las agencias producen sus (innegables) daños sólo porque son convertidos de inmediato en movimientos polarizados por los operadores de los mercados.
La cuestión de las agencias es, pues, casi tan periférica como la de las normas contables, ya que ambas sólo adquieren sentido en la lógica de los mercados, cuando es precisamente esta lógica la que debe ser puesta en cuestión. Y estos falsos problemas se desvanecen instantáneamente cuando se contemplan otras formas de financiación pública. En efecto, este es el verdadero desafío de la actual situación, que debería haber demostrado suficientemente los atroces daños que provoca una financiación de los déficits garantizada y vigilada por los mercados como para que se contemple otra posibilidad –por ejemplo, la activación del financiamiento monetario (a través de banco central) y/o la movilización de los ahorros de los habitantes, pero a través de circuitos institucionales fuera de mercado (11)–.

La medicina del buen doctor Keynes

En cuanto a la competitividad, hay que tener realmente una lógica de anteojeras para observarla sólo desde el lado del costo salarial y nunca desde el de la tasa de cambio. Sin embargo, los alemanes deben tener una vaga idea de esto, puesto que saben perfectamente que una eventual salida del euro llevaría a una reevaluación significativa de su nuevo marco... y que la ventaja competitiva de su larga década de deflación salarial se esfumaría inmediatamente. Ahora bien, hace tiempo ya que John Maynard Keynes brindó un esquema razonado de gestión de las balanzas comerciales y de las tasas de cambio, con su proyecto de “Cámara de Compensación Internacional” (International Clearing Union, ICU). Su premisa fundamental es que los mercados financieros son constitutivamente incapaces de realizar ajustes ordenados (mala suerte, obviamente, para una época que optó por confiarles todo). Es por esa razón que, antes que los frenesíes sistemáticamente desestabilizadores de los mercados, deben preferirse procedimientos institucionales y políticos de corrección de los desequilibrios.
La ICU keynesiana proponía un elemento de financiación de los saldos deficitarios de las balanzas de pagos. Pero también brindaba mecanismos institucionales de ajuste de las tasas de cambio. A cada país se le asignaba una cuota de déficit o de superávit comercial. Una vez que superaba una cuarta parte de esa cuota, un país con déficit estaba autorizado a devaluar un 5%, e incluso más. Pero la gran innovación de la ICU consistía en hacer que los países con superávit contribuyeran directamente. Sólo el estribillo de la competitividad, mezclado con reminiscencias mercantilistas, fue capaz de convertir al excedente comercial en una virtud indiscutible. Sin embargo, muchas veces el excedente es el fruto de una estrategia no cooperativa de ventaja competitiva unilateral ejercida sobre las espaldas de los demás, como Alemania, que hace que sus socios europeos paguen su deflación salarial con su falta de crecimiento. La ICU aplica a los países con superávit un sistema de tributación progresiva, en función de umbrales de excedentes predefinidos, con el fin de desalentar su estrategia unilateral y motivarlos a una recuperación que vuelva a equilibrar su balanza y por consiguiente mejore el déficit (y el crecimiento) de sus socios.

Una moneda común en dos niveles

Habrá quien objete que ahora son los mercados los que determinan las tasas de cambio y no los ajustes dirigidos que se determinan en las oficinas gubernamentales, y que todo proyecto de devaluación suele terminar en tormenta monetaria. ¡Esta es la razón misma por la cual hay que quitarle estos ajustes al mercado! Si bien la ICU no tiene ninguna posibilidad de sustituir al mercado mundial de divisas, sí puede, en cambio, ofrecer su modelo a una Eurozona que funcionaría según el esquema de una moneda común en dos niveles (12): moneda única para las relaciones monetarias externas, pero que admita, internamente, denominaciones nacionales con paridades ya no irrevocablemente fijas, sino ajustables según mecanismos totalmente políticos e institucionales del tipo de la ICU. Digamos claramente que dicha moneda común no podría lograr por sí misma milagros de crecimiento por medio de las exportaciones: nunca hay más de 120.000 millones de dólares de superávit alemán (13) para redistribuir en toda la Eurozona... Pero al menos habría ofrecido algunos grados apreciables de libertad en el período actual, en particular al dar a los países donde comenzó la crisis europea –Grecia, Portugal e Irlanda, los tres comercialmente deficitarios (14)– la posibilidad de devaluar y encontrar nuevas formas de crecimiento capaces de hacer más sostenibles sus ratios de deuda pública (15). Por último, y por sobre todo, al cambiar profundamente la manera de pensar y de regular las competitividades relativas al interior de la Unión Europea, nos liberaría de facto del flagelo regresivo de los “pactos por el euro”.
Se dirá que todas estas pistas son como soñar despierto y que no tienen la más mínima posibilidad de ver la luz en las condiciones actuales. ¡Y es verdad! Pero, precisamente, podría suceder que las condiciones cambiaran. Se necesitarán entre doce y dieciocho meses para que quede probado lo absurdo del rigor general y para que, al ver cómo los ratios deuda/PBI siguen con su irresistible ascenso, los mercados tomen conciencia claramente de esto. Ese día, no será la pobre EFSF, aún con herramientas infladas, la que pueda reparar las fallas simultáneas a las que llevarán todas las tasas de interés desenfrenadas. Un escenario de fractura de la Zona Euro no es menos probable que en diciembre pasado. Para el bloque que se libere de las obsesiones alemanas, la página estará de nuevo en blanco, y se habrá presentado la oportunidad de reconstruir de otra manera.

1 En francés “rilance”. Neologismo creado por la ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, que combina “rigueur” [“rigor”] y “relance” [“recuperación”].
2 “Réaliser l’objectif constitutionnel d’équilibre des finances publiques”, Informe del grupo de trabajo dirigido por Michel Camdessus, 21-6-10.
3 En la propuesta de Camdessus, la Ley Marco de Programación de las Finanzas Públicas (LMPFP) francesa, que recibe el rango de ley orgánica en la Constitución, prevalecería por sobre las leyes de finanzas simples y les fijaría su objetivo imperativo de equilibrio para un plazo determinado.
4 “Réaliser l’objectif constitutionnel…”, op. cit.
5 En la cumbre del Eurogrupo del 11 de marzo se presentó una versión apenas suavizada, con el nombre de “Pacto para el euro”.
6 En los países donde todavía existe: Portugal, Bélgica y Luxemburgo.
7 A fines de 2010. En 2007 era del 85,4% (datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia, INSEE).
8 “Conclusions des chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro”, Comunicado del Eurogrupo, 11-3-11.
9 Para un desarrollo un poco más detallado acerca de esta idea, expresada aquí de modo un poco rígido, véase “Sauver les banques: jusqu’à quand?”, La pompe à phynance, http://blog.mondediplo.net.
10 Standard&Poor’s, Moody’s y Fitch.
11 Véase Frédéric Lordon, “Empezar la desmundialización financiera”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo de 2010.
12 Según una propuesta que también plantearon Aurélien Bernier (Désobéissons à l’Union Européenne, París, Mille et une nuits, 2011) y Jacques Sapir (La démondialisation, París, Le seuil, 2011).
13 Datos Eurostat 2009.
14 Con cuentas corrientes respectivas, en 2009, del 11%, 10,31% y 2,94% del PIB.
15 Como lo demuestran por el contrario las sucesivas degradaciones de la nota portuguesa debido al “crecimiento insuficiente”.

F.L.

19 de abril de 2011Por Frédéric Lordon 

Libia, lo justo y lo injusto

Doble moral de la intervención internacional



El silencio de los gobiernos progresistas latinoamericanos ante las revueltas árabes y el apoyo a Gadafi de algunos de sus líderes resulta sobrecogedor. Contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak, la intervención actual en Libia cuenta con el aval de Naciones Unidas. Lo que no implica que esté exenta de problemas ni de intereses ocultos.
“Todos los pueblos del mundo
que han lidiado por la libertad
han exterminado al fin a sus tiranos”
Simón Bolívar

Los insurgentes libios merecen la ayuda de todos los demócratas. El coronel Gadafi es indefendible. La coalición internacional que lo ataca carece de credibilidad. No se construye una democracia con bombas extranjeras. Por ser en parte contradictorias, estas cuatro evidencias nutren cierto malestar –en particular en el seno de la izquierda– con respecto a la operación “Odisea del Amanecer”, iniciada el pasado 19 de marzo.
La insurrección de las sociedades árabes constituye el mayor acontecimiento político internacional desde el derrumbe, en Europa, del socialismo autoritario de Estado en 1989. La caída del muro del Miedo en las autocracias árabes es el equivalente contemporáneo de la caída del Muro de Berlín. Un auténtico terremoto mundial. Por producirse en el área de mayores reservas de hidrocarburos del planeta y en el epicentro del “foco perturbador” del mundo (ese arco de todas las crisis que va de Pakistán al Sahara Occidental, pasando por Irán, Afganistán, Irak, Líbano, Palestina, Somalia, Sudán, Darfur y Sahel) su onda de expansión modifica la geopolítica internacional.
El pasado 14 de enero algo se rompió para siempre en el mundo árabe. Ese día, manifestantes tunecinos que desde hacía semanas reclamaban en las plazas libertad y democracia consiguieron derrocar al déspota Ben Alí. Comenzaba el deshielo de las viejas tiranías árabes. Un mes después, en Egipto, el corazón de la vida política árabe, un poderoso movimiento de protesta social expulsaba a su vez al general Hosni Mubarak del poder. Entonces, como si de repente hubieran descubierto que los regímenes autoritarios, de Marruecos a Bahrein, eran colosos con pies de barro, decenas de miles de ciudadanos árabes se lanzaron a las plazas gritando su infinito hartazgo de los ajustes sociales y las dictaduras (1).
La fuerza espontánea de estos vientos de libertad sorprendió a todas las cancillerías mundiales. Cuando comenzaron a soplar sobre las dictaduras aliadas de Occidente (en Túnez, Egipto, Marruecos, Jordania, Arabia Saudita, Bahrein, Irak, Yemen), las grandes capitales occidentales, empezando por Washington, Londres y París, se sumieron en un prudente mutismo, o alternaron declaraciones que revelaban su profundo malestar ante el riesgo de ver desaparecer a sus “amigos dictadores” (2).

Mutismo en América Latina

Mucho más sorprendente fue, durante esta primera fase (de mediados de diciembre a mediados de febrero), el silencio de los gobiernos progresistas de América Latina, considerados por toda una parte de la izquierda internacional como su principal referente contemporáneo. Una sorpresa tanto más grande puesto que estos gobiernos tienen mucho en común con el movimiento insurreccional árabe: llegaron al poder mediante las urnas, aupados por poderosos movimientos sociales (en Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay) que, en varios países (Ecuador, Bolivia, Argentina), después de haber resistido a dictaduras militares, también derrocaron pacíficamente a gobernantes corruptos.
Inmediata debió haber sido allí la solidaridad con las insurrecciones árabes, réplicas de sus propios alzamientos cívicos. Pero no lo fue. Y eso que el carácter izquierdista del movimiento no ofrecía dudas. El conocido intelectual egipcio Samir Amin lo describe así: “Las principales fuerzas en movimiento durante los meses de enero y de febrero eran de izquierdas. Demostraron que tenían una resonancia popular gigantesca pues llegaron a movilizar a ¡más de quince millones de manifestantes en todo Egipto! Los jóvenes, los comunistas, fragmentos de las clases medias democráticas constituyeron la columna vertebral de ese movimiento” (3).
A pesar de ello, hubo que esperar al 14 de febrero –o sea tres días después de la caída del odiado Mubarak y un día antes del comienzo de la insurrección popular en Libia– para que, por fin, un líder latinoamericano calificase la rebelión árabe de “revolucionaria” en una declaración donde explicaba con lucidez: “Los pueblos no desafían la represión y la muerte ni permanecen noches enteras protestando con energía por cuestiones simplemente formales. Lo hacen cuando sus derechos legales y materiales son sacrificados sin piedad a las exigencias insaciables de políticos corruptos y de los círculos nacionales e internacionales que saquean el país” (4).
Pero cuando, naturalmente, esa rebelión se extendió a los países autoritarios del mal llamado “socialismo árabe” (Argelia, Libia, Siria), un pesado mutismo volvió a caer sobre las capitales del progresismo latinoamericano. Políticamente esto aún podía interpretarse de dos maneras: simple prolongación del prudente silencio que hasta entonces, globalmente, habían observado esas cancillerías con respecto a acontecimientos muy alejados de sus principales centros de interés; o expresión de un malestar político frente al riesgo de perder, en su pulseada contra el imperialismo, a aliados estratégicos...
Ante el peligro de que triunfase esta segunda opción, varios intelectuales relevantes (5) avisaron de inmediato que ello significaría algo impensable para gobiernos seguidores del mensaje universal del bolivarianismo. Porque sería afirmar que una relación estratégica entre Estados es más importante que la solidaridad con los pueblos en lucha, lo cual conduciría, más tarde o más temprano, a cerrar los ojos ante cualquier eventual atrocidad contra los derechos humanos (6). Y en este caso el ideal solidario de la revolución latinoamericana naufragaría en el helado océano de la Realpolitik.
En el tablero de la política internacional, la Realpolitik (definida por Bismarck, el “canciller de hierro” prusiano, en 1862) considera que los países se reducen a sus Estados. Jamás toma en cuenta a sus sociedades. Según ella, los Estados se mueven sólo en función de sus fríos intereses y de sus alianzas estratégicas (cuya finalidad esencial es la preservación del Estado y no la protección de la sociedad). Desde la paz de Westfalia en 1648, la doctrina geopolítica establece que la soberanía de los Estados es intangible en virtud del principio de no-injerencia y que un gobierno, sea cual sea el modo en que llegó al poder, tiene total libertad de hacer lo que quiera en sus asuntos internos.
Semejante idea de la soberanía –que sigue siendo dominante– ha visto erosionada su legitimidad desde el final de la Guerra Fría en 1989. Y ello en nombre de los derechos de los ciudadanos y de una concepción ética de las relaciones internacionales. Las dictaduras, cuyo número se reduce de año en año, van resultando cada vez más ilegítimas según los criterios del derecho internacional. Y moralmente inaceptables porque, entre otros graves abusos, despojan a las personas de sus atributos de ciudadanos.
Basado en este razonamiento se desarrolló, en los años 90, el concepto de derecho de injerencia o deber de asistencia que condujo, pese a aceptables pretextos de fachada, a desastres político-humanitarios de gran envergadura en Kosovo, Somalia, Bosnia... Y finalmente, bajo la conducción de los neoconservadores estadounidenses, al desastre total de la guerra de Irak (7).
Pero tan trágicos fracasos no han interrumpido la idea de que un mundo más civilizado debe ir abandonando una concepción de la soberanía interna establecida hace casi cuatro siglos en nombre de la cual poderes no elegidos democráticamente han cometido (y cometen) incontables atrocidades contra sus propios pueblos.
En 2006, la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución 1674, ha hecho de la protección de los civiles, incluso contra su propio gobierno cuando éste usa armas de guerra para reprimir manifestaciones pacíficas, una cuestión fundamental. Esto modifica, por primera vez desde el Tratado de Westfalia –en materia de derecho internacional– la concepción misma de la soberanía interna y del principio de no-injerencia. La Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, va en idéntico sentido.
En ese mismo espíritu, muchos líderes latinoamericanos denunciaron con justa razón la pasividad o la complicidad de grandes potencias democráticas ante los graves crímenes cometidos, entre 1970 y 1990, por las dictaduras militares en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y tantos otros países mártires de Centro y Suramérica.
Por eso sorprendió que no llegase de América Latina ningún mensaje de solidaridad para con los civiles reprimidos a partir del 15 de febrero, cuando empezaron las protestas sociales pacíficas en Libia, inmediatamente reprimidas por las fuerzas del coronel Gadafi con desmedida violencia (233 muertos en los primeros días) (8). Ni tampoco al estallar, el 20 de febrero, el “Tripolitazo”, cuando unos 40.000 manifestantes denunciaron la carestía de la vida, la degradación de los servicios públicos, las privatizaciones impuestas por el FMI y la ausencia de libertades.
Igual que durante el “Caracazo” del 27 de febrero de 1989 en Venezuela, esa insurrección tripolitana, retransmitida por decenas de testigos oculares, se extendió como reguero de pólvora por toda la capital: se multiplicaron las barricadas, ardió la sede del gobierno, las comisarías fueron incendiadas, los locales de la televisión oficial saqueados, el aeropuerto ocupado, y el palacio presidencial asediado. El régimen libio empezó a tambalearse.

Inmenso error político

En semejantes circunstancias, cualquier otro dirigente hubiese entendido que la hora de negociar y de abandonar el poder había llegado (9). No así el coronel Gadafi. A riesgo de sumir a su país en una guerra civil, el “Guía”, en el poder desde hace 42 años, explicó que los manifestantes eran “jóvenes a los que Al Qaeda había drogado echándoles píldoras alucinógenas en el Nescafé...” (10). Y ordenó a la Fuerza Armada reprimir las protestas a cañonazos y con una fuerza extrema. El canal Al-Jazeera mostró los aviones militares ametrallando a los manifestantes civiles (11).
En Benghazi, un grupo de protestatarios asaltó un arsenal de la guarnición local y se apoderó de miles de armas ligeras para defenderse contra la brutalidad de la represión. Varios destacamentos militares enviados por Gadafi para sofocar en sangre la protesta se sumaron a la rebelión con tanques y pertrechos. En condiciones muy desfavorables para los insurrectos empezaba la guerra civil: un conflicto impuesto por Gadafi contra un pueblo que estaba pidiendo pacíficamente el cambio.
Hasta ese momento, las capitales de la América Latina progresista seguían silenciosas. Ni una palabra de solidaridad, ni siquiera de compasión con los rebeldes civiles que luchan y mueren por la libertad. Hasta que, el 21 de febrero, en un intento por alejar cualquier acusación contra ella, la diplomacia británica –cuya responsabilidad fue central en la rehabilitación del coronel Gadafi a partir de 2004 en la escena internacional– anuncia, a través del ministro de Exteriores William Hague, que el líder libio “podría haber huido de su país y estar dirigiéndose a Venezuela” (12).
Es falso. Y Caracas lo desmiente rotundamente. Pero los medios internacionales muerden el anzuelo y se centran de inmediato en la conexión que el Foreign Office ha sugerido. Minimizando los ostentosos recibimientos de Gadafi en Roma, Londres, París o Madrid, la prensa mundial insiste en las relaciones del “Guía” con Caracas. El propio Gadafi cae en la trampa y también menciona a Venezuela en su primer discurso desde el comienzo de las protestas. Lo hace para negar su huída a ese país, pero ello da pie a nuevas especulaciones sobre el “eje Trípoli-Caracas”. Gadafi añade: “Los manifestantes son ratas, drogados, un complot de extranjeros, de estadounidenses, de Al Qaeda y de locos” (13).
Esta perezosa jácara del “complot estadounidense” es retomada como argumento por varios dirigentes progresistas latinoamericanos –Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, entre otros–, para expresar ahora, cada uno a su modo, una clara solidaridad con el dictador libio bajo los sufridos pretextos de que la “situación es confusa”, que los “medios de comunicación mienten” y que “nadie sabe quiénes son los rebeldes” (14). Ni una frase de compasión hacia un pueblo sublevado contra un tirano militar que manda disparar contra sus propios ciudadanos. Ninguna alusión tampoco a la famosa sentencia del Libertador Simón Bolívar: “Maldito sea el soldado que vuelve las armas contra su pueblo”, doctrina fundamental del bolivarianismo.
La inmensidad del error político sobrecoge. Una vez más, algunos gobiernos progresistas conceden prioridad, en materia de relaciones internacionales, a cínicas consideraciones estratégicas que se hallan en perfecta contradicción con su propia naturaleza política. ¿Los conducirá ese razonamiento a expresar también su apoyo a otro infrecuentable tiranillo local, Bashar al Assad, presidente de Siria, un país que vive bajo estado de emergencia desde 1962 y cuyas fuerzas de represión tampoco han dudado en disparar con fuego real contra pacíficos manifestantes desarmados?
En lo que respecta a Libia, la única iniciativa latinoamericana positiva fue la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que propuso, el 1º de marzo pasado, el envío a Trípoli de una Comisión internacional de mediación constituida por representantes de países del Sur y del Norte para tratar de poner fin a las hostilidades y negociar un acuerdo entre las partes. Rechazada por Seif el Islam, el hijo del “Guía”, pero aceptada por Gadafi, esta tentativa de mediación fue torpemente descartada por Washington, París, Londres y los insurgentes libios.
A partir de ahí, las cancillerías progresistas suramericanas insistieron en su apoyo a un perfecto iluminado. En efecto, hace decenios que Muamar Gadafi dejó de ser aquel capitán revolucionario que, en 1969, derrocó a la monarquía, expulsó de su país las bases militares estadounidenses y proclamó una singular “República árabe y socialista”. Desde el final de los años 70, su errática trayectoria y sus delirios ideológicos (véase su disparatado Libro Verde) lo han convertido en un dictador imprevisible y jactancioso. Semejante a aquellos tiranos locos que América Latina conoció en el siglo XIX con el nombre de “caudillos bárbaros” (15). Ejemplos de sus trastornos: la expedición militar de 3.000 hombres que lanzó, en 1978, en auxilio del sanguinario Idi Amín Dadá, otro demente presidente de Uganda... O su afición a un juego erótico con chicas menores llamado “bunga bunga” que le enseñó a su socio italiano Silvio Berlusconi... (16).
Gadafi jamás se ha sometido a ninguna elección. Ha establecido en torno a su imagen un culto de la personalidad que linda con el endiosamiento. En la “masocracia” (Jamahiriya) libia no existe ningún partido político, sólo hay “comités revolucionarios”. Habiéndose autoproclamado “Guía” vitalicio de su país, el dictador se considera por encima de las leyes. En cambio, el vínculo familiar es, según él, fuente de derecho. Basado en ello, nombró por antojo a sus hijos para los puestos de mayor responsabilidad del Estado y los de mayor rentabilidad en los negocios.
Tras la (ilegal) invasión de Irak en 2003, temiendo ser el siguiente de la lista, Gadafi se arrodilló ante Washington, firmó acuerdos con la administración Bush, erradicó sus armas de destrucción masiva e indemnizó a las víctimas de sus atentados terroristas. Para complacer a los “neocons” estadounidenses se erigió en perseguidor de Osama Ben Laden y de la red Al Qaeda. Estableció también acuerdos con la Unión Europea para convertirse en cancerbero retribuido de los emigrantes africanos. Pidió ingresar en el FMI (17), creó zonas especiales de libre comercio, cedió los yacimientos de hidrocarburos a las grandes transnacionales occidentales y eliminó los subsidios a los productos alimenticios de primera necesidad. Inició el proceso de privatización de la economía que provocó un importante aumento del desempleo y agravó las desigualdades.
El “Guía” protestó contra el derrocamiento del dictador tunecino Ben Alí a quien consideraba como “el mejor gobernante de la historia de Túnez”. En materia de inhumanidad, sus fechorías son incontables. Desde su apoyo a conocidas organizaciones terroristas hasta su demostrada participación en atentados contra aviones civiles, pasando por su encarnizamiento contra cinco inocentes enfermeras búlgaras torturadas durante años en prisión, o el fusilamiento sin juicio, en la siniestra cárcel Abú Salim de Trípoli, en 1996, de un millar de prisioneros originarios de Benghazi (18).

Dudosa solidaridad democrática

La actual revuelta empezó precisamente en esa ciudad el 15 de febrero pasado cuando las familias de estos fusilados, animadas por las protestas en los países árabes, salieron a la calle para exigir pacíficamente la liberación del abogado Fathy Terbil quien defiende, desde hace quince años, el derecho a recuperar los cuerpos de sus parientes ejecutados (19). Las imágenes de la brutalidad de la represión de esta manifestación –difundidas por las redes sociales y el canal Al-Jazeera– escandalizaron a la población. Al día siguiente, las protestas se habían ampliado masivamente y extendido a otras ciudades. Sólo en Benghazi, 35 personas fueron asesinadas por la policía y las milicias gadafistas (20).
A mediados de marzo, cuando las huestes gadafistas empezaron a cercar Benghazi, tan alto grado de ensañamiento contra la población civil hizo legítimamente temer que se cometiese un baño de sangre (21). En un discurso dirigido a “las ratas” de esa ciudad, el “Guía” amenazó: “Llegamos esta noche. Empiecen a prepararse. Los sacaremos del fondo de sus armarios. No habrá piedad” (22).
Los pueblos recientemente liberados de Túnez y Egipto deberían haber acudido de inmediato en ayuda de los asediados libios que reclamaban a gritos ayuda internacional (23). Era su responsabilidad primera. Pero lamentablemente los gobiernos de estos dos países no supieron estar a la altura de las circunstancias históricas.
En ese contexto de urgencia, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, el 17 de marzo, la resolución 1973 que establece un régimen de exclusión aérea en Libia con el fin de proteger a la población civil y hacer cesar las hostilidades (24). La Liga Árabe había dado su acuerdo preliminar. Y, cosa excepcional, la resolución fue presentada por un Estado árabe: el Líbano (además de Francia y Reino Unido). Ni China, ni Rusia, que disponen de derecho de veto, se opusieron. Brasil e India tampoco votaron en contra. Varios países africanos se pronunciaron a favor: Sudáfrica (la patria de Mandela), Nigeria y Gabón. Ningún Estado se opuso.
Se puede estar en contra de la estructura actual de Naciones Unidas o estimar que su funcionamiento actual deja mucho que desear. O bien que las potencias occidentales dominan esa organización. Son críticas aceptables. Pero, por ahora, la ONU constituye la única fuente de legalidad internacional. Por eso, y contrariamente a las guerras de Kosovo o de Irak que nunca tuvieron el aval de la ONU, la intervención actual en Libia es legal –según el derecho internacional–, legítima –según los principios de la solidaridad entre demócratas– y deseable para la fraternidad internacionalista que une a los pueblos en lucha por su libertad. Se podría añadir que potencias musulmanas como Turquía, reticentes en un primer momento, han terminado por participar en la operación.
También podría recordarse que si Gadafi, como era su intención, hubiese anegado en sangre la insurrección popular, habría enviado una señal de vía libre a los demás tiranos de la región, alentándolos de ese modo a aplastar ellos también, sin miramientos, las protestas locales. Basta con observar que, en cuanto las tropas de Gadafi se aproximaron a sangre y fuego a Benghazi, en medio de la pasividad internacional, los regímenes de Bahrein y de Yemen no dudaron en disparar con fuego real contra los manifestantes pacíficos. No lo habían hecho hasta entonces. Pero apostaron a su vez al inmovilismo internacional.
La Unión Europea, en particular, tiene una responsabilidad específica en este asunto. No sólo militar. Es menester pensar en la próxima etapa de consolidación de las nuevas democracias que van a ir surgiendo en esta región tan vecina. Apoyar la “primavera árabe” supone asimismo el lanzamiento de un verdadero “Plan Marshall”, o sea, una ayuda económica masiva “semejante a la que se ofreció a Europa del Este después de la caída del muro de Berlín” (25).
¿Significa todo esto que la operación “Odisea del Amanecer” no plantea problemas? En absoluto. En primer lugar, porque los Estados u Organizaciones que la capitanean (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, OTAN) son los “sospechosos de siempre” implicados en múltiples aventuras guerreras sin la mínima cobertura legal, legítima o humanitaria. Aunque esta vez los objetivos de solidaridad democrática parecen más evidentes que los nexos con la seguridad nacional de Estados Unidos, cabe preguntarse ¿desde cuándo le ha importado a estas potencias la democracia en Libia? Es por ello que carecen de credibilidad.
Segundo: existen otras injusticias en esta misma región –el sufrimiento palestino, la intervención militar saudita en Bahrein contra la indefensa mayoría chiita, la desproporcionada brutalidad de los gobiernos de Yemen y de Siria...– ante las cuales las mismas potencias que atacan a Gadafi hacen la vista gorda dando prueba de una doble moral.
Tercero: el objetivo debe ser el que fija la resolución 1973 y sólo ése: ni invasión terrestre, ni víctimas civiles. La ONU no ha dado licencia para derrocar a Gadafi, aunque bien parece que ese sea el objetivo final (e ilegal) de la operación. En ningún caso esta intervención debe servir de precedente para otras aventuras guerreras contra Estados situados en el punto de mira de las potencias occidentales dominantes.
Cuarto: la historia enseña (y el caso de Afganistán lo demuestra) que es más fácil entrar en una guerra que salir de ella. Y quinto: el olor a petróleo de toda esta operación apesta.
Los pueblos árabes están sin duda sopesando lo justo y lo injusto de la actual intervención militar en Libia. En su gran mayoría apoyan a los insurgentes (aunque se siga sin saber bien quiénes son y aunque se sospeche que varios elementos indeseables figuran en el actual Consejo Nacional de Transición). Por el momento, al menos hasta finales de marzo, no se han producido manifestaciones de rechazo a la operación en ninguna capital árabe. Al contrario, como estimuladas por ella, nuevas protestas contra las autocracias se intensificaron en Marruecos, Yemen, Bahrein... Y sobre todo en Siria.
Obtenida la zona de exclusión aérea y a salvo la población civil de Benghazi, a finales de marzo estaban cumplidas las dos principales exigencias de la resolución 1973. Aunque otras demandas no lo estaban aún (el cese el fuego por parte de las fuerzas gadafistas y su garantía de acceso seguro a la ayuda humanitaria internacional), a partir de ese momento los bombardeos debieron cesar. Más aún en la medida en que la OTAN, que no ha recibido mandato internacional para ello, ha asumido el 31 de marzo el liderazgo militar de la ofensiva. La resolución tampoco autoriza a armar, entrenar y dirigir militarmente a los rebeldes porque ello supone un mínimo de fuerzas extranjeras (“comandos especiales”) presentes en el suelo libio, lo cual está explícitamente excluido por la resolución 1973 del Consejo de Seguridad.
Es urgente que los miembros de ese Consejo de la ONU vuelvan ahora a consultarse; que se tenga en cuenta la posición de China, Rusia, India y Brasil para imponer un alto el fuego inmediato y buscar una salida no militar al drama libio. Una solución que tome en cuenta también la iniciativa de la Unión Africana, garantice la integridad territorial de Libia, impida toda invasión terrestre de fuerzas extranjeras, preserve las riquezas del subsuelo contra la rapacidad de algunas potencias foráneas, ponga fin a la tiranía y reafirme la aspiración a la libertad y a la democracia de los ciudadanos.
En Libia, sólo una salida política negociada por todas las partes será justa.

1 Ignacio Ramonet, “Cinco causas de la insurrección árabe”, Informe Dipló, 16-4-11, www.eldiplo.org
2 Ignacio Ramonet, “Túnez, Egipto, Marruecos, esas dictaduras ‘amigas’”, www.monde-diplomatique.es
3 Christophe Ventura, “Entrevista con Samir Amin”, Mémoire des luttes, París, 29-4-11.
4 Fidel Castro, “La Rebelión Revolucionaria en Egipto”, Granma, La Habana, 14-2-11.
5 Véase, por ejemplo, Santiago Alba y Alma Allende, “Del mundo árabe a América Latina”, Rebelión, 24-2-11, y Atilio Boron, “No abandonar a los pueblos árabes”, Página/12, Buenos Aires, 7-4-11.
6 Error que ya cometió dos veces la revolución cubana cuando apoyó la intervención militar del Pacto de Varsovia en Praga para aplastar la insurrección popular checoslovaca en agosto de 1968 y cuando aprobó la invasión de Afganistán por la URSS en diciembre de 1979.
7 Ignacio Ramonet, Irak, historia de un desastre, Debate, Madrid, 2005.
8 Agencia Reuters, 21-2-11.
9 En América Latina, ante protestas populares de gran envergadura, varios presidentes (elegidos democráticamente) tuvieron que renunciar a su cargo. Tres de ellos en Ecuador: Abdalá Bucarám, “por incapacidad mental”, en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2002. Dos en Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en 2005. En Perú, Alberto Fujimori en 2000. Y en Argentina, Fernando de la Rúa en 2001.
10 El País, Madrid, 24-4-11.
11 The Guardian, Londres, 21-2-11.
12 Agencia AFP, 21-2-11.
13 www.rue89.com/2011/02/22/kadhafi-je-suis-a-tripoli-pas-au-venezuela-191416
14 El más antiimperialista de los líderes árabes, Sayyed Nasrallah, jefe del Hezbolá libanés, ha declarado que es “irracional decir que las revoluciones árabes, y singularmente la libia, fueron preparadas en cocinas estadounidenses”. Discurso del Seyyed Nasrallah, 19-4-11, www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=&inicio=0
15 Alcides Arguedas, Los Caudillos bárbaros, editorial Viuda de Luis Tasso, Barcelona, 1929. Véase también Max Daireaux, Melgarejo, Editorial Andina, Buenos Aires, 1966.
16 Quentin Girard, “Toi vouloir faire bunga-bunga?”, Slate, París, 12-11-10, www.slate.fr/story/30061/bunga-bunga-berlusconi
17 “Le Rapport du FMI qui félicite la Libye”, in Mémoire des luttes, París, 11-4-11, www.medelu.org/spip.php?article761
18 Brian May, “Informe sobre Libia”, Amnistía Internacional, Londres, 27-5-10, www.amnesty.be/doc/communiques-et-publications/Les-rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2010/Moyen-Orient-et-Afrique-du-nord,2038/article/libye-16281
19 Véase Evan Hill, “The day the Katiba fell”, Al Jazeera english, 2-4-11, http://english.aljazeera.net/indepth/spotlight/libya/2011/03/20113175840189620.html
20 Ibid.
21 Estos y otros crímenes han conducido al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, a abrir una investigación contra Muamar Gadafi, acusado de “crímenes contra la humanidad” por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
22 Agencia AFP, 17-4-11.
23 Khaled Al-Dakhil, “Pourquoi tant d’hésitations?”, Al-Hayat, Londres (reproducido por Courrier Internacional, París, 17-4-11).
24 www.un.org/spanish/docs/sc
25 Nouriel Roubini, “Un plan Marshall pour le printemps arabe”, Les Échos, París, 21-4-11.

I.R.
© Le Monde diplomatique, edición española

  19 de abril de 2011Por Ignacio Ramonet  

viernes, 25 de marzo de 2011

Mensaje del Secretario General con motivo del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos


Nueva York, 25 de marzo de 2011

La trata transatlántica de esclavos causó inmensos sufrimientos a millones de víctimas inocentes durante cuatro siglos, lo que la convierte en una de las tragedias más largas y generalizadas de la historia humana. Aunque la esclavitud sancionada por la ley se abolió hace mucho tiempo, prácticas similares a la esclavitud siguen claramente en vigor —de la servidumbre por deudas y la servidumbre doméstica a los matrimonios forzados o a edad temprana, la venta de esposas y la trata de niños.
Existen amplios estudios, algunos realizados gracias a la UNESCO, que han documentado estos horrores. Sin embargo, queda mucho por saber sobre los millones de africanos que se vieron desarraigados y fueron objeto de abusos, sobre la miseria que cayó sobre sus descendientes y sobre los efectos de todo ello que aún hoy se sienten. Por tales motivos, este año el tema de la celebración del Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos es «el legado viviente de 30 millones de historias no contadas».
Al estudiar la esclavitud, contribuimos a protegernos de los impulsos más viles del ser humano. Al examinar las hipótesis y creencias que permitieron que esta práctica germinara, creamos conciencia sobre los peligros permanentes del racismo y el odio. Y al honrar a las víctimas de la esclavitud —como hacemos con motivo de este Día Internacional, con el monumento conmemorativo permanente que se levantará en el complejo de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y con la celebración en 2011 del Año Internacional de los Afrodescendientes— restablecemos en cierta medida la dignidad de quienes tan despiadadamente fueron despojados de ella.
La observancia de este Día Internacional nos obliga a enfrentarnos con lo peor de los seres humanos. Pero, en quienes se opusieron a la esclavitud entonces y lo hacen ahora, celebramos también lo mejor de las personas: los esclavos que, armados de coraje, se levantaron a riesgo de pagar con su vida; los abolicionistas que cuestionaron el status quo; los activistas que hoy se baten contra la intolerancia y la injusticia. Reconocidos o anónimos, estos héroes demuestran que no hay fuerza más poderosa que la lucha por la dignidad humana.
Dejemos que, en este Día, esa verdad nos inspire. Recordemos a todas las víctimas de la trata transatlántica de esclavos y de las formas contemporáneas de esclavitud. Y comprometámonos de una vez por todas a erradicar este tipo de prácticas.

domingo, 20 de marzo de 2011

LOS EJÉRCITOS, EL PUEBLO Y LAS AUTOCRACIAS

Deseos y trampas de las revueltas árabes



por Salam Kawakibi y Bassma Kodmani
Director de investigaciones y directora ejecutiva de la Arab Reform Initiative, respectivamente.
Traducción: Mariana Saúl

De Yemen a Argelia, de Marruecos a Jordania, los manifestantes que reclaman derechos políticos y sociales fueron brutalmente reprimidos. Pero en Egipto y Túnez, los ejércitos se disociaron de las fuerzas policiales y reconocen la legitimidad de las reivindicaciones. En el resto del mundo árabe, vacilan entre el pueblo y las autocracias.

Durante más de cuarenta años, en el mundo árabe “ejército” rimó con golpe de Estado, estado de emergencia, secreto y vigilancia. La institución era la base de los sistemas políticos o era su garante definitivo, pero se había vuelto discreta. Sin embargo, en numerosas ocasiones encarnó el papel de protector de la población y salvador del Estado. Aunque representa un componente del aparato securitario –el último recurso del poder– en Túnez y en Egipto lo hemos visto disociarse de las fuerzas policiales, reconocer como legítimas las reivindicaciones de los manifestantes y, finalmente, abandonar al jefe que él mismo había llevado al poder y bajo cuyo mando teóricamente operaba. ¿Qué pasó, en el transcurso de estas décadas, para que las sociedades se regocijen con la intervención militar –incluso como para llegar a reclamarla– como se pudo ver en Túnez primero y luego durante la revolución egipcia que barrió con el régimen de Hosni Mubarak?
Conociendo el peso histórico del ejército en la construcción del Estado-Nación luego de las independencias, la mayoría de los dirigentes árabes, hubieran surgido de él o no, comprendieron rápidamente el peligro que éste podía representar. 
Todos se propusieron marginarlo y neutralizarlo, sobre todo a través de privilegios económicos considerables. En Egipto, fue Estados Unidos quien financió en gran parte esta política a través de importantes subsidios concedidos a los generales. Éstos gozaron de autorizaciones para edificar centros comerciales, ciudades en el desierto y balnearios, y fueron admitidos en los clubes de élite que antes estaban reservados para la aristocracia cairota. Hoy ocupan todos los puestos de gobernadores a lo largo del país y dirigen las grandes empresas públicas y los gabinetes de varios ministerios.
Más seguridad, menos política
En paralelo, los jefes de Estado desarrollaron un complejo sistema de aparatos de seguridad dirigidos por oficiales de alto rango que se veían arrastrados a una lógica nueva: su misión de protección del Estado se metamorfoseaba en protección del régimen. Este deslizamiento se vio en todas partes, pero fue impulsado sobre todo por dirigentes surgidos de las filas del ejército. 
Los servicios de seguridad cumplen las funciones de información y de mantenimiento del orden, controlan el día a día de las actividades de los ciudadanos. Su multiplicación es la regla; según una estricta lógica securitaria, se vigilan mutuamente. En Egipto, el número de sus efectivos aumentó hasta alcanzar casi el triple del tamaño del ejército (1.400.000 personas contra 500.000 militares). Son pocos los ejemplos donde ambos servicios se fusionan en un cuerpo solidario, como ocurre en Argelia.
Concebidas como el brazo coercitivo de los regímenes, estas agencias de seguridad se convierten en los gestores directos de la política. Se plantean como interlocutoras privilegiadas de la población: obreros en huelga, desempleados e incluso manifestantes que exigen vivienda o el derecho a la tierra que cultivan. También regulan las relaciones entre comunidades de creyentes y fijan los límites de la libertad de expresión. 
Su penetración en todas las instituciones es antigua, pero la gestión directa de la vida pública por parte de los servicios (mukhabarat) conoció un auge sin precedentes durante la última década. Hoy las agencias operan a la vista de todo el mundo y el discurso de sus jefes traduce un sentimiento de omnipotencia glacial. “Aquí, todo es seguridad –declaró un alto responsable del Ministerio del Interior egipcio (1)–. Todo cae bajo nuestra responsabilidad: desde las aves en el desierto del Sinaí hasta los elementos de Al Qaeda que pasean por ahí, pasando por las mezquitas de El Cairo y Alejandría.” Hasta el control de los cerebros: en Arabia Saudita, en el contexto de la lucha contra el yihadismo, el Ministerio del Interior desarrolló el concepto de “seguridad intelectual”.
Así los dirigentes pueden dormir tranquilos: los hombres de la seguridad se ocupan de todo (y siempre más seguridad implica menos política). El término “securitocracia”, tomado del politólogo sudanés Haydar Ibrahim, caracteriza con precisión estos regímenes (2). Las insurrecciones en la región revelan, país tras país, el estado de delicuescencia de las instituciones políticas. En su mayoría, se trata de Estados objetivamente quebrados que los ejércitos se ven obligados a salvar. 
Las características de los sistemas securitarios del mundo árabe no difieren de lo que ocurrió en América Latina o en Europa del Este o del Sur antes de su transición democrática: escudos entre el Estado y la sociedad, funcionamiento en circuito cerrado de aparatos variables en tamaño y complejidad, pero cuya cultura de impunidad y modo de funcionamiento son siempre los mismos, y de los cuales emana una inexorable lógica del terror. Pero, aunque la tarea principal de estas formidables máquinas de vigilancia es mantener el miedo e impedir el desarrollo de lazos entre los ciudadanos, el miedo también reina, en todos los niveles, con más fuerza en la medida en que la jerarquía resulta más cambiante debido a las rivalidades de clanes.
Los hombres de uniforme caqui
Como efecto de las insurrecciones masivas que estallaron a principios de año desde el Magreb hasta el Mashrek se rompió el circuito cerrado en el cual operaban los aparatos de poder. La población, actor sorpresa, actuó como revelador de las divergencias y como catalizador de las rivalidades. Y puso a las estructuras del poder frente a un dilema: disparar o no contra los manifestantes.
Cuando la máquina securitaria se desordena, las disfunciones se extienden a otros pilares del poder: el partido dirigente, la oligarquía empresarial y, por supuesto, el ejército. La irrupción del pueblo tuvo como efecto la separación de las instituciones que servían al régimen de aquellas que se planteaban como servidoras del Estado, con el ejército en primer lugar. Al margen de las tareas de mantenimiento del orden, este último pudo desempeñar el papel de garante de la transición. Existen numerosas vías de conexión entre el ejército y el aparato securitario. La mayoría de las veces, el vínculo está garantizado por los jefes de los servicios de información militar, el general Omar Suleiman en Egipto o el general Mohamed Mediene en Argelia. Es por eso que ocupan la función más importante del sistema político.
Cabe distinguir la contribución real de los ejércitos tunecino y egipcio en el resultado de las revueltas. Como la mayoría de los dirigentes árabes que pasaron del cuartel al palacio presidencial, Zine El Abidine Ben Ali temía las ambiciones de los hombres de uniforme caqui. Con su llegada al poder, en 1987, el ejército sufrió una reducción de efectivos y de presupuesto, así como la destitución de varios de sus jefes. El caso no resuelto del accidente de helicóptero que, en 2002, había causado la muerte del general Abdelaziz Skik y varios altos oficiales acentuó el clima de sospecha que reinaba entre el palacio de Cartago y la institución (3). El ejército, apartado durante mucho tiempo de las decisiones políticas incluso durante los años de Burguiba (1957-1987), no estaba implicado en la vida económica del país y, por lo tanto, no participaba en la corrupción del régimen.
Los militares egipcios, en cambio, están en el poder desde la Revolución de los Oficiales Libres, en 1952. El coronel Gamal Abdel Nasser, fallecido con 85 libras egipcias en su poder, llevaba adelante un ambicioso proyecto de desarrollo social y económico para su país y para todo el mundo árabe. Su ideología nacionalista sedujo al pueblo, que le perdonó sus fracasos en materia de gestión política y sus ataques sistemáticos a la libertad de expresión. Su sucesor, Anuar Al-Sadat, también surgido del ejército y adalid del liberalismo económico en provecho de una nueva burguesía parasitaria, introdujo en cambio la cultura de la corrupción, asegurándose al mismo tiempo la lealtad del ejército: le otorgó privilegios económicos con el fin de marginarlo, después de robarle su “victoria” en la guerra de octubre de 1973 contra Israel (Guerra de Yom Kipur) con la firma de los acuerdos de Camp David, en 1978.
En el transcurso de los últimos diez años, el resentimiento de los militares hacia Mubarak aumentó. El ejército le reprochaba su negativa a nombrar a un vicepresidente –lo cual creaba una peligrosa incertidumbre respecto del futuro del país– y su terquedad para promover como sucesor a su hijo Gamal (4), un personaje a quien el ejército no confería ninguna legitimidad y cuyo ascenso lo habría privado del papel de “hacedor de reyes”. Finalmente, el presidente suscitaba descontento por haber permitido acaparar cada vez más riquezas a un pequeño círculo de empresarios que gravitaba alrededor de su delfín.
Un papel clave
En los días que precedieron a la caída del régimen, varias divergencias salieron a la luz: ¿había que seguir apoyando a Mubarak u obligarlo a dimitir? El consenso a favor de la segunda opción se reforzaba, pero el ejército parecía vacilar a la hora de asumir la responsabilidad de deponer al presidente. Las declaraciones estadounidenses, prudentes y a veces contradictorias, procuraban preservar hasta el final la estabilidad del sistema, incluso si ello implicaba la salida de Mubarak. Las últimas veinticuatro horas, entre el 10 y el 11 de febrero pasado, le permitieron al ejército darle a las manifestaciones toda su amplitud, facilitándoles el acceso a diferentes edificios simbólicos del poder (Parlamento y Palacio Presidencial), de modo de hacerlas aparecer como la causa principal de la caída del régimen. Al hacerlo, el ejército volvía a apropiarse del papel de “hacedor de reyes”, pero presentándose esta vez como refundador del orden político y comprometiéndose a construir un sistema democrático. Se esperaba su intervención, puesto que se la consideraba necesaria para proteger el proceso de transformación interna de las interferencias regionales y extranjeras (Israel, Estados Unidos, los otros países árabes e incluso Irán).
La gran diferencia reside en la naturaleza de la intervención militar: en Túnez, el ejército intervino para proteger al pueblo y con la aprobación del “amigo” estadounidense forzó la partida de Ben Ali. El ejército egipcio, por su parte, se impuso al principio de los acontecimientos para llenar el vacío securitario en la calle. Luego permaneció neutral cuando las milicias de Mubarak agredieron a los manifestantes en la plaza Tahrir. Es cierto que no disparó a la multitud, pero tampoco impidió que los otros lo hicieran. En definitiva, tomó la decisión de romper con un régimen agonizante y preservar el sistema. 
En Argelia, el papel político del Estado Mayor del Ejército se definió bajo la presidencia de Huari Boumédiène (1965-1978) con la aparición de la Seguridad Militar (SM). La “hacedora de reyes” es ella. En cada mandato político, la SM interviene para perpetuar un orden que se reveló sumamente estable, si se exceptúa el fracaso de 1991, de catastróficas consecuencias. Es el ejército quien hizo elegir a Abdelaziz Bouteflika en 1999. Pero los primeros signos de divergencia entre los servicios y el ejército aparecieron en 2004, cuando los servicios organizaron la reelección de Bouteflika, contra la opinión del jefe de Estado Mayor Mohamed Lamari. Como escribe Mustapha Mohamed: “El 2004 consagra la autonomización definitiva de los servicios y su supremacía sobre el ejército” (5). 
Con la llegada de Bouteflika desapareció la esperanza de sacar las cuestiones políticas de la órbita de los servicios, que retomaban todo el aparato estatal. Parece imposible romper el cerrojo: el ejército no puede retirarse de los asuntos políticos sin causar un vacío en el sistema, pero él mismo no hace nada que pueda favorecer el inicio del proceso democrático.
En el caso argelino, la imbricación de los aparatos militar y securitario los vuelve totalmente opacos y les otorga un control político infalible. En este modelo “ideal” de “securitocracia”, los responsables del Poder Ejecutivo, el presidente y el gobierno, en efecto gobiernan muy poco. La falta de preparación de la oposición pacífica indica que el cambio sólo puede venir del interior del sistema, pero resulta difícil imaginar a los responsables del orden favoreciendo cambios que comprometerían su propio estatuto. Por eso, hoy renace la esperanza de ver al actor “pueblo” lanzar una dinámica que lleve al descarrilamiento del nuevo régimen: ello pondría al aparato securitario y militar ante la fatídica decisión de disparar o no sobre la población.
También en Libia el ejército se vio marginado en provecho de los comités revolucionarios. Los campamentos del ejército fueron relegados al desierto. Durante los primeros días de la sangrienta represión ordenada por el coronel Muamar Gadafi se registraron casos de defección y su hombre de confianza, el general Abu Bakr Yunes Jaber, fue puesto bajo vigilancia. El refuerzo del sistema securitario –fundado en unidades especiales leales a Gadafi–, así como el recurso a mercenarios africanos, confirmaban que los dictadores no sólo desconfían de su población, sino también de su ejército.
Después de las revoluciones en Egipto y en Túnez, el ejército parece capaz de fijar condiciones para una vuelta al poder civil. Por ahora, nada permite sospechar que quiera suplantarlo. En Egipto el ejército intervino por decisión colegiada, como institución, en un contexto de levantamiento popular; todo ello debería impedir la tentación de los elementos más autoritarios de transgredir los límites que él mismo se fijó. Este retorno se operará probablemente a través de un pacto entre civiles y militares –tal como ocurrió en otros lugares– (6), lo cual permitirá a los segundos ponerse al amparo de eventuales represalias. En el caso del ejército egipcio, y con más razón en Argelia si fuera a darse un cambio, la negociación tiene todas las posibilidades de incluir el mantenimiento de privilegios económicos.
1 Durante un encuentro político organizado en marzo de 2008 por la Arab Reform Initiative (ARI) y con la participación de los miembros de seguridad y de la sociedad civil.
2 Haydar Ibrahim, “Al amnocratiya fil Sudan”, en una obra colectiva sobre las “securitocracias”, ARI, Ammán, de próxima aparición en árabe y en inglés en noviembre de 2011.
3 Según el diario Al-Sabah (Túnez, 22-1-11), se abrirá una nueva investigación.
4 Virginie Collombier, “Egypt: before and after”, Arab Reform Brief, N° 44, febrero de 2011, www.arab-reform.net

5 Mustapha Mohamed, “Etat, sécurité et réforme en Algérie”, en la obra colectiva, sobre las “securitocracias”, op. cit.
7 Stéphane Boisard, Armelle Anders y Geneviève Verdo, “L’Amérique latine des régimes militaires”, Vingtième siècle, N° 105, París, enero-marzo de 2010.

S.K. y B.K.

CINCO CAUSAS DE LA INSURRECCIÓN


De Marruecos a Bahrein

por Ignacio Ramonet
Director 
de Le Monde diplomatique, edición española.

¿Cuáles son las causas del vendaval de libertad que, de Marruecos a Bahrein, pasando por Túnez, Libia y Egipto, sopla sobre el mundo árabe? ¿Por qué motivos estas ansias simultáneas de democracia se expresan precisamente ahora? Para estas dos preguntas, las respuestas son de diversa índole: histórica, política, económica, climática y social.

I. Histórica

Desde el final de la Primera Guerra Mundial y la implosión del Imperio Otomano, el interés de las potencias occidentales por el mundo árabe (Medio Oriente y África del Norte) ha tenido dos incentivos principales: controlar los hidrocarburos y garantizar un hogar nacional judío. Después de la Segunda Guerra Mundial y del trauma universal del Holocausto, la creación del Estado de Israel, en 1948, tuvo como contrapartida la llegada al poder, en varios Estados árabes liberados del colonialismo, de fuerzas anti-sionistas (opuestas a la existencia de Israel) de tipo “militar nacionalista” –como en Egipto y Yemen–, o de carácter “socialista árabe” –en Irak, Siria, Libia y Argelia–.
Tres guerras perdidas contra Israel (en 1956, 1967 y 1973) condujeron a Egipto y a Jordania a firmar tratados de paz con el Estado judío y a alinearse con Estados Unidos que ya controlaba –en el marco de la Guerra Fría– todas las petromonarquías de la península arábiga, así como El Líbano, Túnez y Marruecos. De este modo, Washington y sus aliados occidentales mantenían sus dos objetivos prioritarios: el control del petróleo y la seguridad de Israel. A cambio, protegían la permanencia de feroces tiranos –Hasán II, el general Mubarak, el general Ben Alí, los reyes saudíes Faisal, Fahd y Abdalá, etc.– y sacrificaban cualquier aspiración democrática de las sociedades.

II. Política

En los Estados del pretendido “socialismo árabe” (Irak, Siria, Libia y Argelia), bajo los cómodos pretextos de la “lucha anti-imperialista” y de la “caza a los comunistas”, también se establecieron dictaduras de partido único, gobernadas con mano de hierro por déspotas de antología (Sadam Hussein, Al Assad padre e hijo y Muamar al Gadafi, el más demencial de ellos). Dictaduras que garantizaban, por lo demás, el aprovisionamiento de hidrocarburos a las potencias occidentales y que no amenazaban realmente a Israel (cuando Irak pareció hacerlo fue destruido). De ese modo cayó, sobre los ciudadanos árabes, una capa de silencio y de terror.
Las olas de democratización se sucedían en el resto del mundo. Desaparecieron, en los años 70, las dictaduras en Portugal, España y Grecia. En 1983, en Turquía. Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, se derrumbó la Unión Soviética así como el “socialismo real” de Europa del este. En América Latina cayeron las dictaduras militares en los años 80. Mientras tanto, a escasos kilómetros de la Unión Europea, con la complicidad de las potencias occidentales (entre ellas España), el mundo árabe seguía en estado de glaciación autocrática.
Al no permitirse ninguna forma de expresión crítica, la protesta se localizó en el único lugar de reunión no prohibido: la mezquita. Y en torno al único libro no censurable: el Corán. Así se fueron fortaleciendo los islamismos. El más reaccionario fue difundido por Arabia Saudita con el decidido apoyo de Washington que veía en él un argumento para mantener a los pueblos árabes en la “sumisión” (significado de la palabra ‘Islam’). Pero también surgió, sobre todo después de la “Revolución Islámica” de 1979 en Irán, el islamismo político que halló en los versos del Corán argumentos para reclamar justicia social y denunciar la corrupción, el nepotismo y la tiranía. De ahí nacieron varias ramas más radicales, dispuestas a conquistar el poder por la violencia y la “guerra santa”. Así se engendró Al Qaeda...
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las potencias occidentales, con la complicidad de las “dictaduras amigas”, añadieron un nuevo motivo para mantener bajo férreo control a las sociedades árabes: el miedo al islamismo. En vez de entender que esta era la consecuencia de la carencia de libertad y de la ausencia de justicia social, agregaron más injusticia, más despotismo, más represión...

III. Económica

Varios Estados árabes padecieron las repercusiones de la crisis global iniciada en 2008. Muchos trabajadores de estos países, emigrados a Europa, perdieron su trabajo. El volumen de las remesas de dinero enviadas a sus familias disminuyó. La industria turística se marchitó. Los precios de los hidrocarburos (en aumento en estas últimas semanas a causa de la insurrección popular en Libia) se depreciaron. Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso a Túnez, Egipto y Libia programas de privatización de los servicios públicos, reducciones drásticas de los presupuestos del Estado, disminución del número de funcionarios... Severos planes de ajuste que empeoraron, si es posible, la vida de los pobres y sobre todo amenazaron con socavar la situación de las clases medias urbanas (las que tienen precisamente acceso a la computadora, al celular y a las redes sociales) arrojándolas a la pobreza.

IV. Climática

En este contexto ya de por sí explosivo se produjo, el verano boreal pasado, un desastre ecológico en una región alejada del mundo árabe. Pero el planeta es uno. Durante semanas, Rusia, uno de los principales exportadores de cereales del mundo, conoció la peor ola de calor y de incendios de su historia. Un tercio de su cosecha de trigo fue destruida. Moscú suspendió la exportación de cereales (que sirven también para nutrir al ganado) cuyos precios inmediatamente subieron un 45%. Ese aumento repercutió en los alimentos: pan, carne, leche, pollo… Lo cual provocó, a partir de diciembre de 2010, el mayor incremento de precios alimentarios desde 1990. En el mundo árabe, una de las principales regiones importadoras de esos productos, las protestas contra la carestía de la vida se multiplicaron...

V. Social

Añádase a lo precedente: población muy joven y niveles de desempleo monumentales. Imposibilidad de emigrar porque Europa blindó sus fronteras y estableció descaradamente acuerdos para que las autocracias árabes se encargasen del trabajo sucio de contener a los emigrantes clandestinos. Acaparamiento de los mejores puestos por las camarillas de las dictaduras más arcaicas del planeta...
Faltaba una chispa para encender la pradera. Hubo dos. Ambas en Túnez. Primero, el 17 de diciembre pasado, la autoinmolación con fuego de Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante de fruta, en signo de condena a la tiranía. Y segundo –retransmitidas por los teléfonos móviles, las redes sociales (Facebook, Twitter), el correo electrónico y el canal Al Jazeera–, las revelaciones de WikiLeaks sobre la realidad concreta del desvergonzado sistema mafioso establecido por el clan Ben Alí-Trabelsí.
El papel de las redes sociales resultó fundamental. Permitieron franquear el muro del miedo: saber de antemano que decenas de miles de personas van a manifestarse un día D y a una hora H es una garantía de que uno no protestará aislado exponiéndose en solitario a la represión del sistema. El éxito tunecino de esta estrategia del enjambre iría a convulsionar a todo el mundo árabe.

I.R.

© Le Monde diplomatique, edición española




Informe Dipló II – 17-3-11

viernes, 18 de marzo de 2011

Aprueban zona de exclusión aérea sobre Libia


El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó -con las abstenciones de Rusia y China- la imposición de "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil en Libia, entre las que destaca una zona de exclusión aérea.
Reino Unido, Francia y Líbano fueron los patrocinadores de la resolución que contó con el apoyo de Estados Unidos.
La votación de la máxima instancia de la ONU estuvo precedida por un intenso debate en torno al uso de la fuerza militar para frenar la ofensiva del régimen de Muamar Gadafi contra el movimiento opositor que intenta poner fin a su régimen de casi 42 años.
Entre las medidas se incluyen ataques aéreos contra las fuerzas leales a Gadafi, pero de manera explícita excluye el uso de tropas extranjeras en suelo libio.
Diez países votaron a favor, ninguno en contra y cinco se abstuvieron: India, Brasil y Alemania como miembros no permanentes y Rusia y China como miembros con poder de veto.
"La resolución de hoy toma en cuenta la causa del pueblo de Libia y pretende acabar con los crímenes atroces en contra del pueblo que cometen las autoridades libias", dijo el embajador de Líbano, Nawaf Salam.
La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, había dicho horas antes que la imposición de una zona de exclusión de vuelos inevitablemente incluiría ataques aéreos.

Incluso el primer ministro de Francia, Francois Fillon, dijo que su país quiere emprender acciones militares en cuestión de horas.
La resolución, a cuyo borrador pudo tener acceso la BBC, pide un inmediato al cese al fuego.

Celebraciones y amenazas

En Bengasi, ciudad libia en poder de los rebeldes, hubo muestras de júbilo tras la resolución del Consejo de Seguridad.
La red de televisión regional Al Jazeera mostró imágenes de fuegos artificiales detonados por opositores al régimen.
Más temprano, en un mensaje a la televisión, el coronel Muamar Gadafi dijo que atacará Bengasi y que "no habrá piedad con los traidores".
Gadafi se refirió a los "traidores que nos han colocado en esta situación", en un discurso de audio a los "hijos de Bengasi" difundido por la televisión libia. En su alocución, el líder dijo que perdonará a los que abandonen las armas pero que no tendrá piedad con los insurgentes.
"No vamos a abandonar nuestro país", dijo el líder libio, y agregó: "Estamos llegando. Estén preparados esta noche".
Bengasi es considerado el centro de operaciones del movimiento opositor.

lunes, 14 de marzo de 2011

Miguel Sirimarco Lombardi

En estos días, recibí correspondencia, de prima Alicia. En la misma, me mando seis arboles genealógicos, con las distintas ramas, de quienes serian la descendencia de Miguel Sirimarco Lombardi.
La gran pregunta es quien es? Bueno, a continuación les comento.
Miguel, de nacionalidad Italiana, nacido en  Calabria, Cosenza, Di Sant'Agata Di Esaro. Hijo de Angelo Sirimarco y Anna  Maria Lombardi, era hermano de quien era mi tatarabuelo, Antonio Sirimarco Lombardi.
Estaba casado con Angela Maria Martello, también de nacionalidad italiana.
Junto con su esposa, su hijo mayor, Francisco Sirimarco-Martello, y mi tatarabuelo, arribaron a la Argentina en los primeros años de 1880.
Aquí tuvo 4 hijos mas : 
Miguel, casado con Inocencia Ordenavia, con quien tuvo 6 hijos. Gladys Iris, Herberto Julio, Carlos Alberto, Alfredo Crus, Horacio Raul y Angela Guillermina.
Ana Maria, casada con Angel Rousset, con quien tuvo 4 hijos. Ruben Arquimedes, Enme Adid, Hebe y Yolanda Leticia.
Julio, casado con  Elodia Flores, sin descendencia.
Ángel, casado con Ana Teresa Marscicano, con quien tuvo 4 hijos.Gerarda Delfa, Lidia Matilde, Miguel y Carmen.
Francisco, el mayor, estaba casado con Venancia Leites, con quien tuvo 4 hijos. Elaine, Elena, Angela Valentina y Francisco.
Su descendencia, se extiende a nietos, bisnietos, tataranietos, etc.
Otro gran avance en el árbol Sirimarco, del que pertenezco, por vía materna.